ONG amenazadas

El proyecto de ley de cooperación internacional busca un virtual "encarcelamiento" de las organizaciones no gubernamentales, causando revuelo entre los activistas

Isabel Garcia Nevett
EL UNIVERSAL, 09.07.06

Una pelea entre David y Goliat, donde David debe pedir permiso al gigante para atacarle. Así describe el abogado Alfredo Romero a la nueva Ley de Cooperación Internacional, que busca controlar el registro y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan a lo largo y ancho del país.
Romero explica la actual situación de la llamada ley de ONG como parte de un "cerco de persecución política" que ha venido profundizando en los últimos años de forma sistemática el Gobierno bolivariano. Según Romero, este cerco, impulsado por otras medidas como un esquema de persecución judicial, la lista Tascón , ataques a la propiedad privada y limitaciones a la actividad empresarial, busca centralizar cada vez más al Gobierno Nacional, para así garantizar su estadía indefinida en el poder.
"Desde el punto de vista de políticas públicas, las ONG son una parte esencial del esquema de estructura del Gobierno. ¿Es qué acaso el Gobierno no es el principal violador de derechos humanos? Al menos eso es así en términos conceptuales, porque el Estado es quien tiene el poder. Así que, ¿cómo se va a registrar una ONG con el mismo organismo que va a atacar?", se pregunta Romero.
La ley de ONG, redactada por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, se encuentra aprobada en primera discusión por la Asamblea.

¿Con fondos oficiales?
Entre las observaciones más relevantes que hace el abogado Carlos Ayala Corao a la ley de ONG resalta el hecho de que ésta no menciona a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales en el área de cooperación internacional, un aspecto importante por la naturaleza de las ONG más influyentes del país.
Por otro lado, Ayala destaca con preocupación la creación del Sistema Integrado de Registro de ONG. Este registro se convertirá en una condición obligatoria para las organizaciones tanto nacionales como extranjeras que estarán sujetas a un reglamento, emanado del Ejecutivo, el cual establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las ONG que quieran realizar actividades en suelo venezolano. " La verdad es que ésta es una de las disposiciones legales más preocupantes, por cuanto en ella se remite a lo que en definitiva pueda establecer discrecionalmente el presidente de la República, como requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las ONG", afirma.
Para Ayala, la ley de ONG raya en lo inconstitucional ya que en la Constitución Bolivariana está debidamente consignado el derecho a la libertad de asociación con fines lícitos, específicamente en el artículo 52. "El Estado no sólo debe permitir el derecho de asociación, sino que debe facilitarlo, con una acción positiva. De modo que toda acción que obstaculice o dificulte esto va en contra de la norma constitucional", explica este abogado constitucionalista.
A nivel del derecho internacional, esta ley presupone violaciones a derechos consagrados tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, acuerdos suscritos por el Gobierno venezolano. Dice Ayala: "Ambos convenios consagran y reconocen el derecho de asociación y únicamente permiten aquellas limitaciones o restricciones que sean aceptables en una sociedad democrática , por lo que cualquier restricción que no sea necesaria para mantener una sociedad democrática será considerada contraria al derecho internacional".
La ley también establece, en su segundo capítulo, la creación de un fondo que se encargará de financiar a las ONG , siempre y cuando éstas respondan a la prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional. Esto resultaría en un absurdo, comenta por su lado Romero, ya que una ONG está diseñada para criticar e investigar al Gobierno, no necesariamente para apoyarlo. "El Gobierno puede decir: ¿qué tienen las ONG que ocultar? Pero ese no es el caso, porque es el Gobierno el que tiene que ocultarse de las ONG. Y las ONG tienen que tener la libertad de actuar de acuerdo a sus estatutos y creencias".
El fondo a crearse para el financiamiento de las ONG representa otro punto de mucha discusión entre los expertos. Tanto Ayala como Romero afirman que el fondo podría ser usado de forma demasiado discrecional, beneficiando a algunas organizaciones mientras que perjudica a otras. Asimismo, ambos abogados resaltan que en el caso de las ONG de derechos humanos el financiamiento por parte del Gobierno resulta contradictorio e innecesario.

En el desamparo
Para Ayala, la preocupación por esta ley va más allá de un argumento de fondo jurídico o técnico: "Lo que está en juego no es sólo la vida de las ONG, sino la vida de lo que es una sociedad libre , pluralista y, en definitiva, democrática. Lo que está en juego es el futuro de la sociedad. Los afectados por estas leyes no son las ONG, es la sociedad. ¿Cuántas personas no han sido beneficiadas en los últimos años de la acción de la sociedad civil venezolana en campos de educación, salud, alimentación y todo lo que tiene que ver con derechos humanos (ya sea las prisiones, las víctimas de torturas, los casos por ajusticiamientos)? Es decir, lo que se estaría tratando de lograr es el silenciamiento de la sociedad. Los grandes beneficiarios de la actuación de las ONG son, en Venezuela, los más pobres y desamparados".
Asimismo, Ayala advierte que no se debe caer en la interpretación que están haciendo de la ley algunos parlamentarios oficialistas que buscan destacar solamente el efecto que tendrá sobre las finanzas de las ONG o su reglamento.

Posición oficial
En recientes declaraciones a la prensa , Carlos Escarrá, diputado y corredactor de la ley de ONG, afirmó que lo que se busca es crear un " sistema de información " para saber cuáles son las organizaciones que trabajan en el marco de la cooperación internacional y de dónde viene y adónde va a parar su financiamiento. Aquellas personas o instituciones que están en contra de la ley, "armando un escándalo" dice Escarrá, es simplemente porque "tienen miedo de presentar sus libros".
Escarrá también resaltó que la Comisión de Política Exterior recibió una carta firmada por casi mil ONG que, según el diputado, apoyan la creación de la ley.

igarcia@eluniversal.com

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