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ARTICULO DE PRENSA

 
Camisa de fuerza para las ONG

El proyecto de Ley de Cooperación Internacional amenaza con el control total.
La generalidad del texto legislativo genera dudas en la mayoría de las organizaciones

Mariana Martínez Rodríguez
TalCual, Miércoles 14 de Junio de 2006, pag. 7

El gobierno nacional pretende convertirse en el ojo del gran hermano. El anteproyecto de Ley sobre Cooperación Internacional aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional, plantea organizar en un “Sistema Integrado de Registro” a todas las organizaciones no gubernamentales.

Carlos Correa representante del Centro de DDHH de la UCAB , asegura que las ONG no están negadas a los intentos de regulación, pero desean una justificación, y se preguntan: ¿cuál es el valor agregado de esta medida? La directora de la secretaria de la Comisión Permanente de Política Exterior , Lilia Bustillos , explica que esta legislación “no pretende” administrar los recursos y proyectos de estas organizaciones.

El diputado Saúl Ortega, jefe de la Comisión de Política Exterior , dice que esta legislación plantea la necesidad de crear un ente desconcentrado, que puede ser una Agencia de Cooperación como las existentes en España y Canadá, que se encargue de centralizar la información sobre la procedencia y correcto uso de los recueros que reciben las distintas ONG y Asociaciones Civiles, vinculadas a cooperación nacional o internacional.

Organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo del 89 (Cofavic), llaman la atención sobre la generalidad con que se presenta el proyecto, pues como lo indica Correa este deja a discrecionalidad de la elaboración de un reglamento aspectos claves como ¿qué ONG deben registrarse?, ¿cómo será la declaración?, ¿cuáles serán las sanciones?.

Bustillos acepta el carácter general del texto y las dudas que ha generado, al tiempo que aclara que a partir de ahora se abre un espacio de consultas en las que serán involucradas las distintas organizaciones, para que expongan sus dudas ante la subcomisión de Cooperación Internacional que preside la diputada Iris Varela.

Ortega incida que como toda ley marco, esta no tiene carácter sancionatorio, y que su reglamentación es voluntad del ejecutivo.

Además dice que quienes aseguran que el proyecto viola el derecho de libre asociación, “están equivocados” pues fue pensada en función de promover la participación civil, pero que en todo caso deben denunciarlo ante los organismos competentes.

POR LA TRANSPARENCIA
Para el diputado Saúl Ortega el que exige “transparencia” debe “ser transparente”.

El problema es que según explica no se tienen referencias de donde provienen los recursos de muchas de estas organizaciones, y que no todas actúan correctamente.

“Súmate es una de las tantas que incurre en irregularidades, y actúa en forma perversa”, asegura.

Ortega explica que quien no se registre no tendrá el reconocimiento del Estado, y por ende dejará de percibir los beneficios que este provee. “La mayoría recibe todo tipo de colaboración por parte del gobierno nacional”. Por lo que, está seguro que quien no tenga nada que temer asumirá con beneplácito esta Ley.

Correa quien asegura que a nivel internacional ninguna ONG es sometida a tal control, recuerda que las organizaciones de DDHH siempre son incómodas para los gobiernos por lo que necesitan independencia.

Para ejemplificar el temor de algunas recuerda lo ocurrido con la Ong CEDAL de Perú, que al pronunciar su preocupación por el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Perú, fue acusada por la Agencia de Cooperación Peruana de actos delictivos.

En el día de ayer 62 organizaciones no gubernamentales suscribieron una comunicación en la que explican que en la actualidad, las ONG en Venezuela están sujetas en general al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente; como los expuestos en la Constitución de la República, el COPP, Código Orgánico Tributario, Decreto de Control de Cambios, Convenios Cambiarios y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, entre otros. Además de la inspección y vigilancia del Seniat y Cadivi.

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