En el video responsabilizan a la ministra de lo que pueda sucederles. Solicitan normalizar la visita de sus familiares y colocar la mesa técnica con jueces, fiscales y abogados. Además, dijeron que no están siendo escuchados. Si esto es cierto, “¿por qué tapan a los medios de comunicación y no deja que televisen?”.

Hemos visto a la ministra Iris Varela en más de una oportunidad diciendo que se encuentran comisiones hablando con los internos; de ser cierto. Algo está fallando en la mediación de este conflicto y que, después de más de dos semanas y media, todavía no se ve humo blanco.

Cuando se media en un conflicto ambas partes deben estar de acuerdo con las personas que van a mediar y deben poner de parte y parte para resolver la situación. Han sido demasiados inexpertos en esto desde el primer momento. Veremos cuál será el capítulo que viene esta semana.

Increíblemente, el mundo sigue avanzando en las ciencias penitenciarias y este país se encuentra estancado en el pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el informe destaca que la mayoría de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas de investigación criminal.

“Entre las principales causas que contribuyen a la persistencia de esta práctica se identifica la existencia de prácticas institucionales heredadas y una cultura de violencia firmemente arraigada en las fuerzas de seguridad de los Estados; la impunidad; la falta de dotación de recursos, equipos adecuados y capacitación técnica en los cuerpos de seguridad; las respuestas represivas del Estado como ‘políticas de mano dura’ y ‘tolerancia cero’; y el conceder valor probatorio a las confesiones o a información obtenida mediante el empleo de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En Uribana: entre los privados de libertad del centro penitenciario de Centro Occidente, mejor conocido como Uribana, internos de los calabozos y diversas comisarías de Polilara hay 5.288 hombres en desacato judicial.

La situación en ambos centros de reclusión continúa igual, los reos han decidido que nadie sale y nadie entra. Esta misma acción la están tomando en los calabozos de la Comanpoli, en donde no dejarán entrar más detenidos.

Manifiestan que no tienen espacio para dormir, están comiendo dos veces al día y no a todos los compañeros les llega el alimento. Por lo tanto exigen una respuesta por parte de las autoridades competentes porque de lo contrario están dispuestos a realizar una huelga de hambre y de ser necesario de sangre.

ANIVERSARIO DE AZUL POSITIVO. Bajo la consigna “Cultura y Educación para la Prevención” la asociación civil Acción Zuliana por la Vida llegó a sus primeros ocho años de labores en los 21 municipios del estado Zulia. Prevención del VIH, otras infecciones de transmisión sexual, consejería, capacitación, salud sexual y reproductiva y promoción de los derechos humanos son las banderas de esta organización (http://azulpositivo.blog-spot.com). Nuestro reconocimiento a los miembros de Azul Positivo.

LLAMADO DE ALERTA AL MINISTERIO DE SALUD Y AL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL”. La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) denuncia la grave crisis que afecta a las personas con VIH, por la falta de reactivos para la realización de la prueba de recuento de linfocitos, imprescindible para determinar el inicio o no del tratamiento antirretroviral como para hacer seguimiento al efecto de los tratamientos en quienes ya los ingieren. La falta de reactivos, reportada hacia finales del año pasado, se ha agravado desde enero y, como ha sido denunciado antes, ni el Programa Nacional de VIH/Sida del Ministerio de Salud ni el Inhrr han informado acerca de sus causas y las medidas que están tomando.

AÚN SIN PIRIMETAMINA. Familiares de personas con VIH con toxoplasmosis continúan escribiéndonos para denunciar la falta de esta medicina. De no ser tratadas, las personas afectadas pueden sufrir consecuencias graves, potencialmente letales. Tanto en el caso de la falta de seguimiento como en el de tratamiento para la toxoplasmosis, esas consecuencias prevenibles implican una violación del derecho a la salud y, potencialmente, de la vida por las instituciones de salud del Estado venezolano. Instamos a nuestros lectores a denunciar toda situación de falta de reactivos, medicamentos o atención oportuna.

SIN AGUA EN EL CENTRO DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA (CIC) DE SAN BERNARDINO. La semana pasada no se entregaron antirretrovirales en el CIC por falta de agua. Este centro, donde se atiende con calidad a más de 5.000 personas con inmunodeficiencia, sigue siendo víctima de la desidia del IVSS, con serias consecuencias para la salud, tanto de usuarios como del personal que allí labora. Desde hace varios años, usuarios y usuarias del CIC, acompañados por Acción Solidaria y Provea, han llevado adelante acciones exigiendo que se respete su derecho a seguir siendo atendidos en este centro y que la infraestructura sea reparada, sin haber obtenido respuesta. 

Acción Solidaria 

Centro de Información Nacional de VIH/Sida: 0212-952-2009 

www.accionsolidaria.info Invitamos a nuestros lectores a visitar www.stopvih.org, sitio web renovado de la organización StopVIH, ubicada en el Estado Nueva Esparta. Además de una muy atractiva imagen, contiene nuevas secciones, noticias de actualidad, campañas de información y prevención, así como información sobre la propia organización y las distintas formas en las que se les puede apoyar.

William Godnick, coordinador del Programa de Seguridad Pública y Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, en su visita al país en el mes de enero, con motivo a su participación en el Seminario Internacional organizado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, aseveró: “‘Plomo al hampa’ no puede ser una respuesta del Estado ante el problema de la violencia. Sería sencillo, ilegal e inmoral”. Aseguró, asimismo, que esta realidad no sólo arropa a Venezuela sino también a toda América Latina, que clama soluciones.

Por su parte, el diputado salvadoreño Benito Lara, del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), explica que en su país, por ejemplo, la implementación de una política restrictiva por parte del Estado no garantizó sino el aumento de los homicidios. “En 2003 se produjeron cerca de dos mil muertes, y para el 2010 se registraron cuatro mil”.

Según datos ofrecidos por Lara, las cárceles en El Salvador se han saturado en un 300%. El sistema penitenciario no tiene la capacidad real para tantos reclusos. La delincuencia tuvo un incremento significativo casi en todos los delitos. Maras y pandillas perfeccionaron su organización y su accionar llegando a tener mayor control territorial. Se acrecentó, además, el narcomenudeo y las extorsiones.

Para William Godnick esta exigencia “de mano dura” por parte de los pueblos obedece al desespero. “La gente está frustrada y asustada. Está reaccionando sobre esa base”. Para finalizar, aclara: “No ejercer mano dura no quiere decir no apoyar la aplicación del Estado de Derecho y la ley”.

Respaldo internacional

En mayo de 2011, se crea la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme en Venezuela. Con este anuncio, el país cumple con una de las recomendaciones para la implementación de una estrategia integral de reducción de la violencia armada y tráfico de armas, según lo establece el Programa de Seguridad Pública y Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Según el programa, en América Latina existen comisiones establecidas formalmente que permiten a los Estados garantizar un enfoque integral para el control de las armas y municiones. Así lo reconoció William Godnick. “Hay varias de esta naturaleza, en varios países de la región, pero ninguna con la inversión humana y económica que tiene la de Venezuela”.

El especialista recomendó: “Dos conjuntos de medidas que se tienen que tomar. Uno dirigido hacia el control de las armas en circulación nacional y otro a nivel comunitario para reducir la violencia armada en coyunturas específicas”.

Según lo establecido por los estándares internaciones en la materia, todo indica que Venezuela va por buen camino. En base a estas recomendaciones, desde el seno de la Comisión Presidencial, se han anunciado un conjunto de medias para prohibir porte de armas en espacios públicos, como por ejemplo, en terminales de pasajeros. También reglamentos que controlarán la importación y la comercialización de armas y municiones, así como planes de desarme voluntario.

Red de Apoyo por la Justicia y la paz. 11.05.2012

Afortunadamente existen espacios que se van abriendo, perfectibles todavía, pero con mayor apertura y posibilidades de argumentación que el proporcionado por lo que han llamado el Ministerio de las Colonias. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU es un ejemplo. De manera que la decisión a tomar es solamente una actividad lógica y racional de preservación de la estabilidad y la independencia nacional. En lo substantivo, ningún ciudadano que requiera ejercer reclamo por sus derechos, dentro o fuera del país, estará huérfano y el país tampoco. Un poco lo del bolero sería aplicable para esta determinación de la patria para retirarse de la CIDH… “si me quedo contigo, yo pierdo y tu nada ganas”.

Cuando reflexionamos sobre las respuestas que la sociedad y el Sistema de Justicia han dado a las víctimas y a los victimarios penales, pudiéramos concluir que ambos han sido “utilizados” por los primeros. A las víctimas las han dejado sin voz ni voto, como simples testigos u obreros del proceso, y al delincuente o victimario como chivo expiatorio de un orden social y económico excluyente; a pesar de que ambos tienen reconocidos derechos y deberes como ciudadanos, así también como actores del Sistema Penal. Sin embargo, no hemos logrado elaborar una Política Nacional de prevención adecuada de la victimización penal para al menos, reducir su incremento, ni hemos alcanzado ofrecer remedios que le permitan a la víctima recuperarse de los efectos dañinos derivados del delito y de la violación de derechos humanos, y al victimario reintegrarse a su familia y comunidad sin etiquetas ofensivas sino como una persona que cometió un grave error, pero que es capaz de continuar su vida interactuando adecuadamente con los demás. Tanto la sociedad como el Estado los victimizan, una y otra vez. De esto, todos somos responsables al olvidarnos del valor que cada uno de nosotros tiene.

Sólo reconociendo nuestra verdadera esencia de seres humanos dotados de un valor extraordinario, podremos “empoderarnos” y protegernos de la vulneración de lo más humano que hay en nosotros: nuestra dignidad, que es una condición que todos poseemos y que nos permitirá reconocernos en el otro y establecer interacciones más respetuosas y humanas. Asidos de ella, transitaremos por caminos que nos lleven a transformar la cultura de la violencia en una cultura de paz, de justicia, de compasión por el sufrimiento del otro, de reconciliación y de perdón y, sobre todo, de respeto a uno mismo y a los demás.

En la época moderna, el concepto de dignidad humana se deriva de la concepción de que “el hombre es un ser excelente por los rasgos que derivan de su única naturaleza humana” y se le ha añadido, como señaló Kant, que “… en el mundo todo tiene un precio, excepto la dignidad humana que es inestimable”.

La dignidad es el reconocimiento en la persona del valor de ser humano. Alguien que no piense, no hable, no camine, alguien que sea víctima o victimario/a no dejará nunca de ser digno/a, así como tampoco dejará de ser humano/a. Nuestra dignidad humana es una condición permanente. No debe confundirse con autoestima, con calidad de vida, entre otros conceptos a los que se ha vinculado. Ojalá lleguemos pronto a comprender que cuando vulneramos al otro, nos vulneramos a nosotros mismos. Reconocer nuestra verdadera esencia es el primer paso para que los humanos dejemos de victimizarnos.

María Josefina Ferrer  El Universal 14.02.2012

En 2007, después de siete años que el Estado salvadoreño había sido sentenciado por la CIDH por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero y las presiones para cumplir con sus recomendaciones aumentaban, su presidente Antonio Saca realizó diligencias para retirar al país de la CADH.

Según documentos difundidos a posteriori, la gota que derramó el vaso fue la exigencia de retirar el monumento al fundador del partido Arena Roberto d’Aubuisson, autor intelectual del asesinato de Romero según la Comisión de la Verdad, del municipio de Antiguo Cuscatlán. Otra recomendación realizada por la CIDH, que preocupaba a muchos funcionarios militares del país era la derogación de la Ley de Amnistía que otorgaba impunidad a los crímenes estatales ejecutados durante la guerra civil.

Con el argumento que esta petición suponía un “peligro para el país”, una “violación a su soberanía” y la implosión de los acuerdos que habían permitido la pacificación del país, el gobierno salvadoreño promovió diferentes delegaciones para intentar revertir la sentencia y amenazar con la potencial salida del país de la CIDH.

Antes de esa iniciativa, fue Alberto Fujimori quien desde Perú enfiló sus baterías contra la CIDH. El conflicto latente ganó intensidad tras dos decisiones en las que se ordenaba al país que anulara condenas a civiles realizadas por tribunales militares, promovidas sin respeto a las garantías de debido proceso. Fujimori, a pesar de las críticas emanadas desde la CIDH, había cumplido hasta el año 1998 con sus recomendaciones. En 1997, por ejemplo, liberó a María Elena Loayza Tamayo, una profesora universitaria acusada con endebles pruebas de terrorismo. Pero para 1999 la Corte falló que los juicios militares realizados en el Perú violaban la CADH, por lo que una condena contra cuatros civiles de nacionalidad chilena -acusados de pertenecer a Tupac Amaru- debía anularse y remitirse a la justicia ordinaria. El “chino”, como era conocido el mandatario peruano, exacerbó el nacionalismo de sus seguidores y, tras una campaña de desprestigio realizada por los medios de comunicación controlados por Vladimiro Montesinos, anunció que las decisiones de la CIDH eran “inejecutables” en el país. De esta manera Fujimori comenzó el procedimiento para refutar la CADH, y de esta manera formalizar su salida de la OEA y sus competencias. Un año después el Perú tenía un nuevo presidente, cuyo primer anuncio fue restituir todas las competencias de la CIDH en el país.

Sin embargo la sombra del fujimorismo aún se mantiene sobre el antiguo territorio inca. Como segunda fuerza política del país, sus tentáculos continúan, hasta el día de hoy, rechazando las decisiones de la CIDH. Recientemente Roberto Chiabra, ex ministro de la Defensa entre los años 2003-2005, llamó a desconocer a la CIDH tras su decisión que el Estado peruano debía iniciar un proceso judicial en contra de los comandos del operativo “Chavín de Huántar”, el grupo militar que retomó la embajada de Japón en Lima, a manos del MRTA en abril de 1997. El órgano internacional de protección consideró que se ejecutó extrajudicialmente a tres miembros del grupo guerrillero después que se habían rendido. “¿Por qué se ha hecho la demanda? ¿Qué cosa incumplió el Estado? ¿No hizo acaso un juicio en el fuero militar a los comandos? Lo que cuestiona la comisión es la estructura orgánica de nuestro país. El sistema Jurídico. Fue la Corte Suprema de nuestro país, que de manera democrática decidió enviar el caso al fuero militar”, declaró Chiabra.

En otro caso el diputado por el Partido Popular Cristiano, Juan Carlos Eguren, desarrolló argumentos que después serían utilizados por venezolanos. Tras conocer que Mónica Feria Tinta, quien denunció ante la CIDH violaciones y torturas por parte de agentes de seguridad peruanos en 1992, aseguró que esta demanda era producto de “un gran negocio nacional e internacional que trafica con el tema de los derechos humanos (…) Es el principal negocio de las ONG que patrocinan (estos casos) a cambio de pagos con éxito. Es un negocio, una mafia, un tráfico de la materia”, señaló.

El desconocimiento de Fujimori a la CIDH se hizo casi paralelamente al de Trinidad y Tobago, quien también había anunciado su decisión de rechazar la CADH tras varios fallos de la Corte, en donde ordenaba al país adoptar medidas provisionales en varios casos sentenciados a pena de muerte.

Estos son los enemigos de una instancia como la CIDH.

Entre 1978 y 1979 Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de campesinos, obreros y sacerdotes en general, en el contexto violento y represivo que vivía el país. Sus discursos fueron transmitidos por radio, señalando los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde reiteraba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. El lunes 24 de marzo de 1980 fue asesinado. Su muerte conmocionó a la región, convirtiendo a Romero en un símbolo de dignidad latinoamericana.

Si bien en 1993 la conformación de una Comisión dela Verdad concluyó que el asesinato de Monseñor Romero había sido ejecutado por un escuadrón paramilitar amparado por el gobierno, la promulgación de una Ley de Amnistía General parala Consolidacióndela Paz, como parte de los acuerdos que buscaban la reconciliación del país, otorgaba impunidad a los involucrados. A pesar que los llamados delitos de lesa humanidad no prescriben, a mediados de los 90´s, dentro de El Salvador, era imposible hacer justicia.

Sin embargo, este informe sirvió para que Tiberio Romero, hermano de Monseñor, y la abogada del Arzobispado de San Salvador llevaran el caso ante la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH), la cual lo aceptó en mayo de 1995. Alegando “violación de la soberanía”, “ilegitimidad” y el supuesto inicio de una campaña en contra de El Salvador, el Estado se negó a suministrar información en los plazos fijados. En 1998, incluso, solicitó que se olvidaran del caso. El argumento oficial era que el mantenimiento de la paz era su estrategia para preservar los derechos humanos. A costa del olvido y la impunidad.

En el año 2000 la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño era responsable por la violación del derecho a la vida, las garantías judiciales y la tutela judicial en el caso de Monseñor Romero, realizando tres recomendaciones: 1) Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones; 2) Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización y 3) Adecuar su legislación interna ala Convención Americana, a fin de dejar sin efectola Leyde Amnistía General. Tuvieron que pasar 9 años para que el Ejecutivo salvadoreño tuviera la voluntad política de acatar estas recomendaciones.

Es lamentable que posturas de los altos funcionarios venezolanos, como Luis Britto García, coincida con la actitud de quienes en El Salvador deseaban mantener la impunidad en el asesinato de Monseñor Romero: Deslegitimar a la CIDH. Britto García intenta convencer al pueblo venezolano que la institución que condenó las graves violaciones de derechos humanos realizadas por Pinochet, Videla y Fujimori, entre otros, y que además ha condenado las violaciones ocurridas en el marco del actual conflicto colombiano está “al servicio del imperialismo”.

Inspirados por la obra de Monseñor Romero, desde 1986 el Centro parala Paz y los DDHH “ Padre Luis María Olaso” de la UCV promueve la cultura de paz y los Derechos Humanos en una sociedad marcada por profundos desequilibrios, económicos, sociales y culturales, junto a una polarización extrema. Teniendo como espacio de articulación a la “Casa que Vence las sombras”, para ello necesitamos de todas las alianzas y escenarios, nacionales e internacionales, incluyendola CIDH.

Más información en cdhucvpadreolaso.sj@gmail.com

El anunció de los Poderes Públicos  encabezados por el Ejecutivo Nacional de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hace un grave daño al país. No es a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. No es a los ricos y pro-imperialistas como afirma el gobierno. Es a toda la sociedad venezolana y principalmente a los más humildes que son los que tienen siempre menos posibilidad de obtener justicia en nuestro país y los más vulnerables en la violación de sus derechos

Empezaré desmontando falsos argumentos del gobierno quien desde un discurso camuflado de antimperialista y a favor de los pobres termina precisamente afectando a los más pobres, favoreciendo la impunidad y con ello las posibilidades de incremento de las violaciones a los derechos de los más humildes. Desde un argumento aparentemente progresista se coloca en la misma línea de trabajo y propósitos de los gobiernos más de derecha que ha tenido y tiene la región.

La Comisión Interamericana se la tiene dedicada a Venezuela.

Nada más falso. Si el gobierno hablara con seriedad y responsabilidad daría a conocer las cifras de la Comisión Interamericana, pero no lo hace porque sus argumentos se disuelven.  En el año 2011 ingresaron a la Comisión Interamericana  1658 peticiones, de ellas tan solo 40 de Venezuela, mientras que por ejemplo de Colombia  ingresaron 342. De esas peticiones ingresadas fueron abiertas a trámite 262, solo 5 de Venezuela y 65 de Colombia. Pero veamos el año anterior. En el 2010 ingresaron 1598, de ellas solo 41 de Venezuela y de Colombia 325. A trámite se procesaron 275, solo 1 de Venezuela y de Perú 86.

Con el gobierno del presidente Chávez se incrementaron los casos contra Venezuela.

Cierto, pero no porque se quería desacreditar al gobierno como afirma sino porque se incrementó en todos los países. Veamos cifras de los últimos cinco años de la Comisión y el incremento de peticiones: En 2006 ingresaron 1325 peticiones y en 2011 ingresaron 1658. Las víctimas en Venezuela presentaron en 2006 la cantidad de 32 peticiones y en 2011 40. Así como se fueron incrementando en todo el Continente, también ocurrió en Venezuela. Y entre los países donde hubo mayor incremento no se encuentra Venezuela, la mayor cantidad de peticiones tienen que ver con Colombia, Perú, México y Argentina.

Por dos razones se produjo dicho aumento: En la última década precisamente por la efectividad del Sistema Interamericano que contribuyó entre otras cosas a que se juzgaran los responsables de las desapariciones forzadas en Argentina y otros países y contribuyó al regreso de la democracia en el Perú, las personas empezaron a conocer más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En segundo lugar, se incrementaron las organizaciones de derechos humanas en el Continente y con ello un número mayor de víctimas empezaron a exigir justicia en el Sistema Internacional.

El Sistema Interamericano sirve a los intereses del Imperialismo.

El Sistema Interamericano ha servido a las víctimas de violaciones de derechos humanos en su gran mayoría los más pobres siempre más vulnerables a las violaciones de derechos. Gracias a una sentencia de la Corte Interamericana la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló las leyes de Punto Final que impedían juzgar a los responsables de asesinatos, desapariciones y torturas. Gracias a medidas cautelares de la Comisión y Provisionales de la Corte numerosos luchadores sociales en Colombia han salvado sus vidas. Como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana se reformaron o promulgaron leyes en muchos países para garantizar de una manera más adecuada los derechos humanos. En Venezuela gracias al Sistema Interamericano se consiguió parcialmente justicia en los casos El Amparo, Retén de Catia, desaparecidos de Vargas, se logró un acuerdo amistoso en el caso Jubilados de Viasa y en el caso Haximú  relacionado al pueblo indígena yanomami  entre otros ¿Y eso es servir al imperialismo? O servir a los más humildes. Qué hubiese sido de los jubilados de Viasa sino se decidieran a llevar su caso a la Comisión. Con seguridad no estarían cobrando mensualmente su pensión. Qué hubiese sido de las víctimas de la masacre de El Amparo sino existiese una sentencia de la Corte Interamericana, la versión oficial sería hoy la válida y se les recordaría como 14 guerrilleros muertos.

Canadá y Estados Unidos no son parte del Sistema Interamericano.

Ciertamente y esa crítica la compartimos con el gobierno, pero se les olvida mencionar que Cuba tampoco lo es y le vale la misma crítica. En todo caso, la Comisión procesa casos de cada uno de estos países. El gobierno lo sabe, pero no lo dice. Basta revisar la página web de la Comisión Interamericana para constatar que ello es así. Es decir, se critica a Estados Unidos con razón pero se quiere copiar su conducta ¡que contradicción! En todo caso, no se trata de ser regresivo en la protección de los derechos humanos. El gobierno debería seguir las buenas prácticas de Argentina y Uruguay por ejemplo.

Algunos de los daños que causa la posición del gobierno

1.-Nos aleja mucho más de la posibilidad de ingresar al bloque regional Mercosur. Y el ingreso nos interesa a todos y todas en el país por sus implicaciones en lo económico, político y social. La Historia le cobrará a los responsables haber colocado más obstáculos para ser integrante pleno de ese proceso de integración. Se mete así el gobierno un autogol y pierde la sociedad venezolana. Otro autogol, como fue el habernos retirado de la Comunidad Andina de Naciones o haber desaprovechado la oportunidad de generar un amplio debate en Venezuela en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal.

2.-Dificultará más a las víctimas obtener justicia. Históricamente son los más pobres quienes tienen menos posibilidad de acceder a la justicia y son los más vulnerables a todo tipo de violaciones de derechos humanos. En todo caso, por más dificultades que se le coloquen a las víctimas nunca podrán cortar sus ansias de justicia  e impedir sus esfuerzos por alcanzarla. Y las ONG de derechos humanos ahí estaremos para apoyarlas.

3.-Contribuirá a debilitar el Sistema Interamericano de Protección. Con ello su posición se asemejará a los esfuerzos realizados por el derechista gobierno de Fujimori y los gobiernos derechistas en el Salvador que precedieron al actual gobierno de Mauricio Funes. A los esfuerzos que realizaron las dictaduras del Cono Sur. Y ese debilitamiento afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el Continente independientemente de sus inclinaciones políticas e ideológicas.

4.-Finalmente, se debilita a la Constitución. Es una posición contraria a la obligación de progresividad que tiene el gobierno por mandato constitucional. Al debilitarse la protección los derechos humanos que establece nuestra Constitución, el gobierno se coloca de espaldas al pueblo soberano que mediante Asamblea Constituyente le otorgó a Venezuela una normativa avanzada en cuanto a protección de las víctimas y la garantía de los derechos. Así también se le causa otro daño más al país.

Marino Alvarado Betancourt

Coordinador General de Provea. 12.05.12

La CIDH es una instancia técnica, prevista en dos tratados internacionales: la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la misión de proteger a las personas del ejercicio arbitrario del poder estatal. El Estado es libre de ratificar o no esos tratados; pero, una vez que lo ha hecho, no puede escoger con pinzas qué órganos de esos tratados le resultan aceptables. Eludir la supervisión ejercida por la CIDH, retirándose de la OEA y denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es una facultad que el presidente Chávez pueda ejercer discrecionalmente. A diferencia de otros tratados, que acarrean obligaciones recíprocas entre Estados, los tratados de derechos humanos suponen obligaciones que el Estado asume con sus propios ciudadanos, y no con otros Estados; en este tipo de tratados, los otros Estados sólo son parte de un sistema de garantía colectiva de los derechos individuales consagrados en esos tratados.

Los tratados de derechos humanos están diseñados para garantizar los derechos y libertades de la población; no para garantizar los supuestos derechos del Gobierno de un Estado. Una denuncia de la Convención Americana implicaría una violación de numerosas disposiciones de la Constitución nacional. En ésta se garantiza a toda persona el derecho de recurrir a instancias internacionales para la protección de sus derechos humanos; por ende, privarnos de esa posibilidad equivale a recortar nuestros derechos y a eludir un mecanismo de control internacional previsto por la propia Constitución. Estaríamos en presencia de una medida regresiva, contraria al principio constitucional que proclama el desarrollo progresivo de los derechos humanos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es mencionada expresamente por el artículo 339 de la Constitución. Además, según la Constitución, los tratados de derechos humanos ratificados por la República tienen jerarquía constitucional, y son de aplicación inmediata y directa por los poderes públicos. Asimismo, se garantiza que las decisiones de los órganos de protección de los derechos humanos establecidos por tratados ratificados por Venezuela serán acatadas por los órganos del Estado, sin buscar pretextos para no ejecutarlas. No hay que buscar excusas. Un gobierno democrático respeta sus compromisos internacionales y sus obligaciones constitucionales, y asume de buen grado las observaciones que se le hagan desde una instancia encargada de velar por el respeto de los derechos humanos. Cercanos a que concluya el actual período constitucional, al hacer un balance de qué es lo que, luego de trece años de Gobierno, el presidente Chávez le dejó a los venezolanos, habrá que incluir la forma como recortó nuestros derechos y libertades, eliminando la garantía internacional de los mismos. Ese es su principal legado.

El Nacional 11.05.12