Uno de estos estudios procura establecer un mapa geográfico detallado de la distribución de los homicidios en Venezuela. Este mapa venezolano permitirá analizar concentración y tasas de homicidios por regiones, estados, municipios y parroquias según datos de fuentes oficiales, preferentemente estadística vital, que constituye la fuente más directa, constante y confiable de información en la materia, comparada con estadísticas policiales y encuestas de victimización, estableciendo balances entre fuentes de diversa naturaleza para precisar dónde se requiere intervención preferencial para enfrentar las formas más extremas de violencia. Como la información se conjuga con indicadores de pobreza y otras variables demográficas, se podrá avanzar con base firme para reordenar planes y políticas de intervención. Los datos preliminares indican que homicidios y pobreza no están correlacionados, como sostiene el discurso lego y cotidiano.

Otro estudio pretende estimar el volumen de armas en circulación en Venezuela. Mediante una combinación de fuentes, entre las cuales figuran registros de importación del Instituto Nacional de Estadística y del Seniat, así como datos de la Compañía Venezolana de Industrias Militares, importadora exclusiva de armas desde 2005, se procura establecer el total de unidades de armas ingresadas al país por vía legal, con proyecciones hasta 1980, así como la proporción de armas ilegales, mediante una novedosa comparación, utilizando seriales y datos desde 2005, relativos a las armas decomisadas y en salas de evidencias criminales, con los datos del conjunto mayor de las armas legalmente registradas. La medida de la discrepancia entre ambos registros permitirá inferir sobre la proporción probable de armas de ingreso ilegal al país, por contrabando al mayor o al detal, y de este modo definir si la política a adoptar implica intervenir sobre el mercado legal, incrementando controles y supervisión, o sobre el ingreso ilegal, activando alertas y detección en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos. Datos que, por consiguiente, apuntan a definir con sensatez qué y cómo se debe hacer para enfrentar el problema.

Ambos estudios son creativos e ingeniosos, con potencial de exportación a otros países, como nuestras encuestas de victimización, caso que se mantengan independientes y objetivas. Hay que publicar, difundir y explicar estos hallazgos para avanzar en la senda de la seguridad.

30.01.11 El universal 

La existencia de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos energéticos y minerales para la exportación, el extractivismo, constituye uno de los factores que más incide en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Este es el problema de fondo detrás de los diferentes episodios registrados en diferentes estados del país, incluyendo la reciente detención de indígenas y líderes pemones en el estado Bolívar.

La noción de desarrollo legitimada por el extractivismo, constante para los diferentes gobiernos venezolanos de las últimas décadas, es que el desarrollo supone crecimiento económico, en primer lugar, lo cual se alcanza por medio del aumento de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera ligada a los sectores más dinámicos de nuestra economía, los hidrocarburos y minerales. Este crecimiento, según esta lógica, generará efectos de derrame en el bienestar de la población por medio del empleo y el consumo. En nuestro caso este crecimiento es mediado por la apropiación intensa y eficiente de los recursos energéticos. La razón economicista, en los hechos, se jerarquiza sobre otras dimensiones, como el impacto sobre la naturaleza y las poblaciones que viven alrededor de los diferentes yacimientos. La mayoría de las iniciativas extractivas en el país se adelantan sin ningún tipo de consulta popular previa a quienes se verán afectados y afectadas. Tampoco se realizan los necesarios estudios de impacto ambiental.

Los 35 pueblos indígenas del país viven en tierras caracterizadas por una amplia diversidad biológica y mineral, lo cual las hace apetecibles tanto para desarrollar grandes proyectos de agricultura y ganadería como de sustracción petrolera, gasífera y de otros recursos como carbón, oro, coltán y diamantes, entre otros. Esta es una de las razones de peso por la cual el proceso de demarcación de tierras, una obligación a corto plazo establecida en la Carta Magna, se encuentra literalmente paralizada. De acuerdo a fuentes oficiales a octubre de 2009, sólo se han otorgado 40 títulos que benefician a 73 comunidades ubicadas en Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, de seis pueblos indígenas (Kariña, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao y Yukpa). Esto significa que en once años de vigencia de la Constitución, sólo se ha demarcado aproximadamente 2,4% de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas del país, quedando pendiente 97,6% de las demarcaciones.

La paralización de este proceso por falta de voluntad política es lo sustantivo en el conflicto que diferentes comunidades indígenas de la Sierra del Perijá, estado Zulia, han venido protagonizando en los últimos años, y que incluso ha generado víctimas fatales y líderes yukpa encarcelados. Las organizaciones no gubernamentales que han acompañado las demandas, como la Sociedad Homo et Natura, están siendo sometidas al hostigamiento y la criminalización.

Además de la paralización en la titularización de tierras indígenas y la negativa a respetar el precepto constitucional que faculta a las comunidades originarias de legislarse según sus propias tradiciones, un segundo problema tiene que ver con la contaminación de los suelos, el agua y el aire a consecuencia de los procesos industriales extractivos. Un ejemplo de esta situación es la comunidad Kariña de Tascabaña, estado Anzoátegui, cuya principal fuente de agua está contaminada por emisiones de gas metano residuales de pozos petroleros. La comunidad resiste entre el estoicismo y el chantaje, pues como hemos corroborado en visita al poblado, la gente tiene temor que la denuncia de la contaminación genere las represalias de Pdvsa, quitando los beneficios que la estatal ha venido brindando a sus habitantes.

Una tercera situación, no menos dramática, es el impacto cultural y económico que supone la existencia de yacimientos cerca de las comunidades indígenas. Ante la erosión de los suelos, mermando la producción de los conucos, y la contaminación de las aguas, limitando la pesca, las minas aparecen como la única fuente estable de ingresos económicos la cual, además, permitirá el acceso simbólico a la civilización mediante el consumo. El enfrentamiento de los pemones contra los militares que trabajaban la minería de manera ilegal tiene, como una de las demandas, dar la posibilidad que las comunidades aborígenes se beneficien de la comercialización del oro. No podemos olvidar que la posibilidad que pemones y otras etnias ejerciten la minería de manera artesanal traería aparejada, con alta probabilidad, la contaminación por mercurio. Morir de hambre o por intoxicación es el dilema a resolver ante la ausencia de reales políticas oficiales para garantizar sus derechos.

Diferentes organizaciones de derechos humanos han visibilizado el hecho que los pemones, tras desarmar a funcionarios de la Guardia Nacional el pasado mes de mayo, estén siendo juzgados bajo el fuero militar constituyendo un golpe a la Constitución, la cual claramente establece que la justicia militar es para los uniformados. Por ello lo inmediato es denunciar y detener el proceso de criminalización a las comunidades indígenas que resisten las consecuencias del extractivismo.

30.01.12 Correo del Caroní

La preocupada ministra al ver en peligro su cargo se traslada de inmediato al Zulia a ofrecer misiones, viviendas entre otras dádivas; se reunió con los llamados caciques mayores y publica en la página web del ministerio indígena un artículo titulado “Caciques de la Sierra de Perijá rechazan escrito de Lusbi Portillo” y en un pase dado por el Presidente Chávez insinuando ya su preocupación por los que ella denomina los “ataques despiadados de la contrarrevolución” se le ve en VTV otorgando los beneficios de las Misiones Hijos de Venezuela y en Amor Mayor.

Sin perder tiempo alguno se lleva por avión y al hotel Alba Caracas a sus Caciques Mayores para que la defiendan a ella y a los títulos chimbos otorgados el 15/12/11 montándoles una gira en los medios de comunicación del Estado gobierno y titula por su web ministerial el artículo “Caciques Mayores de los pueblos Yukpa y Barí viajaron a Caracas en rechazo a intento de división”. De esta manera se monta de nuevo desde los ministerios la criminalización de nuestra organización social y ecológica Sociedad Homo et Natura y de su Coordinador General profesor Lusbi Portillo por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas del Zulia y los ecosistemas del Sierra de Perijá amenazados por la política extractiva del Gobierno y de los proyectos imperiales de la IIRSA a través del Eje de Integración Andino o Eje de Desarrollo Occidental como fue denominado en el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

En honor a la verdad debemos aclarar que no hemos sido los únicos en cuestionar públicamente este segundo hecho de titularidad simulada que vulnera los derechos reconocidos de los pueblos y comunidades indígenas respecto a sus expectativas de recuperar sus espacios de vida. También Vladimir Aguilar Castro del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes en su artículo “Sombras chinescas en los títulos de propiedad colectiva sobre los hábitats y tierras indígenas en Venezuela” donde afirma: “Los supuestos títulos de propiedad colectiva otorgados recientemente por el Ejecutivo Nacional sobre los hábitats y tierras indígenas en Venezuela constituyen una nueva afrenta a los pueblos y comunidades indígenas del país. Son títulos donde la propiedad colectiva, en el mejor de los casos, es compartida, pues siguen teniendo el mismo componente de los títulos anteriores: el reconocimiento de intereses (derechos según el titulo otorgado) a terceros. Se trata de títulos donde no hay propiedad colectiva pues se comparten derechos (intereses decimos nosotros) con terceros que, como ya lo hemos advertido, en el “mejor” de los casos constituyen derechos indígenas amenazados. Estos supuestos títulos no hacen ningún avance con relación a lo que ya había sido otorgado en el 2005, 2006 y 2007. Por lo tanto, el Estado venezolano sigue en mora con los pueblos y comunidades indígenas del país y los derechos territoriales reconocidos en el artículo 119 de la Constitución Nacional siguen pendientes de materialización. Ya no sólo lo que aparece en el titulo como lindero y comunidad (es) (para el caso del pueblo indígena Yukpa) es insuficiente. El contenido del título mismo adolece del derecho sustantivo (territorio). La noción del territorio como lugar de derechos se difumina en coordenadas geográficas que aparecen de manera desordenada en el titulo mismo. El titulo deja abierto, mediante Reglamento, la posibilidad de ordenar el territorio ocupado de manera ancestral y tradicional. Pero lamentablemente el ordenamiento no se sostiene en Planes de Vida elaborados por los propios sujetos de derechos para que se constituyan en el fundamento, ya no sólo del derecho territorial reconocido, sino principalmente del espacio de ejercicio (goce) de derechos territoriales. Definitivamente en el Estado no hay creatividad jurídica (tampoco política) para echar a andar la norma constitucional. La anticipación del derecho mediante la promulgación del mismo en el máximo contrato social no tiene desarrollo jurídico alguno, y mucho menos político, en los títulos otorgados. Resultaba curioso pensar que el Ejecutivo Nacional en un lapso (electoral) de 12 meses, pudiera demarcar una extensión de territorios indígenas los cuales no había podido deslindar en un lapso (político) de 12 años de consagración constitucional”.

Son Chimbos por reconocer en los títulos de tierras indígenas los intereses o derechos de otros, incluidos parceleros y mineros, por encima de los derechos originarios de los grupos.

El periodista Boris Castellano inicia la entrevista de casi media hora al recién nombrado Cacique Mayor del Centro Piloto del Tukuko Alfonso Itnopa leyendo el título y las primeras líneas del artículo de la Sociedad Homo et Natura publicado en Aporrea, la Clase.Info, La Guarura el día 10/01/12: “Crece el descontento del pueblo Yukpa con el entaparado título de tierra otorgado por el Gobierno el 15 de diciembre del 2011 (Parte I)”. Lo que no lee el periodista las dos razones por la cual nuestra organización califican de “entaparado” o “chimbo” a dichos títulos de propiedad de 143.610,50 hectáreas; razones estas expuestas en la última reunión de Caciques en el Centro Piloto del Tukuko en presencia de un Defensor del Pueblo del Zulia.

El discurso de la Sociedad Homo et Natura resume sin temor alguno a decirlo, las aspiraciones históricas que han acompañado de siempre las luchas por los territorios indígenas que habitan Perijá. Callan el descontento indígena que no puede tener media hora en VTV y llevan a traicionar las aspiraciones de un pueblo a sus autoridades más inmediatas. Sin embargo, la estupidez de la cosa comunicacional y la mala voluntad del funcionariado traidor no puede silenciar verdades tan claras: El mismo Cacique Yukpa entrevistado, encomendado para hablar contra Homo et Natura y los grupos sociales, en el Noticiero de VTV el  mismo jueves 26/01/12 manifestó que no aceptan derechos de terceros y ni de las empresas mineras en su territorio reconocido por el Estado gobierno el pasado 15 de diciembre (este ha sido en único reclamo que la Sociedad Homo et Natura le ha hecho al Estado, es la síntesis más precisa de los comunicados de prensa que generaron la ira del funcionariado mediocre que una vez más empantana al Estado en el reconocimiento de los derechos más legítimos y urgentes de los pueblos indios de este país. Ojalá Pudiéramos tener media hora en VTV y que hablaran de su indignación los todos los indígenas. La manipulación mediática de este hecho es vergonzante, más allá del asunto de apagar incendios generados por patéticas gestiones). Reconocer derechos o intereses de terceros y de explotación minera en territorio indígena es denominado por los grupos sociales y por los propios indígenas: títulos chimbos; y lamentablemente no puede sonar bien, es decir  reconocer derechos a otros no-indígenas en territorio indígena, es no sólo no reconocerles nada, es también negarles la posibilidad de ser. Los vulnera y legitima el etnocidio histórico. Es racista, y es inhumano. Los expone al eterno conflicto, a sus guerras intestinas, a las masacres que la prensa no publica. Estos títulos condenan al pueblo Yukpa y al Barí a una suerte de destino incierto e inseguro, mucho más que si no hubiera intentado el Estado reconocerles algunas cosas. Estos títulos agrarios que nada tiene que ver con reconocimientos de derecho a la vida, entregados bajo estas condiciones tan mezquinas y vergonzosas para cualquier Estado que se supone socialista, sólo legitima la tragedia etonocida de apenas hace unas décadas. Nos hace cómplices de aquel daño al que acudimos la sociedad civil en acción o en silencio bajo los principios más racista. Una vergüenza de la que aún no nos libramos y que bien debiera seguirnos pesar. Y estas son las razones que no quiso leer Boris Castellano ante el país, explicado en nuestro artículo. Allí está la manipulación de la información. La fe de los traidores.

Son Chimbos porque además de otorgarles también derechos en los territorios indígenas a los hacendados, parceleros, mineros, madereros, constructores de vías ferroviarias, carreteras, etc. son títulos para campesinos, no para indígenas, pues el Procurador Carlos Escarrá en nombre de la República no les entregó la propiedad de la tierra a los pueblos originarios Yukpa y Barí. El Procurador no desafecta estas 143.610,50 hectáreas al Estado nacional y se las traslada en propiedad colectiva a las naciones indias Yukpa y 231.570,10 Barí según al artículo 126 de la CRBV para que estos puedas ejercer sus otros derechos fundamentales ya reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, a saber el derecho a la libre determinación, a la autonomía o al libre gobierno, a la aplicación y ejercicio de sus derechos consuetudinarios, al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en dichos territorios, entre otros derechos. Y esta es la verdadera lucha de fondo de hoy en día de los pueblos indígenas de América toda, con los pueblos indígenas de México, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Colombia a la cabeza.

Y los dirigentes socialistas y capitalistas en gestiones de gobierno en los Estados Nacionales coinciden en esta negación a tan legítima aspiración de los primeros pobladores de estas tierras no descubiertas.

Se llevó a la mujer, mientras el otro hombre escapaba, aunque no se descarta que ambos se encuentren heridos tomando en cuenta la forma como quedó el auto, con numerosas perforaciones por todos lados.

El pasado viernes en la noche a eso de las 9:30 p.m. en Barquisimeto, tres encapuchados bajaron de una camioneta e ingresaron hasta la habitación 1 del Centro de Residencia Supervisada Nilda Hernández, en la carrera 13 con calle 45, dando muerte a tiros a Luis Eduardo Medina Magual (25), Joel Enrique Saavedra Colmenárez (21), Luis Eduardo Cárdenas Piña “El Pincho” (21).

Esta situación es muy delicada, porque podemos estar en presencia de ejecuciones extra-judiciales por cuerpos policiales, o por su conducta en reclusión han matado, robado a muchos internos y cuando salen en libertad, esa población que ha sido sometida por estos internos avisa a sus aliados que tienen en libertad y son asesinados.

Este tipo de hechos debe poner a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación por notitia crimi- nis, sobre la marcha, incluso diría que investigaran cuántas libertades han otorgado y cuántos han perdido la vida.

Para quien no lo sabe, todos los privados de libertad procesados y condenados, tienen derechos reconocidos en Convenios y Pactos internacionales, consagrados en las Constituciones y desarrollados en las legislaciones internas de los países.

En Venezuela el reconocimiento de los derechos de la población reclusa tienen base constitucional, siendo el Estado, a través de sus tres Poderes y diversas manifestaciones funcionales, el garante de dichos derechos. (Tal Cual, 25.01.12)

La guerra no perturba y mata  solamente en el frente. La guerra y  sus  actores trastornan  la vida y su sentido;  resaltan  hechos extremos de la opresión patriarcal

 Las denuncias de agresión sexual en 2011 según  el ministro de la Defensa  de los EEUU, León Panetta  suman 3.191,  aunque considera que pudieran ser 19.000, “porque la mayoría no se denuncian”, como en todas partes.

La noticia sobre este asunto  siempre   abominable,   publicada también en la mayoría de los periódicos nacionales,  al principio  no luce demasiado clara, no se  entiende  quiénes  son las víctimas, hasta que te topas  con el texto: La mayoría se  cometieron en Estados Unidos. Primera pista

“Los delitos de violencia sexual cometidos por personal activo del ejército de EEUU, casi se han duplicado en los últimos cinco años, según informe de las Fuerzas Armadas que adjudica el problema a traumas por guerra “.

Leemos  otra noticia de Reuters  del 20 de enero: dice  que  los delitos sexuales informados, ojo, solo los denunciados, aumentaron  un 90% entre 2006-2011, y la mayoría  fueron cometidos en EEUU.  En 2011, cada 6 horas y 40 minutos,  un soldado estadounidense cometió un delito sexual. Precisión y estadísticas por lo menos a ellos  nunca les faltan, aunque sus apreciaciones sobre las causas de la violencia sexual  resultan  desenfocadas.  Consideran,  como supuestos   “resultados probables”:   la  mala conducta intencional, disciplina laxa, adrenalina poscombate, altos niveles de estrés  y trastornos de conducta.

Según el informe Hite ,  “dado que un hombre siempre puede alcanzar el orgasmo por medio de la masturbación,  ¿qué sentido tiene la violación? La mayoría de los hombres no violan por lujuria, sino movidos por sentimientos  de cólera, de falta de autoestima y por un deseo de afirmar su masculinidad o dominación viril y poner a la mujer “en su sitio”.

Es necesario señalar  que el  anuncio del ministro Panetta  ocurre casualmente  dos días después del estreno de un nuevo documental sobre ataque sexual entre las tropas estadounidenses. Se trata del   filme The Invisible War,  sobre violaciones de mujeres en el ejército,   del director Kirby Dick,  actualmente en el Festival Cinematográfico de Sundance ;  allí se presentan  testimonios de mujeres víctimas de violación sexual , supuestamente integrantes  del ejército estadounidense. Mujeres,  víctimas de sus propios compañeros de armas.

  Posiblemente  en este punto el enfoque del informe Hite, podría tener    resonancia, principalmente  a la hora de investigar  la  guerra contra las mujeres dentro del ejército, en los campos de batalla o dentro de las casas.

 Estamos frente a  una pista  que veníamos arrastrando desde el principio de la declaración del ministro Panetta?

Fuente:  http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/19/el-ejercito-de-ee-uu-combate-los-abusos-sexuales-entre-sus-filas/

APUNTES

“Es más probable que las militares sean violadas por un compañero soldado que asesinadas por el fuego enemigo”, asegura el  tráiler   de  The Invisible War, en el que también se afirma que sólo el 8% de los casos de abuso sexual son juzgados en el ejército estadounidense y sólo 2% resultan en condenas “

Los cinco delitos violentos graves más comunes cometidos por los soldados fueron  : asalto a mano armada, violación, abuso sexual agravado, sodomía forzada y pornografía infantil.

Los soldados con problemas de salud como trastorno por estrés postraumático (TEPT) ,  lesión cerebral traumática y depresión demostraron mayor incidencia de abuso de pareja”

“El Departamento de Defensa destinará 9,3 millones dólares en cinco años para capacitación y mejora de las investigaciones y los enjuiciamientos y emitirá un informe dentro de 120 días sobre la evaluación de la formación de los mandos en materia de asalto sexual.”

El mes pasado el Pentágono anunció otras dos medidas, una que permite a las víctimas de abuso notificarlo de inmediato a otras unidades; y otra cuyo objetivo es conservar los documentos militares durante 50 años para facilitar la reclamación de compensaciones de los veteranos futuros.

NEGOCIO CHOCANTE

Richard Salant, expresidente de CBS News- cadena  televisiva-   con toda la  sinceridad de su mala fe,  afirmaba: “Nuestro trabajo es dar a la gente, no lo que ellos quieren, sino lo que nosotros decidimos que deben tener”. Este aserto     hace comprensibles  los contenidos  de  programas denigrantes  como por ejemplo  el de las famosas  Princesitas, de Discovery Home & Health, un canal que le llega  a más de 20 millones de hogares en Latinoamérica en español y portugués  y que  además se presenta como  “el destino televisivo de la mujer latinoamericana, y tiene como misión contribuir a su equilibrio y satisfacción personal focalizando en diferentes aspectos de su vida  desde una perspectiva entretenida, real y positiva.”

 Niñitas de un año o menos, hasta los doce, son obligadas contra su  integridad tanto física como psicológica y moral  por sus madres o padres  a  una parodia  de reinas de belleza  liliputienses , travestidas de mujeres  con pestañas postizas y dientes postizos – si hace falta en sus tiempos de muda -  tacones, peinados   o pelucas , uñas,  trajes despampanantes ,  todo insólito, junto al desagrado que muchas veces manifiestan con su  llanto, o   pataletas ;  mejor, de eso se trata el reality show. Ver a las niñas quejándose – manipuladas o no-  le da un toque de  morbo  que le va bien al  “detrás de la cámara”  enfocada  a  los preparativos previos a cada desfile ,  sonorizadas     con  las sandeces   que  expresan  las personas adultas – familiares-   sobre lo que está ocurriendo; se supone que es  una de las partes más importantes de la competencia para ganarse los  dólares y la coronita.  Total, un  resumen  de las formas de violencia de género integradas a la convivencia, recreadas por la impunidad  y   la complicidad,  además, un excelente negocio

¿Una masa pasiva  puede consumir cualquier cosa  en contra de quien sea?

Para información y denuncias llamar

(O8OO-MUJERES)  0800-6853737

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Casa de la Mujer Juana Ramírez “La   Avanzadora” Maracay

(Fundada en  1985)

Programa de Atención a mujeres en situación de violencia

De lunes a viernes  de 8 a 12 y de 1 a 5 p.m.

CEDIAR -Centro de Documentación e Información Aída Arroyo.

Horario de Servicio: lunes a jueves  de  1,30  a 5 pm -Funciona en la misma sede.

Directorio: Órgano Divulgativo de la Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora”  C/ López Aveledo  Norte No. 11. Urb. Calicanto. Aptdo. de  Correos 2028. Telefax. 0243- 2463796  Correo E: cmjrla@yahoo.es .  No. 781  Año XXIII   25 -1-2012           

Llamado de Alerta al Programa Nacional de VIH/Sida.

Esta medicina es vital para las personas con toxoplasmosis, una condición que podría afectar a cualquier persona, pero que está incluida entre las llamadas “infecciones oportunistas” en materia de VIH/Sida, porque puede afectar severamente a las personas con sistemas inmunológicos comprometidos a causa de la infección por el VIH.

La falla en la provisión de la pirimetamina es una muestra más de la falta de planificación de la compra de medicinas por parte del Ministerio de Salud e implica, como en el caso de las interrupciones sistemáticas en la entrega de antirretrovirales, una vulneración de los derechos a la salud y la vida de las personas con VIH.

He leído que la circuncisión masculina ayuda a prevenir la transmisión del VIH, ¿podrían explicar por qué? Aunque no existe una respuesta definitiva, una de las explicaciones posibles es que el prepucio -la piel que recubre el glande o “cabeza” del pene- contiene células que son blanco del VIH para iniciar el proceso de infección.

La extirpación del prepucio eliminaría estas células y, por lo tanto, reduciría significativamente la posibilidad de contraer el VIH por esta vía.

Según la publicación “Circuncisión masculina segura, voluntaria e informada: una oportunidad para reducir el riesgo de VIH” (Onusida, 2007), “En todo el mundo, la prevalencia del VIH suele ser menor en las poblaciones que practican la circuncisión masculina que en aquellas donde la mayoría de los varones son incircuncisos.

Esto se ha observado durante los años de la epidemia”. Esto fue confirmado por medio de tres ensayos cuyos resultados fueron dados a conocer entre 2005 y 2006, que demostraron que “la circuncisión masculina reduce en un 60% la transmisión del VIH de mujeres a varones circuncisos”.

Es muy importante notar que la reducción del riesgo se refiere a la transmisión de la mujer al hombre y, según la publicación, “debería utilizarse junto con otras estrategias conocidas para prevenir que los hombres contraigan la infección por el VIH por vía heterosexual”.

Aunque estos resultados son significativos, quienes proponen la circuncisión masculina como una política pública insisten en que no proporciona una protección completa contra la infección por el VIH, y subrayan que los varones con VIH circuncisos pueden transmitir el virus a sus parejas sexuales.

Además, “no hay evidencia sólida de que la circuncisión masculina reduzca el riesgo de transmisión a una pareja femenina, ni de que reduzca el riesgo de transmisión del VIH durante las relaciones anales con una pareja receptora, masculina o femenina. (www.unaids.org/es/resources/unaidspublications/2007/)

Acción Solidaria Centro de Información Nacional de VIH/Sida: (0212) 952.2009 (Feliciano Reyna, El Universal, 24.01.11)

De la gestión escolar se habla poco, y estoy convencida de que si algunos aspectos de la misma estuvieran garantizados, tendríamos menos niños y niñas y adolescentes con problemas de conductas violentas. Me voy a referir en esta oportunidad a dos: las normas y el horario.

Comencemos por el tema de las normas: estas son necesarias para la convivencia pacífica. Toda persona necesita reglas de juego -qué está permitido, qué no- para convivir. Ni muchas ni ninguna.

Mejor pocas, pero consensuadas o al menos comprendidas y conocidas por todos los actores de la comunidad, las normas a las que no se les ve el sentido serán más fácilmente transgredidas.

Por ejemplo, algunos requisitos del uniforme como que “los zapatos sean negros sin rayitas de ningún color”, ¿cuánto desgaste supone andar persiguiendo alumnos con zapatos con un detalle blanco? ¿En qué cambia el hecho educativo si el calzado tiene una rayita? ¿Vale la pena pelear con los alumnos por esa rayita?

En un liceo de Valencia me contaron que se la pasaban en eso, mientras, en el año escolar habían tenido 22 alumnas embarazadas. De paso, ¿saben los docentes lo que cuesta hoy conseguir un zapato totalmente negro?

¡Claro que se necesitan normas! Pero, ¿serán todas esas que tenemos en los llamados “acuerdos de convivencia”?

El otro elemento importante en este aspecto es el que las sanciones deben ser realistas y, además de estar ajustadas a la Lopnna, que se apliquen. La impunidad en la escuela trae como consecuencia el enseñoramiento del que transgrede, la desmoralización del que cumple y el sentimiento de impotencia del ofendido, si fuera el caso.

En cuanto al horario, me refiero al del bachillerato. Parece obvio lo que diré pero no lo es: los horarios deben ser elaborados pensando en el alumno, puesto que está hecho para él. Un mal horario puede empujar al alumno, a la deserción escolar, puede ser una invitación a la “fuga” y dar oportunidad a los “cazadores de aprendices a la drogadicción y/o al delito”, lo digo con la autoridad de alguien que lleva años escuchando madres, educadores y adolescentes de sectores populares.

Piense usted en un horario como el que sigue: el lunes, de 8:00 a 10:00, luego de 2:00 a 5:00 en la tarde; el martes en la mañana, no hay clase -porque no hay profesor de inglés ni de matemáticas-, en la tarde de 1:00 a 4:00; el miércoles de 7:00 a 9:00, luego una hora libre y sigue a las 10:00… y así toda la semana.

¡Crean, hay horarios así para adolescentes de primer año de bachillerato! Mientras, en esas horas libres como no hay control de los muchachos unos se quedan en la puerta del liceo, otros se van a sus casas o… se quedan en el camino con todas sus tentaciones incluidas.

¿Cómo puede una madre llevar seguimiento de entradas y salidas de su hijo de 12, 13 años con un horario así? Algo tan elemental como tener horarios compactos, jornadas completas podría reducir los riesgos de los adolescentes en relación a los caminos violentos.

Y añado algo necesario: volver a incluir la hora de guiatura en el horario del bachillerato, eliminada hace años en los liceos oficiales. Esa hora podría servir para ir resolviendo problemas de convivencia entre pares, para tratar temas de interés de los alumnos que no entran en los programas. ¿Es mucho pedir una hora para ayudar a salvar a miles de adolescentes?

Ahora que el Gobierno está hablando abiertamente de entrarle a la prevención de la violencia, estos dos aspectos podrían servir de “guía breve” para abordar el problema

Por ello, es la metodología de este modelo educativo la que resulta más innovadora y adecuada al proceso de formación emprendido para las y los aspirantes de la Policía Nacional Bolivariana, ya que tiene como referencia los postulados de la educación problematizadora de Paulo Freire, y que podrían resumirse en:
•    Conocer la realidad social, política y económica en la que se está actuando y tener una comprensión crítica de la misma.
•    Respeto a los saberes y a la autonomía de las educandas y los educandos.
•    Saber escuchar.
•    Entender que “nadie es, si se prohíbe que otros sean“.

Resumiendo su importancia
Como vemos, la educación en Derechos Humanos no es neutra e indiferente a una concepción del mundo y de la sociedad. Contrario al modelo de sociedad planteado desde la educación en Derechos Humanos, en nuestras sociedades se perfila la instauración agresiva del modelo económico neoliberal, el consumo y posesión de bienes como garantía de seguridad y de inclusión en un modelo de sociedad que favorece la competencia, el individualismo, la pérdida de memoria histórica y profundiza los niveles de exclusión y fomenta la pérdida de ideales colectivos en aras de la sobrevivencia individual. Esta situación es negadora, por tanto, de la esencia de los Derechos Humanos donde se requiere de un Estado fuerte y comprometido con su rol de garante de los mismos, sin discriminación alguna.

Diferentes organizaciones y activistas esperan que Río+20 -como se conoce a la nueva reunión por los 20 años transcurridos desde la primera reunión- produzca nuevos acuerdos en pos de la preservación del medio ambiente y para la materialización del desarrollo sustentable. Estas expectativas están ligadas a los compromisos y promesas no cumplidos desde hace dos décadas. Algunos datos, incluso, pueden incitar el pesimismo. Hoy en día están generalizadas las inequidades de ingresos entre los diferentes Estados y las diferentes poblaciones de los países. Mientras las exportaciones mundiales han aumentado casi cinco veces, el ingreso per capita mundial apenas se ha duplicado. Paralelamente, el 20% superior de la población mundial disfruta más del 70% del ingreso total, mientras que quienes se encuentran ubicados en la quinta parte inferior sólo reciben el 2% del ingreso mundial. Como ha planteado Chee Yoke de la Red del Tercer Mundo, desde Malasia, “Esta distribución distorsionada de la riqueza económica es el resultado de un sistema financiero internacional desregulado y desestabilizado, y un sistema multilateral de comercio caracterizado por reglas que no son equilibradas y cuyo financiamiento perjudica a los países en desarrollo. Cuando llegan las crisis financieras y económicas, las mayorías -especialmente los pobres- cargan con efectos totalmente desproporcionados”. Por su parte el mexicano Alejandro Chanona afirma que “El concepto de sustentabilidad examina la relación entre el desarrollo económico, la calidad ambiental y la equidad social. Incluye una perspectiva de largo plazo y un enfoque integral de la acción, con el reconocimiento de que es necesario que todos participen en el proceso”.

A pocos meses antes de la realización de la Conferencia Río+20 la discusión sobre las implicaciones del desarrollo sostenible vuelven a protagonizar las preocupaciones de decenas de organizaciones en todo el mundo. Este es el tema central, por ejemplo, del Informe 2011 de Social Watch, una red internacional de organizaciones ciudadanas para erradicar la pobreza y sus causas, así como para poner fin a todas las formas de discriminación y de racismo. Entre los 66 capítulos nacionales recopilados se encuentra el de Venezuela, titulado “Los infortunios del extractivismo”, cuyo sumario lo resume así: “El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además, insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda. Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil, atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar un modelo de desarrollo realmente sostenible”.

Como plantea el texto desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, ha cuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”. Por lo anterior diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. El capítulo completo puede descargarse en http://www.socialwatch.org/es/node/14122

A diferencia de 20 años atrás, cuando las organizaciones ambientales del país constituían un rico tejido social con una capacidad notoria de autonomía e incidencia pública, en la actualizada el movimiento verde venezolano parece carecer de la iniciativa de aquellos tiempos y de una agenda propia. Sin embargo, nunca es tarde para retomar el camino en pos de, como dice Social Watch, construir el derecho a un futuro mediante un tipo de desarrollo amable con la naturaleza y los seres humanos.

Expresa la Red que en todas partes, las crecientes desigualdades y la desregulación de las finanzas están despojando a la gente de lo que por justicia le corresponde de los beneficios de la prosperidad mundial.

Nuestros niños y niñas heredarán la carga de la desforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y del cambio climático. Frente a esta situación la Red afirma que para revertir esta tendencia, la promesa de dignidad universal que comportan los derechos humanos tiene que ser puesta en práctica y los derechos de las futuras generaciones deben ser reconocidos y defendidos a carta cabal.

A fin de monitorear las tendencias en materia de necesidades insatisfechas en todo el mundo, Social Watch ha desarrollado un Índice de Capacidades Básicas (ICB) que combina las tasas de mortalidad infantil, el número de partos atendidos por personal especializado y las tasas de matricula en la escuela primaria. Tomados en conjunto estos indicadores de bienestar básico dan nociones de lo que debería ser considerado un “piso social mínimo”. Sumados deberían llegar al 100%, lo que significa que ningún niño dejaría de estar matriculado en la escuela, ninguna mujer debería dar a luz sin atención profesional y ningún niño nacido vivo —o menos del 1%— debería morir antes de su quinto cumpleaños, pues la causa principal de esas muertes evitables es la malnutrición y la pobreza.

Los indicadores computados en el ICB son parte de metas acordadas internacionalmente, que reflejan un piso social mínimo que debería lograrse. Por debajo, hay un déficit de dignidad. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos tenían la meta de lograr dignidad para todos y ese fue el compromiso que asumieron los líderes mundiales en la Declaración del Milenio en el año 2000 en el Quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Los jefes de Estado y de gobierno en esa oportunidad se comprometieron a “No  escatimaremos esfuerzos par a  liberar  a nuestros  semejantes, hombres, mujeres y niños, de las  condiciones  abyectas y deshumanizadoras de  la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos.”

Pero el mundo está muy lejos de lograr estos objetivos básicos. La razón evidente de este mal desempeño de los indicadores sociales es la creciente desigualdad en el seno de los países, y entre ellos mismos.

Venezuela es uno de los pocos países donde las desigualdades han disminuido en la última década. En 1999 el índice de desigualdad en Venezuela estaba en 0,49.  El valor del índice para el promedio de la década 2000-2010 fue de 0.43. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Se mantienen importantes índices de desigualdad y todavía la pobreza extrema abarca más del 7% de los hogares.