Provea demanda a la Sala Constitucional del TSJ por retardo procesal injustificado

(Caracas, 01.02.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presenta recurso de amparo judicial contra la Sala Constitucional por retardo procesal injustificado y la falta de garantía de la tutela judicial a una justicia oportuna, idónea, expedita y sin dilaciones indebidas, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El abogado de Provea, Antonio Puppio, expresó que “en esta oportunidad Provea presenta un recurso de amparo contra la Sala Constitucional por violación al derecho de acceso a una justicia oportuna, expedita y sin dilaciones indebidas, con ocasión a la demora que la propia Sala mantiene en la demanda interpuesta por Provea en mayo de 2010 contra la Asamblea Nacional por la omisión legislativa de la ley de pensiones”. El representante de Provea manifestó que hasta la presente fecha ese recurso presentado por Provea no ha tenido ni siquiera la admisibilidad, pese a que la organización ha solicitado en varias oportunidades a través de diligencias y escritos la decisión de la Sala sobre la procedencia o no de este recurso.

Es por ello que, según el abogado de Provea “hemos decidido utilizar este recurso especial que está consagrado en la Constitución y establecido en la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales para recurrir contra la propia Sala por la negación de justicia”.

En consideración de la ONG, la demanda a favor de la ley de pensiones que presentó Provea en 2010, mantiene un “estado vegetal judicial”. “Nos resulta inaudito que la Sala después de 20 meses no se haya pronunciado sobre la admisibilidad”, señaló el integrante de Provea. Asímismo, indicó que la demora en la decisión, además de romper los preceptos legales, tiene un exceso desmedido en cuanto a la práctica establecida por la Sala Constitucional para decidir este tipo de recursos.

Igualmente, el abogado resaltó “la particularidad de esta demanda consiste en que no es contra la inoperancia de un órgano judicial cualquiera sino contra el máximo Tribunal de la República, supuesto responsable de garantizar no sólo los procedimientos judiciales sino también que todos los ciudadanos tengan la garantía de la satisfacción de sus derechos fundamentales”.

Natalie García. Correo del Orinoco

La detención y posterior encarcelamiento de cuatro capitanes indígenas del Alto Paragua, municipio Angostura, en base a la legislación militar -luego de los hechos de octubre del 2011 donde fueron desarmados 25 funcionarios en una mina- evidencia la vulneración de los Derechos Humanos de los civiles y el uso de la instancia castrense para la toma de represalias.

Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) explica que tanto la Constitución vigente como las decisiones de las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan anti natural que el órgano de justicia militar sea aplicable a civiles, aún cuando estos trabajen en instalaciones militares.

Detalla el activista en derechos humanos que hay tres claves para entender el porqué la justicia castrense no es aplicable a los civiles.

La primera es que es un Derecho Humano que toda persona debe ser juzgada por su juez natural. En el caso de los indígenas la instancia natural aplicable es la justicia civil, y nunca la militar.

En el caso de los militares, su instancia natural es un juez militar “salvo excepciones” que están contempladas en la Constitución. Por ejemplo un funcionario militar que sea acusado de violaciones a los Derechos Humanos debe ser pasado a la justicia ordinaria.

En un segundo plano, explica Alvarado, el Artículo 261 de la Constitución establece que la justicia militar solo compete a quienes ejercen funciones en este ámbito.

Dicha interpretación de funciones militares ha sido avalada tanto por la Corte Europea de Derechos Humanos como la CIDH, las cuales aclaran que ningún civil, aunque haya trabajado en instalaciones militares, cumple funciones militares, porque son “funciones exclusivas de quienes tiene responsabilidades militares independientemente del rango”, por ello es incompatible que la justicia militar juzgue a civiles.

Un tercer apartado refiere al cuestionamiento a la justicia militar, “porque ella establece una justicia por jerarquía y en el caso de los civiles estos nunca pueden ser juzgados por jerarquías porque nunca caen en esa dinámica, si se aplica”.

No a lugar

Puntualiza el coordinador de Provea que en el caso de los indígenas del Alto Paragua, que son acusados de los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela, siendo éstos civiles “quienes toman, retinen y desarman militares en ese momento no cometen ningún delito militar y se les está aplicando el ataque al centinela, que de ocurrir esos civiles no pueden ser juzgados en la justicia militar bajo ninguna circunstancia”.

Ejemplifica el especialista en la defensa de Derechos Humanos que inclusive en Colombia, donde la guerrilla tiene activa presencia, la Constitución de ese país también establece la prohibición del “juzgamiento de civiles en la justicia militar”.

Hasta ahora están siendo llevados a la justicia militar Alexis Romero, capitán de Musuk Pa; Norberto Pinto, de la comunidad Kurum Pupai; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; y Ramón Mujica, de Karunken, por presuntamente haber desarmado a 23 funcionarios en octubre del 2011, luego de que fuesen aparentemente hallados explotando ilegalmente una mina de oro en la que estaban apostados en custodia, y de la cual habían sacado a las comunidades indígenas días antes.

Práctica común

A pesar de que la justicia militar es solo para militares y su aplicación a civiles es violatoria de los Derechos Humanos, esta práctica es asidua en el país desde la década de los años 60, señala Marino Alvarado, coordinador de Provea.

“Antes de Hugo Chávez se aplicaba una errónea aplicación de la justicia militar a muchísima gente porque pertenecía supuestamente a grupos subversivos, o sea que no es un problema exclusivo de este gobierno. Sería una continuación de una errónea práctica que contraviene la Convención de Derechos Humanos, a la Constitución aunque, claro, se hizo más evidente a partir de 1999 porque la Constitución de 1961 no decía nada salvo que toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural”.

En la Carta Magna vigente además de establecer lo anterior en el Artículo 261 se incluye la frase “la justicia militar es competencia para delitos de naturaleza militar”.

No obstante, en Venezuela la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado la aplicación de dicha justicia militar en algunos casos contra civiles, cosa que contraviene la Constitución y los tratados de Derechos Humanos que suscribe el país.

Foto Correo del Caroní

Actualmente el Capitán Alexis Romero  se encuentra en régimen de presentación ante la justicia militar.

Como lo indica el diario Yaracuy al Día, “la sentencia la dio a conocer el juez de juicio Wladimir Di Zácomo, después que la fiscal nacional 84, Yurima Gil, y la fiscal tercera de Yaracauy, Emy Rivero, demostraron que García no fue atendida en el tiempo requerido según la urgencia médica, lo que disminuyó su posibilidad de vida”.

Desde entonces, su madre, Sonia Colmenares, decidió emprender una lucha para hacer justicia por la muerte de su hija y nietas. Así pues, Sonia se integró al Comité de Observación del Servicio de Salud, COSS, organización conformada por personas afectadas y familiares de afectados/as por el mal funcionamiento del servicio de salud con el objetivo así de monitorear y exigir la garantía del derecho a la salud.

El COSS es una organización que ha contado con el apoyo y acompañamiento de Provea desde sus inicios. Pues se han realizado actividades formativas para orientar a las y los integrantes (del COSS) sobre sus derechos, y así capacitarlos sobre la denuncia, procedimientos, análisis jurídicos y acciones de visibilización.

En contacto telefónico con Provea la madre de la víctima expresó “les agradezco a Provea por todo el apoyo y el acompañamiento en el caso, que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad”.

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Cortesia Tal Cual

El presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, Luis Ugas, y otros dos miembros es esa ONG de Anzoátegui fueron detenidos hace 14 días tras realizar una protesta frente al Ministerio Público de ese estado para denunciar el retardo procesal y las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de ese ente gubernamental.

De acuerdo con Ugas, esas actuaciones promueven en Anzoátegui la impunidad en casos de violaciones a Derechos Humanos, pues no se procesan las causas en el tiempo establecido. Por esto, exigían en la manifestación que se promueva un mecanismo de contraloría social en el sistema de administración de justicia.

La noche del 21 de noviembre los activistas de DDHH realizaron una vigilia a las afueras de la sede de la Fiscalía en Puerto La Cruz y, según relatan, un grupo de choque de aproximadamente 40 personas acudió en autobús al lugar y agredieron a los manifestantes, “bajo la mirada complaciente y omisión de funcionarios del Ministerio Público”.

Para supuestamente resguardarlos, Luis Ugas, Liban Farías, Elizabeth Salazar, Lisbeth León e Ybis Yolita fueron llevados a la sede del Cicpc y quedaron privados de libertad. Las mujeres fueron sentenciadas a régimen de presentación y los hombres quedaron detenidos desde entonces por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos por los cuales podrían condenarlos a 10 años de prisión.

Tras alertar que su integridad corre peligro en el penal José Antonio Anzoátegui, Ugas señaló a Provea que el origen de la retaliación en su contra es porque su ONG supervisa constantemente el trabajo del sistema de administración de justicia en la región y “no quieren que el movimiento popular haga contraloría social al Poder Judicial”.

Por esta razón, varios miembros de la organización de Ugas entregaron un informe relatando los hechos de ese día ante la Fiscalía General de la República con el fin de solicitar la libertad de los detenidos y que se investigue las violaciones al debido proceso y la responsabilidad de algunos funcionarios en las vulneraciones al derecho a la libertad y a la integridad personal.

06.12.11 Tal Cual Patty Fuentes Gimón

Mijail Martínez, asesinado el 26.11.09

Por Víctor Martínez

Este sábado 26 de noviembre del 2011, se cumplieron 2 años del vil y cobarde asesinato, de un Joven, Poeta, Rockero, Estudiante y Productor Nacional Independiente-1110, colaborador del comité de victimas contra la impunidad, el cual cumpliría 24 años, 5 días después del sicariato.

Desde el momento de su crimen e inicio de las investigaciones ordenada por la Fiscal Segunda, Abogada Cristina Coronado, el CICPC sostuvo la hipótesis de resistencia al robo por la forma que fue realizado, ya que el cuerpo de MIJAIL, quedó a 4 metros detrás del vehículo.

Por nuestra parte planteamos el Sicariato, porque en ningún momento, hubo resistencia ni intento de robo, ya que todo lo sucedido, fue presenciado por su madre, Rosa de Martínez. Cuando a MIJAIL, lo hacen descender de la camioneta, (en la que estaba esperando a su madre, para llevarla al trabajo), ordenándole que camine hacia atrás del vehículo, donde estaba el sicario esperando, el mismo que vio segundos antes por la ventana, y la obligo salir, para ver que sucedía, mi esposa describe la escena, que no tenía nada en las manos, ni era del barrio, y no se le veía actitud agresiva hacia nuestro hijo, y en la medida que avanzaba, hacia donde le ordenaron, con las manos dentro del bolsillo del pantalón y caminaba lento, en actitud como sometido, el sicario retrocedía, pero para sorpresa de su madre Rosa, cuando tuvo a nuestro hijo aproximadamente como a 2,5 metros, saca una arma de fuego y le hace 3 disparos al pecho; una vez cometido el crimen, huye corriendo, hacia un vehiculo, que estaba encendido como a 55 metros, esperándolos.

Aunado a este hecho por demás claro, que comprueba que fue intencional y premeditado el asesinato, están las interrogantes de: ¿Por qué no huyeron en la camioneta que estaba encendida, y con la puerta del chofer abierta y no exponerse que lo identificaran, o lo obstruyeran?. Si venían a robar, ¿por qué no lo hicieron? Estas interrogantes, entre otras, me llevaron a pensar y denunciar, el móvil de Sicariato, y que el mismo se consumó por Retaliación Política, pase de factura y venganza contra mi persona, porque tres años atrás, siendo Diputado, del Consejo Legislativo del Estado Lara, había recibido Amenazas, por haber Denunciado (ante los Organismos Nacionales, como la Asamblea Nacional, Fiscalía General de la República, Ministerio de Relaciones Interiores, MDF y al propio Presidente Hugo Chávez), al General GN Jesús Armando Rodríguez Figuera, Comandante de la Policía de Lara y al Gobernador Luís Reyes Reyes, por Corrupción, en Varias Dependencias y destitución de mas 5 Directores, Ajusticiamiento de mas de 168 víctimas, esto último ejecutado por la Policía de Lara ( DIAC), quienes justificaban siempre el hecho como, el enfrentamiento entre Bandas. Además de la protección que brindaban al Narcotraficante Farid Feris Domínguez del Cartel de Los Soles (Deportado a Colombia en Diciembre del 2006, una vez capturado) y por lo cual fue destituido Rodríguez Figuera de la Policía, en Marzo del 2007 y además sancionado políticamente, por el Consejo Legislativo Estadal en diciembre del mismo año), pese a la protección de Reyes Reyes, quien lo condecoró, una vez destituido con la mas alta Distinción del Estado Lara.

Es tan contundente mi denuncia del sicariato y que tambalea el móvil de resistencia al robo presentado por el CICPC, que se incorpora a las Investigaciones, una Comisión de este Cuerpo, venida de Caracas. Para el sábado 28-11-09, a dos días del asesinato, inexplicablemente surge la aparición de Jairo José Solones Ollarves, el cual se presentó al Diario el Informador, solicitando ayuda, ya que él participó, en el asesinato de MIJAIL, y temía que sus compinches lo mataran. Nadie lo conocía, y mucho menos se le buscaba (con este testigo estrella, se creó, toda una matriz de opinión).

Desde este Diario, se difundió a páginas completas, durante 4 días de forma novelada, las declaraciones de este testigo estrella, dadas casualmente al periodista Gerardo Morón (Ex jefe de prensa del General Rodríguez Figuera, cuando era Comandante de la Policía) y ese día domingo 29-11-09, Chávez estaba en Barquisimeto. para hacer Alo Presidente.

Las declaraciones dadas a este periodista, cuando compareció ante este diario impreso, eran totalmente contradictorias e incoherentes, ya que expresaba, primero que había sido un encargo, que recibió su compinche vía telefónica y el cual tenía en su haber como sicario más de 20 asesinatos, (declaraciones que fueron publicadas en El Informador el 29-11-2009). Aunado a esto aseveró que él era un drogadicto.

Para el día 30-11-2009, aparece publicado en el mismo diario impreso, otras declaraciones; esta vez señalando que ellos lo iban hacer era un robo, pero que MIJAIL al ver sus intenciones, se le abalanzó encima y entonces él le disparó, huyendo luego del sitio.

Basados en esta última declaración, la vocería del CICPC, la asume el Comisario Carlos Rodríguez, ratificando el escenario de resistencia al robo y todas las pesquisas, que efectuó este cuerpo policial, se encauzaron hacia la consolidación de este móvil, dando como policialmente resuelto este caso, haciendo caso omiso a las declaraciones dadas por Rosa de Martínez, madre de MIJAIL, hermanos y vecinos, al CICPC el 28-11-2009, en donde se desmontaba todo lo dicho por Jairo Solones Ollarves, el testigo estrella. Así mismo, lo declaró su progenitora al diario El Informador, la señora Rosa Ollarves, el día 01-12-2009, al decir que su hijo no tenía antecedentes, ni prontuario como delincuente, igualmente lo declararon vecinos y su jefe de trabajo, Pero lo insólito Inaudito, que cuatro días después, de su aparición y detención, lo presenta la Fiscal 11 en materia de Drogas, abogada Maryelis Montesinos al Tribunal de Control Nº 5 que preside la Juez Leila Ly de Jesús Figarilli de Figareli.

Es de resaltar, que la Fiscalía Segunda, en primera instancia, se entera de este procedimiento, el mismo día pautado para la audiencia de Jairo Ollarves por el móvil de drogas, y en segundo lugar, a esto se le une el hecho de que no tenía en su poder, todas las actuaciones, ya que el CICPC, no le había terminado de hacer entrega de las mismas.Dada dicha situación, la fiscalía segunda, decide hablar por medio de la Fiscal Superior, Abogada Lucila Sirit, con la Juez Rectora del Circuito Penal Abogada Yanina Karabin, y le plantea la situación, y solicitándole a la Juez Nº 5, ya identificada, de posponer la audiencia de Droga, para en la tarde, para que a la Fiscalía Segunda, le de Tiempo, de hacer el trámite de Medida de Privativa de Libertad, contra el testigo estrella, ante el Tribunal de Control Nº 3 que preside la Juez Abogada Amelia Jiménez García, es así que, por precaución la Fiscal Segunda, a las 10 am apostó dos Fiscales Auxiliares, en el Tribunal Nº 5 por si quedaba en libertad, detenerlo, mientras se tramitaba la Privativa. De Libertad.
Esta prevención no se pudo cumplir, ya que Omar Flores Abogado Privado del Testigo estrella solicitó. a la Juez Nº 5, el desalojo del Tribunal, de los dos Fiscales Auxiliares, por invasión de competencia, apostándose ellos, luego, en la salida principal, de los Tribunales.(Es de hacer notar que la presencia y defensa, del Abogado Omar Flores era innecesaria, ya que por la porción de Droga, 0,9 gramos, no lo podían Privar de Libertad ).

Todos y todas, tenían la Información de que no podía quedar en libertad, (dicha información fue emanada de la Juez Rectora), ya era de conocimiento público, mis declaraciones, sobre la denuncia de que había que determinar la veracidad de las confesiones de Jairo Solones Ollarves, El Testigo Estrella. Aún así en horas de la tarde, el abogado del testigo estrella, Omar Flores plantea que a su defendido lo tenían privado de libertad de manera ilegal, ya que la Audiencia, había concluido, por lo tanto, no existía en el Sistema ninguna, privativa de libertad, produciéndose la decisión por parte de la Juez de Control Nº 5 Leila Ly Figarilli de Figareli, de dejarlo en libertad, otorgándole una Medida Cautelar de presentación cada 15 días, debido a que la porción de droga, que le encontraron en un bolsillo del pantalón, el día de su aparición, era de 09 Gramos, y lo sacaron del Tribunal, por espacios de su único uso, y no por donde normalmente salen en libertad los detenidos.

Para asombro de todos, ese día nos enteramos, que Jairo J Solones Ollarves estaba detenido, y presentado, al Tribunal Nº 5, por droga, y no por el asesinato de MIJAIL. Desde la aparición del testigo estrella, se venia difundiendo, por el CICPC y desde, el 01-12-2009, hasta la presente fecha, no, se sabe nada de Jairo J Solones Ollarves y no aparece este testigo.

Toda esta situación de burla, engaño, manipulación, violación, a la Constitución, y Leyes de la República, con el descaro e impunidad, que genera el poder, me lleva a denunciar, mediante los Medios de Comunicación, Organismos Nacionales de Los Poderes Públicos y Organismos DDHH (COFAVIC, PROVEA, Amnistía Internacional, Comités y grupos DDHH Regionales), la centrífuga de complicidades, que existe entre el CICPC, Ministerio Público y Poder Judicial; ya que a través de la Campaña Mediática del Informador y dos Abogados, se confabularon de forma coordinada y direccionada por una autoría intelectual del Poder Político de peso, para construir un escenario de resistencia al robo, presentando un testigo estrella, incoherente, y contradictorio.

Para el 15 de Diciembre del 2009, en Rueda de Prensa El CICPC, informa, a la Opinión Pública que el 12-12-09, había sido deteniendo José Gregorio Daza Bravo, alias “El Largo”, y presentado, por la Fiscalía Segunda, al Tribunal de Control Nº 7 con el, señalamiento, de ser el autor material, del asesinato de MIJAIL, dando a conocer los nombres de cuatro mas (que estaban detenidos y otros solicitados), como miembros de una Banda de roba carros que opera en la zona, de nombre Los Invictos, y de la cual es parte Jairo J Solones Ollarves. Esto, sigue siendo, parte del montaje y siembra del escenario de Resistencia al Robo, ya que un mes después, el 16 de enero del 2010; el mismo tribunal de Control Nº 7, que lo había Privado de Libertad, tuvo que revocar, la Medida de Privativa de Libertad, por no ser reconocido por los testigos, y así siguen otras actuaciones hacia finales de Enero y principios de Febrero del 2010.

Desde Febrero del 2010, solicito a la Fiscalía Segunda, y a la Fiscalía Superior, la separación del CICPC de las Investigaciones, del Sicariato de MIJAIL, y denuncio al Sub-Comisario José Núñez, Jefe de la Brigada de Homicidio del CICPC de Barquisimeto y al Comisario Carlos Rodríguez, Jefe de la Región de este Organismo e igualmente solicito, al Ministerio Público, que se investigue, al General GN Rodríguez Figuera y al ex gobernador Reyes Reyes, por ser los autores intelectuales del Sicariato.

A finales del mes de Febrero, recibo información precisa y puntual, sobre el autor material del sicariato y su Banda, este ciudadano lleva por nombre Jean Carlos Pérez, alias “Giancarlitos el Loco”, de Río Claro el Manzano, coincidencialmente este sujeto había sido señalado, con todo detalle por el Comisario Carlos Rodríguez, el cual argumentó: “que Giancarlitos, le había suministrado la pistola al testigo estrella para ejecutar el sicariato, y estaban atrás de sus huesos”, así lo declaro a la prensa el 01-12-09.

Luego conocí a un informante por medio de un familiar, le pedí como padre de MIJAIL, que me ayudara a conseguir los nombres de quienes habían participado y cómo se dio el pedimento de sicariato y quién había contratado este servicio, dicha persona accedió debido a que sabía del rechazo y la condena que había por parte de la ciudadanía ante este hecho y porque conocía mi trabajo como luchador social, como defensor de los Derechos Humanos y de mi lucha contra la corrupción. Es así, como continúo con mi lucha, desarrollando aún más la inteligencia social y popular, la cual se amplía y multiplica, obteniendo como resultado lo siguiente: Participan tres ciudadanos: Jean Carlos Pérez, alias Giancarlitos El Loco, Carlos Alberto Zavarce Carucí, alias Carlos el Sucio y Yon Carlos Torrealba y que el sicariato fue ordenado por Rodríguez Figuera, a través del Sub-Comisario José Núñez, Jefe de Homicidios del CICPC, Barquisimeto, para ese momento.

Para el mes de mayo, el informante, declara ante la Fiscal Superior y Fiscalía Segunda, y donde él expresa todo lo antes señalado. En Agosto, acude al Tribunal de Control Nº 7, donde declara como prueba anticipada, para la ubicación y captura, de los involucrados. Ha sido una odisea, ya que en varias ocasiones, Jean Carlos había caído preso por diversos delitos, saliendo airoso de los mismos, por supuesto, no sin antes haber pagado a los funcionarios policiales una suma considerable por su libertad.

Igualmente se obtiene la información de que goza de Protección Policial, Militar y Judicial, y que soborna debido a que maneja recursos producto del trabajo de su banda, que se dedica al secuestro, robo de vehículos, atraco y distribución de drogas, lo cual le permite delinquir impunemente.

Para el 18-12-2010, la opinión pública Larense queda consternada ante la masacre de La Ribereña, en donde son asesinados a mansalva cuatro jóvenes, cuando dormían, y los cuales pertenecían a una banda. El hecho fue dirigido por Jean Carlos Pérez y a las dos semanas, aparece degollado el Padre de uno de los integrantes de esta banda, alias “Pansalao”, debido a que Jean Carlos, no lo encontró, ese 18 de diciembre, y en represalia secuestró a su padre y consumó el crimen. Toda esta situación, de Jean Carlos, se desarrolla, con el conocimiento, y la complicidad, de organismos de seguridad del Estado, y crea mucha suspicacia, el hecho de que este individuo, teniendo un prontuario policial, con órdenes de captura por asesinato, robos y otros delitos, no sea apresado.
Han sido muchas las denuncias que he realizado a la opinión pública y a las Instancias Jurisdiccionales, sobre esta situación, pero no se ha obtenido respuesta. El 13-12-2009, fui a la Asamblea Nacional y se constituyó una Comisión Especial. Luego solicité un derecho de palabra la Comisión en Pleno de Política Interior, El 06-05-2010, expuse ampliamente lo del Sicariato de mi hijo MIJAIL; se comprometieron a investigar, lo ya planteado, que no paso de citar al Comisario del CICPC, Carlos Rodríguez, que fue a mentir descaradamente, tal como lo informé oportunamente, ante la comisión de la Asamblea Nacional, así terminaron su periodo en Diciembre 2010, y no concluyeron las investigaciones; teniendo que acudir el 02-02-2011 a la Asamblea Nacional nuevamente a replantear la denuncia. Para este mismo mes de Febrero, se introdujo en la Fiscalía General de la República, un Recurso de Solicitud de Allanamiento a la Inmunidad Parlamentaria, del Diputado por el Estado Lara, Luis Reyes Reyes, por ser el presunto autor intelectual, junto al General Rodríguez Figuera, del Sicariato de MIJAIL; la respuesta, meses después, fue remitirla al Fiscal Nacional 21, asignada al caso.

Después de un año de seguimiento y búsqueda, al fin se ubica al lugar teniente de Jean Carlos, Carlos Alberto Zavarce Carucí, alias Carlos el Sucio, el cual fue detenido por el SEBIN, el 14-03-2011 en su lugar de trabajo por autorización de la Fiscalía Segunda, y el 18-03-2011, es imputado por el asesinato de MIJAIL, por el Tribunal de Control Nº 3, fundamentado en la Prueba Anticipada, de Agosto del 2010 y a las Declaraciones de 2 Testigos del día del Asesinato; el 26-11-2009, para el Lunes 21-03, El Testigo de la Prueba Anticipad, presionado por la banda de Jean Carlos, una vez que descubren que el, fue que suministró la información, lo obligan ir ala Fiscalía Segunda, a Negar lo que había declarado, hacia un año atrás, y que lo había hecho era por que lo había amenazado de muerte, situación totalmente falsa, la respuesta de la Fiscalía, fue que eso el, no lo puede a hora negar, si no las investigaciones, que por eso se llama Prueba Anticipada, a un así se realizo la rueda de reconocimiento, la cual fue positiva, y posteriormente la audiencia preliminar, donde el Tribunal ya señalado, la Fiscalía Segunda y la Nacional lo acusan de asesinato por motivos fútiles e innobles, estando actualmente para Juicio y recluido en la Cárcel de Uribana.

Todo esto ha demostrado y permitido:

1) Comprobar la veracidad de nuestra denuncia, en cuanto al móvil de resistencia al robo, sostenido y juzgado por el CICPC, y nuestra denuncia, de que fue Sicariato, y las implicaciones que esto supone. Y lo del testigo estrella, la supuesta banda de los invictos, y de mas detenidos y solicitados, no tenían nada que ver con el sicariato de MIJAIL, a excepción, lo de Jean Carlos, al cual nunca capturaron, porque lo protegen.

2) La Orden de Captura de Jean Carlos Pérez, por las mismas razones que se imputó a Carlos el Sucio.

El sábado, 11-06-2011, a las 8 pm, soy informado por la Inteligencia Social, de que Jean Carlos Pérez, desde el día miércoles, 08-06-11 en la noche estaba recluido en el Hospital Pastor Oropeza del IVSS, con siete tiros en el cuerpo y bajo una identidad falsa. Inmediatamente me comunico con el Fiscal Segundo, y le informo de la situación, activándose con la Fiscal Superior, y con el Comandante del Destacamento 47 de la GN, una Comisión de 15 funcionarios, localizándolo efectivamente con otra identidad, quedando detenido y custodiado, a la orden del tribunal de control Nº 3, desde la audiencia de presentación, efectuada el 13-06-11, en el mismo IVSS, hasta el presente en nueve audiencias para efectuar la rueda de reconocimiento, no ha asistido. En virtud de que hasta el presente, no han sido llamados a declarar los presuntos autores intelectuales a pesar de todo lo sucedido y denunciado, estoy preparando y fundamentado todo los elementos legales, de indicios para la acusación.

Actualmente, se está gestionando, a través de los Diputados Luis Jonás Reyes, y Orlando Miranda, este último Presidente del CLEL-LARA; una Medida de Casa por Cárcel, ante la Presidenta del Tribunal Supremo, por estado de salud del imputado, el cual aún se encuentre recluido en Uribana.

Para mayor información, cuando usted lo disponga puedo hacerle llegar evidencias de todo lo narrado; mas de un 80% lo tengo en el expediente, declaraciones de prensa, videos, fotos, de forma cronológica, y mucha mas información, todo esto lo hago con la confianza de que usted mediante su prestigioso programa, revele y denuncie, esta complicidad, corrupción e impunidad, que existe en el Sistema de Administración de Justicia, que alimenta y promueve a la inseguridad en nuestro País, como Política de Estado para mantener amedrentada a la ciudadanía.

JUSTICIA PARA MIJAIL Y TODAS LAS VICTIMAS DE LA IMPUNIDAD.
¡¡NO, A LA IMPUNIDAD!!

Atentamente,
Víctor M. Martínez P.

Las referidas fiscalías, al igual que la citada Unidad, están ubicadas en la avenida Sucre, entre calle Manrique y Urdaneta, Edificio Raipe II, en la ciudad de San Carlos.

Los nuevos despachos velarán por el cumplimiento del debido proceso, la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales; mientras que la mencionada Unidad tendrá como función principal asesorar desde el punto de vista técnico científico las diligencias de investigación que llevan a cabo todos los despachos fiscales de ese estado.

En el caso específico de la Fiscalía de Juicio, los fiscales encargados atenderán las audiencias preliminares, juicios y conocerán de los casos en los que se presenten acusación, lo que contribuirá al descongestionamiento de los demás despachos fiscales.

Vale señalar que los fiscales de juicio al recibir el escrito de acusación, deben coordinar con el respectivo Tribunal de Control, la fijación de la fecha de la audiencia preliminar, que de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, debe celebrarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 luego de presentado el mencionado acto conclusivo.

Igualmente, deben garantizar que se ejecute el traslado oportuno de los acusados, víctimas, testigos y expertos para que estos acudan a las audiencias, por lo que se debe coordinar lo pertinente al caso con los jueces y los organismos de seguridad.Mp;31.10.2011

Añadió que se han solicitado otras medidas, se han emitido 1.023 opiniones acerca de la suspensión condicional del proceso, 872 solicitudes de desestimación, 2 opiniones con relación a acuerdos reparatorios, entre otras medidas.

Ortega Díaz enfatizó que la acción de los fiscales no sólo se circunscribe a la investigación, sino que esta plegada a un grupo de actividades, por lo que es necesario seguir aumentado el número de despachos fiscales, pero es una tarea que tiene que estar articulada con los integrantes del sistema de justicia.

La Fiscal General detalló que el Ministerio Público creó unas figuras novedosas que son las Unidades Técnicas Especializadas para la Atención Integral de la Mujeres Víctimas de  Violencia, laboratorios donde se le practican las experticias necesarias.

En esa dependencia, se realizan evaluaciones bio-psicosociales al colectivo especialmente vulnerable, necesarias para sustentar las actuaciones fiscales en los lapsos procesales previstos.

Igualmente, explicó que estos laboratorios están a cargos de profesionales en materia de psiquiatría y psicología para atender los casos más vulnerables.

Ortega Díaz afirmó que el tema de la violencia contra la mujer altera la sociedad, por lo que es un tema prioritario, debido a que es la mujer quien está frente al hogar, por ello requiere apoyo y acompañamiento para garantizar los principios y valores del hombre del futuro.Mp;27.10.2011