“Pese a los obstáculos y dificultades, en estos años se logró que el caso del adolescente Daniel Neira llegara a juicio, 7 años después de su asesinato. Pero esto no es suficiente, ahora esperamos que se imparta justicia y se sancione adecuadamente a los responsables de su muerte. El Estado tiene que asumir su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y evitar que se repitan casos como el de Daniel”, señaló Rafael Garrido, abogado de la Red de Apoyo por la Justicia y Paz.

Bajo la consigna “Castigo justo para los militares asesinos de mi hijo”, Daniel Neira, padre de Daniel Alfonso Neira Sandoval, manifestó que llevan 7 años en esta lucha en la que el Ministerio Público ha cumplido con la tarea que le corresponde de demostrar las responsabilidades en este caso. “Quiero decirles que vale la pena denunciar porque sí se consigue justicia en este país”. Sin embargo, el señor Neira le pide a la Dirección de Protección Integral de la Familia que se mantenga a la Dra. María Vásquez, de la Fiscalía 66 a nivel nacional, en la continuación del juicio para que se logre demostrar la responsabilidad de los funcionarios.

“Quiero que se haga justicia y se dé un castigo justo para esta personas que actuaron con irresponsabilidad. Llevamos 7 años en esta lucha y tenemos todas las pruebas de que ellos efectivamente fueron los que le dieron muerte a mi hijo y de la manera como actuaron…”, afirmó Daniel Neira, padre de la víctima.

Síntesis del relato de hechos:

Como todas las mañanas, Daniel Alfonso había terminado de ordeñar el ganado y,  como cada día, también se disponía a llevar la leche lograda a una quesera cercana, con la idea de venderla. Subió a la camioneta pick up que acostumbraba a usar y cuando conducía camino a la quesera vio a cierta distancia que un convoy del Ejército venezolano detenía a un motorizado, lo tumbaba al suelo y lo apuntaba con armas de fuego. Asustado ante lo que veía prefirió dar la vuelta en “u” para regresar a su casa. Los militares decidieron seguirlo y empezaron a disparar de forma indiscriminada contra la camioneta que conducía Daniel, y lo hirieron. Abaleado, el niño de 13 años logra estacionarse frente a su hogar. El Ejército entra al fundo Los Naranjos  y tumba a los abuelos y a una tía que es enfermera, les apuntan con armas largas e impiden durante cerca de 30 minutos que cualquiera de ellos pueda ir a socorrer a Daniel hasta que su tía decide burlar el cerco de seguridad y  arriesgar su vida. Cuando ella logra llegar a la camioneta, encuentra a su sobrino tirado en el suelo, pero aún vivo. Lo lleva hasta un ambulatorio cercano donde le prestan primeros auxilios y lo  trasladan  desde allí hasta el Hospital Central de San Cristóbal, donde moriría treinta minutos después de ingresar, con dos heridas de proyectil: una en la espalda y otra en la cabeza.

Mientras la tía llevaba a Daniel del ambulatorio al hospital, los militares que se encontraban en el fundo Los Naranjos trataban de justificarse ante los Neira y sus vecinos. Decían que ellos se encontraban en el marco de un operativo policial que se iba a realizar en contra de Luis Pavón, propietario de un fundo a  cuatro kilómetros  de distancia de donde vivía Daniel Alfonso Neira. Decían que el joven Neira se encontraba en la camioneta junto con otros dos irregulares que lograron escapar, dirigiéndose al bosque. Lo cierto es que el niño de los Neira yacía ya en el Hospital Central de San Cristóbal, como consecuencia de los disparos que los militares habían realizado contra su camioneta, por dar la vuelta en u.

El 15 de marzo de 2005 fue el día que murió Daniel Alfonso Neira, pero sólo se pudo lograr la imputación de los militares presuntamente responsables de su muerte el 10 de marzo de 2007, luego de que en febrero de ese mismo año se relevara al primer fiscal que tuvo a cargo el caso.

13.02.2012 Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

El juicio contra este funcionario militar ha sido retardado durante 7 años, lo cual es un ejemplo del retardo procesal presente en el sistema de administración de justicia en Venezuela y que afecta particularmente a las mujeres en los casos de violencia de género.

Más información del caso en http://ow.ly/9n9LH

Ginebra.-

“Se hace un llamado por la liberación de Afiuni, a la luz de lo que consideramos un acto de represalia contra ella por haber ordenado la liberación de una persona (el banquero Eligio Cedeño) en base a una recomendación del Grupo de Trabajo”, manifestó Mads Andenas, uno de los cinco expertos independientes que lo integran, reseñó AFP.

La jueza “continúa detenida (desde) hace 26 meses. Fue arrestada en 2009 inmediatamente después de ordenar la libertad condicional de una persona, cuya detención se consideró arbitraria por el Grupo de Trabajo. En diciembre 2011 su detención se extendió por dos años”, precisó Andenas.

La delegación venezolana acusó al Grupo de Trabajo de “falsear sus propios informes para pretender hacer ver que la mencionada exjueza fue víctima de represalias por supuestamente basar su deshonroso accionar en una Opinión de dicho grupo”.

Afiuni Mora, de 48 años de edad, cumple arresto domiciliario en Caracas y podría ser condenada a 30 años de cárcel. Según fuentes de la ONU, padece cáncer.

La magistrada espera que el presidente Hugo Chávez le otorgue un indulto en este año de elecciones presidenciales en Venezuela, según ha declarado su hermano, Nelson Afiuni.

Pero este miércoles en la ONU, Venezuela no ha dado indicios de liberación y reiteró que está “procesada por la comisión de delitos comunes perpetrados por su implicación directa en la evasión del exbanquero” Cedeño, quien luego de ser puesto en libertad se dio a la fuga hacia Estados Unidos.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) también pide la liberación de la magistrada.

“No se han presentado pruebas fehacientes en contra de ella y por lo tanto, la organización exige una vez más que sea liberada inmediatamente”, afirmó en un comunicado Guadalupe Marengo, subdirectora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América. (El Universal, 07.03.12)

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presenta recurso de amparo judicial contra la Sala Constitucional por retardo procesal injustificado y la falta de garantía de la tutela judicial a una justicia oportuna, idónea, expedita y sin dilaciones indebidas, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El abogado de Provea, Antonio Puppio, expresó que “en esta oportunidad Provea presenta un recurso de amparo contra la Sala Constitucional por violación al derecho de acceso a una justicia oportuna, expedita y sin dilaciones indebidas, con ocasión a la demora que la propia Sala mantiene en la demanda interpuesta por Provea en mayo de 2010 contra la Asamblea Nacional por la omisión legislativa de la ley de pensiones”. El representante de Provea manifestó que hasta la presente fecha ese recurso presentado por Provea no ha tenido ni siquiera la admisibilidad, pese a que la organización ha solicitado en varias oportunidades a través de diligencias y escritos la decisión de la Sala sobre la procedencia o no de este recurso.

Es por ello que, según el abogado de Provea “hemos decidido utilizar este recurso especial que está consagrado en la Constitución y establecido en la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales para recurrir contra la propia Sala por la negación de justicia”.

En consideración de la ONG, la demanda a favor de la ley de pensiones que presentó Provea en 2010, mantiene un “estado vegetal judicial”. “Nos resulta inaudito que la Sala después de 20 meses no se haya pronunciado sobre la admisibilidad”, señaló el integrante de Provea. Asímismo, indicó que la demora en la decisión, además de romper los preceptos legales, tiene un exceso desmedido en cuanto a la práctica establecida por la Sala Constitucional para decidir este tipo de recursos.

Igualmente, el abogado resaltó “la particularidad de esta demanda consiste en que no es contra la inoperancia de un órgano judicial cualquiera sino contra el máximo Tribunal de la República, supuesto responsable de garantizar no sólo los procedimientos judiciales sino también que todos los ciudadanos tengan la garantía de la satisfacción de sus derechos fundamentales”.

Natalie García. Correo del Orinoco

La detención y posterior encarcelamiento de cuatro capitanes indígenas del Alto Paragua, municipio Angostura, en base a la legislación militar -luego de los hechos de octubre del 2011 donde fueron desarmados 25 funcionarios en una mina- evidencia la vulneración de los Derechos Humanos de los civiles y el uso de la instancia castrense para la toma de represalias.

Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) explica que tanto la Constitución vigente como las decisiones de las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan anti natural que el órgano de justicia militar sea aplicable a civiles, aún cuando estos trabajen en instalaciones militares.

Detalla el activista en derechos humanos que hay tres claves para entender el porqué la justicia castrense no es aplicable a los civiles.

La primera es que es un Derecho Humano que toda persona debe ser juzgada por su juez natural. En el caso de los indígenas la instancia natural aplicable es la justicia civil, y nunca la militar.

En el caso de los militares, su instancia natural es un juez militar “salvo excepciones” que están contempladas en la Constitución. Por ejemplo un funcionario militar que sea acusado de violaciones a los Derechos Humanos debe ser pasado a la justicia ordinaria.

En un segundo plano, explica Alvarado, el Artículo 261 de la Constitución establece que la justicia militar solo compete a quienes ejercen funciones en este ámbito.

Dicha interpretación de funciones militares ha sido avalada tanto por la Corte Europea de Derechos Humanos como la CIDH, las cuales aclaran que ningún civil, aunque haya trabajado en instalaciones militares, cumple funciones militares, porque son “funciones exclusivas de quienes tiene responsabilidades militares independientemente del rango”, por ello es incompatible que la justicia militar juzgue a civiles.

Un tercer apartado refiere al cuestionamiento a la justicia militar, “porque ella establece una justicia por jerarquía y en el caso de los civiles estos nunca pueden ser juzgados por jerarquías porque nunca caen en esa dinámica, si se aplica”.

No a lugar

Puntualiza el coordinador de Provea que en el caso de los indígenas del Alto Paragua, que son acusados de los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela, siendo éstos civiles “quienes toman, retinen y desarman militares en ese momento no cometen ningún delito militar y se les está aplicando el ataque al centinela, que de ocurrir esos civiles no pueden ser juzgados en la justicia militar bajo ninguna circunstancia”.

Ejemplifica el especialista en la defensa de Derechos Humanos que inclusive en Colombia, donde la guerrilla tiene activa presencia, la Constitución de ese país también establece la prohibición del “juzgamiento de civiles en la justicia militar”.

Hasta ahora están siendo llevados a la justicia militar Alexis Romero, capitán de Musuk Pa; Norberto Pinto, de la comunidad Kurum Pupai; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; y Ramón Mujica, de Karunken, por presuntamente haber desarmado a 23 funcionarios en octubre del 2011, luego de que fuesen aparentemente hallados explotando ilegalmente una mina de oro en la que estaban apostados en custodia, y de la cual habían sacado a las comunidades indígenas días antes.

Práctica común

A pesar de que la justicia militar es solo para militares y su aplicación a civiles es violatoria de los Derechos Humanos, esta práctica es asidua en el país desde la década de los años 60, señala Marino Alvarado, coordinador de Provea.

“Antes de Hugo Chávez se aplicaba una errónea aplicación de la justicia militar a muchísima gente porque pertenecía supuestamente a grupos subversivos, o sea que no es un problema exclusivo de este gobierno. Sería una continuación de una errónea práctica que contraviene la Convención de Derechos Humanos, a la Constitución aunque, claro, se hizo más evidente a partir de 1999 porque la Constitución de 1961 no decía nada salvo que toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural”.

En la Carta Magna vigente además de establecer lo anterior en el Artículo 261 se incluye la frase “la justicia militar es competencia para delitos de naturaleza militar”.

No obstante, en Venezuela la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado la aplicación de dicha justicia militar en algunos casos contra civiles, cosa que contraviene la Constitución y los tratados de Derechos Humanos que suscribe el país.

Foto Correo del Caroní

Actualmente el Capitán Alexis Romero  se encuentra en régimen de presentación ante la justicia militar.

Como lo indica el diario Yaracuy al Día, “la sentencia la dio a conocer el juez de juicio Wladimir Di Zácomo, después que la fiscal nacional 84, Yurima Gil, y la fiscal tercera de Yaracauy, Emy Rivero, demostraron que García no fue atendida en el tiempo requerido según la urgencia médica, lo que disminuyó su posibilidad de vida”.

Desde entonces, su madre, Sonia Colmenares, decidió emprender una lucha para hacer justicia por la muerte de su hija y nietas. Así pues, Sonia se integró al Comité de Observación del Servicio de Salud, COSS, organización conformada por personas afectadas y familiares de afectados/as por el mal funcionamiento del servicio de salud con el objetivo así de monitorear y exigir la garantía del derecho a la salud.

El COSS es una organización que ha contado con el apoyo y acompañamiento de Provea desde sus inicios. Pues se han realizado actividades formativas para orientar a las y los integrantes (del COSS) sobre sus derechos, y así capacitarlos sobre la denuncia, procedimientos, análisis jurídicos y acciones de visibilización.

En contacto telefónico con Provea la madre de la víctima expresó “les agradezco a Provea por todo el apoyo y el acompañamiento en el caso, que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad”.

]]> http://www.derechos.org.ve/2011/12/20/se-hizo-justicia-en-caso-de-ana-teresa-garcia/feed/ 7 http://www.derechos.org.ve/2011/12/06/tal-cual-presos-por-denunciar/ http://www.derechos.org.ve/2011/12/06/tal-cual-presos-por-denunciar/#comments Tue, 06 Dec 2011 17:06:41 +0000 medios http://www.derechos.org.ve/?p=15586

Cortesia Tal Cual

El presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, Luis Ugas, y otros dos miembros es esa ONG de Anzoátegui fueron detenidos hace 14 días tras realizar una protesta frente al Ministerio Público de ese estado para denunciar el retardo procesal y las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de ese ente gubernamental.

De acuerdo con Ugas, esas actuaciones promueven en Anzoátegui la impunidad en casos de violaciones a Derechos Humanos, pues no se procesan las causas en el tiempo establecido. Por esto, exigían en la manifestación que se promueva un mecanismo de contraloría social en el sistema de administración de justicia.

La noche del 21 de noviembre los activistas de DDHH realizaron una vigilia a las afueras de la sede de la Fiscalía en Puerto La Cruz y, según relatan, un grupo de choque de aproximadamente 40 personas acudió en autobús al lugar y agredieron a los manifestantes, “bajo la mirada complaciente y omisión de funcionarios del Ministerio Público”.

Para supuestamente resguardarlos, Luis Ugas, Liban Farías, Elizabeth Salazar, Lisbeth León e Ybis Yolita fueron llevados a la sede del Cicpc y quedaron privados de libertad. Las mujeres fueron sentenciadas a régimen de presentación y los hombres quedaron detenidos desde entonces por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos por los cuales podrían condenarlos a 10 años de prisión.

Tras alertar que su integridad corre peligro en el penal José Antonio Anzoátegui, Ugas señaló a Provea que el origen de la retaliación en su contra es porque su ONG supervisa constantemente el trabajo del sistema de administración de justicia en la región y “no quieren que el movimiento popular haga contraloría social al Poder Judicial”.

Por esta razón, varios miembros de la organización de Ugas entregaron un informe relatando los hechos de ese día ante la Fiscalía General de la República con el fin de solicitar la libertad de los detenidos y que se investigue las violaciones al debido proceso y la responsabilidad de algunos funcionarios en las vulneraciones al derecho a la libertad y a la integridad personal.

06.12.11 Tal Cual Patty Fuentes Gimón