Foto de Primicias 24.com

El mecánico, mototaxista, vendedor de café y profesional por cuenta propia podrán incorporarse a partir de hoy en el sistema de seguridad social. Esto permitirá gozar de la pensión de vejez, invalidez, incapacidad y prestaciones por reposo o pérdida involuntaria del empleo.

Así lo señaló ayer la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, en un foro en la plaza Miranda, en el centro de Caracas, donde explicó los beneficios incorporados en la reforma de la ley y el reglamento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Indicó que la reciente reforma de la Ley del Seguro Social modificó el artículo 7 para garantizar la universalidad del sistema a todos los trabajadores.

Iglesias explicó que cualquier persona que desee cotizar podrá hacerlo con sólo registrarse en el sistema y cotizar cada semana el 13% de los ingresos o salarios que declare el trabajador.

“Ahora que tenemos una seguridad social fuerte, sólida, apoyada en todas las fuerzas del pueblo y en todas las capacidades de desarrollo que tiene la patria, nos podemos dar el lujo de apuntar hacia la universalidad del derecho a la seguridad social”, indicó.

Además, explicó que se eliminó el artículo 6 del anterior reglamento que establecía que si un trabajador pasaba 6 meses sin cotizar, quedaba fuera del sistema.

“Mientras en el mundo se reducen los beneficios de la seguridad social, se aumenta la edad de la jubilación y se disminuye la protección al empleo, en Venezuela la reciente reforma al sistema de Seguridad Social está incorporando a todos los trabajadores independientes”, señaló la ministra.

MÁS DE 3 MILLONES DE INDEPENDIENTES

La ministra del Trabajo indicó que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística INE) existen alrededor de 3 millones setecientos mil trabajadores por cuenta propia en el país.

Señaló que desde la llegada de la Revolución se pasó de 380 mil pensionados en 1998 a más de 2 millones 74 mil beneficiarios.

También recordó que para el año 1999 “las pensiones eran de 20, 15 y hasta 2 bolívares mensuales y nunca se pagaban a tiempo”.

“Desde 1999 las pensiones se homologaron al salario mínimo”, reiteró la ministra al indicar las mejoras alcanzadas en los últimos 13 años de gobierno.

DEBERÁN APORTAR 13% DEL INGRESO

La titular del despacho del Trabajo también explicó que una vez que los trabajadores lleven tres meses en el sistema con todas las cotizaciones al día, tendrán derecho a todos los beneficios establecidos en la Ley del Seguro Social, tales como la pensión de invalidez permanente por discapacidad total o parcial, así como también el derecho al permiso remunerado por reposo médico o por período de 26 semanas establecido para el pre y pos- natal materno.

Al cumplir la edad de jubilación (60 en los hombres y 55 en las mujeres) y alcanzar las 750 cotizaciones requeridas los inscritos podrán gozar del beneficio de la pensión de vejez o de sobreviviente.

Para registrarse en el IVSS los interesados deberán acudir en Caracas a las oficinas ubicadas en Chacao y en el Centro Simón Bolívar en Parque Central.

Los trabajadores independientes sólo deberán presentar su cédula de identidad y llenar los formularios para completar su registro y acceder al sistema.

La ministra María Cristina Iglesias indicó que el aporte del trabajador independiente deberá ser el 13% de los ingresos o salario declarado. “Es decir que si usted gana un salario mínimo de mil 780 bolívares deberá cotizar 53 bolívares por cada semana”, explicó. (Andrés Paravisini Rodríguez, Ciudad Caracas, 16.05.12 )

El Plan de Acción se dio inicio con la realización de un “CASCAZO” en la entrada de las diferentes Plantas del país, a primera hora de la mañana. La acción fue totalmente exitosa en Maracaibo, Lara, Pertigalete, Catia la Mar, Maracay, Valencia, Nueva Esparta, Monagas, Guayana, Trujillo, Temblador, Cerro Azul y Caracas.

“Los Trabajadores y Trabajadoras Cementeros de Venezuela en todas sus fases productivas (Cemento, Concreto, Transporte y Agregados) consideran muy importante informar a la comunidad en general, las acciones pacificas que llevaremos a cabo para reforzar nuestras propuestas e inquietudes, ante una situación de crisis ya insostenible, de la calidad de Vida y las Condiciones de trabajo de los trabajadores; en 2 ejes bien definidos: la Negociación del CONTRATO COLECTIVO y el IMPULSO DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN VENEZUELA.” Así lo señalaron los integrantes del Equipo Nacional de ANTRACEM

Señalaron que los propios trabajadores han tenido que declarar a la Industria Cementera a nivel Nacional en Emergencia, debido al autismo y a las políticas de oídos sordos de las autoridades de la Nacionalización, quienes han demostrado en todo momento absoluto desinterés y un profundo desprecio para atender y solventar los problemas de quienes laboran en la producción, circulación y distribución de los bienes destinados para la fabricación de viviendas y obras de primera necesidad en beneficio del pueblo y de su buen vivir.

El Plan de Acción Nacional continuará con las siguientes actividades: JUEVES 17/05/2012. Concentración en las Entradas del las Plantas.

• LUNES 21/05/2012. Punto de Concentración Frente al Liceo COTO PAUL.Rallado de Vehículos “CONTRATO COLECTIVO YA”  HORA: 6:00 AM hasta 7:00 AM.

• JUEVES 24/05/2012.  Concentración en las Entradas del las Plantas.CARAVANA doble Jornada (entrada y salida del trabajo) HORA: 6:00 AM hasta 7:00 AM

• LUNES 28/05/2012.  Concentración en la Entrada del las Plantas.CAMINATA hacia la Plantas – Consigna “CONTRATO COLECTIVO”HORA: 6:00 AM hasta 7:00 AM

• JUEVES 04/06/2012.  Concentración en las Entradas del las Plantas. VOLANTEO y MENSAJAZO.HORA: 6:00 AM hasta 7:00 AM. Siembra de Pancartas y Franelazo (Gris). HORA: 6:00 AM hasta 7:00 AM

Esta primera etapa del Plan de Acción Nacional culmina con una CONCENTRACION NACIONAL, que se realizará en Caracas el próximo 23 de Junio, por el impulso de las Empresas Nacionalizadas, por la Negociación del CONTRATO COLECTIVO, contra los despidos masivos y calificaciones, contra la criminalización de los trabajadores y trabajadoras, por la participación activa de los trabajadores en todo el proceso de planificación, producción, comercialización, distribución de bienes y servicios, por la formación de los consejos de trabajadores, por la eliminación de la tercerización, por la aplicación de la nueva LOTTT, por la UNIDAD de la clase trabajadora en Venezuela, por la autonomía sindical.

Para finalizar los representantes de ANTRACEM llamaron a todos los trabajadores cementeros del país a fortalecer la UNIDAD y la MOVILIZACION para derrotar a los agresores capitalistas que hoy están acabando con las empresas cementares.

Nota de prensa de UNETE

(Conflictove, 15.05.12)

Sin embargo, al revisar el compendio de los informes sobre las denuncias interpuestas ante esa instancia, se observa que el gobierno de Hugo Chávez concentra el mayor número de quejas desde 1952.

Venezuela estaba sometida a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la que las organizaciones sindicales democráticas estaban proscritas y operaban en la clandestinidad. No obstante, entre 1952 y 1956 las quejas ante la OIT sumaron ocho.

Después de ese período, en el ranking del Comité la siguiente denuncia se hizo en 1964.

A partir de allí y hasta 1998 se registraron 47 quejas referidas a incumplimientos de los empleadores (Estado y empresas privadas) a los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente.

La característica dominante durante la gestión de Chávez ha sido que todas las denuncias son contra el Gobierno y son presentadas por organizaciones sindicales y de empleadores.

Múltiples denuncias. Entre los casos más significativos del dossier está el despido masivo de 19.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela en febrero de 2003. Pese a que la OIT solicitó el reenganche porque los empleados participaron en una huelga nacional por los derechos democráticos, el Gobierno negó esa posibilidad y llamó traidores a los huelguistas.

También el Ministerio del Trabajo negó la inscripción de Unapetrol, sindicato de trabajadores de Pdvsa, y ordenó la captura judicial de sus dirigentes.

Otro caso fue la imposición del Consejo Nacional Electoral del referéndum sindical en diciembre de 2000, pues el convenio 87 de la OIT prohíbe la intervención gubernamental en la vida de los sindicatos.

Una queja que data de 2010 se refiere al asesinato ­la mayoría de ellos impunes hasta la fecha- de más de 200 dirigentes y trabajadores por violencia sindical y sicariato, principalmente en la industria de la construcción.

Pero estos casos ­sustentados con documentación ante la organización internacional- son parte de más de 250 asesinatos reportados por la organización de derechos humanos Provea. Esta semana hubo otras 4 muertes violentas.

Las quejas incluyen que 110 trabajadores y sindicalistas están sometidos a presentación en los tribunales judiciales por ejercer el derecho a la protesta pacífica y defender reivindicaciones laborales y dos dirigentes fueron condenados a penas desproporcionadas.

Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, fue condenado a 30 años de cárcel pese al llamado de la OIT de suspender el juicio; mientras que Rubén González, presidente del sindicato de Ferrominera del Orinoco, fue impuesto de 7 años y medio de prisión, medida que le fue cambiada a régimen de presentación.

La creación de sindicatos oficialistas paralelos, la represión en la marcha del Primero de Mayo de 2010, el acoso a los trabajadores del sector público que no se identifican con el Gobierno, y la negativa a discutir contratos colectivos del sector público, son otras violaciones registradas.

Tres misiones de alto nivel de la institución laboral internacional han estado en Venezuela para constatar in situ las denuncias de los sindicatos y los empleadores, pero el Gobierno no ha acatado las recomendaciones y sigue incumpliendo los convenios 87, 98 y 111 (discriminación política).

La visita de una nueva misión ­aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2010 en atención a la solicitud de la Organización Internacional de Empleadores, OIE, y Fedecámaras- está prevista para después de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

La 101 Conferencia Internacional del Trabajo por celebrarse en Ginebra, Suiza, entre el 30 de este mes y el 15 de junio próximo, tendrá como centro de reclamos la nueva LOT, elaborada y promulgada por el presidente Hugo Chávez mediante la Ley Habilitante.

Los dirigentes sindicales y de organizaciones empresariales (Fedecámaras y Conindustria, entre otros) señalan que el mandatario pasó por alto la Constitución y el Convenio 144 sobre el tripartismo que conduce al diálogo social en dentro de la OIT y los países miembros. (Ana Díaz, El Nacional, 14.05.12)

Los manifestantes afirmaron que 118 funcionarios están a la espera  de respuesta, destacaron que  algunos de ellos ya han fallecido.

También denunciaron que el Sistema Integrado de Atención al Trabajador (Siat) no funciona. Aseguraron que continuarán en las calles hasta obtener respuestas de las autoridades. (Carmen Elisa Peccorelli, Globovisión, 14.05.12)

Carlos López, coordinador general de la organización sindical, indicó que aún cuando el Reglamento de la Ley es competencia del Ministerio del Trabajo, “se va a mantener la etapa de consulta y propuestas de todos los trabajadores”. Estima que en un lapso de dos meses podría estar definido el Reglamento de la Lottt.

No obstante, fuentes gubernamentales consideran que la redacción de esa normativa tomará más tiempo, pues no está en la agenda inmediata del Ministerio del Trabajo. Aseguran que hay procedimientos nuevos de la Ley que ameritan que se afine su ejecución antes de reglamentarlos.

En cuanto a las leyes especiales, López indicó que será un trabajo que le corresponderá a la Asamblea Nacional, debido a que está por vencerse el poder habilitante otorgado al presidente Hugo Chávez.

Entre las leyes especiales se encuentra el tema de los Consejos de Trabajadores, que dada su complejidad no fue incorporado en la Lottt. “Es una ley de mucho de debate, los trabajadores todavía no tenemos claro cómo van a operar y hasta dónde van a llegar sus atribuciones”, explicó el dirigente sindical.

Tabulador privado

En la Central Bolivariana de Trabajadores está latente la idea de establecer un tabulador de salarios para el sector privado. Es una iniciativa que maneja un grupo de dirigentes sindicales y que será presentada para su debate en la reunión extraordinaria de la organización en las próximas semanas.

Franklin Rondón, integrante de la Central de Trabajadores, considera que es un planteamiento “perfectamente justo y conveniente”.

En su opinión, “no es justo ni legitimo que existan personas con el mismo cargo, función y horario, y tengan salarios distintos (…) Si partimos del principio igual salario igual trabajo, las empresas privadas deberían ajustarse”.

En el ámbito empresarial rechazan esta idea. Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, calificó como un “gigantesco despropósito” la idea surgida en la Central Bolivariana de Trabajadores. El dirigente empresarial destacó que el Gobierno nacional ha sido incapaz de administrar eficientemente temas laborales en el sector público y que difícilmente lo hará con una nómina de 4.6 millones de personas empleadas en el sector privado.

Recordó que en los últimos años el Ejecutivo nacional ha desplegado medidas y controles que solo han “asfixiado” al sector privado y que la Lottt limitará aún más las inversiones y el empleo formal.

Para el Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, la propuesta constituye una intromisión en la autonomía sindical. Sin embargo, Rondón dijo que este no es el interés que se plantea con el tabulador para los trabajadores del sector privado. “¿Cómo se va a violar la autonomía sindical, si sería una iniciativa de los trabajadores?”.

Miembros de la organización sindical oficialista esperan que se formalice la propuesta. Creen que la viabilidad sería en todo caso para el sector administrativo privado. (Yaneth Hernández Roberto Deniz, El Universal, 11.05.12)

El dirigente de Sintraferrominera declaró hoy 10.05.12 en la sede de Provea que asistió a los tribunales penales número 24 a cargo de la doctora Pacheco, donde se le sigue el juicio.

González expresó “en ningún momento he cometido esos delitos de los que se me acusa, éste es un juicio político partidista para tratar de detener la libertad sindical en Venezuela”.

Archivo

En diciembre de 2011 dijimos en declaración publicada en nuestra pagina, ¡¡¡No a la Comisión Presidencial Patronal que Discute la Reforma a la Ley del Trabajo!!! ¡¡¡Que sean los propios trabajadores y sus genuinos representantes quienes decidan!!!

Manifestamos nuestra posición con respecto a la comisión para elaborar el proyecto de ley del trabajo 2012. Allí dijimos que una comisión de pequeños burgueses y empresarios no iba a elaborar nada con sentido clasista ni revolucionario. Y que en el seno de la clase obrara habían suficientes compañeros capacitados para asumir esa tarea y que por tanto debían ser los trabajadores mediante una elección democrática de delegados los que designaran a los encargados de hacer un mandado que le concierne en definitiva a los productores de la riqueza del país. Los trabajadores.

En el mes de febrero nuevamente ya en pleno debate la forma y posible contenido de la nueva ley recorría el país manifestamos. “ Una ley decidida por el ejecutivo nacional y cuyos recaudos se filtren a través de una comisión de personajes donde uno solo es miembro de alguna organización sindical, los demás son representantes patronales o del estado burgués y de paso ex adeco seguidor oportunista de todos los lineamientos del gobierno al punto de ser la cabeza de una corriente sindical patronal que ni siquiera ha hecho valer los derechos de los trabajadores petroleros en el cumplimiento de su contratación colectiva, no podrá significar un paso adelante en los derechos de los trabajadores, ni en dotarlos de más poder de decisión en el ámbito del trabajo.

La única ley laboral que puede servir a los trabajadores es aquella que surja de sus propios debates y sea sancionada por ellos mismos e implementada por sus órganos de poder que hoy no existen en el país. De aquí tenemos que concluir que la Ley del Trabajo que prepara el gobierno por ningún lado va a ser ni democrática revolucionaria y menos aún socialista. Pero este importante hecho no es óbice para que la clase obrera y demás sectores revolucionarios nos atemos de manos y  pies, para no bregar en esta coyuntura por una Ley del Trabajo que amplíe los derechos democráticos y reivindicativos ya existentes, lo que implica mantener el llamado a impulsar algunas propuestas necesarias que partiendo de la movilización independiente y autónoma de la clase, fortalezca  unidad y capacidad combativa “.

Más allá de propuestas que hicimos, seguros estamos que más de la mitad de ellas o casi todas están entre las levantadas en foros y actividades de organizaciones y sindicatos en diferentes zonas del país. Esas propuestas y otras han estado en la palestra de la opinión de sectores obreros en todo el país y no se tomaron en cuenta. Y no podía ser ni fue de otra manera pues el carácter de clase de la comisión que no es un hecho casual, obedece a las directrices del gobierno, y en ese sentido  definió el carácter de clase de la nueva ley.

La comisión designada a dedo desde la presidencia esta integrada por personajes defensores de la política laboral del gobierno en los últimos años, por tanto la ley a sancionar obligatoriamente no iba a contravenir la práctica política del gobierno adoptada a través del ministerio del trabajo, y de sus órganos jurisdiccionales. De tal manera que si hay contratos colectivos congelados en la administración publica y en empresas del estado, la ley tenia que avalar esta practica y así lo hizo. En su titulo VII Capitulo II de la convención colectiva de trabajo, en el sector publico, estarán determinadas por unos lineamientos técnicos y financieros definidos por el presidente en consejo de ministros los cuales no podrán ser violentados por los funcionarios designados en la discusión de la convención colectiva que ocurra. Deberá presentarse un informe comparativo por parte del ente publico que va a discutir convención, y si este indica que los montos económicos de la convención no están garantizados o previstos, las reivindicaciones acordadas no se cancelaran en el año en curso sino en el siguiente año. Pues a esperar. Y si de paso en el presupuesto del año siguiente no hay dinero para satisfacer las demandas establecidas en la convención en discusión, no podrá ser aprobada hasta que así lo sentencie el ministro del trabajo. ¿Qué tal?

El derecho a contrato colectivo queda así supeditado a la decisión de los funcionarios del gobierno de turno si hay plata se aprueba y si no la hay no se aprueba. Como es lo mas probable casi nunca habrán recursos para satisfacer las exorbitantes aspiraciones de los trabajadores, a estos les quedara el recurso del conflicto colectivo y la huelga. Bueno veamos las medidas revolucionarias de la ley en este sentido para el sector público.

En el capitulo III del mismo titulo referido al conflicto colectivo de trabajo tenemos que cualquier conflicto puede comenzar si se presenta un pliego el cual debe cumplir unas condiciones para ser admitido. Esencialmente que hayan culminado los lapsos conciliatorios previstos los cuales en el sector público, pueden llegar a más de 240 días es decir 8 meses en ese tiempo el cansancio de los trabajadores o la arrechera debe ser mucha. Y pasado ese tiempo, y admitido el pliego por el ministerio, si admitido, donde el funcionario en definitiva decide si lo admite o no, cuestión que no contemplaba la anterior Ley, se inicia el proceso de conflicto. Transcurridas las 120 horas exigidas y al no haber conciliación posible para declarar la huelga hay que, cumplir con las disposiciones de la ley en cuanto a  la producción y prestación de servicios esenciales los cuales estarán definidos por resolución ministerial. De esta manera los trabajadores del cemento por ejemplo, los de las empresas básicas de Guayana, los educadores, los del seguro social y sanidad, etc., podrán contar con la aprobación del ministerio para iniciar una huelga?

Si por casualidad lograren tener el beneplácito ministerial o se declarasen en huelga no en un servicio nacional sino uno estadal cumpliendo los requisitos legales en ese estado, el mismo ministerio puede ordenar cuando estime que existe peligro a la seguridad de la población o una parte de ella, la finalización obligatoria de la huelga y el arbitraje obligatorio del conflicto.

La actuación del ministerio en las empresas del estado y entes públicos concuerda totalmente con lo aprobado en la ley. Las discusiones de convenciones colectivas estarán o seguirán estando tuteladas por el gobierno y allí el derecho a huelga limitado por la decisión privilegiada de los funcionarios. Eso es lo que aprobó la comisión la continuidad de una política laboral autoritaria y antiobrera. De esa política se aprovechan los empresarios privados se adhieren a ella y así golpean los derechos laborales y las organizaciones de los trabajadores. Los capriles, los wolmer, los Cisneros los Fernández todos ellos critican la carga monetaria de la ley, pero aplauden a rabiar la mordaza contra los derechos colectivos de los trabajadores impuesta en la ley.  Bailan juntos el mismo joropo y en pareja María cristina, giordanni, wills Rangel, Nicolás, con los explotadores de la clase obrera en el país.

Que renuncien a sus cargos  que pidan su inscripción en la MUD que es donde deben estar por cómplices de los empresarios. Los trabajadores tenemos que unir fuerzas contra quienes nos golpean, tenemos que exigir la nulidad de todos los artículos que amordazan y amarran nuestras luchas por nuestros derechos y por avanzar en el proceso revolucionario. No basta con criticar la ley hay que tomar acciones colectivas nacionales contra las medidas antiobreras contenidas en ella. Tal como señalamos no podía nacer una ley revolucionaria de las manos de los agentes de la MUD. El presidente debe ordenar la anulación de esos artículos, los trabajadores debemos hacer acciones nacionales por su anulación, solo los trabajadores mediante mecanismos democráticos garantizaremos que las leyes satisfagan nuestros derechos y necesidades, solo con nuestra movilización colectiva lo lograremos.

Por ello llamamos a todas las corrientes sindicales y revolucionarias a realizar una campaña nacional contra los artículos antiobreros de la ley. Y a exigir que seamos los propios trabajadores quienes los redactemos y sancionemos mediante consulta colectiva pues así como aprobamos la constitución también somos buenos para aprobar una ley laboral y con mas razón pues allí están nuestros intereses de clase en juego.

POR LA ANULACION DEL TITULO VII DE LA LEY DEL TRABAJO Y SU REDACCION POR UN CONGRESO DE DELEGADOS ELECTOS POR LAS BASES EN CADA ESTADO DEL PAIS.

POR LA APROBACION DE UNA NUEVA REDACCION MEDIANTE CONSULTA NACIONAL A TODOS LOS TRABAJADORES:

POR ACCIONES NACIONALES CONJUNTAS PARA QUE SE DISCUTAN AL MISMO TIEMPO LOS CONTRATOS VENCIDOS DE CEMENTO; EMPRESAS BASICAS; LAS DE ALIMENTOS; Y LOS DE SERVUICIOS PUBLICOS.

POR UN VERDADERO CONTROL  OBRERO DESDE LAS BASES EN TODAS LAS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO.

POR UN MINISTERIO DEL TRABAJO Y SUS FUNCIONARIOS ELECTOS POR  LOS TRABAJADORES PARA EVITAR QUE SE USEN LAS LEYES EN NUESTRA CONTRA

POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO EN UNA VENEZUELA SOCIALISTA

(Por: Jorge Ventura. Militante de la CSR – El Topo Obrero)

Ángel Andara, directivo de Apula, informó que la situación de los universitarios es grave ya que nunca se había vivido un desmejoramiento en los salarios que afecta tanto a investigadores y docentes de alto nivel como a empleados y obreros, quienes cada día se acercan a vivir en condiciones paupérrimas.

Las Universidades venezolanas se ha venido observando la deserción de grandes talentos en las distintas áreas, ante la ausencia de condiciones favorables para los profesionales de la docencia que les estimule a continuar en la investigación y la docencia.

Andara insiste que para septiembre cuando se termine de aplicar el ajuste salarial anunciado por el gobierno nacional, el salario de un profesor de máximo escalafón será de 3,6 salarios mínimos. De ese nivel hacia abajo, los profesores universitarios no devengarán ni el salario mínimo de la escala laboral venezolana.

De la misma manera este dirigente gremial denunció que en el área de la salud todos los universitarios enfrentan la reducción de los aportes que por acuerdos federativos e insuficiencias se destinan al funcionamiento de unos programas de atención y prevención en esta área, pese a la insistencia desde hace años de que sean enviados los recursos solicitados reiteradamente a la directora encargada de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, profesora Tibisay Hung, sin que se produzca respuesta alguna.

Finalmente en referencia a las prestaciones sociales los universitarios venezolanos esperan desde el año 1998 que se le cancelen tanto sus pasivos como sus prestaciones sociales, derecho adquirido después de toda una vida entregada a la enseñanza, mientras que el gobierno no genera ninguna respuesta. (Leonardo León, El Nacional, 09.05.12)

A partir de hoy, trabajadores y patronos tendrán que dar fiel cumplimiento a la nueva normativa de 554 artículos y siete disposiciones transitorias, que busca la protección al trabajo como hecho social y garantizar a los trabajadores la justa distribución de la riqueza.

Entre los aspectos novedosos de la ley destaca el regreso de la retroactividad de las prestaciones para los trabajadores activos desde 1997, la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, el pago doble de prestaciones en caso de despido injustificado, la eliminación de la tercerización y del cobro de comisiones bancarias por servicios de la cuenta nómina.

También se elimina la Comisión Tripartita para evaluar el ajuste salarial y otras medidas que involucren al sector laboral, estabilidad laboral después del primer mes de trabajo y no tres meses como en el pasado, las utilidades se calcularán en base a 30 días y no 15 días, se incorporan lunes y martes de Carnaval, el 24 y 31 de diciembre como días feriados.

La Ley debe adoptarse casi en su totalidad, salvo la eliminación de la tercerización que se establece un lapso de tres años y la reducción de la jornada laboral que se fijó un año para su aplicación. Los sindicatos tendrán que acudir al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a partir de 1 de enero de 2013, mientras lo continuarán haciendo en las Inspectorías de Trabajo.

El Presidente designará un Consejo Superior de Trabajo para velar por el cumplimiento de la normativa laboral, en conjunto con el Ministerio de Trabajo.

Con la Lottt queda derogada la Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.152, extraordinaria, reformada el 6 de mayo de 2011 publicada en la Gaceta Oficial N° 6.024, extraordinaria. (Yaneth Fernández, El Universal, 08.05.12)

Camaradas, la situación de las empresas del estado en Guayana, es cierto traspasa a las empresas mismas, llegando al primero de la Gobernación y su equipo, pero tenemos que reflexionar. Lo que pasa en Guayana pasa en todas los estados del país, lo gobiernen dirigentes de la oposición o los identificados con Chávez. Algo existe que en todos lados se hacen negocios y todos los actuales dirigentes, gobernadores, Alcaldes, Diputados, o dirigentes de los partidos están en la “pomada”. Ese algo es lo que los une. Los hace copartícipes del festín del presupuesto del estado o de la producción de las empresas del estado. Ese algo no es otra cosa que la existencia del capitalismo y las políticas que la impulsan que emanan desde el propio Miraflores con Chávez a la cabeza.

La mixtura entre capitalismo y socialismo, cuestión que malamente algunas etiquetan como “etapa de transición” al socialismo, no es más que reformismo burgués para defender al capitalismo frente al ascenso revolucionarios de las masas explotadas y oprimidas de nuestro país. No es casual que tanto la derecha que identificamos como golpista y la dirigencia del PSUV ambas practiquen los mismos métodos antiobreros defendiendo la explotación capitalista y se opongan en el discurso o en los hechos en el proceso de democratización o sería mejor llamar participación en la gestión de las empresas, o en las comunidades o en los centros de estudio, que impulsan sectores de las bases obreras y populares revolucionarias.

Lo de SIDOR, así como lo sucedido en ALCASA y sucede en VENALUM y centenares de empresas en toda Venezuela, no es otra cosa que el reflejo de la lucha por la apropiación de la plusvalía por sectores empresariales o burocráticos pro burgueses que defienden, fracasadamente, la posibilidad de realizar un Pleno Control Obrero, de combate serio contra la corrupción sin movilizar a la clase contra las políticas pro capitalistas, que hoy incluye la nueva Ley del Trabajo y de construir un verdadero socialismo, aceptando la existencia del gran capital controlando palancas fundamentales de la economía.

Tenemos que derrotar a esas mafias, pero ello no será posible de manera aislada unos trabajadores de otros. No será posible confiando en políticas que hacen mixtura entre capitalismo y socialismo donde el Capital controla la Banca, el comercio exterior y donde las masas estamos excluidos de las discusiones de los temas trascendentales y solo uno toma las decisiones. El desarrollo del control obrero en VENALUM es un camino hacia la particiapación. Hay que fortalecer los objetivos no solo a alcanzar dentro sino fuera de la Empresa, pues la solución firme está fuera de ella, y solo se logrará unificando a toda la clase, como hemos venido insistiendo.

SOLO LA CLASE SALVA A LA CLASE

(Ricardo Galíndez – Militante de la CSR – El Topo Obrero, eltopoobrero27@gmail.com)