Así lo dio a conocer durante su programa dominical Aló, Presidente, en su edición número 377.

Detalló que la mayoría de los registrados son jóvenes con edades comprendidas entre 19 y 30 años; además, manifestó que las personas que deseen trabajar y superarse pueden registrarse en la iniciativa social, “no hay distinción política”.

“Hay casi 100 mil personas registradas, estimo se eleve la cifra a la inscripción de 2 millones de personas”, expresó. Saber y Trabajo culminará su primera oleada el próximo domingo.

La segunda oleada del registro se cumplirá del 11 al 26 de febrero en Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Lara y Falcón.

Del 17 de marzo al 11 de abril se realizará en Barinas, Apure, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Aragua y Yaracuy.

La cuarta y última etapa se desarrollará del 14 al 29 de abril, en Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, Nueva Esparta y Delta Amacuro. (RNV, 23.01.11)

Los trabajadores universitarios de todo el país, podrían perder entre un 30 y 60% del monto total de sus prestaciones sociales, debido al nuevo instructivo emanado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para el cálculo de las mismas.

La advertencia fue realizada por el coordinador del Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las universidades nacionales, Arnaldo Escalona, quien explicó que la OPSU tomó una sentencia emanada por la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, como directriz central para este nuevo reglamento el cual establece que los intereses de las prestaciones sociales deben ser calificados como “moratorios”, lo que significa que los mismos no pueden ser capitalizables al monto total del patrimonio de cada uno de los trabajadores del sector

“En términos generales, la sentencia abre lugar a dos interpretaciones distintas: Hasta ahora, el procedimiento en las universidades nacionales consistía en que, al momento de la jubilación, el funcionario devengaba intereses sobre el monto de sus prestaciones sociales a la tasa promedio pasiva del país. Con la nueva interpretación, pasarían a ser intereses de mora y por ende, no capitalizables”, detalló.

Recordó que una situación similar sucede con la deuda de las universidades que tuvieron transferencia de régimen en el año 2001, porque según el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, el ejecutivo nacional debía cancelar dicha deuda dentro de los cinco primeros años de la transición; de no ser así, la misma devengaría una tasa de interés promedio (activa + pasiva), pero a partir de esa fecha, los intereses pasarían a ser capitalizables.

“Con base a la sentencia 434 del TSJ que fue emanada en un caso particular de una empresa privada con uno de sus trabajadores, ahora se interpreta que esos intereses son de mora y no producen capitalización”, expresó.

Adicionalmente la autoridad universitaria expresó su preocupación debido a que el ejecutivo nacional aseguró que pagaría la deuda con “petrobonos” y los mismos al ser colocados en el mercado para su venta, igualmente pierden su valor, lo que podría incrementar el porcentaje de pérdida del monto total del patrimonio de los trabajadores.

“Con base a todo lo expuesto, solicitamos muy respetuosamente a la Presidencia de la República, al ministerio de Finanzas, al CNU, al ministerio para la Educación Universitaria y a la OPSU dejar sin efecto los instructivos correspondientes al año 2012, publicados en la página web de la OPSU en fecha 07 de enero, y que los cálculos se realicen con base a los lineamientos del instructivo del año 2007, el cual se apega estrictamente a la Constitución, a la LOT y a las convenciones colectivas vigentes”, exhortó.

Escalona indicó que el gobierno debe tomar las recomendaciones como un acto de justicia con todos los trabajadores universitarios venezolanos, incluso con aquellos que han fallecido esperando ver compensados sus años de dedicación al trabajo con un capital para ayudarles en su vejez.

Finalmente el núcleo de vicerrectores solicitó con cáracter de urgencia una reunión con la ministra, Yadira Córdova, a los fines de buscar soluciones concertadas a la problemática planteada. (Juan Carlos Salas, El Impulso, 20.01.12)

La misión inició su fase de registro el pasado 14 de enero para incluir a más de 800.000 personas desocupadas a los grandes proyectos que viene emprendiendo el Gobierno Nacional en la Faja Petrolífera del Orinoco, en materia de vivienda, obras públicas, médico asistencial, atención a personas con discapacidad, agricultura y forestal.

El vicepresidente para el Área Económica Productiva, Ricardo Menéndez, dijo este lunes que los nuevos componentes ampliarán el espectro y permitirán a los registrados elegir en qué área quieren participar.

Explicó que Venezuela goza de un altísimo potencial en la industria petroquímica, lo cual derivará en la apertura de empresas y nuevas áreas de investigación que requerirán de capital humano.

En materia de gasificación se refirió al proceso que lleva adelante Pdvsa-Gas para dotar a las barriadas y ciudades del país con gas por tubería, acción que necesita de trabajadores y especialistas, quienes podrán ser captados en el proceso de registro en la misión.

También destacó el proceso de industrialización nacional, el cual  se consolidará este año con la instalación de 20 nuevas fábricas en diversos estados del país.

El ministro añadió que estas nuevas áreas no están ligadas a proyectos consumistas, anclados a las relaciones de explotación, sino a una forma distinta de hacer las cosas

“Tenemos un nuevo modelo productivo que empieza a florecer”, expresó.

Nuevas oleadas de inscripción

La Gran Misión Saber y Trabajo culminará su primera fase de inscripción en Caracas, Vargas y Miranda el próximo 29 de enero y se trasladará, del 11 al 26 de febrero, a los estados ubicados en el occidente y Los Andes venezolanos.

La tercera oleada de registro se llevará a cabo en Los Llanos y estados de la región central del 17 de marzo al 1 de abril. En último lugar, el programa captará trabajadores en el sur y oriente del país del 14 al 29 de abril.

Formación

La segunda fase de la misión, tras el registro, es la formación, que comenzará en marzo en las 140 sedes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista en todo el país, así como también en liceos, escuelas técnicos, universidades y tecnológicos. (AVN, 17.01.11)

Arturo Tovar es uno de los afectados. El sitio donde se acomoda desde hace seis años para vender los tickets de loterías es el semáforo de McDonald’s, en Alta Vista, y él, junto con unas 15 personas más, fueron presionadas a abandonar el sitio el pasado viernes. “Nos sacaron a todos sin darnos razones; simplemente nos dijeron que no querían a nadie en el lugar”, relata Tovar.

El joven, de 22 años, añade que con este oficio debe mantener a sus dos hijos. “Yo no tengo un trabajo estable, y tampoco ellos ofrecen algo para nosotros. Yo tengo que trabajar, y además tengo que vender todos estos tickets, porque si no los vendo igualito me los van a cobrar y tengo que pagarlos”, lamenta el hombre, quien ayer, a las 11:00 de la mañana, escondido en una esquina, intentaba vender 130 billetes de lotería.

“A esta ahora, estando en el semáforo, ya los había vendido todos”, expresa Tovar desde una acera a la espera de que algún cliente lo reconociera para ofrecerle “el papelito de la suerte”.

“Sólo pedimos que nos dejen trabajar. No le hacemos daño a nadie, sólo intentamos llevar la comida a nuestras casas. Ojalá alguien pudiera ayudarnos, porque nosotros no sabemos a cuál organismo acudir para que nos ayuden” expone el joven. (Diana Pérez, Correo del Caroní, 16.01.11)

“El pasado primero de octubre se venció el contrato colectivo y dentro de los beneficios que quedaron pendientes está la famosa Tablita, que es la evaluación por desempeño que anteriormente se llamaba meritocracia, este beneficio no se ha hecho efectivo”, reclamó el representante sindical, Marcos Sabariego.

Informaron que la manifestación se lleva a cabo en todos los estados petroleros del país y amenazaron con radicalizar sus acciones hasta lograr la firma de su contrato colectivo.

Entre tanto, se conoció que actualmente el complejo refinador de Pdvsa en la costa carabobeña trabaja a media máquina. El reactor y la planta de craqueo catalítico están paralizados. Se realizan labores de mantenimiento para atender esta situación aunque, los trabajadores detallaron que ésto no afecta la distribución de gasolina en el país.

“La producción no está cubriendo la demanda que requiere el parque automotor nacional. Esta planta se diseño para cubrir la producción de 70 mil barriles diarios y en este momento está produciendo 40 %. Ahorita está en mantenimiento mayor y esperemos que se cumpla de la manera más exitosa para poderle cumplir a los usuarios”, expresó Sabariego. (Ricardo Graffe, Globovisión, 16.01.12)

El secretario del sindicato de obreros del IPC, Oswaldo Ramos, explicó, que desde el año 1998 a la fecha no se ha cumplido la reposición de cargos del personal que se ha jubilado o fallecido afectando gravemente las labores del gremio.

“En los últimos catorce años se han retirado 146 compañeros y no se han llenado las vacantes. Esta situación ha generado que el resto del personal, 200 trabajadores, este sobrecargado de funciones”, detalló.

Otra secuela del déficit de trabajadores es la falta de mantenimiento de los espacios del IPC. Por tal motivo, Ramos anunció que se reunirán con los estudiantes y profesores para explicarles la realidad.

“Ellos se acercaron a conversar con nosotros y les expusimos que no podemos limpiar y ordenar las áreas del Pedagógico porque no hay suficiente personal”. El vocero expresó su molestia porque al parecer las autoridades de la UPEL no han enviado al Ejecutivo la solicitudes para reponer los cargos. GM (El Universal, 13.01.12)

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, delegados sindicales y demás dirigentes se reunieron con el presidente de la Empresa Nacional de Tuberías (Enatub) a quienes les presentaron sus exigencias.

Los funcionarios de Pdvsa Industrial y Enatub dijeron no tener capacidad de decisión, informó el dirigente de Sutiss, Leonel Medina. Por lo tanto, la reunión consistió en plasmar un acta los requerimientos que serán consultados hoy por la gerencia con el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, en un acto en San Tomé en el estado Anzoátegui.

Para la tarde de este viernes está prevista la reunión donde los funcionarios deberán dar respuesta sobre la aplicación del tabulador, el 10 por ciento de meritocracia, servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), incorporación de tercerizados y la destitución del gerente de la fábrica, Ángel Salavarria.

La exigencia de transferir Tavsa a una gerencia de productos tubulares como estaba planteado en un principio, ha sido desplazada por los elementos reivindicativos. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 13.01.12)

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Los manifestantes alegan que en varias ocasiones se han dirigido a la sede del gobierno regional y no han recibido respuestas, señaló Rafael Gutiérrez, coordinador del Sindicato Único de Empleados Público de la gobernación del estado.

“Nos han informado en la Asamblea Legislativa que han llegado muchos créditos adicionales y no se nos ha cumplido, ¿a dónde va ese dinero que llega al estado?, ¿a dónde se desvía?”.

Enfatizó que el gobernador les pide tiempo y todo se convierte “en una burla más, ya basta”.

Para el próximo viernes estiman reunirse con las autoridades de la entidad con el propósito de lograr acuerdos y una respuesta, de lo contrario continuarán con las acciones de calles. (RNV, 12.01.12)

Pensionados y jubilados de CANTV se apostaron nuevamente a las puertas de la empresa estadal, en la Avenida Libertador de Caracas, exigiendo la revisión del contrato colectivo, por considerar que se están violando derechos laborales. Denuncian que el presidente de Fetratel, José David Mora “Siguaraya”, mantiene el contrato colectivo 2009-2011, el cual solo beneficia a los trabajadores activos.

Uno de los manifestantes, de nombre Harold Veroid, indicó que se encuentran “luchando por el derecho de convección colectiva” y denunció que el contrato firmado por “Siguaraya” fue hecho “a escondidas”. “Nos han escamoteado todos los derechos, estamos dispuestos a ir a una huelga de hambre si es necesario”, declaró a El-Nacional.com.

Asimismo Veroid indicó que son solidarios con los jubilados y pensionados de la empresa en otros estados como Zulia y Aragua, quienes también han manifestado su desagrado con el contrato que fue firmado, el cual solo prevé un aumento salarial para los jubilados y pensionados de 200 Bs, mientras que para los trabajadores activos sería de 1.300 Bs.

“El 7 de octubre a este presidente le vamos a dar su merecido. Ni un voto para los traidores”, indicó en referencia a “la traición” del sector oficial para con ellos, ya que en vez de escucharlos, les envían la Policía Nacional para “amedrentarlos”.

Por su parte, Aida Rojas, también denunció al Gobierno por esta actuación y aseguró que se mantendrán en las calles hasta que sean escuchados. “Nuestra homologación debe ser como los activos como lo dijo la sentencia del 2005. Nos deben el 80%, y ellos se niegan a pagarnos”, declaró.

10.01.12 El Nacional

En un caso distinto pero que también beneficiaría a los jubilados de CANTV:

“El viernes 15 de mayo de 2009, 239 jubilados de la CANTV, asistidos por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición contra el Estado de Venezuela por violación de los artículos 25.2.C (protección judicial), 26 (desarrollo progresivo), 21.2 (protección de sus bienes) y 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los peticionarios sostienen que los tribunales no han ejecutado la sentencia según la doctrina de la Sala Constitucional (el 25.01.05) ni los parámetros establecidos por la Sala Social (el 26.07.05).”

Más información

Los docentes explicaron que el dinero que se les adeuda no se contempló en el presupuesto asignado el año pasado por lo que dependen de la aprobación de un crédito adicional para saldar sus derechos laborales.

También exigen el pago de 40% del aumento al personal docente y un presupuesto justo para el año 2012 y que el próximo diciembre no ocurra la misma situación.

Desde hace 22 años la AVEC tiene un convenio con el Estado venezolano. Aseguran que están comprometidos con la transformación del país, por lo que desean seguir siendo socios del Gobierno. (María Alejandra Fernández, Globovisión, 19.12.11)