Provea demanda a la Sala Constitucional del TSJ por retardo procesal injustificado

(Caracas, 01.02.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presenta recurso de amparo judicial contra la Sala Constitucional por retardo procesal injustificado y la falta de garantía de la tutela judicial a una justicia oportuna, idónea, expedita y sin dilaciones indebidas, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El abogado de Provea, Antonio Puppio, expresó que “en esta oportunidad Provea presenta un recurso de amparo contra la Sala Constitucional por violación al derecho de acceso a una justicia oportuna, expedita y sin dilaciones indebidas, con ocasión a la demora que la propia Sala mantiene en la demanda interpuesta por Provea en mayo de 2010 contra la Asamblea Nacional por la omisión legislativa de la ley de pensiones”. El representante de Provea manifestó que hasta la presente fecha ese recurso presentado por Provea no ha tenido ni siquiera la admisibilidad, pese a que la organización ha solicitado en varias oportunidades a través de diligencias y escritos la decisión de la Sala sobre la procedencia o no de este recurso.

Es por ello que, según el abogado de Provea “hemos decidido utilizar este recurso especial que está consagrado en la Constitución y establecido en la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales para recurrir contra la propia Sala por la negación de justicia”.

En consideración de la ONG, la demanda a favor de la ley de pensiones que presentó Provea en 2010, mantiene un “estado vegetal judicial”. “Nos resulta inaudito que la Sala después de 20 meses no se haya pronunciado sobre la admisibilidad”, señaló el integrante de Provea. Asímismo, indicó que la demora en la decisión, además de romper los preceptos legales, tiene un exceso desmedido en cuanto a la práctica establecida por la Sala Constitucional para decidir este tipo de recursos.

Igualmente, el abogado resaltó “la particularidad de esta demanda consiste en que no es contra la inoperancia de un órgano judicial cualquiera sino contra el máximo Tribunal de la República, supuesto responsable de garantizar no sólo los procedimientos judiciales sino también que todos los ciudadanos tengan la garantía de la satisfacción de sus derechos fundamentales”.

Los indígenas sometidos a un inconstitucional proceso en la justicia militar se les castigan por ejercer el legítimo derecho a defender sus derechos y territorio. Cansados de denunciar la explotación ilegal de minería en sus territorios, de solicitar la investigación de militares que favorecen esa actividad, así como la participación directa de algunos funcionarios militares en el negocio ilegal del oro, decidieron retener a 19 militares que sustraían mineral el 25.10.11, de manera pacífica sin causar ningún herido, ni producir maltrato de los retenidos ni apropiarse de ningún armamento. Este acto legítimo de resistencia indígena es calificado como delito y la justicia militar les imputa “ataque al centinela” y “sustracción de armas de la Fuerza Armada”,

El enjuiciamiento en la justicia militar viola el artículo 261 de la Constitución que expresamente establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. (Casos Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30.05.99). Tras su liberación, los indígenas han sido condenados a regímenes de presentación en tribunales.

La detención arbitraria e ilegal del Capitán Alexis Romero y el procesamiento de nueve capitanes más expresa las incongruencias del sistema de justicia en el país. En lugar de investigar y sancionar la corrupción de algunos militares, se castiga a los denunciantes. En vez de escuchar la voz de los pueblos indígenas, se les intimida para que no sigan denunciando y reclamando sus derechos.

Los pueblos indígenas del país tienen años siendo afectados por las consecuencias de la minería. A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros que ejercían la extracción de manera ilegal. Desde esa fecha a la actualidad otros asesinatos han sucedido en la zona. En el otro extremo del país, en el estado Zulia, se ha generado un conflicto con tres comunidades indígenas (Yukpa, Barí y Wayuu) desde el año 2003 por la decisión de triplicar la producción de carbón. La profundización del extractivismo como modelo de desarrollo para el país ha tenido como contraparte el estancamiento del derecho constitucional a la demarcación de los territorios indígenas. A pesar de ser una obligación estatal, como lo expresa la Carta Magna, desde el año 1999 apenas se ha demarcado el 2,4% de los territorios y comunidades indígenas. A esto habría que sumar consecuencias sociales y ambientales, que en el caso de los pueblos originarios son la contaminación de su hábitat, la pérdida de su cultura y la migración a las grandes ciudades.

Ante la situación anterior el Foro por la vida exige:

1.- La derogación inmediata de las medidas de presentación en tribunales para los indígenas pemones

2.- El no uso de la justicia militar para procesar a civiles.

3.- Se investigue las denuncias realizadas por los pueblos indígenas sobre la posible participación de funcionarios  militares en la explotación ilegal del oro.

4.- Se adopten medidas eficaces para resguardar a las poblaciones indígenas y se adelanten los procesos de demarcación de tierras

Los derechos económicos sociales y culturales también son derechos humanos. Con esa premisa nace Provea el 15 de octubre de 1988. Desde entonces  Provea defiende y promueve el disfrute pleno de los derechos humanos y el estado de derecho.

Provea, promueve, investiga y difunde la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Provea, promueve y educa en derechos humanos.
Provea presta apoyo, asesoría y asistencia técnica a grupos sociales en la defensa jurídica y extrajurídica de sus derechos.

Desde 1988  Provea realiza el único  informe de derechos humanos de Venezuela que anualmente hace una relación de 18 derechos económicos sociales y culturales como civiles

y políticos.

Provea, reitera que es independiente y autónoma de partidos políticos, grupos económicos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno.
Ponemos además a disposición del público toda la información relativa a los recursos recibidos por nuestra organización.

Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Federativa do Brasil

ARTIGO 19 E CONECTAS DIREITOS HUMANOS MANIFESTAM PREOCUPAÇÃO FRENTE A PROPOSTAS NORMATIVAS QUE AFETAM O EXERCÍCIO DE DIREITOS HUMANOS NA VENEZUELA

Exmo. Sr. Presidente, A ARTIGO 19 e Conectas Direitos Humanos têm a honra de dirigir-se a V.Exa. para trazer ao seu conhecimento, em sua qualidade de chefe de Estado, nossa preocupação em relação a atuais propostas normativas em análise ou recentemente aprovadas na Venezuela. Em especial, fazemos referência às seguintes alterações legislativas que afetam o pleno exercício do Estado de Direito naquele país: a chamada Lei Habilitante e duas iniciativas para modificação da Lei de Telecomunicações e da Lei de Responsabilidade Social em Rádio e TV.

Consideramos que este conjunto de reformas alterará a harmonia da sociedade democrática das Américas e nos obriga a assumir uma postura de defesa regional dos direitos humanos consagrados pelo sistema interamericano. Por este motivo, pedimos que o governo brasileiro se manifeste publicamente, recriminando tais iniciativas.

A Lei Habilitante, aprovada na última sexta-feira pela Assembléia Nacional, permitirá ao Poder Executivo legislar em matéria de cooperação internacional. Estamos convencidos de que com tal medida, como manifestado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil venezuelana se verão seriamente comprometidas em sua capacidade para desempenhar importantes funções. Apoiamos o relatório Democracia e Direitos Humanos na Venezuela, publicado em 2010, no qual a Comissão Interamericana recomenda modificar o artigo 203 da Constituição venezuelana, que permite a delegação de faculdades legislativas ao Presidente da República. Estes poderes, sem limites pré-estabelecidos, atentam contra o princípio da separação de poderes como garantia do Estado de Direito.

Esta mesma Lei Habilitante outorga faculdades ao Presidente da República venezuelana para ditar e reformar normas regulatórias aplicáveis ao setor das telecomunicações e da tecnologia da informação. Estas faculdades englobam funções amplas e ambíguas, de modo que fica bastante facilitada a ocorrência de arbitrariedades. Além disso, a Assembléia Nacional, de acordo com esta reforma, estenderá tais faculdades aos meios eletrônicos e obrigará a criação de mecanismos que permitam restringir mensagens que “fomentem a confusão entre os cidadãos” ou “desconsiderem as autoridades”, estabelecendo a responsabilidade das empresas radiodifusoras e provedoras de internet pela difusão deste tipo de informação, mesmo quando produzida por terceiros. A R. Barão de Itapetininga, 93 – 5º andar Edifício Jaraguá – Bairro República São Paulo – Brasil CEP 01042-908 Tel: 55 11 3057 0042 Fax: 55 11 3884 1122 Email: brasil@article19.org Web: www.artigo19.org Coordenadora do Escritório Brasil Paula Martins Diretora Executiva Agnès Callamard Conselho Consultivo Brasil Belisário Santos Jr. Beatriz Barbosa Eduardo Pannunzio Malak Poppovic Marcelo Beraba Toby Mendel Conselho Internacional Catherine Smadja (Chair) Galina Arapova Lawrence Mute Malak Poppovic Charlie Beckett Sue Lloyd-Roberts Lydia Cacho Dr Evan Harris Liz Kennedy Heather Rogers Membra Honorária Aung San Suu Kyi (Burma) ARTIGO 19 Brasil Associação civil sem fins lucrativos CNPJ 10.435.847/0001-52 Artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos: ‘Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. ’ produção e difusão de opiniões na internet nunca pode estar submetida a dispositivos arbitrários de controle estatal, na medida em que sejam utilizadas para manifestar idéias e pensamentos, inclusive aquelas que apresentem posições e pontos de vista dissidentes em relação aos governos. As propostas legislativas venezuelanas representam um retrocesso institucional, pois restringem o debate público e o exercício das liberdades de pensamento e expressão garantidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em razão de todo o acima exposto, solicitamos respeitosamente que V.Exa. transmita esta preocupação através dos canais que considere apropriados, de modo coerente e condizente com seu compromisso com a defesa dos direitos humanos no Brasil e em toda a comunidade das Américas. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos votos da mais alta estima e consideração. Respeitosamente, 

 Paula Ligia Martins Coordenadora para a América do Sul ARTIGO 19 paula@article19.org

Malak Poppovic Diretora Executiva Conectas Direitos Humanos conectas@conectas.org

El proceso comenzó el 4 de noviembre y se ha extendido por los más de 100 testigos promovidos por la defensa, con los cuales se pretende comprobar que la participación de los trabajadores en la protesta se hizo en reclamo de beneficios contemplados en el contrato colectivo.

A pesar de que el Sindicato Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) notificó a la jueza Magda Hidalgo de la petición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no hubo alusión a este pronunciamiento.

La copia del informe la consignaron en el Palacio de Justicia a propósito del juicio que se le sigue al dirigente ferrominero en esa instancia por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo, a consecuencia de su participación en la protesta de 16 días en Ferrominera Orinoco (FMO).

El abogado Tello Benítez reiteró que siendo Venezuela firmante del convenio 87 (sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación) y el 98 (sobre el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva) debe el Gobierno garantizar su cumplimiento.

Explicó que en la Constitución se garantiza la ejecución de las decisiones de los órganos internacionales, considerando la jerarquía constitucional.

González es el único preso político considerado por el Programa de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea).

Recientemente fue condecorado con la orden Luis María Olaso por el ejercicio de la protesta pacífica en Ferrominera Orinoco (FMO) y constancia en la lucha.

También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó, en relación a la queja 2.763 interpuesta por Sunep, que no habían suficientes alegatos para mantener a González privado de libertad. En consecuencia pidió su liberación “sin demora” y la debida indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 17.12.10)

El poder ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante que delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año. Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos.

La separación de poderes como garantía del Estado de Derecho requiere de una separación efectiva, no meramente formal, de los poderes ejecutivo y legislativo. La posibilidad de que los órganos elegidos democráticamente para crear leyes deleguen esta facultad en el poder ejecutivo no constituye en sí misma un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático, en tanto no genere restricciones irrazonables o desvirtúe el contenido de los derechos humanos. Sin embargo, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona. Asimismo, al permitirse delegaciones legislativas en términos demasiado amplios, que puedan incluso referirse a materias penales, se afecta el principio de legalidad necesario para realizar restricciones a los derechos humanos. La frecuente concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en un solo poder sin que la Constitución y la Ley Habilitante establezcan los límites y controles adecuados, permite la interferencia en la esfera de los derechos y libertades.

De especial preocupación para la CIDH en la Ley Habilitante actualmente en estudio en la Asamblea Nacional es la facultad que delega al poder ejecutivo de establecer normas que prevean las sanciones que deban aplicarse en caso de comisión de hechos punibles. Asimismo, la Ley Habilitante permitirá al poder ejecutivo legislar en materia de cooperación internacional. En este sentido, la CIDH reitera su preocupación ante la posibilidad de que las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos vean seriamente comprometida su capacidad para desempeñar sus importantes funciones.  La Comisión Interamericana reitera la recomendación contenida en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, publicado en 2010, de modificar el artículo 203 de la Constitución de Venezuela, en tanto permite la delegación de facultades legislativas al Presidente de la República sin establecer límites definidos ni determinados al contenido de la delegación.

Asimismo, la ley Habilitante asigna al Presidente de la República facultades amplias, imprecisas y ambiguas para dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información. Adicionalmente, la Asamblea discute reformar las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para extender la aplicación de dichas normas a los medios electrónicos, imponer requisitos desproporcionados para hacer imposible la continuidad de canales de televisión críticos como Globovisión e intervenir en los contenidos de todos los medios de comunicación.

Los proyectos prohíben a todos los medios emitir mensajes que “inciten o promuevan el odio”, “fomenten zozobra en la ciudadanía” o “desconozcan a las autoridades”, entre otras nuevas prohibiciones igualmente vagas y ambiguas. Asimismo, establecen que las empresas proveedoras de servicios de Internet deberán crear mecanismos “que permitan restringir (…) la difusión” de ese tipo de mensajes y establece la responsabilidad de esas empresas por expresiones de terceros.

Al hacer responsables a los operadores y extender la aplicación de normas vagas y ambiguas que han sido cuestionadas por la CIDH y la Relatoría Especial en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela (2009), el proyecto avanza de una forma sin precedentes sobre la libertad de expresión en Internet. La iniciativa sanciona a los intermediarios por discursos producidos por terceros a través de normas ambiguas, bajo supuestos que la ley no define y sin que exista en la norma garantías elementales de debido proceso. Ello implicaría una seria restricción al derecho a la libertad de expresión garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, los proyectos establecen nuevas condiciones para la actividad de radiodifusión que parecen dirigidas a restringir la influencia de los medios audiovisuales independientes de Venezuela. Por ejemplo, el proyecto exige que todos los licenciatarios de servicios de radiodifusión se deban reinscribir ante la autoridad competente pese a que sus licencias fueron autorizadas en debida forma. En caso de tratarse de sociedades mercantiles, el proyecto exige que la nueva inscripción se haga en forma “personal” por cada uno de los accionistas. Este extraño requisito podría afectar la licencia de Globovisión, ya que sus principales accionistas se encuentran sometidos a un proceso penal por causas ajenas a la propiedad o administración de ese canal y han solicitado asilo político en otro país de la región. El proyecto tiende a crear mecanismos muy eficaces de intervención en los contenidos para evitar la circulación de información que resulte incomoda para el gobierno y a crear un monopolio público de facto que restringe de manera absoluta los principios de diversidad y pluralismo que deben regir la radiodifusión.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideran que estas medidas implican un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas. Asimismo, al avanzar sobre la influencia de los medios audiovisuales privados, los proyectos de ley mencionados restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlaces Utiles

Comunicado de Prensa 118/10: CIDH expresa preocupación ante iniciativa sobre cooperación internacional en Venezuela

Comunicado de Prensa 26/06: CIDH preocupada por proyecto de ley sobre cooperación internacional de Venezuela

Oficina de Prensa de la CIDH

Sitio web de la CIDH: http://www.cidh.org/

En el proyecto se consideran organizaciones con fines políticos “aquellas que realicen actividades públicas o privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular”. A este tipo de organizaciones, en cuya definición entran las ONG´s de derechos humanos, esta propuesta de ley les prohíbe recibir cualquier contribución de la cooperación internacional

Descargue el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, cuya primera discusión esta siendo realizada por la Asamblea Nacional, en el siguiente enlace: Protcc de libertd polt y Autdtr Nac

Provea ha recibido, de manera extraoficial, una versión que según la persona que la suministró, constituye la versión que sera discutida para su aprobación en los próximos días en la Asamblea Nacional. Difundimos este documento, alertando sobre su naturaleza extraoficial, por lo que debe analizarse tomando las debidas salvaguardas.

Descargue la versión recibida por Provea AQUI

Marianna Belalba, presentación Informe

Consulte o descargue los resultados de la investigación independiente, de caracter interdisciplinario sobre la realidad de las políticas públicas en materia de derechos humanos en el país. El Informe Anual de Provea se ha convertido en la fuente alternativa de mayor reconocimiento para conocer la situación venezolana, de amplia consulta dentro y fuera de nuestras fronteras. El Informe Anual 2010, además, divulga una investigación especial acerca de las principales tendencias en el derecho a la manifestación pacífica en la última década.

Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual octubre 2009 / Septiembre 2010

Investigación interdisciplinaria sobre los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en 19 derechos humanos en Venezuela.  El prólogo de esta año ha sido escrito por Abslóm Méndez, defensor de los derechos laborales y seguridad social y profesor universitario.

Descargue el informe completo, en los siguientes enlaces PARTE 1 y PARTE 2,  o cada uno de los capítulos en formato PDF.

Contenido del Informe Anual 2010 por capítulos

• Prólogo
• Contexto y Balance

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES

• Derecho al ambiente sano
• Derecho a la educación
• Derechos laborales
• Derechos de los pueblos indígenas
• Derecho a la salud
• Derecho a la seguridad social
• Derecho a la tierra
• Derecho a la vivienda
  
• Separata 10 años de protesta en Venezuela

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

• Derecho al asilo y al refugio
• Derecho a la integridad personal
• Derecho a la justicia
• Derecho a la libertad de expresión e información
• Derecho a la libertad personal
• Derecho a la manifestación
• Derecho a la participación ciudadana
• Derechos de las personas privadas de libertad
• Derecho a la seguridad ciudadana
• Derecho a la vida

• Gestiones de los organismos nacionales de derechos humanos
• Gestiones ante los organismos internacionales
• Propuestas y exigencias ante los organismos públicos
• Anexos I
• Anexos II
• Anexos derecho a la vida

* Números de emergencias:
- Baruta 0212- 944.44.11
- Sucre: 0212- 271.81.90
- Chacao: 0212- 267.99.17
- El Hatillo: 0212- 963.22.11
- Miranda:  0212- 383.61.52 / 383.78.49
- Libertador: 0212- 631.39.89
- Distrito Capital: 0800-2274825

* Proteccion Civil: 0800- LLUVIAS  (0800-5588427) y el 171

* Desde tu celular puedes solicitar ayuda ante cualquier emergencia: Movistar 911 / Movilnet *1 / Digitel 112

- Para denunciar situaciones de riesgo ante Alcaldía Metropolitana: 0212-285.68.90 y 0212-327.70.13

* Bomberos:

- Bomberos del Este: 0212-987.43.34 / 985.50.60
- Bomberos Sucre: 0212- 985.36.40
- Bomberos El Cafetal: 0212- 985.29.77
- Bomberos El Hatillo: 0212-963.77.76.
- Bomberos Maiquetía: 0212- 331.20.15
- Bomberos Caribe: 0212- 393.28.08
- Bomberos Catia LaMar: 0212- 351.99.66
- Bomberos Parque Central: 0212- 507.91.37 / 507.71.50
- Bomberos Junko: 0212- 412.11.39
- Bomberos Chacao: 0212- 265.32.61
- Bomberos Paraiso: 0212- 481.09.61
- Bomberos La Guaira: 0212- 332.76.20 / 331.04.45
- Bomberos Metropolitanos: 0212- 545.45.45
- Bomberos Miranda: 0212- 235.69.67
- Bomberos Plaza Venezuela: 0212- 793.00.39 / 793.64.57
- Bomberos San Bernardino: 0212- 577.92.09
- Bomberos Voluntarios UCV: 0212- 605.22.22 / 605.49.29 / 605.49.30
- Defensa Civil Alcaldía Mayor: 0212- 662.67.59 / 662.32.05

* Grupos de Rescate:

- Grupo de Rescate Venezuela: 0212- 977.47.10
- Grupo de Rescate Caracas: 0212- 615.63.86 / 415.46.61
- Cuerpo de Emergencias Rescate y Transmisiones: 0212- 545.47.47
- Organización de Rescate Humboldt: 0212- 234.22.34 / 0414-926.21.39
- Socorristas Cruz Roja: 0212- 571.47.13

* Centros de acopio en universidades:

- UCV, FCU: 0416-411.41.50
- UCAB, Casa del Estdiante: 0414-125.30.77
- Unimet, Centro de Estudiantes: 0412-256.32.78
- USB, Federación de Centros de Estudiantes: 0412-744.28.30

* Acopio Chacao:
- Mercado Municipal de Chacao
- Quinta Bejucal Altamira

* Acopio en El Hatillo:
- Sede de la Alcaldía de El Hatillo, frente a la plaza Bolívar

* Acopio en Baruta:
- Av Río de Janeiro al lado del módulo polibaruta (diagonal a Farmatodo)
- Automercados Plaza, en el bulevar de el Cafetal
- Calle Arenal, Parque Trini en La Trinidad (Voluntad Popular Baruta, a partir de la 1pm)

* Acopio en Libertador:
- Colegio de Ingenieros (frente al Metro)
- Colegio de Abogados (El Paraíso) 0212-451.55.42 ext.11
Horario: de 8:30am a 5pm
- Casa Ambiental Comunitaria Juan Pablo II
- Sede Globovisión (Alta Florida) 0212-706.26.00

* Lista Insumos:
- ALIMENTOS • Caraotas • Lentejas • Sal • Harina • Arroz • Aceite • Azúcar • Pasta • Café • Leche en Polvo • Atún • Sardina • Agua mineral de 5 Litros • Agua mineral de 1.5 litros

- INSUMOS PARA NIÑOS • Compotas • Leche • Pañales

- MATERIAL DE LIMPIEZA • Kits de aseo personal • Cloro • Desinfectante • Jabón • Escobas • Palas

- MATERIAL DE LENCERIA • Carpas de 20 Plazas • Sabanas • Cobijas • Hamacas • Mosquiteros • Colchonetas • Almohadas • Pañales

- MATERIALES DE FERRETERÍA • Palas • Picos • Bolsas de rafia • Carretillas • Guantes de Carnaza • Plantas Eléctricas • Extensiones • Cable Doble Nº 14 (Rollos) • Motosierra • Moto Bombas con sus mangueras • Bombas de Achique • Chicota • Linderos • Sierras Manuales • Cascos de Seguridad • Ponchos.

Importante: Si no necesita salir, quédese en su casa.

Mas información en nuestro twitter: @SeguridadDDHH

(Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 30.11.10)