(Caracas, 11 de mayo de 2012) Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Foro por la Vida, así como de otros sectores de sociedad civil, rechazamos contundentemente la propuesta formulada por el Presidente de la República en días pasados, de “retirarse” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que la misma es contraria a los derechos del Pueblo de Venezuela y viola abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

1) La CIDH, creada en 1959, es un órgano principal de la Carta de la OEA (arts. 51, e y 106) desde el Protocolo de Buenos Aires adoptado en 1967. Por ello, todos los Estados Miembros de la OEA están sujetos a su jurisdicción, incluidos aquellos que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Canadá, los Estados Unidos y Cuba. Mientras Venezuela siga siendo Estado miembro de la OEA, estará sometida a las competencias de la Comisión Interamericana para conocer de denuncias o peticiones por la violación de derechos humanos o para promover la vigencia efectiva de estos derechos.

2) Desde su creación, la CIDH ha acompañado a los ciudadanos de las Américas en su lucha por la liberación de la opresión, la exclusión y los abusos a sus derechos. En este sentido la CIDH ha realizado 92 visitas a los países miembros de la OEA, 62 informes de países, 42 informes sobre temas hemisféricos de derechos humanos, 8 Relatorías temáticas (Pueblos Indígenas, Mujeres, Migrantes, Libertad de Expresión, Niñez, Defensores de Derechos Humanos, Personas Privadas de Libertad y Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial) y ha celebrado audiencias en su sede al menos dos veces por año. Además de ello, la CIDH tiene la competencia para recibir y decidir las denuncias de violaciones de los derechos humanos, que no hayan obtenido justicia por los Estados; y elevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) en los casos de los países que hayan ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) y aceptado su jurisdicción obligatoria. Así mismo, la CIDH ha otorgado cientos de medidas cautelares en casos de gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas.

3) Con respecto a Venezuela, los casos decididos por la CIDH y elevados a la Corte Interamericana han incluido a grupos como campesinos (El Amparo), personas de los sectores más humildes (El Caracazo y las Desapariciones Forzadas de Vargas), personas privadas de libertad (Retén de Catia y medidas provisionales), víctimas de grupos parapoliciales de exterminio (familias Barrios y Uzcátegui), trabajadores (jubilados de Viasa), ciudadanos vascos deportados ilegalmente; periodistas, jueces y juezas removidos arbitrariamente y personas condenadas a prisión arbitrariamente, entre otros. Dichas decisiones están en su mayoría en situación de incumplimiento, en violación a la Convención Americana (art.68) y a la Constitución (art. 31).

4) El incremento en el número de los casos ante la CIDH configura una mayor democratización en el uso del sistema y un mayor empoderamiento por parte de las personas para luchar por sus derechos. Las condenas en los casos no pueden verse como una derrota de un gobierno ni como su desacreditación, sino como el triunfo de la justicia y la protección de los derechos, como compromiso del propio Estado. Además el incremento se debe a las deficiencias en nuestro sistema de administración de justicia para garantizar justicia y la no garantía de justicia expedita que obliga a las víctimas a acudir al Sistema Internacional de Protección.

5) La CIDH ha llevado a cabo dos visitas a Venezuela, la primera en 1996 en el marco de la situación carcelaria y la segunda en 2002. Durante esta última visita el Presidente Chávez recibió a la CIDH y le agradeció por su rol responsable jugado durante la crisis de abril de 2002 que terminó con el golpe de estado. Producto de su última visita, la CIDH publicó en el año 2003 un Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. La CIDH condenó dicha ruptura del orden constitucional y formuló una serie de recomendaciones en diversas áreas de los derechos humanos.

6) En la tramitación de los casos, la CIDH tiene que ajustarse a lo establecido en su Estatuto y su Reglamento, y en el caso de Venezuela, además, a la Convención Americana, en los términos interpretados por la Corte Interamericana. Si bien el agotamiento de los recursos internos es la regla, también es cierto que según el Derecho Internacional deben agotarse los recursos idóneos y que una de las excepciones establecidas  a este requisito es cuando existe un retardo injustificado. Buena parte de los casos Venezolanos que han llegado a la Corte Interamericana pasaron un promedio de cinco años en la etapa inicial de la investigación en las instancias venezolanas. La mayoría de estos casos nunca fueron presentados por el Ministerio Público ante un juez.

7) Es importante señalar que para retirarse de la CIDH, los Estados deben denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y abandonar la OEA. Los términos confusos del anuncio presidencial, hacen presumir que esto no estaría planteado el retiro de la CIDH, aunque sí una denuncia de la CADH.

8 ) La protección internacional de las personas que brinda la CIDH no puede desconocerse ni el Estado Venezolano puede salirse de ella, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, porque el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante la CIDH (establecido en la Carta de la OEA y luego por la Convención Americana) con el “ objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos” es un derecho constitucional expresamente consagrado en su artículo 31. La disminución o el desconocimiento de ese derecho constituiría una transgresión del Principio constitucional de Progresividad reconocido en el artículo 19.

9) Además, una eventual denuncia de la Convención Americana es inconstitucional ya que ésta tiene “jerarquía constitucional” por ser un tratado sobre derechos humanos (art. 23). En segundo lugar, porque la CADH forma parte expresamente de la Constitución en materia de los límites a los estados de emergencia (art. 339). En consecuencia, ni el Presidente de la República ni la Asamblea Nacional pueden modificar la Constitución.

10) En el supuesto negado de que se denuncie la CADH, la misma sólo entraría en vigencia un año después de su notificación a la Secretaría General de la OEA; pero en todo caso, el Estado venezolano seguirá vinculado por todas las violaciones a los derechos humanos causadas mientras estuvo en vigor (art. 78, CADH).

11) En consecuencia, la salida de Venezuela de la CIDH como ha sido anunciada o incluso la sola denuncia de la Convención Americana configurarían de conformidad con el artículo 25 de la Constitución, una violación o un menoscabo a los derechos garantizados en ella, por lo cual sería un acto “nulo”, y “los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

12) Adicionalmente, la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el contexto actual y vistos los informes emitidos por la Comisión Interamericana en los últimos años,  podría ser interpretada como una vulneración de la Carta Democrática Interamericana, ya que uno de los elementos esenciales de la democracia según dicha Carta es el respeto y garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema interamericano.

13) Una denuncia de la CIDH o de la CADH sería un hecho de gravísimas repercusiones nacionales e internacionales, por afectar injustificadamente los derechos de las personas y su protección internacional. Las víctimas y los defensores y defensoras de derechos humanos seguiremos luchando por la justicia en sus causas, ya sea ante los órganos del sistema interamericano como ante los diversos órganos de protección de los derechos humanos de la Naciones Unidas.

Firmantes:

- Acción Ciudadana contra el Sida ACCSI

- Acción Solidaria ACSOL

- Caritas Los Teques

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

- CISFEM

- Civilis

- Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos entre Febrero y Marzo de 1989 COFAVIC

- Comité Pro Derechos Humanos del Estado Falcón COPRODEH

- Conflictove

- Convite

- El Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela

- Espacio Público

- Fundamujer

- Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira

- Justicia y Paz

- Laboratorio de Paz

- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social OVCS

- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. OVDDHHM

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. PROVEA

-Servicio Jesuita a Refugiados . SJR

- SINERGIA. Red de la Sociedad Civil

- Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Para quiénes no encuentran justicia en Venezuela el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es su último recurso.  Así lo expresaron víctimas y familiares de víctimas en rueda de prensa  organizada  este jueves por el Foro por la Vida , coalición de organizaciones de derechos humanos venezolana.

Jean Carlos Guerrero cuyo hermano Yimmi Guerrero fue ajusticiado en el estado Falcón el 30 de Marzo de 2003 dijo que para él: “representa la oportunidad de conseguir justicia en un tribunal que sea imparcial y que nos de la respuesta que no recibimos en el país”.

Iris Medina, cuyo esposo Wolfang Quintana fue asesinado durante el Caracazo mientras sostenía a su hija en brazos, que su caso llegara hasta el Sistema Interamericano de derechos humanos fue muy importante pues “la Corte nos escuchó, falta ahora que el gobierno acate la sentencia”.

Ser escuchados de manera imparcial también fue muy importante para Luis Uzcátegui o Carlos Barreto quién dice que ser escuchado al menos ha resultado ser un aliciente frente a la falta de justicia en Venezuela.

Para Marino Alvarado , Coordinador General de Provea y vocero del Foro por la Vida:  “Trabajamos con las víctimas, en su mayoría muy pobres de distintas opiniones políticas. Retirarse de la CIDH le hace un gran daño al país, pero principalmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos quienes tienen la esperanza de obtener justicia y si no la consiguen en Venezuela les queda la posibilidad del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos”.

En la rueda de prensa estuvieron presentes víctimas  también de otros  casos como Margarita Rojas por los jubilados de Viasa,  Linda Loiza o Wolmer Pinilla uno de los sobrevivientes de La Masacre de El Amparo.

El primer caso de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue el de La Masacre de El Amparo ocurrida en el Caño de La Colorada en 1988. Aun hoy,23 años después, el Estado venezolano no ha cumplido a cabalidad la sentencia. No se ha juzgado a los responsables . El Estado venezolano no ha reconocido  públicamente que quiénes fueron asesinados no eran guerrilleros sino pescadores. Todo eso formando parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las víctimas de todos los casos en el sistema se preguntan: ¿Si eso ha sido así ocurrido formando parte del sistema qué no ocurrirá cuándo no formemos parte?

Al igual que la primera, la segunda edición de “Canciones por la Vida” es totalmente gratis y abierta a todo público, se realizará el próximo 17 de mayo a las 6:00 p.m. en el pasillo central de la ampliación de centro Sambil Margarita.

Cada uno de los temas interpretados por Rhigo en el espectáculo musical, han sido recopilados un CD especial que el público podrá adquirir, cuyos recaudos serán destinados 100% a la Organización StopVIH, para que continúe con sus campañas de concienciación y prevención en las escuelas y liceos.

“Canciones por la vida es una manera diferente de ayudar” dijo el cantautor, Rhigo, al mismo tiempo que manifestó que seguirá apoyando a StopVIH llevando mensajes para sensibilizar y concienciar a la población a través de la música ya que es lo que le apasiona y disfruta.

Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, agradece la participación y motivación de Rhigo para realizar esta actividad que enaltece valores ciudadanos y promueve valores al mismo tiempo que invita a turistas y residentes a que asistan a la segunda edición de “Canciones por la vida” el próximo 17 de mayo en el centro Sambil Margarita.

Les invitamos a ver fotos y videos de la primera edición de “Canciones por la Vida” en el nuevo portal web www.stopvih.org y también en el sitio en internet www.rhigo.net para que conozcan más sobre este noble cantautor.

Promoveremos el desarme y la cultura de paz en La Vega

Fieles a nuestro compromiso con las víctimas y familiares de víctimas de abusos policiales, y en el marco de nuestra participación en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, realizaremos una acción de calle en La Vega para promover el desarme y la cultura de paz en esa localidad, porque  los y las que hacemos vida en  la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz creemos que sí es posible vivir en un mundo sin violencia, donde las personas podamos entendernos y dirimir nuestros conflictos a través de vías pacíficas y sin armas.

Fecha: martes 8 de mayo de 2012

Hora: 10:20 a.m.

Lugar: Redoma de La India. (Entrada de La Vega, al lado del centro comercial Galerías Paraíso).

Vocero: Francisco Martínez, coordinador del Programa de Educación Popular de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

A través de un comunicado, el colectivo que promueve los Derechos Humanos de las personas Lesbianas Gays Bisexuales Transgéneros e Intersexuales en el país, sostuvo que las declaraciones del Canciller de la República son “incomprensibles viniendo de un gobierno que se dice de inclusión” y constituyen un nuevo episodio de homofobia por parte del Estado.

A continuación reproducimos el comunicado:

Ante las intolerables declaraciones del canciller Nicolás Maduro, en las que pretende descalificar a ciertos líderes políticos por su supuesta condición de “mariconsones”, expresamos nuestra más firme condena y repudio.

Y el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, mantiene TOTAL SILENCIO sobre el recurso constitucional de reconocimiento de identidad de Tamara Adrián por casi OCHO AÑOS, constituyédose en uno de los peores casos de denegación de justicia de que se tenga conocimiento.

Exigimos, entonces, unas disculpas públicas de parte no solo del canciller sino de las personas claramente identificadas en el video, quienes se han pronunciado en innumerables oportunidades a favor de la inclusión de la diversidad sexual, pero que con la actitud mostrada en el video que nos concierne, desdicen de la sinceridad de esas declaraciones de apoyo.

SECRETARI@S Red LGBTI de Venezuela
Tamara Adrian- Desiree Pérez- Ricardo Hung – José Ramón Merentes

(Ultimas Noticias, 13.04.12)

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) participó este martes 27 el 144° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene lugar en la ciudad de Washington CD, del 19 al 31 de marzo de 2012.

(Caracas, 28.03.12)-. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) participó este martes 27 en el 144° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene lugar en la ciudad de Washington CD, del 19 al 31 de marzo de 2012.

EL OVCS y las organizaciones no gubernamentales COFAVIC, Acción Solidaria contra el Sida (ACSOL), Caritas Los Teques, y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, y el Dr. Carlos Ayala Corao, presentaron en audiencia privada un balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El balance se expuso ante una renovada plantilla de Comisionados y Comisionadas de la CIDH,  los temas analizados fueron el contexto legislativo venezolano, violencia e impunidad, el derecho a la asociación, situación de defensores, el incremento de la conflictividad, protesta social y violencia sindical.

En el marco del 144° período de sesiones la CIDH presenta este 28.03.12 Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas.

Este Informe, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, presenta información actualizada sobre la situación de defensoras y defensoras en la región y sobre los estándares de derecho internacional sobre la materia. Asimismo, da seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas, publicado por la CIDH el 7 de marzo de 2006. Un resumen ejecutivo del informe está disponible en Word y PDF

Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que desde hace 26 años defiende a víctimas y familiares de víctimas de abuso policial y militar, condenamos las prácticas policiales desproporcionadas e ilegales, violatorias de los derechos humanos, como lo ocurrido el viernes 16 de marzo en Maracaibo, estado Zulia, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) dispararon contra el vehículo donde se trasladaba la joven Karen Vanesa Berendique Betancourt, ocasionándole la muerte, conociendo ellos que al no haber amenaza a la vida de los policías, tienen prohibido usar el arma de fuego, según lo establecido en los protocolos de actuación de policial, mucho menos con los altos niveles de incompetencia (disparar a un auto en marcha sin ser atacados), de alevosía, ensañamiento y agavillamiento como lo hicieron.

Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas, sus familiares y amistades. Lamentablemente, hechos como este siguen ocurriendo de manera recurrente en todo el país. En marzo del 2005 fue asesinado Daniel Neira (14 años) dentro del vehículo de su padre en El Nula, estado Apure. Ese mismo año, en junio, fueron asesinados, en otro operativo ilegal, varios estudiantes en el barrio Kennedy, en Caracas. El año pasado ocurrieron varios hechos similares con la participación de funcionarios del CICPC en Petare (Miranda), Valencia (Carabobo) y Coro (Falcón).

Los funcionarios del CICPC deben concentrar sus actuaciones en las investigaciones criminalísticas y abstenerse de realizar labores de patrullaje, puntos de control y operativos policiales. No deben salir armados a la calle sin la debida preparación y entrenamiento en el “Uso progresivo y diferenciado de la fuerza”, así como en el “Uso de la fuerza potencialmente mortal”.

Los directivos del CICPC, no sólo deben suspender e investigar las acciones de los funcionarios que actuaron en los hechos descritos, sino también a sus superiores jerárquicos y quienes estaban en conocimiento que montaron ilegalmente un “punto de control” y a quienes les dieron las armas de fuego sin el entrenamiento y capacidad para usarlas adecuadamente.

Frente a la versión de que el hecho ocurrió en un punto de control del CICPC ubicado en la zona norte de Maracaibo, y de que Berendique y su hermano, Fernando Berendique Betancourt, iban a bordo de un Chevrolet Trail Blazer, y que hicieron caso omiso a la voz de alto dada por los funcionarios del CICPC, exigimos que los cuerpos de seguridad se apeguen a las normas dispuestas en la Gaceta No. 38441, del Ministerio del Interior y Justicia, con fecha del 22 de mayo de 2006, que regulan el establecimiento de alcabalas y puntos de control móviles en las áreas urbanas, en las vías y espacios públicos de todo el territorio nacional. Es decir, de acuerdo al Artículo 2 de esta resolución, “en las alcabalas y puntos policiales de control móvil en áreas urbanas deberán emplearse conos y unidades de patrullaje motorizadas, rotulados con el logotipo de la institución que lleva a cabo el operativo respectivo y estarán debidamente identificadas con sus números de matrículas y luces de prevención operativas, de modos suficientemente visibles para la ciudadanía”. Por otra parte, el Artículo 4 del mismo documento indica que “Los agentes o funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana (…) deberán identificarse plenamente y avisar del procedimiento a las personas a las que van dirigidas las disposiciones de prevención y control (…)”. Asimismo, el Artículo 6 expresa que “Los agentes o funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana (…) podrán proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en las vías (…) siempre que exista fundada sospecha de la comisión de un hecho punible y realizarán las comprobaciones pertinentes en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, todo conforme al Código Orgánico Procesal Penal”.

Nos unimos al rechazo general de estos hechos, exhortando a que continúen las investigaciones a cargo de los fiscales 76° con competencia nacional y el 45° de esta jurisdicción, Alejandro Méndez y Alexis Perozo, ambos en materia de Derechos Fundamentales, con el apoyo de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público y que éstas se realicen con la premura y celeridad que deben hacerse. Igualmente, solicitamos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia a que continúe con la intervención y reforma del CICPC, como lo solicitamos en el mes de mayo de 2011, para que este cuerpo de investigación se integre al proceso de transformación del modelo policial que se adelanta en Venezuela.

Frente a estos hechos, y para evitar su repetición, invitamos a la sociedad venezolana a seguir apostando por el nuevo modelo policial venezolano, que tiene en su centro los derechos humanos como horizonte ético normativo en la guía de toda su actuación.