Nos preocupa también varias informaciones de personas que han visto a niños de corta edad con armas de fuego en Petare y San Agustín del Sur, en Caracas, así como en el Distrito Alto Apure. Recordamos que entregar armas o juguetes bélicos a niños, niñas o adolescentes es un delito que, de acuerdo a la ley, puede ser sancionado con prisión hasta por 5 años; y es también un grave crimen de “lesa humanidad”, o un crimen de guerra que no prescribe, el reclutar o alistar a niños o niñas menores de 15 años en las fuerzas o grupos armados, o utilizarlos y utilizarlas para participar activamente en hostilidades armadas, tanto en conflictos internacionales, como en conflictos internos, ambos delitos perseguibles por la Corte Penal Internacional y los tribunales penales nacionales.

Exhortamos a que se respeten los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y en otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Asimismo, instamos a que se promueva y se profundice en la educación en derechos humanos, ya que la misma, partiendo de la dignidad humana, fomenta la paz activa, la convivencia, el respeto y la tolerancia, crea un espacio para el diálogo y el cambio, e integra los principios de los derechos humanos en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, solicitamos que continúen de forma expedita las acciones adelantadas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para establecer las responsabilidades en el hecho. Los niños, niñas y adolescentes deben estar dotados y dotadas de esperanzas, lápices, libros, computadoras, cariño y atenciones, no de armas de fuego.

De igual forma, invitamos a la sociedad venezolana a desmontar toda creencia que legitime la tenencia de armas de fuego en el seno familiar, puesto que ello pone en riesgo la propia seguridad familiar y ciudadana. Reiteramos que, desde la Red de Apoyo, apostamos a la construcción de relaciones basadas en una cultura de paz.

Caracas, 30 de enero de 2012

“Estamos exigiéndole a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que cumpla las obligaciones que tiene con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, afirmó la activista, quien agregó: “Las denuncias que se han presentado en la Fiscalía solamente en los últimos cuatro meses son una docena de alcances pormenorizados de amenazas a mi integridad personal y a la de mi hija y no se ha adelantado investigación de ningún tipo. Priva la impunidad sobre unas cinco denuncias que se han reseñado en el despacho de la fiscal”.

Por su parte, el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien llevó el caso de San Miguel ante las instancias internacionales, recordó que las autoridades tienen hasta la semana que viene para informarle a la CIDH sobre las acciones que han adoptado a favor de la presidenta de Control Ciudadano.

“La pregunta es si estaremos ante un nuevo desacato”, agregó San Miguel, quien recordó que el año pasado la cuenta que tiene en la red social Twitter fue vulnerada por un pirata cibernético, quien logró hacerse con información personal y con los contactos de sus informantes dentro de la institución castrense y amenazó con difundirlos en la red.

La criminalización no cesa 

La campaña de desprestigio y hostigamiento en contra de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos por parte de las autoridades y de sus simpatizantes no cesa. Ayer llegó a esta redacción un artículo firmado por el Comité de Pensamiento y Justicia Popular, el cual fue publicado en el blog oficialista Revolución y Soberanía y en el que se les acusa de recibir financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de seguir cuales “perros fieles” las directrices que este les dicta. 

“Estas ONG y sus integrantes allanan el camino a los enemigos internacionales. Crean falsas matrices de opinión (con el apoyo de grupos de medios de comunicación). Financian y entrenan grupos de choque (organizan protestas y dictan estrategias militares a estudiantes, presos y trabajadores). Realizan denuncias internacionales sin basamento real (caso de la exjueza corrupta María Lourdes Afiuni). Sirven como puente para pasar recursos económicos a los grupos conspiradores, entre otras fechorías. Indiscutiblemente a estos traidores de la patria les espera la cárcel o la justicia popular”, se lee en el documento. 

En el escrito se señala directamente al Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero de 1989 (Cofavic), al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a Una Ventana para la Libertad, a Sinergia y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 25.01.11)

Estas ideas surgen en el marco del cierre del Curso de Formación en Derechos Humanos para Docentes, coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Más de 30 docentes de Baruta y Petare se formaron en los temas de Elementos básicos de derechos humanos, Instrumentos de protección de los derechos humanos, Ética docente, Disciplina Voluntaria, Autoridad y poder, Buen trato infantil, Diversidad, género, Desarrollo adolescente, Resolución de conflictos, Planificación escolar, Estrategias metodológicas para la educación en derechos humanos y Manual de convivencia escolar.

Este martes 24 de enero, en la sede de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), los y las docentes presentaron sus propuestas de acuerdos de convivencia (en sustitución de la mención manuales de convivencia), en los cuales evidencian los avances de lo aprendido en cuanto a la aplicación del enfoque de Derechos Humanos en el hecho educativo. “Aprendimos que debemos integrarnos todos y todas porque siempre ha habido una lucha de poder entre docentes y estudiantes: educadores y educadoras arriba y niños y niñas abajo. Todos y todas nos ubicábamos en aceras diferentes”, expresa María Virginia Santana.

Por su parte, Magaly Arias, de la Escuela Básica Municipal Luis Correa, comparte que entre sus aprendizajes se encuentra, sobre todo, la búsqueda de la participación colectiva, de docentes, directivos y directivas, obreros y obreras, padres, madres y representantes en la construcción de las normas, los deberes y los derechos que se plantean en los acuerdos de convivencia en la escuela. “Básicamente estamos respetando los derechos a la defensa, a ser escuchado y escuchada, la presunción de inocencia, establecidos en nuestra Constitución”, señala Sonia Carrillo, de la escuela Agustín Aveledo, de Petare.

¿Por qué hablamos de amonestación?

Keila Betancourt, Oficial de Políticas Sociales de UNICEF, en el marco del cierre del Curso de Formación en Derechos Humanos para Docentes, indicó que la palabra amonestación en el ámbito escolar implica de antemano que el otro o la otra ya es culpable de una falta. “¿Cómo aplicamos en el proceso de aprendizaje la misma lógica de la relación patrono-trabajador?”, se preguntó Betancourt. “Es importante que no se siga hablando de esa manera, ya que primero debe estar el diálogo, ponernos en los zapatos de los y la estudiantes, conocer cuál es la realidad de ese niño o niña en su casa y, en un proceso de diálogo, llegar a acuerdos”, indicó.

Romper paradigmas

Los y las docentes continuarán completando los acuerdos de convivencia con todos los actores y todas las actoras que hacen vida en las instituciones educativas que representan. Quedan asambleas, reuniones y debates por llevar a cabo. Asimismo, la Red de Apoyo, junto con UNICEF y AVEC continuarán acompañando ese proceso. “La tarea es ardua porque tenemos que romper paradigmas para hacer entender en las escuelas que los Derechos Humanos se respetan”, afirma Zoraida Ramírez, psicopedagoga de la Unidad Educativa Jesús González Cabrera.

Más información sobre el Caso de Mijail Martínez, hijo de Víctor Martínez:

Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, indicó que estos cuatro años han sido fundamentales en la ejecución de programas preventivos que contribuyan a “Llegar a Cero”: cero nuevas infecciones por el VIH, cero muertes asociadas con el Sida, cero Discriminación por VIH. (Campaña impulsada por las Nacionales Unidas).

La Organización StopVIH en estos cuatro años ha realizado trabajos que dejaron huella en el sentir neoespartano, por lo que Rodríguez asegura que no escatimará en esfuerzos hasta que el “Llegar a Cero” sea una realidad.

“Es nuestro cuarto año desarrollando en el estado Nueva Esparta, actividades orientadas a la prevención de la infección para niños y niñas escolarizados/as, adolescentes, jóvenes y público en general, con la firme convicción de que las actividades preventivas son necesarias y posibles en la región”, expresó el titular de la Organización StopVIH.

Asimismo Rodríguez puntualizó que el apoyo del sector oficial y privado les permitirá seguir fieles en su misión para el desarrollo de diferentes proyectos sociales como: talleres de sensibilización y capacitación a las comunidades sobre VIH/Sida y Derechos humanos, dar charlas en colegios públicos, ofrecer asesoría a más de 1.300 personas con y sin VIH/Sida, realizar eventos benéficos y establecer alianzas con importantes empresas e instituciones para masificar el mensaje de prevención, entre otras actividades importantes para los niños, niñas y adolescentes que viven y conviven con la infección, entre otros.

“Los resultados nos llenan de orgullo y pretendemos seguir creciendo para dar a nuestra gente un entorno más saludable, por ello nos planteamos uno de los principales retos para este nuevo año 2012, que es una sede propia para ofrecer servicios óptimos y vanguardistas a las personas con VIH de la entidad insular”, aseveró Rodríguez.

Sigue @StopVIH y visita www.stopvih.org para mayor información.

Sin mucho conocimiento sobre planificación estratégica u operativa y trabajando sin recursos económicos, durante más de una década ha acompañado a colectivos sin vivienda, familiares de presos, familiares de personas torturadas, personas estafadas por empresas inmobiliarias, trabajadores despedidos, trabajadores a quienes se les niegan las prestaciones sociales. En fin, acompañando a las víctimas de violaciones.

Formado al calor de las acciones de exigibilidad de derechos ha tenido que enfrentar varias momentos de represión y procesos judiciales.

Por denunciar a un alto oficial como responsable de la desaparición forzada de un sargento de la Guardia Nacional se le abrió un proceso judicial en la justicia militar y un proceso civil por difamación. Por impedir el desalojo violento de un edificio tomado por familias pobres en la ciudad de Caracas un juez le abrió un proceso penal por ofensa a Juez y resistencia a la autoridad.

Por apoyar a los presos de la cárcel de Mérida en una huelga de hambre lo incriminaron de haber organizado desde la calle la huela y lo encarcelaron seis meses.

Sus métodos, a veces no convencionales (tomas, marchas, huelgas de hambre), han generado la crítica incluso de organizaciones de derechos humanos. Lo que no hay duda más allá de sus formas de plantear la defensa de sus derechos y la de otros, es que es una persona comprometida con las causa de los más necesitados, que asume riesgos defendiendo los derechos de otros y otras y que con el acompañamiento realizado a las víctimas, en varias oportunidades, ha logrado la conquista de derechos y el logro de la justicia.

La noche del pasado 21 de noviembre  activistas de DDHH, entre los que se encontraba Ugas, realizaron una vigilia a las afueras de la sede de la Fiscalía en Puerto La Cruz y, según relatan, un grupo de choque de aproximadamente 40 personas acudió en autobús al lugar y agredieron a los manifestantes, “bajo la mirada complaciente y omisión de funcionarios del Ministerio Público”.

Para supuestamente resguardarlos, Luis Ugas, Liban Farías, Elizabeth Salazar, Lisbeth León e Ybis Yolita fueron llevados a la sede del Cicpc y quedaron privados de libertad. Las mujeres fueron sentenciadas a régimen de presentación y los hombres quedaron detenidos desde entonces por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos por los cuales podrían condenarlos a 10 años de prisión.

Tras alertar que su integridad corre peligro en el penal José Antonio Anzoátegui, Ugas señaló a Provea que el origen de la retaliación en su contra es porque su ONG supervisa constantemente el trabajo del sistema de administración de justicia en la región y “no quieren que el movimiento popular haga contraloría social al Poder Judicial”

Más Información:

Privan de libertad a dos activistas de derechos humanos en Anzoátegui

En Venezuela, siete de cada diez ataques contra periodistas, que han sido formalmente denunciados ante los organismos de justicia entre los años 2010 y 2011, permanecen impunes. Así lo señaló el Director Ejecutivo de Ipys Venezuela, Ewald Scharfenberg, al presentar los resultados del estudio: “Seguimiento de casos de impunidad en casos de agresiones a periodistas venezolanos”; en el que se revisó el estatus de las investigaciones judiciales, de los casos de agresiones cometidas contra periodistas durante los años 2010 y 2011. La investigación indagó si los afectados denunciaron las agresiones y si el Ministerio Público investigó los hechos y sancionó a los responsables y si se otorgó alguna reparación a los afectados.

“El problema de la impunidad en Venezuela es generalizado y son conocidos los efectos perniciosos de la ineficacia de la justicia en nuestra sociedad”, continuó Scharfenberg. “Pero nos preocupa específicamente en el caso de las agresiones contra periodistas. Una agresión que no tiene castigo puede estimular al agresor a continuar con su conducta y a cometer agresiones más graves, que pudieran llegar a atentar contra la vida de los periodistas, y que por supuesto impedirían la circulación de informaciones de interés colectivo”.

Microsite contra la impunidad

Durante la rueda de prensa, Ipys Venezuela también dio a conocer un microsite donde se alojarán, además de todos los resultados del Estudio, dos reportajes de investigación sobre sendos casos de asesinatos de periodistas y trabajadores de medios que aún permanecen sin que sus responsables sean determinados o castigados. Se trata de las muertes del reportero Jacinto López, en Barquisimeto (estado Lara) ocurrida en 2009 y del vicepresidente de Reporte-Diario de la Economía, Pierre Gerges, ocurrida en 2008.

Para las piezas multimedia se contó con el trabajo de destacados profesionales de la investigación periodística en Venezuela, como los reporteros Adriana Rivera, César Batiz, Gustavo González y Jesús Yajure. “Esta experiencia nos ha permitido replicar un modelo que ya hemos visto en otros países, donde se conforman pools de periodistas para aclarar crímenes de colegas que la justicia no ha querido o podido resolver”, refirió el Director Ejecutivo de Ipys Venezuela. “En estos casos que fueron investigados, si bien se pasa revista a las diferentes hipótesis que se manejan sobre sus autores y móviles, la idea principal ha sido la de poner a la luz pública la parálisis que sufren, inmovilizados por complicidades aparentes entre poderes fácticos y funcionarios”.

La dirección del microsite, vinculado al website oficial de Ipys Venezuela y al aire desde este miércoles,MIRALO AQUÍ

Tanto la producción del microsite como la de su contenido (el Estudio y las investigaciones periodísticas) fueron realizadas con el apoyo de la cooperación internacional canadiense a través de la Embajada de Canadá en Caracas.

La rueda de prensa y el lanzamiento del microsite se hicieron en la víspera de que Ifex, desde su sede en Toronto, Canadá, y su casi centenar de afiliados en todo el mundo, lleven a cabo diversas distintas actividades para conmemorar el I Día Mundial para terminar con la Impunidad, convocado en el segundo aniversario de la masacre de Maguindanao, en Filipinas, donde 34 periodistas fueron asesinados el 23 de noviembre de 2009.

Un resumen de esas actividades AQUÍ (enlace en inglés)

Mayoría de agresiones contra periodistas no son denunciadas

Scharfenberg precisó que “si bien la campaña mundial se refiere a la impunidad relativa a asesinatos contra periodistas, de los que globalmente se resuelve sólo uno de cada diez casos”, en Venezuela, dada la gran incidencia de los ataques de baja intensidad contra la integridad física de los reporteros, “no quisimos perder la oportunidad de hacer una radiografía sobre esta situación”.

Entre enero de 2010 y agosto de 2011, Ipys Venezuela registró 75 agresiones físicas y solo 31 de ellas (26%) fueron denunciadas ante una autoridad, bien sea un cuerpo policial o ante el Ministerio Público. Cifra que indica que hay una importante cantidad de agresiones que no fueron denunciadas (44 casos en total, que representan el 74%).

El alto número de periodistas y trabajadores de los medios que no denuncian las agresiones argumentaron como sus principales razones que no confían en que la justicia venezolana pueda encargarse de una resolución de su caso o en otras ocasiones, aducen que sienten temor por sus vidas si acuden a un organismo público para indagar sobre su caso.

La poca confianza que los propios periodistas manifestaron en la justicia también se reflejó en otro resultado de la investigación, en el cual solo 8 de los 31 casos denunciados (26% del total de casos denunciados) tuvieron resolución judicial, o al menos los periodistas sintieron que hubo una reparación justa sobre su caso.

Esto indica además que 23 de esas 31 denuncias (el 74% del total) no tuvieron reparación y los agredidos, hasta la fecha del estudio, no habían recibido ninguna información sobre el estatus de las investigaciones de sus casos, por parte de las autoridades.

Para contribuir a que los agredidos tuviesen herramientas para indagar sus casos, IPYS Venezuela les ofreció apoyo e información para que ejercieran una petición de acceso a la información pública, derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 51. (IPYS, 23.11.11)

COFAVIC le invita cordialmente  a la publicación “Rostros y voces de la impunidad“, realizado con la colaboración de la fundación ALBOAN y escrito por la periodista Maye Primera, con testimonios de familiares víctimas, miembros de nuestra organización y artículos de expertos en el tema de impunidad.

Fecha: Viernes 25 de noviembre de 2011.

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Francisco Herrera Luque.  Entre segunda y tercera transversal de los Palos Grandes. Frente al supermercado Excelsior Gama.

Concentración frente a la FGR para exigir Justicia

Alrededor de 4.000 estudiantes, 57 colectivos de profesores, jóvenes, organizaciones de base, grupos de mujeres, grupos por la diversidad, organizaciones de Derechos Humanos, instituciones, ciudadanos y ciudadanas marchan este viernes 18 de noviembre, desde las 8 am, por las calles de la Parroquia Sucre en el Municipio Libertador, a favor de la disminución de la violencia, el desarme, la convivencia pacífica y la paz, en la movilización popular Desde Catia, ¡pura vida! La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) y la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme hacen posible esta actividad.

La movilización se desarrolla en el marco del 19º aniversario de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Celebración por la Vida (tradicional encuentro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz) y para reforzar los trabajos de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Desde Agua Salud, la Plaza Lisandro Alvarado (Propatria), Plaza Sucre y el Parque Alí Primera parte esta movilización hasta la Plaza Pérez Bonalde, donde familiares de víctimas de abusos policiales y militares, estudiantes y organizaciones sociales le hablarán al resto del país, para que sea posible la convivencia pacífica de los venezolanos y las venezolanas.

Para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ésta es la oportunidad para llevar a cabo su tradicional encuentro llamado la Celebración por la Vida,  que es un espacio para expresar solidaridad con las víctimas de abusos policiales y militares y sus familiares, así como con todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. “Tomar la calle con un mensaje a favor de la vida y la paz difunde un mensaje y da fe de nuestros deseos más profundos por una vida digna. Salir, caminar con la alegría de los hombres y mujeres de paz, es la mejor manera de decir: Porque quiero ser feliz, exijo y me comprometo por un país, comunidad, escuela, familia y Estado libre de violencia”, señala Bryan Barrios Grafe, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Uno de los objetivos de esta demostración de fuerza del pueblo catiense es reafirmar y visibilizar la coalición ¡Catia, Pura Vida Parroquia!, que es una política que impulsa la UNES y que tiene en el ámbito escolar un componente prioritario a través de los programas de vinculación social, que atienden los procesos de violencia y el déficit de convivencia en espacios educativos en Catia. Dentro de este marco, otras de las intenciones de esta marcha- concentración es posicionar la voz y el protagonismo popular de los y las jóvenes, los y las estudiantes que habitan en barrios, particularmente en Catia, ante las bandas y las y los jóvenes transgresores, así como posicionar las iniciativas populares del pueblo a favor de la paz y promover un encuentro de éstas con las iniciativas del gobierno o del Estado. “Desde la UNES estamos conscientes de que cada organización y cada persona tiene un papel que cumplir para derrotar a la violencia y debemos sumarnos todas y todos”, apunta Esther  Rojas, Coordinadora del Proyecto Ciudad Educadora, perteneciente al Vicerrectorado de la UNES.

Igualmente, “Desde Catia, ¡pura vida!” constituye un espacio para la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme para sensibilizar en torno a la necesidad de una convivencia pacífica y sin armas en el país, así como para recoger las propuestas de los sectores populares y otros actores y actoras para el diseño de una política pública integral en cuanto a esa materia. “Todas las comunidades de Caracas están invitadas; todo aquél que crea en la paz, que promueva la paz, que esté en contra de la violencia; si crees en los Derechos Humanos, apruebas el desarme y crees que la vida es lo más importante, estás invitado”, señala Javier Barrios, coordinador de Campaña de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Para “Una Ventana a la Libertad”

“Una Ventana a la Libertad”, organización dedicada desde hace 13  años a la defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres que se encuentran en nuestras cárceles privados de libertad, denuncia que la crisis que se esta desarrollando en los diversos retenes policiales del país es responsabilidad del Poder Judicial y del Ministerio para el Servicio Penitenciario porque estos son centros de detención preventiva que no debería superar las 48 horas de estadía de detenidos.

Carlos Alberto Nieto Palma, Coordinador General de la Organización No Gubernamental, informo que según la legislación nacional los Retenes Policiales son centros de detención transitoria donde los detenidos están las primeras 48 horas de la detención cuando son llevados ante el juez a una audiencia de presentación y en caso de que el juez considere que la persona debe ser dejada privada de libertad en este mismo acto debe ordenar su traslado a un centro de reclusión adscrito al Ministerio para el Servicio Penitenciario que es quien dispone de lugares con instalaciones adecuadas para reclusiones de mas tiempo.

“Una Ventana a la Libertad”, considera que la orden dada por  la Ministra para el Servicio Penitenciario en el mes de agosto de prohibir el ingreso de nuevos detenidos a los recintos carcelarios y que posteriormente fue suspendida por ordenes del Presidente de la Republica se sigue cumpliendo de manera secreta y con la complicidad de los jueces penales que están ordenando la reclusión en estos retenes policiales lo cual esta generando el colapso y el caos en estos recintos pues no están diseñados para albergar a reclusos por estadías largas. Los retenes policiales no cuentan con espacios para el trabajo, el estudio, la recreación, el deporte y la cultura que establece el artículo 272 de la Constitución Nacional que deben tener los recintos carcelarios ni cuenta con personal preparado para la atención de las personas que allí se encuentran, por esto los privados de libertad que ahora se encuentran en los retenes policiales deben ser trasladados de manera inmediata a recintos carcelarios y seguir evitando hechos lamentables como el ocurrido en la sede policial del Estado Táchira con el saldo lamentable de 8 fallecidos.

Para finalizar Carlos Alberto Nieto Palma dijo que ven con preocupación como la Ministra Iris Varela utilice estos lamentables hechos con fines de proselitismo político y como una forma de justificar el incumplimiento de lo establecido en nuestra Carta magna de la descentralización carcelaria tratando de ponerse ella por encima de la Constitución y quien decide si los mandatos constitucionales se deben cumplir o no y eludir responsabilidades que le corresponden de manera directa al Ministerio para el Servicio Penitenciario

Información adicional: Carlos A Nieto Palma – 0212 – 4937452 / 0412 – 9762935