Provea demanda a la Sala Constitucional del TSJ por retardo procesal injustificado

(Caracas, 01.02.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presenta recurso de amparo judicial contra la Sala Constitucional por retardo procesal injustificado y la falta de garantía de la tutela judicial a una justicia oportuna, idónea, expedita y sin dilaciones indebidas, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El abogado de Provea, Antonio Puppio, expresó que “en esta oportunidad Provea presenta un recurso de amparo contra la Sala Constitucional por violación al derecho de acceso a una justicia oportuna, expedita y sin dilaciones indebidas, con ocasión a la demora que la propia Sala mantiene en la demanda interpuesta por Provea en mayo de 2010 contra la Asamblea Nacional por la omisión legislativa de la ley de pensiones”. El representante de Provea manifestó que hasta la presente fecha ese recurso presentado por Provea no ha tenido ni siquiera la admisibilidad, pese a que la organización ha solicitado en varias oportunidades a través de diligencias y escritos la decisión de la Sala sobre la procedencia o no de este recurso.

Es por ello que, según el abogado de Provea “hemos decidido utilizar este recurso especial que está consagrado en la Constitución y establecido en la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales para recurrir contra la propia Sala por la negación de justicia”.

En consideración de la ONG, la demanda a favor de la ley de pensiones que presentó Provea en 2010, mantiene un “estado vegetal judicial”. “Nos resulta inaudito que la Sala después de 20 meses no se haya pronunciado sobre la admisibilidad”, señaló el integrante de Provea. Asímismo, indicó que la demora en la decisión, además de romper los preceptos legales, tiene un exceso desmedido en cuanto a la práctica establecida por la Sala Constitucional para decidir este tipo de recursos.

Igualmente, el abogado resaltó “la particularidad de esta demanda consiste en que no es contra la inoperancia de un órgano judicial cualquiera sino contra el máximo Tribunal de la República, supuesto responsable de garantizar no sólo los procedimientos judiciales sino también que todos los ciudadanos tengan la garantía de la satisfacción de sus derechos fundamentales”.

Los indígenas sometidos a un inconstitucional proceso en la justicia militar se les castigan por ejercer el legítimo derecho a defender sus derechos y territorio. Cansados de denunciar la explotación ilegal de minería en sus territorios, de solicitar la investigación de militares que favorecen esa actividad, así como la participación directa de algunos funcionarios militares en el negocio ilegal del oro, decidieron retener a 19 militares que sustraían mineral el 25.10.11, de manera pacífica sin causar ningún herido, ni producir maltrato de los retenidos ni apropiarse de ningún armamento. Este acto legítimo de resistencia indígena es calificado como delito y la justicia militar les imputa “ataque al centinela” y “sustracción de armas de la Fuerza Armada”,

El enjuiciamiento en la justicia militar viola el artículo 261 de la Constitución que expresamente establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. (Casos Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30.05.99). Tras su liberación, los indígenas han sido condenados a regímenes de presentación en tribunales.

La detención arbitraria e ilegal del Capitán Alexis Romero y el procesamiento de nueve capitanes más expresa las incongruencias del sistema de justicia en el país. En lugar de investigar y sancionar la corrupción de algunos militares, se castiga a los denunciantes. En vez de escuchar la voz de los pueblos indígenas, se les intimida para que no sigan denunciando y reclamando sus derechos.

Los pueblos indígenas del país tienen años siendo afectados por las consecuencias de la minería. A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros que ejercían la extracción de manera ilegal. Desde esa fecha a la actualidad otros asesinatos han sucedido en la zona. En el otro extremo del país, en el estado Zulia, se ha generado un conflicto con tres comunidades indígenas (Yukpa, Barí y Wayuu) desde el año 2003 por la decisión de triplicar la producción de carbón. La profundización del extractivismo como modelo de desarrollo para el país ha tenido como contraparte el estancamiento del derecho constitucional a la demarcación de los territorios indígenas. A pesar de ser una obligación estatal, como lo expresa la Carta Magna, desde el año 1999 apenas se ha demarcado el 2,4% de los territorios y comunidades indígenas. A esto habría que sumar consecuencias sociales y ambientales, que en el caso de los pueblos originarios son la contaminación de su hábitat, la pérdida de su cultura y la migración a las grandes ciudades.

Ante la situación anterior el Foro por la vida exige:

1.- La derogación inmediata de las medidas de presentación en tribunales para los indígenas pemones

2.- El no uso de la justicia militar para procesar a civiles.

3.- Se investigue las denuncias realizadas por los pueblos indígenas sobre la posible participación de funcionarios  militares en la explotación ilegal del oro.

4.- Se adopten medidas eficaces para resguardar a las poblaciones indígenas y se adelanten los procesos de demarcación de tierras

Caracas, 24 de enero de 2012.

Como denunció Martínez en la tarde del 23.01.12, aproximadamente a las cuatro de la tarde, una persona no identificada lo abordó cuando llegaba a su domicilio acompañado de su hija. Apuntándolo con un arma de fuego, el agresor les ordenó introducirse en la residencia, la que ocasionó la reacción de la víctima, quien tras empujar a su atacante y ordenar a su hija que se escondiera en casa, pudo correr a la vía pública para solicitar auxilio. El atacante fue recogido por un cómplice en una camioneta de color negro, escapando del sitio de la agresión. En ningún momento el atacante intentó llevarse el vehículo de Martínez, el cual permaneció abierto y con las llaves en el interruptor durante el hecho, lo cual descartaría la hipótesis del robo. El ex diputado dela AsambleaLegislativapor el estado Lara declaró “reitero nuevamente que en el intento frustrado de mi asesinato son los mismos que mataron a Mijaíl y emplazo al ministerio público, a que tome en cuenta las denuncias que hecho en esa instancia sobre Reyes Reyes, Rodríguez Figuera y los comisarios del CICPC Carlos Rodríguez y José Núñez”.

En reiteradas oportunidades el Foro porla Vidaha alertado a las autoridades, incluyendo ala Defensoríadel Pueblo, acerca de las amenazas en contra de Víctor Martínez, un luchador popular de trayectoria en la región quien ha denunciado la presunta participación de funcionarios policiales y militares en diferentes delitos, los cuales incluyen extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes, así como la presencia de grupos de exterminio parapoliciales en el estado. El 03.07.10 un funcionario militar agredió físicamente a Martínez, cuando este repartía volantes denunciando el asesinato de su hijo, logrando derribarlo y propinándole patadas en el área abdominal, causándole lesiones en varias partes del cuerpo. Esta agresión no solamente no fue investigada, como lo solicitamos el 07.07.10, sino que actualmente  Martínez esta siendo procesado por el delito de “asalto al centinela”, pasando de víctima a victimario por orden judicial.

Esta serie de ataques y hostigamientos contra activistas del movimiento de derechos humanos además de constituir una práctica contraria a lo consagrado enla Constitucióndela República Bolivarianade Venezuela, resulta violatorio a lo dispuesto porla Declaraciónsobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada porla Asamblea Generaldela ONUel 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);

El Foro porla Vidareitera y respalda ante las autoridades nacionales las exigencias de la familia Martínez realizadas antela Fiscalía21 de los Derechos Fundamentales del

Ministerio Público del Estado Lara, durante la tarde del 24.01.12:

1) El otorgamiento de medidas de protección a Víctor Martínez

2) La investigación transparente y expedita del intento de sicariato ocurrido el 23.01.12 en el barrio Ezequiel Zamora de Barquisimeto.

3) La investigación de las diferentes denuncias por parte de la familia Martínez acerca de la autoría intelectual del asesinato de Mijail Martínez

Asimismo, solicitamos tomar medidas para revertir el retardo procesal en los diferentes juicios contra funcionarios policiales y militares denunciados por los diferentes Comités de Víctimas del estado Lara.

Porla Voceríadel Foro porla Vida:

Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Centro parala Pazy los Derechos Humanos Padre Olaso de la UCV

Investigación interdisciplinaria sobre los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en 19 derechos humanos en Venezuela.

El prólogo de esta año ha sido escrito por Rubén González, defensor de los derechos laborales y Secretario General de Ferrominera, cargo en el cual por haber apoyado una huelga de trabajadores pasó 17 meses en prisión.

Descargue el informe completo, en los siguientes enlaces PARTE 1 y PARTE 2,  o cada uno de los capítulos en formato PDF.

Contenido del Informe Anual 2011 por capítulos

Prólogo

Contexto y Balance

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES

• Derecho a la alimentación
• Derecho al ambiente sano
• Derecho a la educación
• Derechos laborales
• Derechos de los pueblos indígenas
• Derecho a la salud
• Derecho a la seguridad social
• Derecho a la tierra
• Derecho a la vivienda

Separata Examen Periódico Universal (EPU) realizado por Venezuela
Anexos separata EPU

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

• Derecho al asilo y al refugio
• Derecho a la integridad personal
• Derecho a la justicia
• Derecho a la libertad de expresión e información
• Derecho a la libertad personal
• Derecho a la manifestación
• Derecho a la participación ciudadana
• Derechos de las personas privadas de libertad
• Derecho a la seguridad ciudadana
• Derecho a la vida

Gestiones de los organismos nacionales de derechos humanos

Gestiones ante los organismos internacionales

Propuestas y exigencias ante los organismos públicos

Anexos alimentación
Anexos laborales
Anexos indígenas
Anexos manifestación
Anexos derecho a la vida
Anexos organismos nacionales DDHH

Translation of  context and balance here.

La cita para conocer la situación de derechos humanos en Venezuela será el jueves 8 de diciembre a partir de las 5:30 pm en el auditorio de Colegio de Ingenieros de Caracas.

Cada año visibilizamos los avances, estancamientos y retrocesos de la situación de los derechos que trabajamos que son los económicos, sociales y culturales, aunado estos incluimos los derechos civiles y políticos.

Para este año nuestro encarte especial estará dedicado al Examen Periódico Universal realizado al Estado venezolano en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde también hicieron acto de presencia las organizaciones de la sociedad civil venezolana.

Los esperamos a todas y todos.

Foto: Alexandra Blanco. El Nacional

Muchos han sido los días cruciales en la vida de Lisandro Raúl Cubas, pero 2 de ellos marcaron su rumbo. El 20 de octubre de 1976 tragó una pastilla de cianuro para suicidarse y evitar su secuestro por parte de agentes de la dictadura militar que gobernaba entonces Argentina.

La píldora no le causó la muerte porque estaba vencida y él terminó recluido en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, donde fue torturado y obligado a trabajar como esclavo. En el lugar, un ícono de la tenebrosa era del régimen que imperó hasta 1983, se calcula que hubo más de 4.500 prisioneros.

El otro día decisivo para Cubas fue el 20 de enero de 1979, cuando recuperó su libertad, vio por primera vez el Ávila y se contagió con la algarabía en las calles de Caracas por el triunfo de los Navegantes del Magallanes en la Serie del Caribe. Apenas horas antes estaba sumido en el horror y lo emocionaba la acogida que recibía en una ciudad que esa noche estaba de fiesta e iluminada con fuegos artificiales.

A los 20 años de edad, Cubas se incorporó a Montoneros, el movimiento radical de izquierda argentina que creía en la lucha armada para instaurar el socialismo como una fase superior del peronismo. En Venezuela, le dio un giro metodológico a su activismo político: se convirtió en pionero del movimiento de derechos humanos al fundar, hace 23 años, la organización no gubernamental Provea.

Sin embargo, nunca le dio la espalda a la necesidad de hacer justicia en su país de origen. Fue testigo y querellante de un juicio que, el 26 de octubre, concluyó con la condena a cadena perpetua de 12 represores de la ESMA. Desde Venezuela, en su casa de San Antonio de Los Altos, Miranda, Cubas celebró el fallo: “Es el primer juicio contra ellos y la sentencia tiene una trascendencia enorme, en la medida en que surte un efecto reparador en las víctimas.

Falta mucho por hacer y el próximo año volveremos a Argentina para atestiguar contra otros 70 represores”. Habla con tranquilidad. Toma sorbos de mate y todo indica que el tiempo no le ha hecho acumular rabia sino serenidad.

El proceso duró dos años y en él “quedó evidenciado el horror”. Las palabras son de Daniel Obligado, juez de la causa. Cubas rindió declaración el 30 de julio de 2010. A modo de prueba, mostró los grilletes que, 34 años atrás, habían estado en los pies de otra detenida: Alicia Milia de Pirles. La mujer se los dio en el aeropuerto de Ezeiza, justo el día cuando ella abandonaba Argentina para exiliarse en Europa y él en Venezuela.

Las condenas más celebradas por la multitud que se congregó frente al tribunal para escuchar el fallo fueron las de Alfredo Astiz y Jorge Acosta. “El ángel de la muerte” era el alias de Astiz, capitán de fragata que se infiltró en las organizaciones de derechos humanos como espía e intervino directamente en el secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la adolescente de origen sueco Dagmar Hagelin. Acosta, conocido como “el Tigre”, fue jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA que ejecutaba la represión. Entre otros crímenes, se les condenó por el asesinato de Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, tres de las madres de Plaza de Mayo.

Cubas ya ha aportado su testimonios para otros procesos, como el que concluyó en noviembre de 1985 con la cadena perpetua para el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, los tres miembros de la Junta Militar que encabezó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Sus declaraciones también sirvieron para que el juez Baltasar Garzón solicitara la extradición de 45 militares y un civil por la desaparición de ciudadanos españoles. En Venezuela, su labor tampoco cesa. El activista, de 59 años de edad, trabajaba esta semana en un frente al que no le da menos importancia: concluir el informe de Provea que, año tras año, retrata la situación de los derechos humanos en el país.

El tormento de la capucha. “Eran las 8:00 am, cuando me dirigía a tomar el colectivo de la línea 49, en la avenida San Martín, provincia de Buenos Aires. De cinco carros bajaron más de diez hombres, uno de los cuales me puso su pistola en la frente y me obligó a tirarme al suelo. Lo mismo hacían con otras dos personas, un hombre y una mujer que caminaban por la zona. Cuando estábamos los tres tirados en el suelo, aproveché un momento de distracción de mis secuestradores e introduje una pastilla de cianuro en mi boca para suicidarme.

Una práctica que habíamos aprendido de la resistencia francesa contra el nazismo.

“Inmediatamente, procedieron a pegarme patadas en el estómago y en la cabeza, después me esposaron las manos detrás de la espalda y me pusieron una capucha de tela gris. El cianuro comenzó a hacer su efecto, produciéndome asfixia. Momentos antes de perder el conocimiento, que para mí era la muerte, me introdujeron en el baúl de un carro. En pocos segundos repasé los momentos más felices de mi vida: cuando era un niño y jugaba fútbol en Bariloche, la compañía de mi madre el primer día que fui a la escuela, mi novia de la adolescencia y la noticia que me había dado mi compañera la tarde anterior: iba a tener un hijo. Pensé en mis compañeros de Montoneros y le agradecí a Dios haberme dado el valor de suicidarme y no sufrir las torturas que los militares aplicaban a sus víctimas.

Cuál sería mi sorpresa cuando vuelvo en mí, acostado sobre cuerpos de personas que estaban muertas.

“Mi primera intención fue no respirar, para que no se dieran cuenta de que estaba vivo.

No sé cuánto tiempo pasé en esa situación. En un momento escuché una voz que dijo: `Ese hijo de puta está vivo’. Pidieron un vomitivo y antes de administrármelo me cayeron a golpes; intentaron darme el vomitivo, pero lo escupí reiteradas veces. Debido a mi resistencia, utilizaron éter para dormirme. Cuando me desperté estaba atado a una cama de metal, con grilletes en los pies, las manos esposadas a los barrotes de la cama, con una capucha atada al cuello que apenas me dejaba respirar y una sonda de suero en las venas del brazo. Calculo que estuve así hasta el día 22, pues el 23 empezaron a interrogarme y quienes lo hacían me decían que si daba información me dejarían libre `como regalo de cumpleaños’. En efecto, ese día cumplía 24 años”.

Cubas fue uno de los primeros sobrevivientes en dar testimonio público y en primera persona sobre los campos de concentración de Argentina.

En 1983 habló ante el Congreso de Estados Unidos y ante Amnistía Internacional. Fungió de vocero de decenas de miles de víctimas recluidas en 340 centros clandestinos de detención. En el informe publicado en septiembre de 1984 por la Comisión Nacional de Desaparecidos se precisaba que 8.960 personas no tenían paradero conocido.

Otros cálculos señalan que los gobiernos militares dejaron más de 30.000 víctimas de desapariciones.

El documento titulado Nunca Más , prologado por Ernesto Sábato, concluye que la desaparición forzada de personas fue el núcleo de la metodología represiva de los militares que derrocaron a María Estela Martínez de Perón.

En el informe de la Conadep figura el aporte de Cubas: “La tortura psicológica de la capucha es tanto o más terrible que la física. Ésta procura llegar a los umbrales del dolor, mientras que la capucha procura la desesperación, la angustia y la locura. El contacto con el mundo exterior no existe. Nada te protege, la soledad es total. Esa sensación de desprotección, aislamiento y miedo es muy difícil de describir. El sólo hecho de no poder ver te va socavando la moral, disminuyendo la resistencia. La capucha se me hacía insoportable, tanto así que un miércoles de traslado pedí a gritos: `¡A mí.., a mí…, 571!’. Estuve encapuchado durante dos meses y ya no era Lisandro Raúl Cubas, era un número” .

El terror de la ESMA era puesto a la vista de todos de vez en cuando. “En una oportunidad me colocaron una peluca y un camisón de mujer para pasearme por las calles de Buenos Aires. Me llevaban esposado, con grilletes en los pies y escoltado por media docenas de militares armados. El propósito era alardear de la crueldad para intimidar a los argentinos”.

Pero ningún tormento se comparó con el día más duro del cautiverio: “Fue cuando me enteré de la desaparición de mis hermanos: Juan Carlos, de 21 años, y María Georgina, de 18. Todavía están desaparecidos”.

Lula y Nariz. Cubas estuvo recluido en la ESMA dos años y cuatro meses. Los tormentos físicos iniciales, que incluían periódicas sesiones de picana eléctrica, progresivamente fueron sustituidos por lo que la justicia argentina ha denominado “trabajo esclavo”. Lo obligaron a hacer “periodismo” a favor del régimen militar. A diario revisaba los despachos de las agencias de noticias extranjeras y eventualmente redactaba notas para contrarrestar las críticas a la dictadura.

En su reclusión apenas tuvo alicientes. Dos de ellos están vinculados a personas que menciona por sus apodos: Lula, que después se convirtió en su esposa; y Nariz, un amigo fraterno.

Lula es Rosario Quiroga, una militante del Movimiento Peronista que fue secuestrada junto con sus tres hijas, de 3, 4 y 5 años de edad, el 15 de diciembre de 1977 en el balneario Lagomar de Uruguay.

La trasladaron a Argentina y fue internada en la ESMA en un procedimiento típico de la Operación Cóndor, a través de la cual los regímenes militares del Cono Sur trabajaban coordinadamente para, entre otras, intercambiar prisioneros.

El testimonio de Quiroga también fue recabado por la Conadep y tribunales de diversos países. Uno de los métodos descritos fue el llamado submarino: “Utilizaban una especie de capucha de goma con orificios a la altura de la nariz y la boca e introducían mi cabeza en algo que supongo era un tonel lleno de agua, hasta que me desmayaba por asfixia. Otra tortura consistía en colgarme de las manos teniendo los brazos hacia atrás, subiéndome y bajándome, lo que hacía aún más insoportable el dolor, sobre todo de la articulación de los hombros. Era preferible estar colgada porque parecía que uno perdía el conocimiento y por lo tanto el dolor. La tortura más dolorosa era la presión con mis hijas, de las cuales me traían pertenencias, como un zapatito, un suéter o un vestidito, y me decían que las torturarían en mi presencia para enloquecerlas”.

Las tres hijas de Quiroga estuvieron pocas horas en la ESMA. Antes de entregarlas a una familiar que era monja, los militares les tomaron una foto en la que aparecen sonrientes sentadas en el sofá de una oficina que estaba ubicada en el sector Los Jorges. Los oficiales cometieron el error de entregar la imagen a la madre, que la conservó durante el cautiverio y, a la postre, la utilizó como prueba.

Cubas se ofreció como peluquero para entrar en contacto con otros prisioneros. Cuando le cortó el cabello a Quiroga comenzaron a interesarse el uno por el otro.

El acercamiento fue mayor durante la convalecencia de Cubas, quien sufrió una lesión en los testículos que ameritó su traslado al hospital. “Salir de la ESMA implicaba peligro de muerte. Cuando me iban a aplicar anestesia recordé que los militares solían utilizar inyecciones de pentotal para asesinar. Con sarcasmo, la llamaban pentonaval”.

De regreso a prisión, Cubas le pidió ayuda a Quiroga para hacerse las curas que requería.

La intimidad aumentó como los planes para salir juntos por la puerta principal, porque fugarse era casi imposible.

El único que logró burlar la férrea vigilancia de los represores fue Nariz, cuyo nombre era Horacio Maggio. “Una vez le encargaron despachar un centenar de cartas desde la oficina principal de correo, en el centro de Buenos Aires. Convenció a los dos militares que lo escoltaban que bastaba que uno de ellos lo acompañara al interior del edificio postal. Se distanció del custodia y escapó por una puerta posterior. Esa tarde el Tigre Acosta regresó a la ESMA convertido en un energúmeno. Gritaba `¡Se fugó Nariz, se fugó Nariz, el maldito nos traicionó!’. Cuando los represores se alejaron de nosotros, todos nos abrazamos para celebrar la osadía del compañero. Fue uno de los pocos momentos de alegría en prisión. Pero cuatro meses después el Ejército lo capturó y mató. Nos llevaron el cadáver. Nos bajaron a todos y lo vimos con la cabeza destrozada. Llevaba el reloj que le había prestado”.

La historia con Quiroga sí tuvo final feliz: recuperaron a las tres niñas, se casaron en Venezuela y todavía viven juntos.

Otras dos masacres. Transcurridos más de 30 años, Cubas asegura que no puede explicar por qué los jefes de la ESMA decidieron su liberación y la de Quiroga. “Mi única hipótesis es que liberar prisioneros tenía como propósito sembrar el miedo en la sociedad, específicamente en las organizaciones sociales y políticas con las el sobreviviente tenía relación.

Pero los criterios para escoger quién vivía sólo los conocen ellos, así como son los únicos que saben el destino de cada desaparecido y de los bebés nacidos en cautiverio que son buscados por sus familias. Algunos de los militares advertían que cada prisionero debía procurarse su libertad”.

Las gestiones de la madre de Quiroga, quien conocía al secretario de la vicaría castrense, monseñor Emilo Grasselli, fueron importantes para la liberación. La pareja escogió Venezuela como destino porque un hermano de Lula estaba en el país y podía recibirlos.

En enero de 1979, Cubas, su esposa y sus tres hijas, y su suegra estaban en Venezuela.

Se mantuvo alejado de la actividad política durante los primeros 4 años de exilio, luego de los cuales comenzó a vincularse con otros argentinos, de los aproximadamente 3.000 que huyeron a territorio venezolano, con la idea de recuperar la democracia en su país.

En 1983 se fundó en Caracas la Federación de Familiares de Desaparecidos en América Latina, encabezada por el sacerdote de origen irlandés Patrick Rice, que vivió en Argentina y fue perseguido, encarcelado y torturado por los militares. Tres años después, Cubas se incorporó a la organización como asistente de prensa y allí conoció a los pioneros del movimiento de derechos humanos en Venezuela, entre ellos a Ligia Bolívar y Dianora Contramaestre.

“Ligia estaba incorporada a Amnistía Internacional y Dianora, que había sido monja, trabajaba con los cristianos de base en los barrios de Caracas.

Ligia emprendió una investigación sobre la pertinencia de una organización de derechos humanos en Venezuela. Hubo una combinación de saberes y el 15 de noviembre de 1988 nació Provea”.

Las principales dificultades identificadas eran la represión de las protestas populares y el elevado nivel de violencia policial. Además, se había acabado el boom petrolero, había sucedido el Viernes Negro y las políticas sociales comenzaban a mermar, lo cual se verificó con el Caracazo.

Dos semanas después de la fundación de Provea ocurrió la masacre de El Amparo. El acompañamiento a las víctimas del Caño La Colorada, Apure, aceleró el crecimiento de la ONG. Junto con los dos campesinos sobrevivientes, lidiaron en los tribunales venezolanos que habían acogido la versión oficial sobre los hechos como un enfrentamiento del Ejército con un grupo guerrillero. El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 14 de septiembre de 1996 dictó la primera condena contra el Estado venezolano.

Con el apoyo financiero del Consejo Mundial de Iglesia, Provea alquiló su primera oficina. La mudanza comenzó en pleno Caracazo: “El 27 de febrero de 1989 estábamos cargando una computadora y tuvimos que explicarle a un grupo de policías metropolitanos que el aparato no era producto de los saqueos que anarquizaban Caracas”. No hubo tiempo para instalarse: a media tarde comenzaron a recibir las primeras denuncias de represión.

A partir de 1990, Provea retomó el énfasis en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Cubas fue miembro del equipo coordinador desde 1989 hasta 1995 y coordinador general hasta 2000. Ahora se desempeña como investigador sobre la situación del derecho al trabajo.

Sigue doblemente marcado: por la tragedia que vivió en Argentina y por la obra desarrollada en Venezuela. “Mis afectos y compromisos siguen compartidos. Mi deber es seguir contribuyendo a la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura y, aquí en Venezuela, continuar fortaleciendo la lucha de la gente por sus derechos”.

“Este Gobierno no es de izquierda”

Lisandro Raúl Cubas, fundador de Provea, se reconoce como un hombre de izquierda, pero entiende que la lucha armada no es una opción vigente y que el socialismo sólo es un ideal válido si pasa la prueba de los derechos humanos.

“Provea era acusada 20 años atrás por el gobierno de la época de estar formada por guerrilleros, marxistas y comunistas.

Hoy, por mantener las mismas posiciones críticas frente al gobierno actual, nos tildan de contrarrevolucionarios, agentes de la CIA e imperialistas. Los cuestionamientos avalan nuestra coherencia en la idea de que la defensa de los derechos humanos debe ser integral. Tiene que haber pan y libertad: tiene que haber tierra, pero también debe garantizarse el derecho a la propiedad; tiene que haber trabajo, pero también libertad sindical. En el paradigma de los años sesenta y setenta, para la izquierda lo fundamental eran los derechos sociales”.

Aunque durante los últimos 12 años esa división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales ha encontrado eco en Venezuela, Cubas se apresura a negar que el gobierno de Hugo Chávez sea de izquierda. “El discurso es irrelevante, lo importante es la práctica; y la práctica de este gobierno es la de un capitalismo de Estado con políticas de inclusión social que, por cierto, fueron más efectivas en otros gobiernos”.

-¿Qué reivindica de la gestión de Chávez?
-Las ideas de integración latinoamericana y caribeña y de un mundo multipolar y solidario. Pero muchas veces la manera de hacer las cosas resta más que suma. Y más allá de Chávez, son muy valiosos los avances en cuanto a participación ciudadana en asuntos públicos. Hoy la gente conoce sus derechos y los debate. Cuando empezamos en Provea, debíamos explicar el contenido de la Constitución. Hoy eso está en el imaginario colectivo del venezolano. Más tarde que temprano, eso va a dar sus frutos y no necesariamente los va a capitalizar el chavismo.

-¿En materia de derechos humanos, Chávez y el Gobierno tienen algo que temer?
-Logramos la Constitución. Pero el mayor déficit gubernamental es la falta de políticas públicas en materia de derechos humanos. Eso afecta a las víctimas más que a las ONG que, con este o con cualquier otro gobierno, vamos a seguir luchando.

13.11.11 Edgar López. El Nacional

Francesco Gulino, tiene 91 años, sentencia firme y Ministerio Agricultura no le paga su jubilación. 10 años luchando por que le paguen lo que se merece.Comparte el video escribele al  Ministro @JCloyo .

Tienen 91 años, trabajó durante 35 años, 1959-1994, en el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), hoy Ministerio de Agricultura y Tierras, pero, a pesar de haber laborado esos 35 años ininterrumpidamente, el Ministerio no le otorgó a Francesco Gulino el beneficio de jubilación, así como lo establecía el Plan de Jubilación de 1992.

Y es que, el MAC incumplió la obligación de descontar las cotizaciones al fondo especial de jubilación, por lo que Francesco Gulino nunca cotizó al mismo.

Ante esta situación, en 2001, Gulino expuso su caso en el Ministerio de Producción y Comercio, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, pero no obtuvo respuesta.

En el año 2003, con el apoyo de Provea, el jubilado acudió a los tribunales de justicia para demandar al Ministerio de Agricultura y Tierras por el pago de su jubilación y prestaciones sociales que le fueron negadas al momento de retirarse de dicha institución

Luego de un complejo proceso, en abril de 2011, el Juzgado Séptimo Superior del Circuito Judicial del trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda interpuesta por el Francesco Gulino contra el Ministerio.

Hasta la fecha, y luego de 10 años de lucha, tanto Provea, en defensa del Derecho a la Seguridad Social, como Francesco Gulino, esperamos la ejecución material de la sentencia.

Más información sobre el caso

Epu Venezuela

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, el 18 de junio de 2007, celebró su 12° período de sesiones del 3 al 14 de octubre de 2011. El examen de la República Bolivariana de Venezuela se llevó a cabo en la 10ma sesión, el 7 de octubre de 2011. En su 14a sesión celebrada el 4 de octubre de 2011, el Grupo de Trabajo aprobó el informe sobre Venezuela.

El informe presenta un resumen de las deliberaciones del proceso del examen, el diálogo interactivo y respuestas del Estado, conclusiones y recomendaciones y promesas y compromisos voluntarios.

Algunas de las promesas y compromisos voluntarios asumidos por el Estado venezolano fueron: 

Fortalecer el sistema de respuesta eficaz y el seguimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Bolivariana de Venezuela en el marco de los Tratados de Derechos Humanos y los Convenios, a través de la implementación de un sistema de análisis y preparación oportuna de informes para presentarlos a los órganos creados  en virtud de tratados.

Presentar, durante el primer semestre de 2012, los informes nacionales pendientes a los órganos creados en virtud de tratados y convenciones de derechos humanos.

Fortalecer la política pública en educación en todos los niveles y modalidades, especialmente las destinadas a la promoción, difusión y respeto de los derechos humanos.

El Programa  Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, el  Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos (FADES), el Sindicato Carbonorca  y Espacio Público  presentaron un informe sobre la libertad sindical en Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Puede leerlo completo a continuación:

En el marco del 143 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Provea solicitó a la Comisión una reunión de trabajo con el gobierno para explorar un posible acuerdo en el caso jubilados y jubiladas  del Ministerio de Educación.

La Comisión concedió la reunión para el jueves 28 de octubre 2011, sin embargo, el gobierno comunicó oficialmente que no tenía ninguna disposición de dialogar en este caso. Esta actitud gubernamental contrasta con su discurso de favorecer con sus políticas a los adultos mayores. Negarse al diálogo significa alejar las posibilidades de restablecer a un grupo de jubilados los derechos conculcados desde hace más de 15 años.

Los jubilados y jubiladas forman parte de un grupo de ex docentes del Ministerio de Educación y Deportes (ahora Ministerio del Poder Popular para la Educación),quienes fueron excluidos de los beneficios de la Convención Colectiva suscrita antes de ser jubilados.

Iniciaron un conjunto de acciones judiciales para exigir sus derechos sin obtener un pronunciamiento judicial en casi una década.

En virtud de no obtener respuesta por parte de los entes correspondientes y de conformidad con el artículo 31 de la Constitución se vieron en la imperiosa necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) con la finalidad que declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de los derechos consagrados en los artículos 21 (derecho a la propiedad), 8.1 (garantías judiciales), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en conexión con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de dicha Convención.

El 30 de marzo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio ingreso al caso. Desde esa fecha, tanto los peticionario/as como el Estado venezolano, han enviado a la CIDH sus respectivos informes y observaciones.

En marzo de 2008, Provea en representación de las y los peticionarios solicitó a la ComisiónIDH un informe sobre la admisibilidad y fondo de la denuncia. En julio de 2010 y en febrero de 2011, Provea ratificó el escrito ante la CIDH y solicitó información acerca de los avances del caso; en marzo del presente año (2011) se recibió una comunicación de la Comisión en donde notifica que el proceso se encuentra fase de admisión.

Considerando que los jubilados son de avanzada edad y el transcurrir del tiempo significa la posibilidad de no ver restablecidos sus derechos, Provea ha insistido al gobierno en buscar una solución amistosa que permita por vía expedita satisfacer los derechos de este colectivo. Sin embargo, la insensibilidad y formalismo ha prevalecido sobre el interés de la justicia.

La actitud del gobierno de negarse al diálogo en este caso es un acto injusto y prologa la angustia de venezolanos y venezolanas que tienen más de una década exigiendo lo que por derecho y Constitución les pertenece. Condenamos esta conducta del gobierno y lo exhortamos a rectificar .