|
El
Foro por la Vida Opina |
PROPUESTAS Y
EXIGENCIAS PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y
AVANZAR EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
La coalición de organizaciones de
derechos humanos Foro por la Vida, y otras organizaciones
adherentes, ante las circunstancias que está atravesando nuestro
país vuelven a manifestarse ante la comunidad nacional e
internacional, en función de la Constitución de 1999 y los
instrumentos de protección internacional de derechos humanos
firmados por la República. Somos organizaciones de derechos humanos
de carácter independiente que, como lo hemos hecho por más de una
década, actuamos en apego a principios y normas aplicables sin
discriminación alguna. En tal sentido reafirmamos nuestra
satisfacción por la restitución de la legalidad establecida en la
Constitución de 1999, que fue violentada el día 11 de abril de 2002,
a través de un golpe de Estado.
Luego de recuperada la legalidad, el reto de la sociedad y el Estado
venezolano es fortalecer la débil institucionalidad democrática y
avanzar en los procesos de inclusión social. En tal sentido, y como
aporte al proceso de crítica, autocrítica y elaboración de
propuestas que corresponde a todos los sectores de la vida nacional,
planteamos lo siguiente:
- Exigimos a los Poderes Públicos
que se aboquen de inmediato a una
investigación imparcial y ajustada a derecho, que determine las
responsabilidades de los hechos ilícitos acaecidos entre los días
11 y 15 de abril del presente año, de manera especial los
ocurridos al finalizar la marcha organizada por diversos sectores
de la oposición, a fin de que sus autores materiales e
intelectuales sean sancionados y se evite así la impunidad de esos
delitos y todas las violaciones a los derechos humanos.
- Asimismo, proponemos que de
conformarse una "Comisión de
la Verdad", para la realización de una investigación de los
sucesos que enlutan al conjunto de la sociedad venezolana, la
misma sea integrada por personas con alta credibilidad, de
reconocida trayectoria democrática, independientes e imparciales
de los sectores involucrados en la calificación de los hechos. De
igual manera, sugerimos recurrir al apoyo internacional de
reconocidas organizaciones de derechos humanos, con experiencia en
este tipo de labores, así como de expertos independientes en el
área forense y criminalística. Debe asegurarse que esta Comisión
cuente con los recursos presupuestarios para realizar esta misión,
los cuales deben provenir de la cooperación internacional, para
garantizar de esta manera la autonomía e independencia de la
misma.
- Exigimos a los Poderes Ejecutivo,
Judicial y Ciudadano que sean
respetadas las garantías del debido proceso y los demás derechos
humanos de los ciudadanos responsables del gobierno de facto
encabezado por el señor Pedro Carmona Estanga. En particular,
rechazamos la posibilidad de juzgamiento de civiles por parte de
tribunales militares, en concordancia con el artículo 261 de la
Constitución de 1999.
- Exigimos a los organismos de
seguridad que garanticen el orden en las
manifestaciones, en estricto apego a la Constitución
de 1999. Ello implica que frente a manifestaciones pacíficas,
deben
abstenerse de utilizar armas de fuego y sustancias tóxicas, tal
como lo consagra el artículo 68 de la Constitución de 1999. Frente
a las manifestaciones violentas, deben agotar todas las vías de
disuasión y utilizar la fuerza sólo como último recurso, de un
modo proporcional a la agresión y resguardando la vida y la
integridad de los manifestantes. Igualmente, le exigimos al
Ejecutivo que vele por el cumplimiento del llamado que formuló a
la población para que cese la violencia contra locales
comerciales, garantizando además el control sobre el uso y porte
de armas por particulares, poniendo énfasis en la aplicación de
operativos de desarme de la población.
- Exigimos a los Poderes Públicos e invitamos a la sociedad a
hacer
efectivo el derecho a la participación consagrado en diversos
artículos de
la Constitución de 1999. En tal sentido, los Poderes Públicos
tienen la
obligación de abrir canales de participación a todos los sectores
sociales
y por lo tanto deben llamar al diálogo nacional, escuchar sus
planteamientos, respetar a los representantes que estos sectores
designen, cesar la descalificación de los opositores, entre otras
acciones posibles. Por su parte, los diversos sectores de la vida
nacional, tienen igualmente el
deber de ejercer estos derechos propiciando un clima de tolerancia
y
reconocimiento del otro, que permita monitorear y controlar al
Estado,
para que sus acciones sean consistentes con los objetivos
plasmados en la Constitución de 1999.
- En función de lo señalado en el punto anterior, proponemos a
los
Poderes Públicos elaborar en conjunto con el movimiento de
derechos humanos, un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita
avanzar en la satisfacción de los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos.
- Exigimos a la Asamblea Nacional que legisle con celeridad para
garantizar el carácter no deliberante de la Fuerza Armada
Nacional. Ratificamos que los ciudadanos que administran la
violencia estatal no se encuentran en igualdad de condiciones que
los ciudadanos desarmados y, por tal razón, en resguardo de la
institucionalidad democrática, deben existir garantías que impidan
que a corporación militar sea convertida en un actor político.
- Reconociendo que el Presidente de la República tiene el derecho
de
formular las críticas que considere pertinentes sobre cualquier
aspecto de
la vida nacional, exigimos que elimine los rasgos intimidatorios
presentes en su discurso hacia los medios de comunicación, en
tanto son un factor coadyuvante del clima de inseguridad existente
para
los trabajadores de estos medios y pueden generar un ambiente
propicio para la autocensura. Igualmente, exigimos que, conciente
del liderazgo que tiene en sus seguidores y de la responsabilidad
de su alta magistratura, recupere y mantenga un tono ponderado y
ecuánime cuando se dirija públicamente a todos los ciudadanos.
- Exigimos un manejo responsable de la información por parte de
los
medios de comunicación, trátese de propietarios o de profesionales
a su servicio, públicos o privados, pues su responsabilidad social
en este particular no puede ser ignorada. Independientemente de su
línea editorial, los medios, particularmente los concesionarios de
frecuencias radioeléctricas que son propiedad de todos los
venezolanos, deben ejercer un rol de servicio público y no de
actores políticos. Lo contrario, vulnera el derecho que tiene toda
la población a acceder a información plural y se convierte en un
factor más de estímulo a la violencia social.
- Exigimos a la Asamblea Nacional que propicie un proceso de
legitimación
de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral, en apego a los
mecanismos
establecidos en la Constitución de 1999, que fueron violentados en
su
oportunidad. Solicitamos a los representantes de esos Poderes que,
reconociendo las irregularidades de sus nombramientos, faciliten y
estimulen este proceso. Estamos convencidos de que la legitimación
constitucional de estos Poderes será un factor coadyuvante del
fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Finalmente, ratificamos nuestra satisfacción por la recuperación
del hilo
constitucional e invitamos a todos los sectores sociales a
convertirse en protagonistas de su estricto cumplimiento.
Por la Vocería del Foro por la Vida
Carlos Correa
Suilvida Rausseo
Alfredo Ruiz
Suscriben el presente pronunciamiento:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (
PROVEA) - Red de Apoyo por la Justicia y la Paz - Oficina de DD.HH.
de la Diócesis de Ciudad Guayana "Humana Dignitas" - Colectivo
Aportes - Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) - Servicio
Jesuita para Refugiados - Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACSSI)
- Oficina de Acción Social del Vicariato de Machiques - Comisión
Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos de
Venezuela (SECORVE) - Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello - Vicaría de Derechos Humanos del
Arzobispado de Caracas - Oficina de Derechos Humanos de la
Diócesis de San Fernando de Apure - Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos desaparecidos. (FEDEFAM)
Adhieren al presente pronunciamiento:
Comisión de Derechos Humanos "Derecho y Justicia" de la
Arquidiócesis de Ciudad Bolívar - Asociación Fraternidad y
Orientación Activa (AFOA) - Fundación de Derechos Humanos del
estado Sucre - ASOVIDA (Mérida) - ASOLURI ( Cariaco) - SOLPARÍA
(Edo. Sucre).
(Caracas, 15.04.02) |
