Foro por la Vida preocupada por desacatos a la Corte IDH
ESTADO VENEZOLANO INCUMPLE DECISIONES
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, considera oportuno llamar la atención sobre el incumplimiento, por parte del Estado venezolano, de las decisiones emanadas de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellas las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal del hemisferio.

1. Con preocupación constatamos cómo el Estado venezolano subvalora sistemáticamente las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos. Consideramos que esta situación puede generar un debilitamiento del Sistema Interamericano debido a que cierra la última esperanza de justicia que muchas víctimas tienen en la supervisión internacional de sus derechos.
    
2. En el ámbito jurisprudencial venezolano se evidencia un preocupante desconocimiento de la competencia consultiva y contenciosa de la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia suscribiera acuerdos con ambas instancias internacionales, para incorporar las sentencias y opiniones del sistema interamericano a las decisiones judiciales. Además, un balance de la actitud concreta del Estado venezolano ante los casos presentados ante el sistema, muestra claramente que no hay un seguimiento serio ni un cumplimento efectivo de los compromisos internacionales, en los asuntos que corresponden a Venezuela. Ejemplo de esto es el incumplimiento de los acuerdos amistosos firmados ante la CIDH en varias peticiones, demostrando que el Estado venezolano utiliza el recurso de solución amistosa como mecanismo para dilatar aún más los procesos y evadir su responsabilidad internacional.
    
3. Cabe señalar que la mayoría de los acuerdos amistosos suscritos por el Estado venezolano están en vigencia desde hace varios años sin obtenerse ningún resultado visible. De la misma manera, hay que destacar que el Estado venezolano tampoco acata, con suficiente seriedad y efectividad, las medidas cautelares dictadas en materia de refugiados, libertad de expresión, defensores de derechos humanos. Así mismo, no hay signos evidentes de interés por esclarecer los casos presentados ante la CIDH en relación a las personas víctimas de desaparición forzada, en el Edo. Vargas, en diciembre de 1999. Como es del conocimiento público, los ciudadanos Francisco Rivas, Oscar Blanco Romero (caso 12.256) y Roberto Hernández (caso 12.258), continúan desaparecidos desde hace más de 3 años, a pesar de que estas peticiones fueron presentadas ante la CIDH en marzo del 2000. Igual actitud viene asumiendo el Estado venezolano ante las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo con respecto a casos de violación del derecho a la libertad sindical.
    
4. También se evidencia el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte IDH en los casos de El Amparo y el de Aguilera La Rosa y otros (Caracazo), los cuales tienen 5 y 3 años de su fecha de emisión, respectivamente. El Estado Venezolano aún no establece castigo a los responsables ni restituye los restos inhumados a los familiares de las víctimas, a pesar de haber transcurrido 13 años de estos crímenes ocurridos durante el Caracazo, en 1989.
    
5. En relación a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de familiares de víctimas de los grupos de exterminio, vemos con preocupación que, hasta la fecha, no fueron contactados de manera formal o informal por parte de las autoridades venezolanas. Queremos llamar la atención, en especial, sobre el caso del ciudadano Luis Enrique Uzcátegui, para quien Cofavic solicitó medidas cautelares ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Aún cuando la Corte IDH dictó medidas provisionales, la protección del Estado no ha sido implementada y se dejó de lado la investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables.
    
6. La ocasión es propicia para exhortar al Estado venezolano para que, en cumplimiento de sus compromisos asumidos internacionalmente, se proceda definitivamente a la despenalización de las llamadas "Leyes de desacato", cuya permanencia en la legislación penal venezolana bajo las formas de "difamación agravada" y "vilipendio" (artículos 149 y 447 del ....OJO). Éstas constituyen instrumentos de persecución y amenaza de terrorismo judicial en contra de quienes denuncian públicamente violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, mecanismos de impunidad.
    
7. El Foro por la Vida hace un llamado de reflexión a las autoridades estatales, quienes con su actuación comprometen la responsabilidad internacional de la República ignorando el principio de indivisibilidad del Estado ante el derecho internacional público. Bajo dicho principio el Estado venezolano tiene el deber de cooperar con las autoridades del Poder Público Nacional en el cumplimiento de sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, llamamos la atención de las autoridades y de la comunidad nacional e internacional sobre la necesidad de abrir los cuerpos estadales de policía a las investigaciones a que haya lugar en materia de derechos humanos.

Por la Vocería del Foro por la Vida

Suilvida Rausseo
Humana Dignitas

Alfredo Ruiz
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Carlos Correa
Coordinador General de Provea

Ccs., 05.02.03.