Coaliciones preocupadas por restricciones a la libertad de expresión,
derecho a réplica y derecho a la asociación
MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS INSISTE
EN UN DIÁLOGO CON LOS PODERES PÚBLICOS

El "Foro por la Vida" y la "Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos", dos coaliciones de derechos humanos que reúnen a 31 organizaciones, insisten en proponer a los Poderes Públicos un diálogo amplio para formular un Plan Nacional de Derechos Humanos, como parte de "un llamado a la reflexión a las autoridades sobre las situaciones más preocupantes que en el contexto actual menoscaban la vigencia de los derechos humanos". Así lo señalaron José Gregorio Guarenas, Alfredo Ruiz y Pablo Fernández, voceros de estas coaliciones.

La agenda de preocupaciones de estas coaliciones incluye a "la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 12 de junio de 2001, que restringe y regula la libertad de expresión; las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ del 30 de junio, 23 de agosto y 21 de noviembre de 2000, que restringen el derecho de asociación limitando la participación de la sociedad organizada por motivos de financiamientos, origen nacional de sus integrantes y forma de organización; la aplicación de estas últimas sentencias por parte de la Cancillería, instancia que en fecha reciente negó a Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), organización integrante del Foro por la Vida, la posibilidad de formar parte de la delegación oficial a un evento de Naciones Unidas aduciendo el dictamen del TSJ que discrimina a algunos tipos de organizaciones sociales; y la visita de un funcionario de la Disip a la Asociación Fraternidad y Orientación Activa (AFOA), organización integrante de la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos, como parte de una serie de visitas anunciadas por el funcionario de ese cuerpo de policía política a organizaciones de derechos humanos del estado Bolívar, lo que es interpretado como una amenaza a la autonomía de las organizaciones".

Sobre la reciente sentencia del TSJ del 12 de junio de 2001 el movimiento de derechos humanos señala como aspectos negativos que: "a) discrimina en la titularidad del derecho a réplica y a la rectificación a los periodistas, columnistas o a cualquier persona que tenga acceso a canales públicos para contestar o dar su versión de la noticia; b) se convalidan las disposiciones legales que permiten la aplicación de sanciones penales, en caso de difamación, injuria y vilipendio, extendiéndose a las leyes de desacato; d) establece regulaciones a la libertad de expresión, cuando afirma que "es un atentado contra la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica" y; e) considera como contrario a la libertad de información emitir conceptos negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios, sentencias, etc. sin señalar en que consiste lo criticado". Todo ello es contrario al espíritu y letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según señala un documento de análisis jurídico producido por estas organizaciones.

La suma de decisiones judiciales y administrativas reseñadas por el movimiento de derechos humanos es interpretado como parte de una política de Estado: "no estamos ante hechos aislados, se está implementando una política de Estado que debilita las garantías del trabajo de las organizaciones y personas que, dentro y fuera del movimiento nacional de derechos humanos, luchan por la defensa de estos". Por tal razón, hacen un llamado a la "comunidad nacional e internacional, y de manera particular a las autoridades responsables de los Poderes Públicos para que se reflexione sobre esta grave situación y se rectifique a la brevedad", al tiempo que exponen que seguirán "utilizando todos los recursos jurídicos disponibles en el ámbito nacional e internacional para continuar con nuestro mandato institucional, defendiendo nuestro derecho de asociarnos libremente, sin restricciones que entrañen violaciones a los compromisos internacionales ni a la Constitución Nacional vigente".

Los voceros de estas coaliciones insisten una vez más en proponer un amplio diálogo nacional entre los representantes de los Poderes Públicos y las ONGs de derechos humanos "a fin de construir conjuntamente un claro diagnóstico de la situación actual de derechos humanos en el país, que permita en un breve plazo elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos que, a su vez, haga posible dar cumplimiento a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos e implique un giro favorable en las medidas estatales que hemos cuestionados".

(Caracas, 21.06.01)