Informe Anual
1994-1995
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Informe Anual 1994-1995 |
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los últimos doce meses de gobierno del Presidente Rafael Caldera aportan nuevos elementos que permiten confirmar lo señalado en el Informe anterior en el sentido de que "a pesar de todo [el gobierno] continúa actuando en el marco de las condiciones impuestas por el Ajuste "1 La situación general de los derechos humanos ha sufrido un nivel de deterioro aún mayor que la registrada en el período anterior, que comprendía los últimos cuatro meses del gobierno interino de Ramón J. Velásquez y los ocho primeros de la actual administración. Los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente, han sufrido los efectos negativos de "una poco clara definición de política económica que permita orientar el rumbo y la toma de decisiones hacia un modelo de desarrollo deseable".2 Lo grave del caso es que estas incoherencias y desaciertos han abonado el camino para que a fines de septiembre de 1995 el gobierno nacional anunciara la decisión de negociar un programa de ayuda con los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que en opinión coincidente de la mayoría de los analistas económicos, entre ellos el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gustavo José Linares Benzo, significa que "estamos otra vez en febrero de 1989 "3. La factibilidad de la implementación de una economía competitiva y moderna bajo el compromiso de la solidaridad social, en otras palabras, la aplicación de un ajuste con rostro humano que privilegie lo social, se encuentra seriamente cuestionada por los resultados y las consecuencias en el nivel de vida de la mayoría de la población. Paralelamente, la situación de los derechos civiles y políticos presentó un marcado agravamiento, producto de la irregular actuación de las fuerzas policiales, de seguridad e incluso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales, y por las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional para combatir la delincuencia, que nuevamente privilegiaron las estrategias represivas en desmedro de las preventivas. Los derechos más afectados fueron la libertad personal, por la masividad de las detenciones arbitrarias producidas en el marco de redadas u operativos de seguridad y en menor medida por la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes; la integridad personal a causa del aumento significativo de denuncias de torturas a detenidos, de manera particular por parte de las FFAA en las zonas fronterizas; y el derecho a la vida, por la persistencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales. A pesar de las intenciones de cambio manifestadas por diferentes autoridades, las inhumanas condiciones carcelarias y la incapacidad del sistema judicial para investigar y sancionar a los culpables de violaciones a los derechos humanos se mantienen inalterables. Cabe destacar que se mantuvo en este período una relativa mejoría en la vigencia del derecho a la libertad de expresión e información, en comparación con su situación durante la administración del ex-Presidente Carlos Andrés Pérez. Durante la campaña electoral de 1993, el documento titulado "Mi Carta de Intención con el pueblo de Venezuela" dio a conocer al país los principales objetivos del actual gobierno. Allí, la estrategia económica planteaba reducir "el alza creciente del costo de la vida, la inflación y la devaluación incontenible, el descenso impresionante del salario real de los trabajadores del sector público y del sector privado, el deterioro de las condiciones de vida de las clases medias, el incremento aterrador de los índices de pobreza, miseria y malnutrición infantil "4. En el mismo documento se señalaba como responsable de esa crítica situación social al "malhadado paquete económico cuyos autores prometieron para estos días una reactivación económica que traería progreso, empleo y bienestar y que no se ha visto por ninguna parte "5. El Presidente Caldera delineó una estrategia cuyo objetivo central planteaba priorizar lo social, coincidiendo con las líneas maestras de quienes a nivel internacional subrayan la necesidad de humanizar el ajuste , como se desprende de la misma Carta de Intención cuando afirma que es necesario "un gobierno que no imponga todas las cargas y costos sociales de los déficit económicos a los que menos tienen, mientras cierra los ojos para no pechar a los que tienen más"6. Sin embargo, esta premisa fue prontamente dejada a un lado cuando se decidió auxiliar sin cortapisas a la banca privada en crisis, en vez de salvaguardar los depósitos de los ahorristas hasta el monto cubierto por ley, hecho que condicionó los planes de gobierno originales relacionados con la reducción del déficit fiscal y el índice inflacionario, afectando seriamente la posibilidad de atender las necesidades básicas y los derechos sociales de la población. Indudablemente en estos últimos doce meses ha quedado demostrado el impacto negativo de aquella decisión, pues la implementación de las denominadas estrategias heterodoxas, en poco o nada se diferenciaron de los producidos por el ortodoxo Plan de Ajuste Estructural implementado a partir de 1989, en lo que se refiere a resultados en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La distribución de los recursos de un Estado es un claro indicador de la voluntad de cumplir progresivamente con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, la realidad en Venezuela no puede ser más negativa, particularmente en lo que se refiere a recursos destinados al pago de la deuda externa. Según cifras aportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), el porcentaje del Presupuesto de Gasto Total de la Administración Pública destinado al pago del servicio de la deuda pública ha venido incrementándose desde 1989, cuando representaba el 20%, hasta ubicarse bajo el actual gobierno en 36,37% en 1994, y en 40,81% durante 1995. Según Radamés Larrazabal, quien apoya críticamente la gestión gubernamental y propone la declaración de una moratoria para salir del estado actual, "el país no está en condiciones de destinar el 40% de su presupuesto durante los años 96, 97 y 98 al servicio de la deuda, sin afrontar una explosiva realidad social y económica"7. La propia distribución del gasto social per cápita es otro claro indicador de la prioridad que otorga el Estado venezolano al mejoramiento de las condiciones sociales de la población. Según una investigación realizada para SOCSAL por el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES): "El gasto social correspondiente a 1995, en términos reales, per cápita, es inferior al que se dedicó a ese fin en 1984 y equivalente a 1989, un año crítico en la historia del país. Luego del incremento ocurrido durante los años 1990-92, cuando entraron en plena operación los programas compensatorios; el gasto social ha experimentado una fuerte caída"8. Una vez más, el actual gobierno no solo no ha frenado la disminución en la asignación de los gastos sociales, sino que incluso ha optado por reducirlos. Tal como lo señala la investigadora Carmen Rosa Gómez "resulta curioso observar que los auxilios totales otorgados por Fogade al Banco Construcción alcanzaron los 134 mil 140 millones de bolívares, monto superior al estimado para los subsidios sociales directos en el Presupuesto de 1995 (...) los subsidios sociales directos tenían una asignación por el orden de los 130 mil 345 millones de bolívares"9. Confirmando esta tendencia, la llamada Agenda Venezuela presentada por el gobierno ante el FMI dedica solo uno de sus diez puntos al aspecto netamente social. Según cifras del Ministerio de la Familia, "los programas sociales representan ahora apenas el 1% del presupuesto nacional y el objetivo en el mediano plazo es que representen el 2%, en lo cual colaborarán los programas que se adelante con las multilaterales "10. Algunos indicadores socioeconómicos revelan en toda su magnitud el deterioro de estos derechos, garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales de protección ratificados por el Estado venezolano. La evolución de los niveles de pobreza correspondientes a 1994, dados a conocer por el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la UCV, con base en la relación entre los ingresos de los hogares venezolanos y el nivel de acceso a la canasta básica normativa para seis personas (que incluye además de los alimentos fundamentales, bienes y servicios básicos), confirman que el 73% de la población se encuentra en condiciones de pobreza11. Según la misma fuente, "en situación de pobreza extrema se encuentra el 40,2% de los hogares, cuyos ingresos son inferiores al costo de la canasta alimentaria"12. Cifras más optimistas fueron ofrecidas por el Ministerio de la Familia en base a un estudio de Proyecciones de la Población en Venezuela 1990-1995, de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI): 48,89% de la población en estado de pobreza, que incluye 27,26% de pobreza relativa y 21,63% en situación de pobreza extrema. Vale destacar que, tal como afirma el investigador de la UCV, Carlos Padrón: "No se pueden tomar estas cifras como efectivamente exactas (...) Pero en estos estudios, más que la magnitud, lo importante es la tendencia, que es negativa, y significa en cualquier caso la agudización de los problemas"13. Es evidente el fracaso de la política de control de precios, que no pasó de una mera formalidad, como lo demuestran los porcentajes inflacionarios. Entre septiembre de 1994 y septiembre de 1995, el índice fue de 51,80%, mientras para octubre de 1995 la inflación acumulada era del 33,70%. En síntesis, las políticas económicas heterodoxas mantienen casi los mismos niveles de inflación de las políticas de ajuste ortodoxas, incluso mayores, si se mantiene la proyección de un 50% para 1995. Según cálculos propios, tomando como base la inflación registrada en los años 89-90 y 94-95, la inflación promedio anual es del 59% para los primeros y del 60,4% para los segundos. Otros indicadores importantes para evaluar el impacto de las políticas económicas estatales son el ingreso de los trabajadores, su capacidad adquisitiva y los niveles de empleo. El salario real durante la presente gestión gubernamental presenta un cuadro de deterioro alarmante. Según cálculos de la Unidad de Análisis de Reporte Diario de la Economía, "desde el último mes de 1993 hasta julio de 1995, el salario real del venezolano ha caído en 53,41%"14 y si se toma en cuenta "la valoración de un salario nominal a precio constante (año base: diciembre de 1994) de quince mil bolívares, encontramos que hoy [septiembre de 1995] tiene un poder de compra de 11 mil 210 bolívares"15. Por otra parte, dado que la política de bonificación del salario impuesta por el gobierno no contempla su aumento, ni incide en el cálculo de las prestaciones sociales, el salario mínimo se mantiene en 15 mil bolívares a nivel urbano y 12.500 a nivel rural. Esto implica, en opinión del sindicalista Emilio Platt, representante ante la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que para enero de 1995, "al cambio actual son apenas 2,94 dólares diarios. Si al sueldo se le imputan los bonos de transporte y alimentación, apenas se sobrepasan los tres dólares y esto es lo que gana un obrero en Estados Unidos por una hora de trabajo"16. Durante la presente gestión el nivel de desempleo se elevó a niveles superiores a los registrados desde el inicio de las políticas de ajuste en 1989. Según la OCEI para el primer trimestre de 1995 la tasa de desempleo se ubicó en 11,5%, cifra superior a la registrada en los dos primeros años del ajuste. Fuentes empresariales, entre ellas Fedecamaras, consideran que esta cifra es mayor: "el desempleo actualmente implica al 17% de la masa laboral venezolana. Es decir, que tenemos a un millón 119 mil personas sin trabajo, cifra verdaderamente alarmante que nos obliga a realizar acciones urgentes para reducirlo"17. Esta situación resulta doblemente preocupante en países como Venezuela, donde la seguridad social no cubre a la totalidad de la población. Tal como lo señalan expertos internacionales, "el desempleo persistente está generando una nueva clase de ´parias´, ya que excluye a un grupo numeroso de la corriente del desarrollo y de la sociedad "18. El incremento de denuncias ante la OIT como producto de una creciente conflictividad laboral que no es adecuadamente atendida por las autoridades, es un índice claro del grado de deterioro de los derechos laborales. Paralelamente, las investigaciones sobre otros derechos sociales como salud, vivienda, seguridad social o ambiente, contenidas en el presente Informe, señalan que, más allá de la retórica, este gobierno no ha logrado cumplir con el objetivo electoral de privilegiar lo social en su política económica. En el curso de los próximos meses se comprobará, por las negociaciones que entable con el FMI y demás organismos internacionales de crédito, si el gobierno del Dr. Rafael Caldera retoma la aspiración de quienes lo apoyaron en la pasada campaña electoral, como lo plantea el profesor Trino Márquez: "podemos suponer que se está pensando seriamente en instrumentar un ajuste con rostro humano, como hace casi una década lo planteó la Cepal. Esto es un plan para equilibrar los desequilibrios macroeconómicos sin que ello implique abandonar a su suerte a las clases pobres o más débiles de la sociedad"19. Una política social destinada a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población que vive en situación de pobreza en Venezuela no puede concebirse como una suerte de "postre social", 20 pues éste siempre se entenderá como un objetivo marginal frente al ajuste estructural, que sigue siendo el eje principal de la política económica. Mientras el desarrollo se siga priorizando en función de sus componentes económicos y no en función de la calidad de vida de la población, mientras se siga actuando en función de restablecer equilibrios macroeconómicos y no para restaurar el equilibrio de los indicadores sociales, Venezuela continuará presentando un cuadro de violación de derechos humanos como el que se describe a lo largo de este Informe. Derechos civiles y políticos, creciente autoritarismo y mayor represión
Un año atrás, Provea caracterizó la situación de los derechos civiles y políticos como de "avances y retrocesos, que no implican ningún cambio sustancial (...) más allá de las intenciones y algunas rectificaciones"21. En esta oportunidad, con mayores elementos de juicio aportados por el seguimiento de las políticas implementadas por los ministerios de Interior y Justicia, las gobernaciones, y las actuaciones de los cuerpos policiales y de seguridad, puede afirmarse que durante el lapso transcurrido entre octubre de 1994 y septiembre de 1995 se han agravado e incrementado las violaciones a los derechos humanos en el país. Durante este período se pudo comprobar la ineficiencia e incluso la manifiesta ausencia de voluntad política para atacar causas estructuralmente generadoras de violaciones a los derechos humanos. Más allá de los discursos e intenciones iniciales de diversas autoridades gubernamentales, la realidad detallada en los diferentes capítulos demuestra que lo que se anunciara como una posible tendencia en el Informe anterior, se ha convertido en una grave realidad: las políticas de corte autoritario se evidenciaron en la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes, en el privilegio de la represión sobre la prevención para abordar el problema de la delincuencia, en la militarización de conflictos sindicales y en la creciente criminalización de la protesta. Un promedio mensual de diez personas muertas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, arroja como resultado el seguimiento al derecho a la vida durante el período, en el que se registraron 126 muertes atribuibles a distintos cuerpos policiales, de seguridad o militares. Nuevamente, el mayor número de casos correspondió a la aplicación de facto de la pena de muerte, ya que 46 de ellos fueron ejecuciones extrajudiciales. Las muertes producidas dentro de recintos policiales o militares se elevaron a 28, 17 más que las once registradas anteriormente; también se elevaron de manera significativa las muertes a consecuencia de torturas y malos tratos (10), exactamente el doble de las registradas durante el período anterior. Cuatro personas murieron como consecuencia del uso de armas de fuego en manifestaciones, lo que eleva a ocho las personas muertas en esas circunstancias durante el gobierno del Presidente Rafael Caldera. La violencia carcelaria produce anualmente una suma importante de muertos y heridos, cuya responsabilidad final recae en los funcionarios del sistema penitenciario a quienes corresponde garantizar la vida y la integridad física de la población reclusa. Durante los primeros diez meses de 1995, se produjo un promedio mensual de 27 muertos y 92 heridos en recintos carcelarios. En cuanto a la prioridad oficial de reducir los índices de hacinamiento, las cifras muestran más bien una tendencia al aumento. Como consecuencia de las políticas de seguridad implementadas por el Plan Nacional contra la Delincuencia, el derecho a la libertad fue uno de los más afectados durante este período, registrándose 13.941 detenciones arbitrarias, la mayoría de las cuales tuvieron lugar en el desarrollo de operativos de seguridad (94% del total). Las denuncias de aplicación de torturas a detenidos conocidas por Provea se elevaron a 99, cifra que supone un aumento del 151% respecto del período anterior. Casi la mitad de los casos se registraron en zonas fronterizas, en las que actúan las FFAA a través de los Teatros de Operaciones (TO) integrados por fuerzas conjuntas del Ejército, Marina, GN, CTPJ y Disip. Las denuncias de aplicación de malos tratos o penas crueles y degradantes a detenidos se ubicaron por encima de la media quinquenal (1.150), llegando a 1.464 casos, lo que confirma que este patrón de conducta de las fuerzas policiales y de seguridad se presenta de manera sistemática y generalizada. A pesar de que el clima político no presenta las características de conflictividad social de años anteriores, las violaciones al derecho a la seguridad personal se incrementaron de manera sustancial. Provea registró 296 casos de hostigamientos o amenazas, la mayoría de los cuales afectaron a dirigentes políticos y sociales disidentes u opositores que durante la suspensión de las garantías constitucionales fueron sometidos detenciones, presiones o investigaciones bajo la excusa de desmantelar supuestos planes subversivos. Numéricamente, las violaciones al derecho a manifestar disminuyeron: una de cada diez marchas fue reprimida o impedida, con un saldo de cuatro muertos, 82 heridos por armas de fuego y 521 detenidos. Sin embargo, es necesario considerar que en este período el número de manifestaciones y protestas pacíficas realizadas por los distintos sectores de la población disminuyó en un 50% respecto al año anterior, por lo que no puede afirmarse que los datos remitan a un mayor respeto de este derecho por parte de las autoridades. Muy por el contrario, se registraron incluso restricciones jurídicas que no se habían presentado al comienzo de la gestión del actual gobierno. Las denuncias sobre malos tratos o impedimentos a la labor de periodistas y comunicadores sociales fueron escasas, confirmando la tendencia que se observaba ya durante el período anterior, respecto a la libertad de expresión e información. No obstante, el desarrollo por parte del Estado de una sutil política que propicia la autocensura, aceptada incluso por algunos medios de comunicación social, es una señal negativa sobre la que es conveniente alertar. Para finalizar, vale destacar que no ha habido novedades positivas en relación a los procesos judiciales que actualmente cursan sobre violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, familiares y organizaciones de derechos humanos han apelado a instancias internacionales y regionales de protección para alcanzar justicia, como lo demuestran los esfuerzos realizados en torno a la Masacre de El Amparo y las muertes ocurridas durante los sucesos de febrero-marzo de 1989. La frustración social a causa de la inoperancia de los mecanismos de justicia incluso ha degenerado en conductas delictivas por parte de sectores desesperados de la población que han tomado la justicia por sus propias manos en varios casos, dejando el saldo de once linchamientos populares a presuntos delincuentes.
- Tope - 2.- SERVICIO DE APOYO LOCAL-SOCSAL: Venezuela: Realidad Nacional 1995 , Caracas, 1995, pág. 7. 3.- Economía Hoy, 12.10.95. 4.- CALDERA, Rafael: Mi Carta de Intención con el pueblo de Venezuela , Caracas, Noviembre 1993, págs. 43-44. 5.- Op. cit. 6.- Op. cit. 7.- El Universal, 04.09.95. 8.- Op. cit. pág. 11. 9.- Reporte, 17.11.95. 10.- El Nacional, 30.10.95. 11.- El Globo, 18.05.95. 12.- Idem. 13.- El Globo, 18.08.95. 14.- Reporte, 03.08.95. 15.- Idem. 16.- El Universal, 25.01.95. 17.- El Nacional, 26.07.95. 18.- ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Informe sobre la salud en el mundo 1995. Reducir las desigualdades, Ginebra 1995, pág. 7. 19.- Economía Hoy, 23.10.95. 20.- La idea de "postre social" corresponde a Danilo Türk, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 21.- Op.cit. pág. 20. |
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