Informe Anual
1995-1996
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Informe Anual 1995-1996 |
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BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Para Provea la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante el período analizado por el presente Informe, arroja un balance que da cuenta de un grave y mayor deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de la mayoría pobre del país, y de la persistencia de violaciones endémicas a los derechos civiles y políticos, de manera particular en el caso del derecho a la vida y de los derechos de las personas detenidas y encarceladas. Consecuencias sociales del Ajuste
En el Informe anterior, Provea señalaba que en septiembre de 1995 el Ejecutivo Nacional anunció la decisión de negociar un programa de ayuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI); en abril de 1996 se concretó dicho acuerdo que se presentó oficialmente con el nombre de "Agenda Venezuela", y que en escasos seis meses alcanzó -a excepción de la disminución de la inflación- parte de las metas macroeconómicas propuestas, tales como crecimiento de las reservas internacionales, mantenimiento de la paridad del bolívar frente al dólar y recuperación de la confianza de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, esto se logró a costa de los derechos y drástica caída de los niveles de vida de la gente. La "Agenda Venezuela", a pesar de ser presentada por altos funcionarios oficiales como un "plan económico con rostro humano"1 en opinión de Provea sigue priorizando el desarrollo en función de restablecer equilibrios macroeconómicos y no para restaurar el equilibrio de los indicadores sociales, que tienen que ver con la calidad de vida de la población. En este marco, los principales indicadores sobre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, demuestran un claro y grave deterioro, como se puede apreciar a continuación. Los derechos laborales se han visto gravemente afectados en el período analizado en el presente Informe. Por ejemplo, el índice de desempleo se ha elevado a los niveles más altos desde 1989, para ubicarse según la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) en un 11,1% en el primer semestre de 1996, y en un 18% según la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecamaras). El porcentaje de la población que trabaja en el sector informal de la economía se elevó en el mismo período al 49,4% de la fuerza laboral. Cabe mencionar que el desempleo femenino es mayor que el masculino, 12,8% contra 10,2% para el primer trimestre de 1996. Por otro lado, persiste la tendencia a la bonificación del salario, con un grado tal de tergiversación que hoy un trabajador obtiene mayores ingresos por concepto de bonos que por salario (a cada bolívar de salario le corresponden 2,5 bolívares de bonos). El salario mínimo urbano que se mantiene congelado desde 1994, está en el orden de 15.000 bolívares (U$S 32 al cambio de Bs. 470 por dólar) y el ingreso mínimo en 52.000 bolívares (U$S 111). El salario real entre diciembre de 1995 y agosto de 1996 se ha deteriorado en un 43,62%, lo que significa que hoy con el ingreso mínimo, no se cubre ni la mitad de la cesta básica alimentaria de la OCEI, que se ubica en 121.000 bolívares. Por otra parte, el gobierno insiste en eliminar el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales, lo que implicaría una disminución de la cuantía a percibir por concepto de indemnización por cesantía y antigüedad, al tiempo que abarataría el costo de los despidos. Provea no deja de reconocer que en este período, en líneas generales, se respetó el derecho a la libertad sindical, a pesar de algunas importantes excepciones, como lo fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de confirmar la validez del Decreto 572, que fuera objetado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quien recomendó su derogación, y la ilegalización por parte del Ministerio del Trabajo del Sindicato Asociación de Bomberos Profesionales Conexos y Afines del Distrito Federal y Estado Miranda (Sinprobom). Asimismo, el ejercicio del derecho a huelga se ha visto restringido por la política del despacho del ramo de poner trabas para la admisión de pliegos conflictivos. Según fuentes oficiales, en 1995, se introdujeron ante las Inspectorías del Trabajo en todo el país 106 pliegos conflictivos, y ninguna huelga fue declarada legal. En materia de accidentes de trabajo, estadísticas privadas estiman que en Venezuela ocurren por lo menos 100 mil accidentes de trabajo anualmente, con un saldo de más de mil quinientos muertos y 10 mil incapacitados. La situación socioeconómica del país ha contribuido al deterioro del derecho a la salud, convirtiéndose la pobreza en el principal obstáculo para alcanzar niveles adecuados de salud en la población. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "el combate a la pobreza" es "la primera medida de salud" y, en Venezuela por el contrario, para 1996 la pobreza continuó aumentando de acuerdo a cifras de distintos organismos, hasta ubicarse por encima del 80% de la población. Como consecuencia de ello, la desnutrición afecta al 20% de los menores de 15 años, mientras que la mortalidad infantil, en niños menores de 1 año, es del 30 por 1000 en los sectores más pobres de la población, frente al 10 por 1000 en los sectores que se encuentran fuera de la condición de pobreza. La crítica situación de la red hospitalaria se reflejó en el cierre total o parcial de 55 hospitales en todo el territorio nacional, por períodos que oscilaron entre una semana y un mes, lo que no solo privó de atención a cientos de miles de pacientes sino que además, según denuncias registradas por Provea, ocasionó que un total de 37 pacientes perdieran la vida por la falta de atención, de insumos o por atención en condiciones inadecuadas. El progresivo deterioro de los servicios asistenciales y de indicadores de salud está directamente relacionado con el progresivo descenso del gasto público en el sector, que pasó de 50 dólares per cápita para 1995 a 33 para 1996. El repunte de enfermedades transmisibles como el dengue (32.280 casos en 1995 contra 10.659 en 1994), tuberculosis (5.303 casos en 1995 cuando estaba prácticamente erradicada a finales de la década de los 80), malaria (18.000 casos en 1995 contra 14.298 en 1994), y los brotes de encefalitis equina (11.382 casos en 1995 con un saldo de 15 muertos) y de cólera (27 casos y un deceso en 1996), muestran cómo el abandono de las políticas preventivas en salud afecta el derecho a la salud de la población. En cuanto a avances, cabe destacar el fin del repunte de sarampión, y el mantenimiento de la certificación de interrupción de circulación de la poliomielitis. Por otro lado, la discriminación socio-económica se ha convertido en una práctica sistemática, a través del cobro de los servicios en la mayoría de los hospitales públicos, así como en parte de la red ambulatoria, bajo propuestas de colaboración con la recuperación de costos o de promoción de la "autogestión" hospitalaria. Las políticas emprendidas por el Estado relacionadas con el derecho a la vivienda continúan sin contribuir a superar el déficit habitacional existente en el país. Según fuentes oficiales, a un ritmo de construcción de 140 mil viviendas por año, en quince años tal déficit podría cubrirse. Sin embargo, de las metas de construcción anual del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), pautadas en 95 mil unidades para 1995 y 115 mil para 1996, apenas se han logrado el 23%, con lo que dicho déficit continúa acumulándose. Las edificaciones construidas ni siquiera logran cubrir el derivado del crecimiento vegetativo de la población, producto de la conformación anual de 80 mil nuevas parejas en el país. La ocupación de terrenos y construcción de edificaciones precarias en sitios inadecuados es una de las más notorias consecuencias de la actual dificultad para acceder a una vivienda. En relación con esto, los desalojos continúan siendo motivo de preocupación, tanto por su frecuencia como por la manera en que se llevan a cabo. En el presente período, Provea tuvo conocimiento de que por lo menos unas 6.500 familias fueron afectadas por esta práctica, que frecuentemente viene acompañada por medidas de fuerza y agresiones físicas contra los afectados y sus bienes, por parte de la Guardia Nacional (GN) o fuerzas policiales. Mientras cerca de dos tercios de la población no cuentan con una vivienda apropiada o carecen de ella, más de 300 mil viviendas permanecen cerradas sin venderse ni alquilarse. Los cánones de arrendamiento han experimentado alzas de hasta un 800%; el monto de los arriendos oscila actualmente entre los 450 y los 3.400 bolívares el metro cuadrado, por lo que el alquiler de una vivienda de 60 m2 cuesta entre 2 y 14 salarios mínimos mensuales. Para mediados de 1996 se estimaba que un 50% de la población no puede comprar ni alquilar una vivienda. Asimismo, el 50% de la población que requiere vivienda no está amparado por la Ley de Política Habitacional (LPH) por carecer de ingresos fijos o porque sus ingresos están muy por debajo del mínimo necesario para optar a una vivienda financiada. En relación al derecho a la educación, Provea ha constatado la falta de cumplimiento de principios esenciales de este derecho. Se observó que la matrícula total de educación decreció exclusivamente a nivel de la educación superior, en 12 mil 637 alumnos entre el año escolar 1993-94 y el 1994-95. Los otros subsectores del sistema formal (preescolar, educación básica y media diversificada y profesional) experimentaron leves aumentos, aunque si se toma en cuenta el crecimiento vegetativo de la población que es del 2,5% anual, entre 200 mil o 250 mil hogares tienen hijos fuera del sistema escolar. Datos oficiales del Ministerio de Educación confirman que de 645 mil 174 niños que ingresaron en el año escolar 1986-87, 397 mil 310 niños desertaron de la escuela básica antes de la fecha de su graduación en 1994-95, lo que significa que 6 de cada 10 niños quedaron fuera del sistema escolar. Por su parte, estudios del Ministerio de la Familia aseguran que más de 2 millones de jóvenes han abandonado el sistema formal de educación. Por otra parte, la asignación de recursos en el presupuesto nacional ha vuelto a disminuir. Venezuela invierte en educación menos de la mitad de lo que invierten los países desarrollados; por ejemplo Japón invierte el 8% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que Venezuela invirtió el 3,61% en 1993-94 y en 1996-97 se invertirá solo el 2,6%. El principio constitucional de gratuidad de la enseñanza se vio afectado por una medida del Ministerio de Educación que fijó tarifas topes para la inscripción en las escuelas públicas. Respecto al derecho a la seguridad social las políticas oficiales no han contribuido a solventar la crisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y no existe certeza de la voluntad política gubernamental para cumplir con la obligación constitucional de desarrollar un sistema de seguridad social que cubra a la totalidad de la población. Según fuentes vinculadas al Comité de Pensionados y Jubilados, más del 50% de la población mayor de 60 años (1.265.000 personas) no se encuentra protegida ni por el IVSS ni por ningún otro sistema público o privado, y más de 100 mil personas que ya cumplieron con los requisitos exigidos para ser acreedores de una pensión tienen hasta cuatro años esperando para cobrar. Adicionalmente, el monto de la pensión está en el orden de los 14 mil 400 bolívares (U$S 31), lo cual representa apenas un poco más del 10% del valor de la cesta básica alimentaria. Por otra parte, para junio de 1996 la deuda del Seguro Social con los trabajadores por concepto de Paro Forzoso, ascendía a 4 mil 344 millones de bolívares, y afectaba a 186.467 personas que tienen un promedio de dos años esperando un pago, que según la ley debe cobrarse al mes siguiente de producirse el despido. En relación al derecho a la tierra vale destacar que la seguridad alimentaria del país se encuentra seriamente amenazada ya que la balanza comercial agrícola presenta un balance negativo, que se expresa en que Venezuela importa tres veces más de lo que produce. En 1995 se comenzó a desarrollar el Catastro Rural, lo que cabe destacar como un avance para solventar problemas relacionados con la regularización de la propiedad de la tierra, en especial las afectadas por la Reforma Agraria. En materia de dotación de tierras, el balance del Instituto Agrario Nacional (IAN) para el año 1995 asegura que fue un 470% superior a 1994. Se entregaron 2.930 títulos que beneficiaron a 3.490 familias, siendo afectadas 201.108, 12 has. Sin embargo, a pesar de la acción del IAN, la conflictividad social por la tenencia de la tierra sigue estando a la orden del día, como lo demuestran algunos de los casos que se detallan en el capítulo respectivo. Sobre el derecho a un ambiente sano hay que alertar sobre los efectos de los proyectos económicos emprendidos por el Estado en el marco del proceso de apertura petrolera y minera a la inversión privada, cuyas consecuencias nefastas para el ambiente pueden preverse o ya se están apreciando en algunas áreas. La incidencia negativa de estos proyectos sobre el ambiente se deriva de la fragilidad de los ecosistemas en los que se están implementando, la ausencia recurrente de estudios de impacto ambiental previos y la demostrada incapacidad del Estado para obligar a las empresas a tomar las medidas de mitigación necesarias y cumplir con las normas de protección existentes. A modo de ejemplo del deterioro sostenido del ambiente, observamos que Venezuela para 1980, tenía un 52% de su superficie cubierta por bosques, pero en la actualidad, según un informe de Naciones Unidas, la tasa de deforestación es de 600 mil hectáreas de bosque al año, o sea 70 has. por hora; esto ha hecho que se hayan perdido el 60% de los bosques originarios del norte del río Orinoco, que las reservas forestales de San Camello y Ticoporo hayan perdido el 66% y el 67% respectivamente, y que la reserva de Turén fuera totalmente desforestada. Además, la sedimentación y merma del caudal de numerosos ríos es otro grave problema que afecta al ambiente, donde destaca el descenso del río Caroní que llegó a los 18 metros por debajo de su nivel normal; la contaminación del medio marino cubre al 56% de las playas en los estados Anzoátegui y Sucre y al 97% de las playas del estado Zulia. En el Parque Nacional Morrocoy la contaminación provocó la muerte del 90% de los corales. Con referencia a la situación de los derechos de los pueblos indios, en este Informe se confirma que este sector de la población es uno de los más desatendidos y desprotegidos por el Estado venezolano. Actualmente el 73% de las comunidades indígenas del país no posee ningún título o documento legal sobre los territorios que habitan; y del 24% de las comunidades que ha recibido algún documento del IAN, el 6,29% posee títulos de uso, goce y usufructo, el 12,31% tiene documentos colectivos provisionales y apenas el 4,2% posee títulos colectivos de carácter definitivo. Tal situación de inseguridad los hace fácilmente víctimas de desalojos, invasiones y expropiaciones tanto por parte del Estado como de particulares. Destaca por su gravedad la situación de desatención en materia de salud que afecta a la etnia Yanomami: en los últimos siete años ha fallecido el 21% de su población total, producto de altos índices de desnutrición, casos de anemia severa, lesiones cutáneas, nuevas enfermedades como sarampión, gripe, malaria y tuberculosis y viejas como la hepatitis crónica. La desatención y falta de prevención gubernamental se vincula a la muerte de 60 miembros de la etnia Wayuú que se vieron afectados por un brote de encefalitis equina en el estado Zulia a finales de 1995. Persisten las violaciones endémicas al derecho a la vida y la crisis penitenciaria
Durante el período analizado, persiste la tendencia registrada desde el inicio de la gestión del gobierno del Presidente Rafael Caldera, caracterizada por avances y retrocesos que no implican cambios substanciales en la vigencia de los derechos civiles y políticos. Destaca en esta oportunidad, un mayor irrespeto al derecho a la vida por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: un promedio de 12 personas muertas por mes para un total de 146 muertes atribuibles a distintos cuerpos policiales, de seguridad o militares se registraron entre octubre de 1995 y septiembre de 1996. Por quinto año consecutivo el mayor número de casos correspondió a la aplicación de facto de la pena de muerte, ya que 93 de ellos ocurrieron bajo el patrón de ejecución extrajudicial, lo que implica un 63% del total. Adicionalmente, preocupa que de las 146 violaciones al derecho a la vida, nada menos que 60 implican a efectivos que actuaron no motivados por el cumplimiento del deber o por el ejercicio de sus funciones, sino que abusaron de su poder con la abierta intención de violar la ley. En este período nuevamente se registró, entre las víctimas de violaciones al derecho a la vida, a funcionarios de diferentes cuerpos policiales y de seguridad: un total de 12, lo que representa casi el 10% del total. Los derechos de las personas detenidas y encarceladas se vieron afectados por la violencia carcelaria que produjo en este período un total de 220 muertos, 94 de ellas a consecuencia de heridas de armas de fuego; y se registraron 1.333 heridos. Las condiciones carcelarias fueron la causa de 14 huelgas de hambre en diferentes penales del país; se sigue manteniendo una importante desproporción entre procesados y penados: 73,41% de los reclusos no habían recibido sentencia para septiembre de 1996. Por otra parte, el índice de hacinamiento carcelario su ubicó para agosto de 1996 en un 56,21%. El derecho a la libertad personal sigue afectado fundamentalmente por la realización de detenciones realizadas en el marco de operativos de seguridad; en este período, del total de 10.517 detenciones arbitrarias registradas 8.888 lo fueron por esa causa. Destacan por su gravedad, las detenciones realizadas por la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes, que sumaron 552 en el período. Las denuncias sobre violaciones al derecho a la integridad personal dan cuenta de que los casos de torturas sumaron 63, lo que supone una disminución del 34% con respecto al período anterior, correspondiendo al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CPTJ) casi el 50% de las denuncias registradas (31), lo que resulta particularmente grave ya que es el órgano auxiliar de la administración de justicia encargado de realizar las investigaciones. Las violaciones al derecho a la seguridad personal presentan el siguiente cuadro en el período que nos ocupa: 103 casos de amenazas u hostigamientos, lo que significa una disminución del orden del 65% en comparación con el anterior período. Sin embargo, preocupa que se consolide una tendencia que criminaliza la actuación de grupos disidentes como La Causa R, el MBR-200 y Bandera Roja. Preocupa también la existencia de amenazas a defensores de los derechos humanos y las campañas de desprestigio contra las organizaciones o etnias indígenas. En un marco caracterizado por la poca conflictividad social, el derecho a manifestar se vio afectado por la actuación represiva de los cuerpos policiales: 1 de cada 5 marchas pacíficas fueron reprimidas o impedidas, con un saldo de 756 personas detenidas y 66 heridos por armas de fuego. Vale destacar que por primera vez desde 1989 no se han producido muertes en manifestaciones. Respecto al derecho a la libertad de expresión e información, la situación se mantiene idéntica al período anterior, habiéndose reportado escasos casos de agresiones a periodistas en el cumplimiento del ejercicio profesional, correspondiendo al personal de la Casa Militar la mayoría de las denuncias registradas. La política oficial se caracteriza por reivindicar la libertad de prensa, pero con continuas sugerencias a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación para que se responsabilicen del tratamiento de la información y privilegien la cobertura de buenas noticias. ________________________________________________________________________________________________ 1. AGUIAR, Asdrúbal en declaraciones a El Universal, 01.04.96, pág. 2-4. |
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