PROVEA - Informe Anual

	Informe Anual 1996-1997

CONTEXTO

Es una preocupación de las organizaciones participantes en el “Foro por la Vida” elaborar y presentar públicamente una “Agenda por la Vida” en el marco del actual “Año de los Derechos Humanos”, decretado por el gobierno Nacional, pues pensamos que es una oportunidad única para que el Estado venezolano, a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, demuestren, más allá de las palabras, su compromiso y voluntad política en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos...

Foro por la Vida

Al finalizar el año 1996, la Presidencia de la República decretó a 1997 como “Año de los Derechos Humanos”; primera iniciativa gubernamental tendiente a revertir la imagen negativa que existe a nivel nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El período cubierto por el presente Informe nos revela una situación política y social marcada por hitos contradictorios que tienen que ver estrechamente con la situación de los derechos humanos existente en el país, a saber: a) el inicio de una política de apertura de las estructuras estatales hacia el movimiento organizado de derechos humanos y hacia la sociedad civil en general; b) el progresivo consenso de amplios sectores sociales para impulsar la reforma judicial y la vigencia de los derechos humanos; y c) la consolidación del Plan de Ajuste Estructural de la economía asumido por la denominada “Agenda Venezuela” y sus consecuencias negativas sobre la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Este último punto se vio expresado en la implementación de una política de violación al principio de no regresividad en la protección normativa de estos derechos, cuya máxima y más clara manifestación fue la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo.

Calificamos estos hitos como contradictorios, puesto que los dos primeros –que bien pudieran significar un acercamiento entre posturas anteriormente antagónicas frente a la problemática de derechos humanos– se presentan cuando tanto el Ejecutivo Nacional como el Congreso, impulsan y aprueban una reforma laboral que significa un retroceso histórico de las normas que protegen jurídicamente los derechos laborales. Si a esto le sumamos el mantenimiento del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población., y la gravísima situación de no acceso de la población al derecho a la salud, ante la cual el Estado no puede ocultar su responsabilidad por no asignar los recursos financieros necesarios acordes con los estándares aceptados internacionalmente, se pueden apreciar mejor las contradicciones presentes en el panorama nacional durante el “Año de los Derechos Humanos”.

En este apartado sólo nos referiremos al análisis de los dos primeros hitos, por la importancia política que supone un posible cambio en la manera de entender y desarrollar las relaciones entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil –en particular las organizaciones de defensa de los derechos humanos–, mientras que el análisis relativo a las políticas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el lector lo encontrará en detalle en los capítulos correspondientes.

Cabe comenzar destacando que durante el último trimestre del año 96, e incluso durante el mes de enero de 1997, la conducta del Ejecutivo Nacional continuó caracterizándose por la pretensión de neutralizar, descalificar y cuestionar el accionar y la credibilidad de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, no sólo nacionales sino también internacionales, tal cual se afirmó en el anterior Informe. Un ejemplo meridiano de esta conducta, fueron las declaraciones realizadas a comienzos del año, a un periódico de circulación nacional por el Ministro de la Secretaría de la Presidencia y paradójicamente Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar, mediante las cuales criticó a Amnistía Internacional por haber “criminalizado a toda nuestra sociedad” y a las metodologías de investigación de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de derechos humanos de Venezuela “porque es probable que su metodología de trabajo esté equivocada” . Esa actitud defensiva ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos estuvo presente también en la respuesta dada por el Ejecutivo Nacional ante la publicación del Informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque cabe destacar que a diferencia de años anteriores el gobierno venezolano anunció “que tomará en cuenta todos los informes y aportes de buena voluntad que hayan sido preparados o que preparen organizaciones internacionales o nacionales, incluido el Informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América” .

Sin embargo, en la respuesta gubernamental se descalifica y se pone en entredicho el trabajo de investigación o de denuncia judicial de varias ONGs de derechos humanos citadas en el referido Informe. El Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea dieron respuesta privada al documento gubernamental, afirmando que confiaban en que el Ejecutivo Nacional tomara sus consideraciones “como un aporte al necesario diálogo transparente que debe existir con las autoridades”.

En medio de estas circunstancias se inició el “Año de los Derechos Humanos” decretado por el Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera, a quien varias ONGs de derechos humanos le reiteraron por tercer año consecutivo la solicitud de una entrevista para discutir una agenda de derechos humanos. Cabe destacar que si bien esta entrevista nunca fue concedida por el Presidente Caldera, sí se inició una política de apertura y diálogo por parte del Ministerio de Relaciones Interiores. Su titular, José Guillermo Andueza, promovió –a instancias de la Sección Venezolana de Amnistía Internacional– un acercamiento entre el gobierno nacional y las organizaciones que demandaban desde 1994 la referida entrevista y otras del interior del país que se sumaron a la iniciativa de realizar un encuentro de trabajo entre el gobierno nacional y las ONGs de derechos humanos.

Este acercamiento entre el Ejecutivo Nacional y el movimiento de derechos humanos de Venezuela comienza en diciembre de 1996 y se profundiza en enero de 1997, cuando se acuerda la formación de un Equipo Preparatorio del “Primer Encuentro entre las ONGs y el Alto Gobierno”. El desarrollo del proceso organizativo demoró más de lo previsto inicialmente, ya que la primera fecha contemplaba la realización del Encuentro en la primera quincena del mes de marzo, pero las dificultades presentadas por la diversidad de sectores gubernamentales que debieron convencerse e involucrarse en la necesidad de mantener un diálogo con interlocutores que no eran sus habituales, hicieron que recién el 4 de julio se realizara el evento. Durante este proceso, treinta y ocho ONGs elaboraron en primer término 400 recomendaciones en forma de resoluciones, que posteriormente, en una reunión preparatoria, fueron priorizadas hasta conformar una lista de 200 que se recogieron en el documento “Recomendaciones de las ONGs al Estado Venezolano para un Programa Nacional de Derechos Humanos”.

Las palabras pronunciadas por el Presidente Rafael Caldera al inaugurar el Encuentro con las ONGs enmarcan la nueva política del gobierno venezolano en esta materia: “la colaboración de las Organizaciones No Gubernamentales no solamente no es rechazada sino que es deseada, con la idea de que esas organizaciones no pueden ser simplemente unos mecanismos de denuncia, sino que tienen que ser una expresión del anhelo de la comunidad, de la sociedad civil, de que a esto tan fundamental como son los derechos humanos, sea una realidad integralmente respetada y constantemente cultivada en nuestras sociedades” .

Los resultados de este Encuentro fueron evaluados por el Foro por la Vida “como un paso muy importante y positivo, pues el Ejecutivo reconoció parcialmente la problemática de derechos humanos existente en el país y a las ONGs como interlocutores válidos, aunque el evento tuvo escasos y tímidos resultados” . Evidentemente, la ausencia en la delegación gubernamental de varios Ministros o de personal con capacidad de decisión, así como la aceptación de una minoría de las recomendaciones hechas por las ONGs, son elementos que dan cuenta de las dificultades y limitaciones que confrontó el Ejecutivo Nacional para empezar a hacer realidad la política de apertura inaugurada en 1997. Con posterioridad al Encuentro, las ONGs constataron las contradicciones internas y las limitaciones de esta iniciativa, ya que todavía iniciado el mes de octubre no se había podido instalar la Comisión de Verificación y Seguimiento, que debería coordinar los mecanismos para la implementación de las resoluciones aceptadas por el gobierno y su evaluación, así como la continuación del diálogo para concretar el Programa Nacional de Derechos Humanos ofrecido por el gobierno a comienzos de año.

Para Provea todavía es prematuro aventurar un juicio sobre las intenciones, viabilidad y resultados de esta política gubernamental de apertura hacia las ONGs; pero sí estamos seguros de que el sólo reconocimiento por parte del Ejecutivo de que en la democracia existen graves violaciones a los derechos humanos y que las ONGs son interlocutoras válidas y naturales en el diálogo sobre ese problema, es un éxito derivado de la estrategia del movimiento de derechos humanos para neutralizar las políticas defensivas del Estado en esta materia, desarrolladas durante la última década.

En este sentido, cabe agregar que esta apertura no se visualiza en otras instancias estatales, donde todavía se mantiene una visión negativa de la labor de la ONGs de derechos humanos. En claro desconocimiento del Informe presentado por Human Rights Watch/Américas, titulado “Castigo antes del juicio, condiciones de las prisiones en Venezuela”, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez afirmó a la prensa que “Pareciera que hay más intereses a veces de las organizaciones no gubernamentales de cuantificar y poner en evidencia violaciones de derechos humanos, que en proponer las alternativas de solución. Sería mucho más positiva (sic) a los países que estas organizaciones no gubernamentales destinaran un esfuerzo luego de su diagnóstico a hacer proposiciones concretas” . Paradójicamente, posición similar sostuvo el Fiscal General de la República, Iván Darío Badell, quien señaló que detrás de los informes había grupos interesados en desprestigiar a Venezuela , agregando que “No sé cuál es el interés de fondo; hay muchos elementos involucrados, de carácter económico fundamentalmente” . Una vez más podemos comprobar cómo se descalifica el trabajo de denuncia de las ONGs, ya que según el Fiscal, dichos intereses consistirían en que “Hay organismos que utilizan la información de otros organismos para subsistir. Hay elementos, el Ministerio Público está actuando diligentemente en todos estos problemas de violación de los derechos humanos, pero se quiere utilizar al Ministerio Público para obtener información para los efectos de tomarla como información obtenida directamente por determinados organismos para poder subsistir en el medio donde se desenvuelven”.

El desempeño gubernamental en el último trimestre de este año y a todo lo largo del próximo, en el que deben implementarse las resoluciones aceptadas por el Ejecutivo Nacional en el 1er Encuentro con las ONGs, nos dará los elementos objetivos para dilucidar si la apertura obedece a la voluntad política de realizar cambios en pro de los derechos humanos o si es sólo una estrategia para silenciar o neutralizar la capacidad crítica de las organizaciones venezolanas de derechos humanos. Por otra parte, es de esperar que en el futuro el Poder Judicial y la Fiscalía cambien su percepción sobre el tema y propicien también un clima de apertura.

El segundo hito que destaca en este período, estrechamente vinculado con el anterior, es el surgimiento de varias iniciativas de coordinación entre distintas organizaciones de la sociedad civil para acordar estrategias conjuntas en el tema de derechos humanos y en el de reforma judicial. Estos procesos, diferentes y complementarios, producto de la síntesis de experiencias desarrolladas en años anteriores, dieron como resultado la conformación de tres instancias de coordinación: el Foro por la Vida, la Alianza Social por la Justicia y la Comisión de Enlace de las ONGs para el Encuentro con el Alto Gobierno.

El Foro por la Vida se constituyó públicamente el 23 de enero de 1997, conformado por once organizaciones con sede en Caracas , la mayoría de las cuales venía trabajando con algún grado de coordinación desde 1993 cuando realizaron un trabajo conjunto con miras a la participación del movimiento de derechos humanos de Venezuela en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena. En su declaración fundacional el Foro por la Vida manifestó que “las ONGs de derechos humanos que conformamos esta instancia de coordinación, nacimos en el marco de la democracia para denunciar las violaciones a los derechos humanos que en ella ocurren, y de esta manera contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. Aspiramos a contribuir a sembrar un clima nacional de discusión constructiva y a la creación de un ambiente positivo para la mejora de las condiciones de vida en el país, mediante la promoción y el respeto de todos los derechos”.

La presentación pública por el Foro por la Vida, el pasado 27 de febrero, de un conjunto de 165 propuestas destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos en el país, contenidas en un documento titulado “Agenda por la Vida”, abrió el debate sobre la necesidad de que el gobierno diseñe un Programa Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar que esta iniciativa propició y enriqueció en gran medida el conjunto de propuestas que fueron presentadas en el 1er Encuentro de las ONGs con el Alto Gobierno. Observadores nacionales e internacionales coincidieron en señalar la importancia de que en Venezuela se gestara por primera vez una iniciativa de este tipo a nivel de derechos humanos, ya que contribuye eficazmente a hacer realidad el objetivo acordado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de “acrecentar el interés del público en las cuestiones de derechos humanos”.

Paralelamente al proceso anteriormente descrito, algunas ONGs de derechos humanos que venían trabajando el tema de reforma judicial desde 1994, coincidieron con un conjunto diverso y plural de organizaciones interesadas en el tema, lo que posibilitó la constitución de la “Alianza Social por la Justicia” , el pasado mes de agosto. Esta original instancia de coordinación está conformada por la más amplia base social que se conozca en Venezuela; por primera vez grupos de derechos humanos, organizaciones empresariales, de desarrollo social y de investigación jurídica, coincidieron en un tema de interés común frente al Estado. La “Alianza” elaboró y presentó a los Poderes Públicos un documento titulado “Principios Básicos para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia” (Ver Anexo Nº 1), al que definieron como “un programa mínimo para la reforma del sistema de administración de justicia, el cual está constituido por un conjunto de principios sobre los cuales consideramos debe adelantarse la reforma y una serie de propuestas concretas de corto, mediano y largo plazo que, asumidas de manera integral, contribuyan al desarrollo de dichos principios”.

Cabe destacar, que ante esta última iniciativa, el Ministro para las Relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, Simón García, propició una entrevista con el Presidente de la República, que se concretó casi inmediatamente de surgida la “Alianza”. Sin duda alguna, esto se debió al interés del Ejecutivo Nacional en el tema de la reforma judicial y al grado de representatividad social y capacidad propositiva de esa nueva instancia de coordinación de la sociedad civil. Inmediatamente después de la reunión con Caldera, la alianza mantuvo una reunión similar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la estrategia de sensibilizar a los Poderes Públicos en la necesidad y urgencia de adelantar el proceso de reforma del sistema de administración de justicia, garantizando una clara participación popular y ciudadana en el tema.

Cabe insistir, como lo hacíamos al iniciar este análisis, que estos dos hitos de la apertura gubernamental ante las ONGs y el progresivo consenso de éstas por impulsar la vigencia de los derechos humanos y el proceso de reforma judicial, se presentan cuando contradictoriamente la orientación general de la acción gubernamental y legislativa en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se caracteriza por la violación de un principio básico y fundamental de la acción estatal: la obligación de no regresividad en la protección legal y práctica de los derechos humanos. Esta situación supone una contradicción con la doctrina internacional de los derechos humanos, puesto que la acción estatal en materia económica (Agenda Venezuela) se enmarca dentro de las teorías de los Programas de Ajuste Estructural, que justifican las limitaciones o sacrificios (flexibilización o reducción de derechos) de la población en el presente en función de un crecimiento de la economía que en el futuro mejoraría sus condiciones de vida. Valga recordar que durante la aplicación del primer plan de ajuste macroeconómico iniciado en 1989, la economía llegó a crecer a una tasa del 10% del Producto Interno Bruto en 1991, “la más alta del mundo” según el gobierno de turno y sin embargo, la población nunca disfrutó de sus beneficios, más bien se incrementó la pobreza y el desempleo. Esta situación de “éxitos macroeconómicos” y “derrotas microeconómicas” o mayores niveles de desempleo y mantenimiento de la pobreza se siguen presentando a lo largo del “Año de los Derechos Humanos”, lo que reafirma las contradicciones presentes en el actual contexto en el que se desenvuelve el trabajo y el activismo de las ONGs de derechos humanos en Venezuela.

Sin duda alguna, se hace necesario equilibrar los esfuerzos y la voluntad demostrados por los distintos espacios articulados de la sociedad civil, con las decisiones y políticas gubernamentales en materia de derechos humanos para que se haga realidad, más allá de las palabras, el compromiso en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos.

-Tope-