Informe Anual
1996-1997
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Informe Anual 1996-1997 |
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MOVIMIENTO POPULAR Y ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
• Momentos difíciles para el movimiento de trabajadores
MOVIMIENTO POPULAR Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
La curva de excelencia de los índices macroeconómicos tiene por
correspondencia el aumento del número de pobres. Los alicientes de las
instancias económicas internacionales son para quienes, al ajustar su
economía, ahondan la brecha entre las clases y fomentan la multiplicación de
los conflictos sociales. La ayuda humanitaria internacional es tragada por
los que han sido reducidos a la desesperación. Es tiempo de transformar el
cinismo en dignidad y la dignidad en poder.
Manifiesto del Foro Mundial por las Alternativas
El registro de acciones emprendidas por el movimiento popular para la
defensa o conquista de sus derechos alcanzó en este período un total de 632,
cifra muy cercana a la del período precedente, aunque se evidencian
variaciones importantes en los patrones de protesta utilizados por los
manifestantes.
En este contexto, se registraron 82 protestas violentas, que se aproximan a
un 13% del total de manifestaciones, lo cual implica una reducción del orden
del 35% con respecto al período anterior. Destaca particularmente el hecho
de que casi un 80% de las manifestaciones violentas son llevadas a cabo por
el sector estudiantil, y menos del 10% por actores comunitarios o vecinales.
También es de notar la manera como la proporción de marchas con respecto a
la cantidad de manifestaciones que se producen en cada período ha venido
disminuyendo paulatinamente desde casi un 27% para 1993-1994, hasta poco más
del 20% durante el actual período. En su lugar, el patrón de manifestación
ha ido migrando hacia otras modalidades como la realización de
concentraciones -que a partir de este informe se incluyen como patrón de
análisis-, y también la convocatoria de paros cívicos (ver el capítulo sobre
derecho a la manifestación pacífica y anexo Nº 15).
Con respecto a los ejes que motivan las manifestaciones, se mantiene la
tendencia evidenciada desde 1989 de que la mayor cantidad de movilizaciones
tienen su origen en la defensa o promoción de los derechos económicos y
sociales, aunque muestra en esta oportunidad una baja considerable, con un
65% del total, esto es, unas 415 acciones.
Cerca de un 40% de las acciones registradas en el período se llevaron a cabo
durante el primer tercio de 1997, frecuencia que ocasionó que en varias
oportunidades coincidieran distintas manifestaciones en un mismo día, y en
ocasiones hasta en una misma ruta o localización. Tal fue el caso del día
08.04.97, cuando frente al Congreso Nacional coincidieron los propietarios
de las agencias de loterías, que demandaban la legalización de la venta de
terminales; los obreros jubilados de la Alcaldía de Caracas, a quienes se
les adeudaban sus pensiones; y la comunidad educativa del Colegio Fe y
Alegría en demanda de mayores recursos para esa institución .
Pero más allá de los aspectos cuantitativo y formal, las acciones continúan
sucediendo de forma desarticulada respecto de propuestas políticas globales.
Pese a que durante el período analizado se sucedieron importantes cambios
legislativos que desmejoraron los derechos laborales (ver los capítulos
sobre derechos de los trabajadores y derecho a la seguridad social), no se
evidenció una respuesta popular a la altura de las circunstancias, lo que se
refleja en las estadísticas, ya que sólo poco más del 6% de las acciones de
protesta estuvieron dirigidas a cuestionar las políticas económicas
gubernamentales, favoreciendo esta desmovilización la consolidación de las
nuevas medidas regresivas implantadas por los organismos del Estado.
En esta dirección, dos iniciativas de articulación vieron la luz en este
período. Por una parte, el “Foro Profesional de Venezuela” reunió a diversos
colegios profesionales en su demanda de mejoras salariales para sus
afiliados que laboran en la administración pública. El 29.01.97, en una
marcha hasta el Congreso Nacional, este Foro entregó un manifiesto donde
exigía un salario mínimo común para los profesionales y técnicos
universitarios que integraban sus filas, así como otra serie de peticiones
vinculadas . Adicionalmente, la “Coordinadora Nacional del Pueblo” surgió en
el contexto del conflicto universitario nacional que desde enero hasta abril
de 1997 mantuvo paralizadas las actividades de las universidades públicas.
Visto el tradicional poder de convocatoria de este sector, a las acciones
surgidas del conflicto universitario tradicionalmente se le suman las luchas
de otros sectores, particularmente las de carácter laboral y económico. Fue
así como el 12.03.97 se llevó a cabo “la marcha de las banderas”, en la que
unas 7 mil personas demandaron mayor presupuesto para las universidades y se
pronunciaron en contra de las medidas económicas del gobierno, de la
privatización de las empresas básicas de Guayana, y del cambio del régimen
de prestaciones . No obstante, ambas iniciativas desaparecieron a la vuelta
de pocos meses, revelando una incapacidad concreta del movimiento popular de
darles continuidad.
Momentos difíciles para el movimiento de trabajadores
A la desmovilización a la que se hizo alusión en las líneas precedentes, se
suma una característica resaltante de las protestas vinculadas a
reivindicaciones laborales puntuales y deudas salariales a trabajadores del
sector público ocurridas durante este período, y tiene que ver con el
carácter localista y sectorizado de estas luchas. A este respecto, la
cantidad de protestas laborales sigue ocupando un lugar destacado,
alcanzando la cifra de 136, esto es, más del 21% del total de las
registradas durante el período.
Las causas que originaron la mayoría de dichas acciones estuvieron
vinculadas principalmente a una estrategia gubernamental consistente en el
retraso intencional y sistemático de recursos destinados a satisfacer
compromisos monetarios con los trabajadores del sector público, bajo la
premisa de que una inyección masiva de recursos líquidos podría acelerar el
incremento de la inflación. Esta estrategia, enmarcada en el conjunto de
medidas económicas conocido como “Agenda Venezuela”, obstaculizó la
cancelación de aumentos salariales y bonos de alimentación, transporte,
aguinaldos y especialmente el llamado “bono de transferencia”, vinculado a
la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que fuera establecido como
compensación a los trabajadores ante la evidente desmejora del régimen de
prestaciones sociales.
Las protestas de los trabajadores frente a esta conducta oficial afectaron
de manera aislada el funcionamiento de centros de salud, escuelas y liceos,
dependencias de administración de justicia y organismos descentralizados de
gobierno, pero no lograron articularse como una lucha común del movimiento
de los trabajadores.
De hecho, las diferencias surgidas entre las principales organizaciones
sindicales, a propósito de la reforma del régimen de prestaciones sociales,
originaron la disolución de un espacio de articulación de las centrales de
trabajadores surgido el año anterior, conocido como “la intersindical”, así
como la desaparición de la Coordinadora Nacional de Defensa del Régimen de
Prestaciones Sociales, que se mantenía activa desde 1994.
El origen de este debilitamiento del movimiento de trabajadores se explica
en la conducta adoptada por la organización sindical más numerosa del país,
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que en el marco de las
discusiones de la Comisión Tripartita (CT) para la reforma del régimen de
prestaciones sociales, abandonó la posición adoptada por la intersindical
para suscribir un acuerdo de reforma de dicho régimen, bajo el compromiso
del sector gubernamental de acabar con la política de bonificación salarial,
y la promesa del sector patronal privado de incrementar los sueldos.
Esta actitud de la CTV produjo consecuencias divisionistas inmediatas, como
la evidenciada el 01.05.97, durante la conmemoración del Día del Trabajador,
cuando las centrales sindicales retomaron la antigua costumbre de convocar y
celebrar marchas por separado.
Posteriormente, ante el incumplimiento de los compromisos de la CT con
respecto a los aumentos salariales, la CTV optó por convocar a un paro
cívico nacional, el cual se llevó a cabo el 06.08.97. Dicha convocatoria
contó con el respaldo de algunos altos funcionarios gubernamentales, por lo
que la paralización de actividades en el sector público no enfrentó mayores
dificultades . Pese al éxito en la organización del paro, reconocido por el
sector privado, no se logró el compromiso del sector empresarial de cumplir
su parte del acuerdo tripartito, por lo que al finalizar el período evaluado
por este informe, la CTV anunciaba su intención de introducir un proyecto
legislativo para incrementar el salario mínimo.
Esta situación refleja el evidente debilitamiento, no del poder de
convocatoria, sino de la capacidad de presión y negociación que enfrenta el
movimiento de trabajadores, y reviste especial significación de cara a la
discusión, por parte del Congreso Nacional, de los proyectos legislativos
sobre seguridad social, frente a los que un movimiento sindical dividido y
disperso se verá impedido de sostener una posición de fuerza en beneficio de
sus afiliados.
Diversos sectores responden a la crisis
Dentro de las consideraciones anteriores no han sido incluidas las 51
acciones en demanda de mayor presupuesto para las universidades públicas,
que incluyen un importante componente de reivindicación salarial, y que por
sí solas constituyen el 8% del total de manifestaciones. En este sentido,
desde enero hasta abril de 1997, las universidades nacionales mantuvieron
una paralización de actividades, en cuyo contexto se valieron de distintos
mecanismos como marchas y huelgas de hambre. Aunque estas acciones sufrieron
considerables obstrucciones y restricciones por parte de los organismos del
Estado, no obstante, estos mecanismos parecen mostrar rasgos de agotamiento,
originados tanto por su frecuencia como por su recurrencia. En ese sentido,
no sólo la participación de los miembros de las comunidades universitarias
se vio mermada con respecto a otras oportunidades, sino que se presentaron
al menos tres protestas estudiantiles en contra de los protagonistas de la
paralización de actividades.
Por el contrario, tal como viene registrándose desde hace al menos cinco
informes, la lucha de los Pensionados y Jubilados del Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales (IVSS) muestra, más allá de las acciones que con
frecuencia llevan a cabo en demanda de pagos atrasados de las pensiones, una
importante unidad de criterio y acción en sus luchas.
Fue así como el 13.05.97, un grupo de pensionados y jubilados en Ciudad
Guayana, Edo. Bolívar, protagonizó una marcha en rechazo a la pretensión de
una empresa aseguradora de desconocer las enfermedades profesionales de 20
trabajadores de la empresa Siderúrgica del Orinoco . En la misma línea, la
aspiración principal del Comité que los agrupa es instaurar la cultura de
que la pensión es un derecho de quienes durante su vida laboral cotizaron al
fondo de pensiones del IVSS, y no un acto de caridad pública por parte del
Estado, por lo que las pensiones deben al menos ser homologadas de forma
progresiva y continua con el salario mínimo, a fin de garantizar condiciones
mínimas de manutención a sus beneficiarios.
Tras este objetivo, los pensionados y jubilados del IVSS se hicieron sentir
de diversas formas durante las discusiones de la CT, como sucedió el
05.12.96, cuando protagonizaron una marcha de varios kilómetros desde el
centro de la ciudad hacia la sede del Ministerio de Hacienda, donde se
celebraban las reuniones . Esta iniciativa se repitió al menos en dos
oportunidades adicionales, el 16.04.97 , y el 21.08.97 .
En respuesta a las declaraciones del ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff,
negando la posibilidad de homologar las pensiones con el salario mínimo, 300
jubilados y pensionados se concentraron el 18.09.97 frente a la sede del
Ministerio de Hacienda . En una continuidad de esta respuesta, tan sólo una
semana después el número de manifestantes había ascendido a 3 mil, cuando el
25.09.97 interrumpieron el tránsito de dos principales avenidas de la
capital . Aunque el resultado de estas acciones escapa al período objeto de
este informe, es de destacar el nivel de continuidad que muestra este sector
en la defensa de sus derechos.
En la misma dirección, la lucha de los trabajadores del comercio informal
por ejercer el derecho al trabajo sigue destacando por su persistencia. Al
menos 24 manifestaciones se llevaron a cabo en reclamo de permisos para
ejercer sus actividades o en protesta por la acción obstaculizadora de los
organismos de seguridad, localizándose la mayor parte de ellas en el
municipio Libertador de la ciudad de Caracas.
Por otra parte, numerosas manifestaciones tuvieron como causa protestar
contra despidos masivos de trabajadores, como la ocurrida el 02.10.96 en el
Edo. Yaracuy, cuando un grupo de manifestantes bloqueó la vía de acceso a la
capital en rechazo a los despidos masivos de los trabajadores de la
gobernación de esa entidad . Otro caso digno de mención es el de 500
educadores del Edo. Lara, quienes fueron despedidos sin previo aviso, razón
por la cual el día 16.12.96 tomaron por varias horas la sede de la Dirección
de Educación del estado . También 400 trabajadores de la Compañía Anónima
Nacional Teléfonos de Venezuela se concentraron el 19.12.96 a las puertas
del edificio sede de la compañía, luego de ser desincorporados de sus cargos
poco tiempo después de que el Gobierno Nacional se desprendiera de su mayor
paquete accionario en esa empresa . En esta dirección, particular
importancia tuvieron durante el primer semestre de 1997 las caravanas de los
trabajadores de la línea aérea Viasa, en repudio a la medida de cierre
acordada por el Fondo de Inversiones de Venezuela, alegando la quiebra de la
aerolínea. Como último ejemplo de la conflictividad generada por esta causa,
el 29.07.97 se llevó a cabo un paro laboral en todo el Edo. Aragua, en
protesta por los 10 mil despidos sucedidos en la región tras la reforma de
la Ley Orgánica del Trabajo y la derogación de la medida de inamovilidad
laboral.
Un proceso de relevancia ocurrido durante el período objeto de este informe,
fue el protagonizado por los médicos al servicio de los centros públicos de
salud, quienes el 19.11.96 iniciaron un conflicto laboral de alcance
nacional , liderado por la Federación Médica de Venezuela (FMV), que tuvo
por meta alcanzar una variante de indexación salarial que compensara tanto
la alta inflación como la devaluación sufrida por la moneda venezolana desde
el mes de abril de 1996, cuando el Gobierno Nacional comenzó la
implementación del conjunto de medidas conocido como “Agenda Venezuela”. La
aspiración médica de recibir un salario equivalente a un mil dólares
estadounidenses, introdujo elementos nunca antes considerados oficialmente
en una negociación laboral, y significó el punto de partida para una
discusión de proporciones mucho mayores relacionada con la situación
salarial de los profesionales universitarios que laboran para el Estado, que
dominó el escenario público durante todo el primer trimestre de 1997.
Así, el 27.12.96, luego de varios paros parciales y de intentos fallidos de
negociación con el gobierno, el conflicto avanzó hacia una fase de
radicalización sin precedentes, que consistió en el cierre total de los
servicios de emergencia de los centros de salud. Esta controversial medida,
que se prolongó hasta que la asamblea del comité ejecutivo de la FMV decidió
el 08.01.97 una tregua de siete días para atender las emergencias, produjo
como consecuencia diversas muertes de pacientes a los que se les negó la
asistencia, y del mismo modo originó la apertura de procesos penales a otros
tantos médicos . La finalización del conflicto se selló el 20.01.97, cuando
la FMV aceptó la última oferta salarial del ejecutivo , y el reinicio de las
actividades (ver capítulo sobre derechos de los trabajadores).
Esta compleja situación explica que en el contexto de este conflicto se
produjeran manifestaciones en direcciones contrapuestas. Por una parte, los
médicos protagonizaron manifestaciones de diversa naturaleza en respaldo a
su conflicto, destacando la marcha del 07.01.97 realizada en la ciudad de
Barquisimeto, Edo. Lara, demandando la liberación de tres colegas miembros
del comité de conflicto, quienes habían sido detenidos por orden de la
gobernación . Por la otra parte, algunas manifestaciones contra el paro
médico tuvieron como objetivo a los propios profesionales de la salud, como
la sucedida el 06.01.97, cuando un grupo de dirigentes vecinales de Cumaná,
Edo. Sucre, secuestró a los médicos reunidos en asamblea, exigiéndoles
retornar a sus actividades .
Si bien la radicalidad de este proceso da cuenta del nivel de desesperación
que han alcanzado algunos conflictos laborales en Venezuela, en opinión de
Provea dicha situación no justifica la negación del disfrute del derecho a
la atención sanitaria del que debería gozar la población, y en tanto que los
responsables de esta situación son funcionarios oficiales, sus acciones
constituyen claras violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, la
ausencia de continuidad a los procesos por negligencia médica generaría un
lamentable precedente en esta materia, en desmedro de los derechos a la vida
y a la salud.
Las movilizaciones por los derechos civiles y políticos registradas en este
período alcanzan un total de 42, sin que se aprecie una diferencia
considerable con respecto a las 45 del período anterior.
Los principales ejes se centraron en el repudio al abuso de poder de parte
de los cuerpos de seguridad, y en la demanda de mayor control de la
delincuencia. Destacan además casos aislados de movilización en repudio a la
actividad de reclutamiento militar, como el protagonizado por los
estudiantes de la Universidad del Zulia el 13.01.97 ; la demanda de
repetición de elecciones regionales, como la efectuada por militantes del
partido La Causa Radical el 06.12.96 , y muy especialmente, una
concentración celebrada el 06.05.97 en rechazo a la orden girada por el
gobernador del Edo. Miranda, Enrique Mendoza, de capturar “vivos o muertos”
a unos delincuentes, lo cual, en opinión del Comité de Familiares y Víctimas
de Abusos Policiales, constituye una incitación al ajusticiamiento .
Este mismo comité había ya protestado el 03.04.97 frente a la sede del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial en Maracay, Edo. Aragua, en rechazo al
manejo amañado de expedientes policiales en esa instancia . Antes que ellos,
la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz organizó en Caracas una marcha el
26.10.96 , en rechazo a numerosos casos de abuso de poder por parte de los
cuerpos de seguridad. En otra demostración de rechazo a prácticas indebidas
de parte de las instituciones policiales, el 08.09.97 los transportistas del
suroeste de Caracas protagonizaron una interrupción de tránsito en protesta
contra abusos cometidos por la Policía Municipal de la Alcaldía de Caracas .
A lo largo de todo el año, habitantes de distintos sectores de Caracas
protagonizaron manifestaciones de calle en demanda de mayor control de la
delincuencia. Así, el 30.10.96, los vecinos de San Agustín tomaron la
avenida principal de dicho sector , mientras el mismo día, en el otro
extremo de la ciudad los vecinos de Vista Alegre tomaron las vías de acceso
mientras reparaban una pared que había sido levantada para evitar la
comunicación con el aledaño sector de La Quebradita, de donde
presumiblemente procedían quienes azotan la seguridad personal de los
habitantes de esta comunidad .
También el sector estudiantil protagonizó acciones en esta dirección. El
22.11.96 los estudiantes de la escuela Miguel Antonio Caro tomaron la
avenida Sucre de Caracas para exigir a la policía que brindara mayor
protección al local de ese centro educativo, que había sido víctima de
varios asaltos y desvalijamientos . En la misma dirección, 120 taxistas
protestaron el 18.03.97 frente a la gobernación del Edo. Aragua, exigiendo
mayor despliegue policial a raíz del asesinato de un colega taxista a manos
del hampa . La misma motivación tuvieron los chóferes de las rutas troncales
de la parroquia Caricuao, en Caracas, cuando el 11.06.97 paralizaron el
servicio en respuesta al asesinato de un colega a manos de tres delincuentes
.
Como se puede apreciar, el dilema ante el cual se encuentra la población
venezolana no es sencillo. Por una parte, los cuerpos de seguridad no
trabajan en dirección a garantizar la seguridad de las comunidades, y al
mismo tiempo, su práctica origina numerosos casos de abuso de poder que
afectan a los pobladores, muchas veces ni siquiera vinculados con las
actividades de control de la delincuencia.
Más sectores reclaman más derechos
Los aumentos en las tarifas y las deficiencias o ausencias de servicios
públicos continuaron siendo uno de los focos más importantes de movilización
popular en todo el país. Unas 127 acciones, que representan el 20% del
total, demandaban mejoras en la vialidad o la construcción o conclusión de
obras públicas de interés comunitario, el suministro de agua potable o
electricidad, o manifestaban el rechazo de la población a los aumentos de
las tarifas de servicios públicos como transporte, electricidad, agua o
peajes. En este sentido, un evento que llamó la atención por su complejidad
fue la interrupción de tránsito protagonizada por varias comunidades de
Barcelona, Edo. Anzoátegui, por haber sido excluidas del presupuesto
regional pese al mal estado de los servicios públicos .
En menor medida, unas 17 manifestaciones tuvieron por objetivo exigir
mejoras presupuestarias no vinculadas a compromisos laborales en centros de
salud, y al menos una de ellas la constituyó un paro cívico regional.
Destaca la acción del movimiento estudiantil en defensa de las tarifas
preferenciales del transporte público para ese sector, medida que durante el
mes de abril cumplió 10 años de vigencia. La mayor parte de las
manifestaciones por esta causa intentaron evitar un cambio en el esquema de
aplicación del subsidio al pasaje estudiantil, que el Gobierno Nacional se
propone implementar.
Del mismo modo, los transportistas del Distrito Federal protagonizaron una
intensa jornada de rechazo de las nuevas tarifas del peaje de la autopista
que comunica a la capital con el principal puerto y aeropuerto del país,
incremento que coincidió con el otorgamiento en concesión de dicha vía a una
empresa privada. La jornada incluyó marchas y el bloqueo de la autopista
Caracas-La Guaira, donde se encuentra localizado el peaje, así como la
convocatoria a un paro cívico el día 14.05.97 . No obstante, las nuevas
tarifas no fueron revisadas por el ejecutivo, alegando razones de costos de
mantenimiento de la autopista.
El tema ambiental tuvo momentos destacados durante el período cubierto por
este informe, particularmente cuando se encuentra vinculado a modelos de
desarrollo económico divergentes de los de las comunidades. Así, el
13.11.96, pescadores de la población de Mochima protestaron frente a los
tribunales del Edo. Anzoátegui al momento de introducir un recurso de amparo
en contra de la operación del ferry “Margarita Express”, por causar daños
ecológicos a la zona, afectando la pesca . El 17.05.97, miembros del Comité
de Tierras de El Morador, en el Edo. Portuguesa, obstaculizaron el tránsito
en la carretera hacia la capital del estado, en protesta por la destrucción
de fuentes de agua del sector . El 05.06.97, grupos indígenas, estudiantes y
ecologistas protestaron frente a la sede de la Corporación para el
Desarrollo del Estado Zulia (Corpozulia), en rechazo a los planes de
explotación carbonífera en la sierra de Perijá, protegida bajo la figura de
patrimonio ecológico . El 12.06.97, unos mil pescadores bloquearon con sus
embarcaciones el canal de navegación del lago de Maracaibo, Edo. Zulia,
exigiendo una indemnización de más de 130 millones de dólares por concepto
de daños y perjuicios causados por el derrame petrolero del buque griego
Nissos Amorgos . El 29.06.97, vecinos de la localidad de El Hatillo, en
Caracas, realizaron una caravana contra los nuevos desarrollos urbanísticos
que afectan las pocas zonas verdes del lugar . El 03.07.97, pobladores de la
ciudad de Carora, Edo. Lara, marcharon hasta la Plaza Bolívar de esa ciudad
en demostración de rechazo al proyecto de bombear agua de los ríos de la
zona para surtir las urbanizaciones industriales de Barquisimeto, la capital
del estado.
Sin embargo, el proceso que implicó la más intensa movilización fue el
relacionado con el decreto presidencial 1.850, que autoriza la actividad
minera en la sierra de Imataca, promulgado el 14.05.97 (ver capítulo sobre
derecho a un ambiente sano). La reacción pública frente a esta medida de
desregulación de una reserva forestal de más de 3,6 millones de hectáreas
involucró a distintos sectores, particularmente a organizaciones indígenas y
ambientalistas. La diversidad e intensidad de las acciones extralegales
protagonizadas entre los meses de mayo y septiembre de 1997, acompañaron el
proceso hasta que el 02.08.97 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una
solicitud de nulidad de dicho decreto, que fuera solicitada por las
organizaciones indígenas, ambientalistas y el Colegio de Sociólogos y
Antropólogos de Venezuela, y sobre la que no se había producido un
pronunciamiento hasta el cierre del presente Informe.
Entre las acciones protagonizadas por los opositores a esta medida destaca
la movilización hacia la capital que el 01.07.97 realizaron 14 capitanes de
la etnia Pemón, procedentes de diversas comunidades residentes en Imataca,
con el objeto de consignar ante el Congreso Nacional un documento en rechazo
al decreto 1.850, y de exhortar a los venezolanos “a que nos acompañen
solidariamente en la lucha que emprendemos por el reconocimiento de la
propiedad originaria de nuestras tierras ancestrales, por la derrota de los
planes de las transnacionales y del gobierno de apertura petrolera y minera
en estas ignotas regiones y por la defensa de la sierra de Imataca como
patrimonio de todos los pobladores del país” . Este llamamiento tuvo
respuesta dos días después, el 03.07.97, con la realización de una marcha de
organizaciones indígenas y grupos ambientalistas. A este respecto, destaca
el hecho de que esta misma manifestación acogió la exigencia de las
comunidades Barí y Yucpa que pueblan la sierra de Perijá, amenazada por los
proyectos carboníferos mencionados anteriormente .
En el mismo orden de ideas, entre enero y abril se sucedieron
manifestaciones protagonizadas por productores agrícolas, quienes demandaban
protección oficial al sector frente al incremento de las importaciones a
menor precio de rubros agroalimentarios que llenaron las cuotas de las
industrias procesadoras de alimentos, tradicionalmente considerados los
principales compradores de la producción nacional. La toma de la carretera
del Edo. Barinas el 21.01.97 en protesta por las importaciones de arroz , y
de la alcabala de La Lucía el 10.03.97 por parte de 600 productores para
impedir el paso de los camiones que transportaban sorgo y maíz importado ,
así como la celebración de paros cívicos en ciudades de la provincia, fueron
las acciones extralegales que acompañaron a esta jornada de defensa del
principio de la seguridad alimentaria. |