Informe Anual
1996-1997
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Informe Anual 1996-1997 |
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PROPUESTAS Y EXIGENCIAS A LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS • Sobre derechos civiles y políticos
1. Derecho a la vida • Sobre derechos económicos, sociales y culturales
1. Derecho a la vivienda • Sobre los comportamientos internacionales en materia de derechos humanos PROPUESTAS Y EXIGENCIAS A LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Termina el “Año de los derechos humanos”, sin que se hayan producido mejoras en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, ni un fortalecimiento sostenido de las acciones estatales en relación a los derechos civiles y políticos, por lo que se hace imprescindible que desde Provea insistamos ante los diferentes Poderes Públicos en la formulación de propuestas y exigencias en esta materia. Muchas de ellas han sido expuestas de manera pública en la “Agenda por la Vida” presentada por el “Foro por la Vida”, y luego incorporadas en el cuerpo de recomendaciones que las ONGs de derechos humanos hicieran al Ejecutivo en ocasión del Encuentro realizado en julio de este año, otras han sido elaboradas e incorporadas posteriormente, producto de las investigaciones realizadas para el presente Informe. No es una novedad que estas recomendaciones y exigencias tienen fuerza ejecutiva, ya que no son principios programáticos, teóricos o simplemente éticos; por estar basadas en el cumplimiento de leyes y compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano, ellas son de obligatorio cumplimiento para las autoridades. Provea reitera estas propuestas y exigencias, en vísperas de un año electoral como lo será 1998, convencida de que todas se orientan claramente a conseguir cambios y mejoras en el funcionamiento de las instituciones estatales, y por ende a mejorar la situación actual de los derechos humanos en Venezuela. Esperamos que efectivamente, los representantes de los Poderes Públicos incorporen a la gestión gubernamental, parlamentaria y judicial las siguientes propuestas y exigencias en materia de derechos humanos: Sobre derechos civiles y políticos • Investigar exhaustivamente las denuncias de violaciones al derecho a la vida por parte de funcionarios policiales, de seguridad y militares, presentadas por familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos, aplicando las sanciones administrativas y penales que establece el ordenamiento jurídico nacional. • Adoptar una ley que prohíba nacionalmente, sin excepciones, el uso de armas de fuego y la utilización de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones; y garantizar que en los estados o municipios que se aprobaron normas en la materia, ellas se cumplan efectivamente. • Profundizar la reorganización de los distintos cuerpos policiales y de seguridad, para garantizar su funcionamiento en el marco del Estado de Derecho. Esta reorganización debe incluir la revisión de los programas de formación, los criterios de ingreso y evaluación del personal que actualmente presta servicios. • Implementar de manera inmediata programas de formación en derechos humanos, que se incluyan en el currículo de las academias policiales y militares, a fin garantizar el conocimiento y acatamiento de las normas legales en materia de derechos humanos. Derecho a la libertad personal • Difundir los procedimientos que deben realizar los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley al ejecutar un arresto o detención. Dichos procedimientos son los siguientes: a) Identificación del funcionario y presentación de la orden de arresto en el momento de proceder a la detención; b) Efectuar los arrestos bajo estricto control judicial y únicamente por personas autorizadas; c) Informar a los ciudadanos los motivos de su arresto en el momento de ser detenidos; d) Informar a los detenidos de forma clara, tanto oral como escrita, de sus derechos y garantizar que estos se ejerzan debidamente. • Garantizar que la detención preventiva sea una medida excepcional, asegurando el cumplimiento del principio de presunción de inocencia. • Garantizar que el recurso de habeas corpus sea efectivo en toda clase de circunstancias. • Abstenerse de formular e implementar políticas de seguridad pública que incorporan prácticas contrarias al respeto de la garantía a la libertad personal, tales como las redadas. • Abstenerse de decretar limitaciones, tales como los llamados “toques de queda” para menores de edad, cuya imposición solo puede realizarse en el marco de situaciones de excepción. • Reconocer en el ordenamiento legal el derecho a la objeción de conciencia como excepción al servicio militar obligatorio e incorporar el servicio civil optativo, reduciendo a un año el lapso de ambos. • Adecuar la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas a la Constitución y los Convenios Internacionales firmados por Venezuela en lo que respecta a limitaciones de la libertad personal. Derecho a la integridad personal • Adoptar y garantizar la aplicación de las Recomendaciones del Relator sobre Tortura de las Naciones Unidas, relacionadas con la problemática de la tortura. • Garantizar la presentación de un Proyecto de Ley que prohíba la aplicación de torturas y malos tratos o penas crueles, inhumas y degradantes, en concordancia con la Convención ratificada por Venezuela. • Difundir los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por Venezuela que prohíben la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre los efectivos policiales y militares y la población en general. • Asumir desde el Ministerio Público una vigilancia efectiva sobre el respeto a la integridad física de todo detenido en los centros de detención, tanto civiles como militares, y tomar las acciones legales a las que hubiera lugar, de acuerdo con las atribuciones que le establece su ley orgánica. • Investigar de forma inmediata y exhaustiva las denuncias e informes sobre presuntas torturas, así como la complicidad de profesionales de la salud en la tortura y el maltrato a los detenidos. • Desincorporar al Instituto de Medicina Legal del Poder Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de las actuaciones de este organismo. Asimismo, garantizar que todos los detenidos sean examinados por un médico forense al ingresar al centro de detención, durante su permanencia en él y al quedar en libertad. • Cumplir con la obligación internacional de presentar el Informe inicial ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, el cual tiene un retraso de cinco años. Derecho a la seguridad personal • Investigar y sancionar a los responsables por el hostigamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, a sus familiares y/o allegados que tramitan denuncias ante las instancias competentes y de manera pública. • Investigar y sancionar a los responsables por el hostigamiento a ONGs y activistas de derechos humanos, en especial los casos denunciados en zonas fronterizas. • Poner fin al hostigamiento contra dirigentes opositores o disidentes por parte de los organismos de seguridad del Estado; abrir investigaciones sobre las denuncias de amedrentamiento y establecer las responsabilidades y sanciones respectivas. • Respetar la inviolabilidad del hogar, poniendo fin a la práctica de realizar allanamientos masivos y arbitrarios a viviendas ubicadas en zonas populares, durante operativos de control de la delincuencia. Derecho a la libertad de expresión e información • Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, de manera particular por parte de los efectivos de la Casa Militar encargados de la seguridad del Ejecutivo Nacional. • Garantizar la celeridad procesal en el caso de la demanda de nulidad por inconstitucional de la Ley de Ejercicio del Periodismo, introducido ante la Corte Suprema de Justicia. • Reformar integralmente el sistema de administración de justicia, para garantizar el acceso del ciudadano a los órganos de administración de justicia, la aplicación justa de la ley, la transparencia y celeridad en los procesos y la independencia del Poder Judicial. • Garantizar la más amplia participación ciudadana y de los actores que intervienen en la administración de justicia en el proceso de reforma judicial. • Garantizar la completa ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de El Amparo, continuando las investigaciones y sancionando a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de los hechos. • Asegurar la efectiva vigencia de la justicia en otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado: los sucesos de febrero-marzo de 1989, la represión de los intentos golpistas de febrero y noviembre de 1992, las muertes en manifestaciones desde 1989 a 1997 y las masacres del Retén de Catia, Sabaneta, La Planta y El Dorado. • Garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o sus familiares sean indemnizadas y reciban rehabilitación hasta su total recuperación. • Asignar por lo menos el 5% del presupuesto nacional para la administración de justicia. • Aumentar el número de Defensores Públicos de Presos, con la finalidad de agilizar y garantizar una defensa efectiva y certera. • Disminuir el retardo procesal, actualizando los casos conocidos por los tribunales penales de la República. • Poner fin a la inconstitucional práctica de someter a detenidos civiles a la justicia militar bajo la figura del delito de rebelión militar, garantizando así el principio del juzgamiento de toda persona por sus jueces naturales. • Derogar el artículo 54 del Código de Justicia Militar que permite al Poder Ejecutivo intervenir en diferentes etapas de los procesos, con la finalidad de preservar la independencias del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Derecho de las personas detenidas y encarceladas • Adoptar y garantizar la aplicación de las Recomendaciones del Relator sobre Tortura de las Naciones Unidas, relacionadas con la eliminación de la práctica de las torturas y malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones. • Garantizar el respeto a los derechos humanos en el interior de los recintos penitenciarios. • Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil debidamente capacitado, levantando progresivamente la militarización bajo la cual se mantienen muchos centros de reclusión del país. • Asegurar el acceso a de los medios de comunicación, abogados litigantes y ONGs de derechos humanos a los recintos penitenciarios, sin más restricciones que las derivadas por normas de seguridad. • Asegurar que se comisione un número mayor de Fiscales, con dedicación exclusiva en materia penitenciaria, contemplando entre sus atribuciones principales las visitas regulares a los recintos carcelarios y entrevistas individuales con los detenidos. • Garantizar el traslado seguro de los internos a los Tribunales, frente a las acciones de comercialización de este derecho y a las situaciones que suponen riesgo para la vida e integridad física de los detenidos. • Aplicar la separación de categorías de los internos dentro de cada establecimiento penitenciario, atendiendo a los principios básicos de edad, sexo, antecedentes, motivos de la detención y las medidas a ser aplicadas. • Garantizar el pleno disfrute del derecho a la visita íntima de la población penal femenina, sin más restricciones que las de seguridad general del recinto penitenciario. • Normar los procedimientos de inspección a los visitantes, garantizando un trato digno y respetuoso de la dignidad personal de internos y sus familiares. Prohibir de manera inmediata la práctica de las requisas vaginales y anales a los familiares de los reclusos. • Garantizar el suministro a los internos de una dieta alimentaria que garantice niveles óptimos de salud. • Implementar programas educativos para la formación de la población penal y la dotación en cada centro de una biblioteca para el uso de los internos. • Dar cumplimiento a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, manteniendo el derecho a la nacionalidad venezolana de los niños y niñas nacidos en el país de padres indocumentados. • Garantizar la seguridad jurídica de los extranjeros en territorio nacional, para permitirles solicitar la naturalización como venezolanos, una vez cumplan los requisitos de ley. • Incorporar a la Reforma Constitucional el referéndum revocatorio del mandato de todos los poderes públicos así como el referéndum consultivo sobre distintas materias políticas, sociales y económicas, además del procedimiento para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como parte de la ampliación de los derechos políticos, necesaria en el actual tiempo histórico del proceso democrático venezolano. • Garantizar el respeto a las iniciativas surgidas desde las comunidades y sectores organizados, como legítimas expresiones de fortalecimiento democrático, en concordancia con el respeto al derecho a la libertad de reunión y de asociación. • Respetar las respuestas organizativas y de protesta pacífica, generadas por la población en legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, y en consecuencia, derogar las instrucciones que limiten el derecho a manifestar. • Respetar la voluntad popular expresada en el sufragio e investigar y sancionar a quienes cometen fraude electoral. Sobre derechos económicos, sociales y culturales • Delinear una política que asegure el acceso y disfrute de una vivienda adecuada a los sectores de menores recursos, incluyendo el estímulo a alternativas habitacionales en los asentamientos no controlados. • Garantizar una política de crédito para la adquisición de vivienda con intereses y cuotas accesibles a los sectores populares, optimizando la Ley de Política Habitacional. • Asegurar que cualquier modificación a la legislación sobre alquileres no signifique desmejoras en el régimen de protección al inquilino. • Poner fin a los procedimientos de desalojo forzoso, incorporando la prohibición expresa de los mismos en la legislación nacional. • Efectuar un catastro de los terrenos potencialmente propicios para viviendas que son propiedad del Estado. • Dar prioridad a la lucha contra la inequidad a través de medidas efectivas de promoción social y combate a la pobreza. • Asegurar la gratuidad del servicio de salud por parte del Estado, eliminando los sistemas de recuperación de costos en los centros asistenciales. • Que la reforma legislativa que sustituya a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud tenga en cuenta los aspectos positivos de dicha Ley, reglamentando adecuadamente las competencias de los sistemas estadales y locales y la distribución de los recursos necesarios para su funcionamiento, respetando los principios de universalidad, equidad y accesibilidad en todos sus componentes. • En el marco del proceso de reforma del sector, establecer políticas de coordinación que garanticen la coherencia de las diferentes propuestas ya adelantadas. • Aumentar los recursos del presupuesto nacional destinados al sector salud hasta llegar progresivamente al 10% del PBI para el año 2.000. • Instrumentar el Plan Nacional para el Desarrollo de la Salud Ocupacional y garantizar el cumplimiento de la normas vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. • Promover mecanismos de participación de la comunidad en el control, diseño y resguardo de los servicios de salud en las instituciones de carácter público. • Ejercer mayor control sobre las tarifas y servicios que prestan las instituciones privadas de salud. • Planificar el proceso de descentralización, de modo que: a.- se adecue a la legislación vigente, b.- se establezcan directrices a nivel central que permitan la reproducción de un modelo óptimo, evitando así la improvisación y desorganización, y c.- se asegure el correcto funcionamiento de todos los niveles, así como de la relación entre los mismos. • Mantener la gratuidad de la enseñanza a nivel preescolar, primario y secundario como obligación irrenunciable del Estado. A nivel superior, mantener la gratuidad y el acceso, en función de los méritos respectivos establecidos mediante instrumentos idóneos y adaptados a las necesidades del país. • Paralizar los intentos de privatización de la educación, promoviendo la participación de docentes, representantes y alumnos de todos los niveles en el diseño y ejecución de las políticas del sector y aprobando mayores fondos del presupuesto nacional para cumplir dichos objetivos. • Aumentar los recursos del Presupuesto Nacional destinados al sector educación hasta llegar progresivamente al 7% del PBI, en concordancia con lo planteado por la UNESCO. • Retomar el papel del Estado en la promoción de la educación pública a través de medidas que aseguren la calidad de la educación y la incorporación al sistema formal de los alumnos provenientes de los sectores más vulnerables de la población. • Garantizar presupuestos acordes con las necesidades de cada uno de los niveles educativos, elevar la calidad de la enseñanza y mejorar las condiciones socioeconómicas de los educadores. • Garantizar la celeridad procesal en el recurso de nulidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando debida cuenta de los argumentos que fundamentan la inconstitucionalidad de la misma así como de la ilegalidad del procedimiento utilizado para aprobarla. • Discutir y aprobar una Ley de Salario Mínimo que establezca un mecanismo de indexación periódica, y que contemple como base del mismo a la canasta básica alimentaria. • Garantizar el derecho al trabajo para toda la población mediante la estabilidad laboral y una política generadora de nuevos empleos. • Tramitar los procedimientos de conflictos colectivos del trabajo con apego estricto a lo establecido en los artículos 475 y siguientes de la LOT, absteniéndose de dictar actos o realizar actuaciones que retrasen, dificulten o impidan la tramitación de estos procedimientos conforme a la LEY. • Abstenerse de ordenar reuniones conciliatorias previas a la tramitación del procedimiento de conflictos colectivos, en base al artículo 473 de la LOT, cuando se presenten pliegos de peticiones con carácter conflictivo. Tramitar de inmediato el pliego de peticiones y enviar al patrono dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. • Abstenerse de suspender el transcurso del lapso de 120 horas, previsto en el artículo 487 de la LOT. • Asegurar que los trabajadores migrantes que laboran en las zonas fronterizas, perciban una justa y adecuada remuneración por las tareas realizadas, impidiendo que sean utilizadas amenazas de repatriación por parte de los patronos, ya que estas prácticas permiten y facilitan que estos trabajadores sean sometidos a condiciones de trabajo forzoso u obligatorio. • Reformar la LOT, para adecuar la edad mínima para el trabajo de los menores a la recomendación Nº 146 de la OIT, que la ubica en 16 años. • Garantizar un papel más activo y eficiente de las inspectorías del trabajo en el control a los patronos en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas en la L.O.T. y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. • Garantizar la más amplia participación social en la discusión de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, garantizando que el nuevo sistema respete los principios de universalidad y solidaridad. • Garantizar, mientras se desarrolla la transición hacia el nuevo sistema de seguridad social, que el pago de las jubilaciones y pensiones se realicen puntualmente, garantizando que se cumpla la Ley de Homologación que establece que la pensión mínima es equivalente al salario mínimo urbano. • Garantizar el pago del Seguro de Paro Forzoso a los trabajadores cesantes en el plazo que estipula la Ley. • Derogar el Instructivo Nº 10 sobre invasiones a predios rústicos y ordenar la suspensión inmediata de los desalojos en zonas agrarias, hasta tanto no exista un catastro completo de las tierras dadas en resguardo por el Estado al IAN para el proceso de reforma agraria. • Garantizar la seguridad jurídica y económica del trabajador del campo mediante el otorgamiento de títulos definitivos de propiedad y el restablecimiento de los mecanismos crediticios con tasas de interés preferencial. • Dar continuidad a la elaboración del catastro nacional comenzado en 1995. • Garantizar los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial de la Alimentación, en el sentido de reducir a la mitad el número de personas desnutridas para el año 2015, presentando informes periódicos sobre la aplicación del Plan de Acción. • Adoptar políticas encaminadas a erradicar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria removiendo obstáculos como el desempleo y la falta de acceso a los alimentos por parte de la población más pobre. • Revertir progresivamente la dependencia externa en materia alimentaria, para ubicarla a nivel de una autonomía moderada en el próximo decenio. Esto supone desarrollar una política que privilegie la producción nacional de alimentos a la actual de importación de ellos. • Impartir educación en materia de nutrición, higiene y salud, informado sobre la importancia de la alimentación como derecho humano. • Aprobar la Ley de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria que se encuentra en discusión en el Congreso, por apegarse a los conceptos y principios establecidos por la FAO en esa materia. • Evaluar la consistencia de los cambios realizados en la base para calcular la Canasta Básica Alimentaria realizada por la OCEI en 1997, cuidando se adecue a las normas internacionales vinculadas a la seguridad alimentaria de la población. Derechos de los pueblos indios • Reconocer el derecho de propiedad inmemorial a la tierra que vienen ocupando las comunidades indígenas; respetar y preservar sus culturas y lenguas. • Acelerar la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, tal como lo manifestó el gobierno ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. • Asegurar que las decisiones político-territoriales establecidas al interior de las entidades estadales reconozcan la organización y el modelo social de los pueblos indígenas. Derogar o modificar aquellas normativas que desconozcan dichos criterios. • Aprobar el Proyecto de Ley Orgánica de Comunidades, Pueblos y Culturas indígenas, incorporando las recomendaciones dirigidas por las organizaciones indígenas al Congreso de la República. • Garantizar la investigación y castigo a los responsables de asesinatos o lesiones a la integridad física de los miembros de las comunidades indígenas, así como de quienes usurpan sus tierras. • Implementar las sugerencias y recomendaciones hechas a Venezuela por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (en su 49º período de sesiones de agosto de 1996) en materia indígena, y suministrar adecuadamente las informaciones que le han sido demandadas. • Fortalecer las variables ambientales en las políticas, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscriptos por Venezuela: Convención de Washington, Convención Ramsar, Convención sobre Cambio Climático, Agenda 21, etc. • Agilizar la elaboración de la estrategia nacional de biodiversidad. • Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente. • Derogar por inconstitucional el Decreto Nº 1.850 sobre la Reserva Forestal de Imataca, y revisar integralmente con la participación de las organizaciones ambientalistas y ecologistas la política de apertura minera y petrolera que adelanta el Ejecutivo Nacional, para que la misma se adecue a la protección del ambiente. • Mantener y apoyar el cumplimiento del Decreto Presidencial Nº 269, que prohíbe la minería en el Estado Amazonas. Sobre los compromisos internacionales en materia de derechos humanos • Cumplir de manera expedita con las sentencias de tribunales internacionales sobre Venezuela. • Presentar urgentemente los informes periódicos (quinquenales) sobre la situación de los DESC al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo segundo plazo venció el 30 de junio de 1996 (el primer plazo venció el 30 de junio de 1991), lo cual significa un periodo de 11 años sin que el Estado evalúe e informe sobre la situación de estos derechos en Venezuela. • Implementar las sugerencias y recomendaciones provenientes de las distintas instancias y órganos de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos. • Informar oportuna y adecuadamente a los órganos convencionales internacionales, sobre el cumplimiento de las obligaciones consagradas en los tratados internacionales. • Reconocer la competencia del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, para que pueda conocer de comunicaciones por casos individuales. • Crear la estructura legal interna para implementar la legislación internacional en materia de refugiados. • Fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos para generar un verdadero, eficaz y transparente mecanismo de evaluación e información sobre el respeto a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, presentando un Proyecto de Ley que le otorgue rango constitucional. • Difundir ampliamente los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como las decisiones sobre Venezuela adoptadas por instancias internacionales, y educar a los agentes estatales en el respeto y observancia de los mismos. |