Informe Anual
1997-1998
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Informe Anual 1997-1998 |
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DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
Artículo 60.1 de la Constitución de la República de Venezuela Durante este período, Provea ha registrado 12.594 detenciones arbitrarias, discriminadas de la siguiente manera: 12.308 detenciones masivas en operativos policiales o allanamientos, 118 detenciones en manifestaciones pacíficas y 168 en detenciones individualizadas1. Las detenciones aumentaron un 6% en relación con el período anterior, siendo efectuadas la mayoría en el marco de operativos policiales –política represiva que sin disminuir los índices delictivos, violenta el derecho a la libertad personal. Una muestra de ello son las cifras presentadas el 26.09.98, por el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda (IAPEM) que señalan que durante la semana del 14 al 21 de septiembre, se registró un total de 3.951 ciudadanos detenidos por averiguación de antecedentes, en 116 operativos, 41 puntos de control y 12 visitas domiciliarias. Como se ha denunciado en repetidas ocasiones, los operativos policiales o de profilaxia social, efectuados bajo los denominados planes de seguridad, siguen siendo una de las principales causas de violación al derecho a la libertad personal. La práctica indiscriminada de detenciones arbitrarias continúa afectando a los sectores más pobres de la ciudad y el campo, de manera particular a las trabajadoras sexuales, homosexuales, menores de edad y recogelatas. Las detenciones individualizadas o selectivas han disminuido en un 31%, las cuales afectaban principalmente a dirigentes políticos, vecinales y culturales, entre otros. Sin embargo, se han registrado algunas detenciones arbitrarias, por parte de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y la Policía Metropolitana (PM), a miembros de Bandera Roja (BR), Movimiento V República (MVR) –partido surgido del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) – y a algunos miembros de organizaciones culturales. Con respecto a las detenciones ocurridas en manifestaciones de protesta pacífica, se constató una disminución considerable en relación con el período anterior, siendo la reivindicación de derechos económicos y sociales la principal demanda de los afectados. Tal como en el período anterior, despierta especial preocupación la constante violación al derecho a la libertad personal, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los 16 municipios fronterizos del país, donde, desde 1994, se mantienen suspendidas las garantías constitucionales, situación que resulta intolerable para los pobladores de la zona. Como en el período anterior, nuevamente se constató un menor número de detenciones individualizadas o selectivas, las que afectaron principalmente a militantes políticos, dirigentes estudiantiles, vecinales o se enmarcaron en situaciones típicas de abuso de poder de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A lo largo del período se observó que militantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), Bandera Roja (BR) y la Coordinadora Cultural Simón Bolívar de la Parroquia 23 de Enero de Caracas continuaron siendo víctimas de detenciones arbitrarias por parte de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Debemos también resaltar una disminución considerable de detenciones ocurridas en manifestaciones de protesta realizadas por reivindicaciones vinculadas, en su mayoría, a los derechos económicos, sociales y culturales. En relación con la grave situación en las zonas fronterizas del país, en donde continúan suspendidas las garantías constitucionales, la práctica de detenciones masivas de pobladores por parte de los efectivos militares de los Teatros de Operaciones, sigue siendo un patrón represivo que afecta la vida de los pobladores de dichas zonas. El Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) considera que el Plan Integral de Seguridad (PIS) ha comenzado a dar resultados prácticos en la disminución de los índices delictivos, aún cuando reconoce que “mientras se mantengan las estructuras de la sociedad actual, la violencia continuará incrementándose”2. A pesar de ello, el PIS continúa pretendiendo delegar en las comunidades las labores de inteligencia e información que deberían realizar los cuerpos policiales, al crear los Consejos Integrados de Seguridad en las comunidades, bajo el argumento de participación de la sociedad civil en la prevención de la delincuencia. La pretendida disminución de los índices delictivos debe ser interpretada bajo una óptica menos cuantitativa. En tal sentido, en la revista “Estadística Delictiva” se hace referencia a que la clase media denuncia cada vez menos algunos hechos delictivos por considerarlos menores, tales como robo de vehículos, arrebatones, violaciones, etc. Sandra Turuhpial, directora de esa publicación, atribuyó este fenómeno al temor que la gente pudiera sentir hacia algunos cuerpos policiales, debido a la falta de respuestas oportunas. En el estudio se observó, según Turuhpial, que “por esta situación mucha gente se cobija en acciones de autoprotección permaneciendo aisladas, sin importarles si su vecino está viajando o si hay alguien en su casa”. Por su parte, el criminólogo Javier Gorriño señaló que “cuando bajan las estadísticas oficiales no necesariamente implica que han descendido los delitos [...] Ello se debe a la desconfianza hacia los cuerpos policiales y a la administración de justicia y frente a todo lo que es el Estado de Derecho. Sencillamente la gente no denuncia”3. De acuerdo con el informe Victim de 19974, “en los últimos 11 años, el delito se ha incrementado en 78% pese a que el número de funcionarios policiales se ha triplicado y a que el presupuesto en seguridad se ha aumentado en 10 veces su monto [...] En seguridad se gastó el doble del presupuesto que en salud y hospitales y también se duplicó el presupuesto para el desarrollo urbano”5. Cifras del mismo estudio indican que Venezuela posee el más alto índice de funcionarios policiales por habitante, 1 policía por cada 190 habitantes. Cifras que parecen no concordar con la efectividad policial para controlar el auge delictivo. En materia de detenciones arbitrarias, la juez cuarta de Primera Instancia Penal del Municipio Vargas, María del Carmen Montero, señaló: “...la disparidad entre los números relativos a las detenciones y los de personas recluidas por droga se debe en gran parte a los procedimientos arbitrarios aplicados por algunos organismos de seguridad [...] la gran mayoría de las detenciones no queda firme, ya sea porque los expedientes llegan con vicios de instrucción, o porque se trata de casos de consumo. [...] la Policía Metropolitana suele incurrir en el error de instruir expedientes por drogas, cuando la ley no le faculta para ello. [...] en esos casos, los testigos utilizados por la PM durante sus procedimientos generalmente no acuden a los tribunales para ratificar su historia. Los detenidos, por tanto, deben quedar en libertad”6. Por su parte, el Fiscal General de la República, Iván Darío Badell, giró instrucciones a todos los fiscales del área metropolitana para que “tomen las medidas necesarias que contribuyan al cese de las detenciones arbitrarias e ilegítimas en los órganos de instrucción judicial, situación que tiende a agravar el hacinamiento en los centros de reclusión preventiva”7. La forma de actuar en los operativos policiales continúa siendo la misma: se mantiene la aplicación de políticas represivas contra los sectores más pobres de la ciudad y del campo. Los recogelatas, las prostitutas, los homosexuales y los menores de edad siguen siendo blanco de las acciones represivas de los funcionarios policiales. Durante el pasado año, la PM realizó 600.032 operativos en distintas barriadas del área metropolitana8. De acuerdo con cifras dadas por el director de la PM, general (GN) Francisco Belisario, el pasado año, “145.743 personas fueron arrestadas en los últimos 12 meses, de las cuales 51.024 eran menores de edad, presuntamente involucradas en hechos delictivos o en situación irregular de abandono; y 1.698 eran requeridos por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CPTJ)”9, lo que equivale a decir que sólo el 1% estaba siendo solicitado por hechos delictivos. La situación de los menores de edad sigue siendo delicada. Algunos gobiernos regionales continúan aplicando el toque de queda a menores de edad, bajo los decretos que prohíben el tránsito y permanencia de los mismos en la calle o lugares públicos10. Por su parte, el Fiscal General acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar la nulidad del decreto aprobado por el gobernador del Edo. Miranda el 25.06.93, mediante el cual se prohíbe la circulación de menores, sin representantes, en horas nocturnas. Badell señaló que “si bien los estados tienen potestad para sancionar su propio ordenamiento jurídico, deben respetar las disposiciones previstas en la Constitución de la República, así como las leyes dictadas por el Poder Nacional, lo que significa que los actos dictados por los Poderes Públicos en los estados no pueden ser contrarios a la Carta Magna o a las leyes nacionales”11. También alertó al Ministro de Relaciones Interiores, José Guillermo Andueza en relación con “los casos de menores de edad, indocumentados, que son detenidos por cuerpos policiales y puestos a la orden de la Oficina Nacional de Identificación y Dirección de Extranjeros por tiempo indefinido violando de esta manera la normativa legal”12. Los recogelatas, las prostitutas y los homosexuales, siguen siendo las principales víctimas de detenciones arbitrarias bajo los denominados operativos de “profilaxia social”13. Según cifras manejadas por la Comisaría Rafael Urdaneta de la PM, se detiene cada semana un promedio de 60 recogelatas. El Comisario Público Díaz Fagúndez, jefe de dicha comisaría, considera que son imputables ya que “sus conductas no se inscriben dentro de la normativa legal [...] Se trata de un problema social grave. Es necesario buscarle una respuesta y una salida inmediata. [...] Los antisociales suelen ser arrestados en una acción envolvente en el marco de operativos Pulpo, sin embargo luego son liberados [...] La derogada Ley de Vagos y Maleantes ha provocado que exista una especie de reciclaje de delincuentes menores”14. En relación con el grupo de las trabajadoras sexuales15, su situación no ha variado mucho con respecto al período anterior. Díaz Fagúndez señala que: “En esa área, sobre todo en la Avenida Lecuna, la prostitución ha disminuido. Se refiere a las mujeres que ofrecen sus servicios en plena calle [...] Para ello la PM ha decidido arrestarlas por siete días, cinco a las órdenes de la Prefectura y otros tres en la jefatura”16. En Julio de 1998, el Movimiento Ambiente denunció las detenciones arbitrarias a que es sometida la comunidad homosexual en el país. En esa fecha, el denominado operativo “Noche Caliente”, dirigido por la doctora Jovanna Gómez, Jefe Civil de la Parroquia El Recreo, detuvo a unos 40 homosexuales. Oswaldo Reyes, miembro de este movimiento, señaló que las autoridades –basándose en el artículo 538 del Código Penal que habla sobre la moral pública–, sacan de tascas y discotecas a homosexuales vulnerando sus derechos, al ser víctimas de malos tratos y abusos sexuales por parte de funcionarios policiales17. Como consecuencia de estos operativos policiales y las detenciones masivas que acarrean, la situación de hacinamiento en los centros de reclusión preventiva del país se ha mantenido a lo largo de este período18. En el mes de noviembre de 1997, en ocasión de la huelga tribunalicia colapsaron las divisiones operativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) y las 11 comisarías del área metropolitana. El juez 39 penal, Carlos Enrique Piña ordenó, el 13.11.97, al Ministerio de Justicia el traslado de 330 procesados que se encontraban en la sede del CTPJ, acción que se ejecutó a partir del 20.02.98. La situación de hacinamiento ha traído como consecuencia riñas entre reclusos, muertes, fugas, etc. Según cifras que maneja el CTPJ, en 1997 se han fugado de este cuerpo 43 reclusos19. El hacinamiento en los calabozos del CTPJ, ha llevado al director de este organismo, José Ramón Lazo Ricardi a liberar a los detenidos por consumo de drogas, después de instruirles el expediente respectivo. El reclutamiento forzoso ha vuelto a estar presente en este período, a pesar de que las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), con el apoyo de la Oficina Central de Información (OCI), diseñaron una campaña para elevar la autoestima del soldado y aumentar en un 60% la presentación voluntaria de los jóvenes a los centros de alistamiento militar. Sin embargo, el Jefe de la Dirección de Alistamiento de las FAN, general de brigada (Ej.) Venancio Ortega Batista, señaló “que el porcentaje de jóvenes que acuden voluntariamente a prestar su servicio militar obligatorio bajó de casi un 80% al 50%”20.
Durante este lapso, hubo prórrogas en los procesos de alistamiento, ya que no se cubrían las cuotas asignadas, como sucedió en el D.F. y en los Edos. Amazonas, Aragua, Lara, Miranda, Sucre y Zulia. La situación en el Edo. Zulia no ha variado demasiado puesto que lleva 5 años sin obtener el cupo establecido, pero en las otras entidades federales la situación es más atípica. Según Ortega Batista, “Las razones por las cuales no hubo mayor participación, están centradas fundamentalmente en el deseo que tiene una gran parte de los nuevos votantes en ejercer este derecho durante las elecciones regionales de noviembre, presidenciales de diciembre, además de las que se realizarán el próximo año”21. Ante la falta de voluntarios para alistarse en las FAN, los diferentes cuerpos de seguridad aplican el proceso de “recluta” para cubrir con las plazas asignadas. Se introducen en las unidades de transporte público, se estacionan en las paradas de autobús, metro, irrumpen en sitios de trabajo, lugares de estudio, llevándose sin la previa “verificación de documentos” a los jóvenes en edad militar. Posteriormente, son recluidos en centros de conscripción militar, en condiciones deprimentes, mientras les realizan los exámenes de rigor, sin autorizarles una llamada telefónica para avisar a sus familiares dónde se encuentran. Representantes del Movimiento por la Objeción de Conciencia “Elige La Paz” han realizado diversas denuncias de reclutamiento forzoso. Efrain Ruíz, miembro de este movimiento, denunció que el pasado 09.02.98 “alrededor de 50 jóvenes fueron reclutados en alcabalas móviles y terminales ubicados en el Estado Miranda”22. Esta acción se contradice con las declaraciones dadas días antes por el gobernador de ese estado, Enrique Mendoza, en las que anunciaba “la eliminación de la recluta en su jurisdicción”23. Roberto Antonio CABRERA, reclutado por la PM el 17.08.98, luego de finalizar su jornada de trabajo, fue llevado al centro de conscripción “Conejo Blanco” en el Fuerte Tiuna y posteriormente trasladado a la Base Aérea Libertador, ubicada en la ciudad de Maracay (Edo. Aragua). Allí lo obligaron a usar el uniforme, a pesar de que él se había declarado “objetor de conciencia al servicio militar” por ser “Testigo de Jehová”, religión que impide a sus creyentes formar parte de una institución militar. Cabrera fue insultado y luego llevado a una habitación en donde ocho efectivos militares lo golpearon fuertemente, lo encerraron en un armario y le lanzaron 2 bombas lacrimógenas. En un informe realizado por el Movimiento Elige La Paz, correspondiente al período enero-agosto 1998, destacan los casos de reclutamiento forzoso de: Leonel Enrique LÓPEZ, Fernando MOLINA, Carlos Alex ROMERO, Alfredo Gabriel LÓPEZ, Ricardo Enrique MORENO, José Aníbal TOBA y Omar Antonio VIELMA. Durante este período, se ha apreciado una disminución considerable de denuncias y detenciones individualizadas por razones políticas contra militantes de partidos políticos de izquierda, dirigentes vecinales, estudiantiles y/o culturales que los organismos de seguridad del Estado catalogan como presuntos “subversivos”. A pesar de ello, se han denunciado detenciones arbitrarias por parte de la Disip, PM y Policías Estatales en contra de algunos miembros de Bandera Roja (BR), Unión de Jóvenes Revolucionarios (UJR), Movimiento V República (MVR) y de algunas organizaciones culturales. Destacan los casos de Frank ÁVILA, Alexis PINTO, Esteban MICHELENA, Francis MARTÍNEZ, Javier ARIAS e Isaac LÓPEZ, miembros de la organización Centro Orientado al Servicio Múltiple y Organización Social de la parroquia 23 de Enero de Caracas, dedicada a la distribución de alimentos, a través de ventas y ferias comunales, quienes fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Disip el 21.11.97 sin causa justificada. Armando ALVAREZ y Néstor ASTUDILLOS, estudiantes del Instituto Luis Caballero Mejías y militantes de la UJR, fueron detenidos el 07.12.97 en Charallave (Edo. Miranda), por la Disip, mientras colocaban pancartas alusivas a la situación del país. En relación con los militantes del MVR, destaca la denuncia realizada por el abogado defensor de los derechos humanos Tarek William Saab quien señaló que la “Disip estaría hostigando a varios miembros del Movimiento V República y muy especialmente, a ex-integrantes del grupo Ceta, que promueven la candidatura presidencial de Hugo Chávez Frías”24. Oscar ARAPE, quien formó parte del comando especial de la PM y milita en el MVR, fue detenido el pasado 16.04.98 por funcionarios de la Disip sin motivo alguno. Gonzalo SÁNCHEZ AVILA, dirigente del MVR y aspirante a la alcaldía del Municipio Fernández Feo, en San Cristóbal (Edo. Táchira), fue detenido, sin ninguna explicación, después de que una comisión de la Disip allanara su residencia sin orden judicial. Con respecto a miembros de la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, de la Parroquia 23 de Enero de Caracas, Juan Bautista Contrera Suniaga, representante de dicha Coordinadora, señaló que “desde enero de 1998, aproximadamente, los cuerpos de seguridad del Estado no los han molestado”25. Hecho éste que se destaca como positivo, pues en períodos anteriores estos dirigentes eran reiteradamente privados de su libertad por averiguaciones sobre supuestos planes subversivos o por colocación de niples o de cajas sonoras. En relación con detenciones arbitrarias que afectan al partido Bandera Roja (BR), destaca la denuncia introducida por el Comité Político Nacional de ese partido político ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR) en la cual señalan detenciones, acoso y hostigamiento a miembros de su partido desde el 20.01.97. En el período de este Informe destacan los casos de Yuraima LARA, detenida el 16.10.97 por la Policía Municipal de Sucre, trasladada posteriormente a la sede de la Disip en donde permaneció 5 días incomunicada. Rafael Angel OTEIZA quien fue detenido por funcionarios de la PM en el Liceo Antonio José de Sucre en Guarenas (Edo. Miranda), trasladado a la sede de la Disip, y liberado en la noche. Por último, Reynaldo CORTEZ y Leobaldo NIEVES fueron detenidos el 04.11.97 en una marcha estudiantil en la Avenida Bolívar de San Juan de los Morros (Edo. Guárico). En lo que respecta a la zona fronteriza, continúan las violaciones al derecho a la libertad personal por parte de los integrantes de los Teatros de Operaciones (TO). Vladimir Villegas, Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, considera que “la situación en las fronteras venezolanas se ha agravado desde el momento en que el gobierno creó los Teatros de Operaciones, los cuales fueron impuestos en la zona con el objetivo de garantizar medidas de seguridad contra la penetración de la guerrilla, la subversión y los delitos que son propios de un ambiente fronterizo, pero que al final los Teatros también han arremetido contra los habitantes [...] Quién va a querer vivir en la frontera con una permanente suspensión de garantías, corriendo el riesgo de que le allanen su vivienda o sea detenido arbitrariamente sin ninguna explicación”26. Según cifras manejadas por el Comité de Derechos Humanos del Municipio Páez del Edo. Apure (CODEHUM), durante los meses de octubre y noviembre de 1997 se registraron 13 detenciones arbitrarias27. Como ejemplo citamos los casos de Perseberanda LÓPEZ, José Rodolfo PÉREZ MÁCULA, Luis Alfonzo CARRILLO y Juan de Dios GÁMEZ, todos habitantes de distintas zonas de la población de La Victoria (Edo. Apure), quienes fueron detenidos por una comisión conjunta de la Disip, el CTPJ y el Ejército, el día 04.11.97, sin que pesara sobre ellos una acusación formal. En todos los casos las residencias de las víctimas fueron allanadas, y estos fueron trasladados a la sede del TO1 en Guasdualito. Permanecieron al menos 6 días detenidos y en al menos dos de los casos hubo incomunicación. Finalmente a Gámez fue puesto a las órdenes de la Justicia Militar por presunta vinculación con la guerrilla.
Hasta la fecha ha sido imposible determinar la cantidad de detenidos y procesados por la Justicia Militar, en razón de la suspensión de las garantías constitucionales en 16 municipios fronterizos, debido a que las autoridades militares son reacias a brindar información sobre la materia. En ese sentido, en fecha 08.07.98, Provea dirigió una carta al Coronel (GN) Nelson Alfredo Daniels Torres, Director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional del Ministerio de la Defensa, solicitando información sobre las detenciones de personas civiles, nacionales y extranjeras, a quienes se les procesa por el delito de rebelión militar. En respuesta a esta correspondencia, el Coronel Daniels se excusó de dar información señalando “que esta Dirección no lleva registro de dicho caso”28, lo que es inaceptable dado que ese despacho forma parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se ha comprometido a brindar información o procesar denuncias que presenten las ONGs. Un caso paradigmático de este patrón de detenciones arbitrarias se ilustra a continuación. El 01.06.98, toda una familia de la etnia Yukpa –José Rosario PAISI, Paulina CHUKI y sus hijos Darío, José Orlando, Américo y José Luis PAISI CHUKI– fueron detenidos por efectivos del Grupo de Tareas N° 2, que tienen jurisdicción en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia), siguiendo la pista de los secuestradores de un ganadero de la zona. José Rosario Paisi continúa detenido y procesado por la justicia militar acusado de colaborar con la guerrilla, cuando en realidad fue obligado a cocinar para el grupo guerrillero, cuando estos se retiraban hacia el territorio colombiano. Por lo antes expuesto, Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz junto a las organizaciones de la zona, han iniciado una campaña para exigir al gobierno la restitución de las garantías constitucionales en los estados fronterizos, además de solicitar que se regulen los plazos para las detenciones preventivas mientras aquellas son restituidas. Según Alfredo Ruiz, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, “en Venezuela, se tiene detenida una persona generalmente 8 días, pero en la frontera llega hasta 30, 40 ó 50 días, mientras se realizan las investigaciones”29. Con respecto a otro patrón de actuación, las detenciones individualizadas por abuso de poder, cabe resaltar la detención por funcionarios del Centro de Operaciones de Seguridad y Defensa (Cosydela) de 14 ciudadanos extranjeros naturalizados, quienes fueron arrestados por este organismo por no estar presentes en el acto de juramentación de la bandera nacional, en la plaza Bolívar de Barquisimeto (Edo. Lara). En este período se han registrado detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra defensores de derechos humanos. Entre los casos de detenciones están los de Sergio SALVADOR, voluntario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz del Edo. Zulia, quien fue detenido en junio de 1998 por dos individuos vestidos de civil que lo apuntaron con un arma mientras lo amenazaban para que abandonara las investigaciones contra funcionarios de la PTJ. Carlos NIETO PALMA, Coordinador General de Ventana para la Libertad (Bloque de Organizaciones para la Transformación Penitenciaria), fue detenido el 05.06.98 por una comisión de la Disip, la cual lo sacó de su oficina ubicada en Caracas, acusándolo de provocar desórdenes en establecimientos penitenciarios. Durante el período en estudio, no se conocieron nuevos casos de presos políticos. El 24.10.97, la Corte Marcial ordenó la libertad de Graciela AGUIRRE por considerar que no existían elementos ni indicios que evidenciaran una supuesta conspiración o rebelión militar. Es de recordar que el Tribunal II Militar de Caracas dictó auto de detención a Graciela Aguirre por rebelión militar y posteriormente fue acusada del delito de “instigación a delinquir”30. Detenciones en manifestaciones Con respecto a las detenciones en manifestaciones pacíficas se contabilizaron un total de 118 que equivale a una disminución del 22% con respecto al período anterior. Durante los meses de noviembre, diciembre de 1997 y abril de 1998 se registró el mayor número de detenciones. ___________________________________________________________________________________________________________________
1. Ver Anexo No
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