Informe Anual
1997-1998
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Informe Anual 1997-1998 |
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DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL
La
libertad y la seguridad personales son inviolables...
El
hogar doméstico es inviolable. No podrá ser allanado sino para impedir la
perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, decisiones
que dicten los tribunales.
En el actual período se mantuvieron los patrones de violación reseñados en el Informe anterior; sin embargo, a diferencia de los años anteriores, en esta oportunidad destacan especialmente los 15 casos de hostigamiento y amenazas sufridas por defensores de derechos humanos. Se reafirma como patrón de violación el hostigamiento y las amenazas a las personas que han denunciado agresiones sufridas por los cuerpos de seguridad. También son frecuentes las amenazas a las víctimas de abusos para que no realicen las denuncias. A diferencia de los años anteriores, en esta oportunidad fueron menos frecuentes las denuncias de hostigamiento a dirigentes políticos, vecinales o estudiantiles; sin embargo, estos no han dejado de ser grupos especialmente vulnerables a las acciones de amedrentamiento y persecución. Hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos En el período de análisis ha resultado especialmente preocupante el aumento de las amenazas y las acciones de hostigamiento dirigidas hacia defensores de derechos humanos en todo el país. Lo que hasta ahora había sido una conducta esporádica de algunos miembros de los cuerpos de seguridad, o de personas ligadas al poder público, casi exclusivamente en el interior del país, se ha convertido en una práctica común de funcionarios que ven en los defensores de derechos humanos un enemigo, o en el mejor de los casos, un obstáculo para lograr objetivos relacionados con la seguridad pública. Tres de los casos contabilizados involucran a miembros de organizaciones con sede en Caracas y que tienen un destacado accionar público a nivel de defensa de casos, información pública, talleres de formación y relaciones con distintas instancias del gobierno. Tal es el caso de Liliana ORTEGA, Directora Ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), quien en el primer semestre de 1998 fuera víctima de hostigamiento por vía telefónica como consecuencia de los avances obtenidos en uno de los casos que la organización lleva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El segundo caso ocurrido en Caracas es el de Marvelis SIFONTES, activista de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, quien fuera amenazada de muerte por vía telefónica, después de asesorar al señor Angel Giovanni BLANCO DÁVILA para que éste realizara una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el funcionario de la Policía Metropolitana Carlos Guerra Velásquez por violación a su derecho a la seguridad e integridad personal1. El último caso resulta aún más preocupante, pues en este caso la víctima, el Coordinador General de Ventana para la Libertad (Bloque de Organizaciones para la Transformación Penitenciaria), Carlos NIETO PALMA, fue detenido por funcionarios de un cuerpo de seguridad que no se identificaron, y luego fue llevado a un apartamento “no oficial” en Los Chaguaramos en el cual fue interrogado y amenazado por su trabajo en los recintos penitenciarios2. En el interior del país resulta particularmente grave la situación que viven los defensores de derechos humanos en el Edo. Apure, pues bajo el régimen de suspensión de garantías las acciones de defensa emprendidas por los grupos para salvaguardar la integridad personal y garantizar el derecho al debido proceso a las personas detenidas bajo sospecha de colaboración con la guerrilla, son catalogadas por los mandos militares como acciones de defensa de la subversión. Es así como se le ha abierto juicio militar al señor Eusebio GÓMEZ ORTIZ, miembro del Comité de Derechos Humanos de La Victoria, por supuesta vinculación con la guerrilla. También han sido víctimas de hostigamiento, Jorge NIEVES, colaborador del Comité de Derechos Humanos del Municipio Páez (Codehum) y el maestro Hugo CARO, miembro del Comité de Derechos Humanos de La Victoria y Director de la Escuela de esta población, quienes también han sido acusados sistemáticamente por miembros del Teatro de Operaciones No 1 de estar vinculados con la guerrilla. Ambos son activos dirigentes comunitarios y críticos del mantenimiento de la suspensión de garantías en la zona. Otros casos preocupantes son los ocurridos en los Edos. Lara, Anzoátegui y Aragua, donde el hostigamiento a los defensores de derechos humanos ha sido público e incluso se ha apoyado en los medios de comunicación social. En Lara la víctima ha sido el Padre Adolfo ROJAS, Vicario de la Pastoral y de la Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Barquisimeto, quien ha sido acusado públicamente por el Gobernador Orlando Fernández de ser un aliado de los encapuchados. En una reseña de El Impulso publicada en enero, Fernández afirma que al Padre Rojas “le gusta la violencia, a él le gustan los encapuchados; a él le gusta la quema de carros; a él le gusta que le tiren piedras a la policía. A mí, no”3. Estos comentarios de Fernández fueron hechos después de que Rojas denunciara en un Foro distintos abusos cometidos por el gobernador. En Maracay (Edo. Aragua), el diputado de la Asamblea Legislativa Virgilio DELGADO fue agredido por una turba dentro del Palacio Legislativo, tras plantear la discusión en el parlamento regional sobre los abusos cometidos por la Brigada de Operaciones y Apoyo (BOA) de la Policía de Aragua. Según miembros del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Aragua, de la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y de la Comisión de Defensa de los Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo (Coddeciuc), los agresores fueron trasladados por autobuses de la Gobernación y organizados por el secretario de gobierno, José Vicente Aquino, con el fin de atemorizar a quienes se atrevan a denunciar abusos cometidos por la Policía de ese estado. El caso de Aragua es especialmente preocupante, pues se ha realizado una campaña de opinión pública con el fin de persuadir a las comunidades de que los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua, así como otras organizaciones de derechos humanos, obstaculizan las acciones emprendidas por la gobernación para controlar los índices delictivos4. La Policía de Aragua es una de las que más denuncias ha recibido en los últimos años por violaciones a los derechos humanos. También en Aragua, Jorge León GARCÍA de la Comisión de DDHH de Justicia y Paz, fue acusado por la Gobernación del Estado de realizar denuncias falsas, y junto a miembros de Coddeciuc han sido calificados por el secretario de gobierno como defensores de delincuentes y de ser elementos obstruccionistas de las labores para combatir la delincuencia. En Anzoátegui, Noel AZÓCAR, Presidente de la Fundación de los Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, fue amenazado de muerte por el Comisario José Luis Surga durante una interpelación de la Asamblea Legislativa al Comandante de la Policía de Anzoátegui, Coronel (GN) José Aure Lizauzaban. En Maracaibo (Edo. Zulia), Sergio SALVADOR, voluntario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y trabajador de la Arquidiócesis de Maracaibo, fue interceptado en la calle, apuntado con un arma de fuego y amenazado de muerte para que no siguiera participando en la investigación del posible ajusticiamiento de Nilson Benítez, en el que están involucrados funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). Otra voluntaria de la misma organización, Marideex VALERA, recibió amenazas de muerte, esta vez por vía telefónica, debido a su participación en el caso. También los familiares y vecinos de Nilson Benítez denunciaron estar siendo hostigados, e incluso Keyla BENÍTEZ, hermana de Nilson, fue víctima de disparos desde un automóvil5. Los casos anteriores muestran una actitud hostil, tanto de funcionarios de los cuerpos de seguridad como de autoridades del poder ejecutivo (regional en su mayoría). En casos como el de Aragua, existen suficientes indicios para afirmar que existe una política de gobierno dirigida a desacreditar y amedrentar a los defensores de los derechos humanos para quitarles espacios de acción y disminuir así el peso de sus denuncias. En este período fueron contabilizadas 31 denuncias de hostigamiento por razones políticas, de las cuales 2 involucran a colectivos de más de cinco personas. Resulta especialmente preocupante la situación del Edo. Lara, donde dirigentes políticos de distintas corrientes han denunciado la creación por el Gobernador del estado de un cuerpo parapolicial que se encargaría de amedrentar o incluso atacar a dirigentes opositores al gobierno de Orlando Fernández Medina. Según la denuncia hecha por el Secretario General de AD en Lara, Pedro Pablo Alcántara, tres dirigentes de ese partido fueron víctimas de amenazas y amedrentamiento por este cuerpo parapolicial. Carlos PÉREZ habría sido amenazado de muerte con un arma de fuego, sacado de su casa y esposado; Pedro GARCÍA habría sido raptado y amenazado con arma de fuego; y finalmente Líster INCIARTE habría recibido amenazas telefónicas. Según Alcántara, el cuerpo estaría conformado por unos veinte exfuncionarios policiales (del CTPJ, de la Disip y de la Policía del Estado), quienes habrían sido equipados para sabotear actos públicos de los adversarios de Fernández6. El diputado Eduardo PIRELA, Presidente de la Comisión de Política Agraria de la Asamblea Legislativa de Lara, también denunció la creación de este grupo parapolicial al denunciar ante la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados que tanto él como su esposa estaban siendo víctimas de amenazas y amedrentamiento por parte del gobernador7. En este período se volvieron a repetir las acciones de acoso a dirigentes del 23 de Enero (D.F.). El día 21 de noviembre fueron detenidos 6 dirigentes de esta comunidad por una Comisión de la Disip. Frank AVILA, Alexis PINTO, Esteban MICHELENA, Francis MARTÍNEZ, Javier ARIAS e Isaac LÓPEZ fueron detenidos sin una orden judicial y llevados a la sede Central de la Disip donde estuvieron incomunicados por al menos dos días. Los detenidos pertenecen a la Asociación Civil Los Reyes Magos y a la Cooperativa Centro Orientado al Servicio Múltiple y Organización Social8. Miembros de la Coordinadora Cultural Simón Bolívar se reunieron el 03.12.97 con el Ministro de Relaciones Interiores, José Guillermo Andueza, para denunciar “el acoso del que son víctimas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Disip, y para desmentir las acusaciones que los vinculan con la colocación de niples [explosivos hechos con tubería] en Caracas”9. Los dirigentes vecinales denunciaron en aquella ocasión que han sido señalados como subversivos por vendedores de droga que trabajan como informantes de la Disip, con el propósito de desvirtuar sus labores y recuperar el espacio que la Coordinadora les ha quitado con las actividades deportivas y culturales. El estudiante Félix FARÍAS, reseñado en el Informe anterior como víctima de tortura y amenazas, nuevamente fue secuestrado y torturado presuntamente por efectivos de la Disip. Farías fue raptado el 07.10.97 en la Urbanización Las Palmas de Caracas, fue subido a un vehículo, su rostro fue tapado con un pasamontañas y luego fue torturado (recibió quemaduras y golpes) con el fin de obtener información sobre supuestos planes subversivos relacionados con la colocación de bombas en Caracas y con la existencia de un plan para provocar disturbios durante la visita del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton10. Al menos seis dirigentes del Movimiento V República (MVR), partido surgido del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), denunciaron ser víctimas de atentados contra su derecho a la seguridad personal. Tal es el caso de Armando GUERRERO (54) quien el 20.05.98 sufrió quemaduras de tercer grado en el 45% de su cuerpo al estallar dos artefactos explosivos en su automóvil mientras se encontraba estacionado frente a su casa en la parroquia La Vega de Caracas. Guerrero no estaba en el vehículo, pero, tras la primera explosión, entró en él y sufrió las quemaduras al producirse la segunda explosión. En el vehículo había otros tres aparatos que no explotaron. Miembros del MVR acusaron a la Disip de tratar de asesinar a Guerrero11. Otro caso es el de Alberto ROSARIO y Ciro NIETO, pobladores de Rosario de Paya (Edo. Aragua), quienes recibieron el 06.04.98 la visita a sus casas de funcionarios vestidos de civil que los interrogaron sobre su militancia mientras les hacían ver que portaban armas de fuego12. Freddy BERNAL y Oscar ARAPÉ denunciaron ante la FGR el 21.04.98 ser víctimas de hostigamiento por la Disip. Bernal afirmó haber sido perseguido durante cinco horas mientras hacía proselitismo por su partido en Los Teques (Edo. Miranda), mientras que Arapé fue detenido arbitrariamente en Caracas13. Finalmente, Antonio RODRÍGUEZ SAN JUAN, acusó a la Dirección de Inteligencia Militar de haber tratado de colocar armas en su vehículo para luego acusarle de actividades ilegales14. La mayoría de los casos de hostigamiento y amenazas parten de una acusación que relaciona a las víctimas con actividades subversivas. Los cuerpos de seguridad parecen incapacitados para realizar investigaciones que permitan establecer responsabilidades concretas, por lo que la tendencia sigue siendo la de detener basándose en las acusaciones hechas por sus informantes, y tratar de amedrentar a los posibles conspiradores para que no persistan en sus actividades. La absoluta impunidad que persiste en los casos de detenciones arbitrarias, amedrentamiento, hostigamiento, y práctica de torturas para obtener información relativa a actividades subversivas, permite pensar que estas prácticas se han establecido como válidas para la lucha contra la subversión. Del total de denuncias procesadas, 33 fueron realizadas por personas o grupos de personas que sufrieron maltratos y que lo denunciaron, o que fueron amenazadas para que no lo hicieran. De estos 32 casos, 6 fueron denunciados por colectivos de más de 5 personas. Este patrón de hostigamiento es tan preocupante como los anteriores, pues apunta a la reafirmación de la impunidad, dado que los funcionarios que se exceden en el cumplimiento de sus funciones, o que cometen abusos sin justificación, hacen uso del poder que les ha concedido el Estado (la posibilidad de ejercer la violencia) para resguardar la seguridad pública, con la única intención de evadir responsabilidades personales. Así, las víctimas de abusos, los testigos y sus familiares, se convierten en blanco de persecución y en potenciales víctimas de nuevos abusos. Un caso que evidencia esta tendencia, fue objeto de una acción urgente elaborada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, como medida para salvaguardar la integridad de las víctimas. El joven Freddy Díaz (18) falleció tras recibir un disparo efectuado por el funcionario de la Policía del Municipio Sucre, Mario Zagala. El funcionario había perseguido al menor Alí Eduardo Sojo (14) hasta el interior de su casa tras haber intentado detenerlo frente a su casa. El funcionario entró a la casa de Sojo después de que éste escapara mientras Zagala discutía con un familiar del menor que había salido a defenderlo. El funcionario disparó a Sojo dentro de la casa, la bala atravesó su antebrazo y luego hirió en un costado a Díaz15. Los policías se negaron a ayudar al herido; luego, varias unidades de ese cuerpo policial allanaron la casa, aparentemente buscando algún elemento que pudiera utilizarse para justificar la acción. Los policías detuvieron a los familiares de Díaz, les hicieron pasar más de 24 horas detenidos, y los amenazaron con hacerles la vida imposible si denunciaban lo ocurrido. La versión policial atribuyó la herida de Díaz a un forcejeo entre éste y el funcionario policial. A pesar de las amenazas, los familiares hicieron la denuncia ante los medios de comunicación y desmintieron la versión policial de lo ocurrido. Desde el día del asesinato de Díaz, se han observado patrullas de la Policía de Sucre que pasan frente a la casa, o se estacionan en sus cercanías16. En otro caso de violación al derecho a la vida, Juan Carlos FRANCIA pidió protección a la FGR, pues se trata del único testigo del asesinato de José Gregorio Cárdenas Monasterio a manos de funcionarios de la PM. Francia fue detenido y amenazado para que no hiciera la denuncia17. También Edgar Humberto ORTIZ RUIZ y Zaida HERNÁNDEZ DE ARELLANO, padres de Johan Alexis Ortiz Hernández, muerto en extrañas circunstancias en los comandos rurales de la Guardia Nacional (GN) en Caño Negro (Edo. Táchira), han recibido llamadas telefónicas con amenazas de muerte para que no hagan públicos los nombres de los funcionarios implicados en la muerte de su hijo18. También han sido víctimas de amenazas los familiares de Raúl Antonio Fuentes Materán, asesinado en su casa de Catia La Mar por funcionarios del CTPJ19; así como los familiares de Santos Villanueva, quien falleció en Calabozo (Edo. Portuguesa) mientras estaba detenido, aparentemente como consecuencia de los malos tratos a los que habría sido sometido por funcionarios del CTPJ20. Pero no sólo en los casos de violaciones al derecho a la vida las víctimas son amenazadas para que no denuncien o luego de que lo han hecho. Uno de los casos más preocupantes en este sentido fue el de la violación masiva a los derechos a la integridad y a la seguridad personal cometida por agentes de la Policía del Municipio Baruta el 24.12.97, en seis barrios de Petare (Municipio Sucre). La acción de los policías se desató a raíz del asesinato de uno de sus compañeros en esa zona de la capital. Los funcionarios tomaron la zona buscando a los responsables, dispararon hacia las residencias, allanaron una cantidad no especificada de hogares y agredieron a multitud de personas. Como consecuencia de la acción resultaron heridas de gravedad 44 personas21. El 30.12.98 los vecinos del barrio 5 de Julio denunciaron ante el Alcalde del Municipio Sucre que habían recibido amenazas de muerte de funcionarios de la Policía de Baruta para que no declararan ante el Juez que investigaba lo sucedido ese día22. En Carora (Edo. Lara), Jhonny ALDANA fue detenido y maltratado por funcionarios policiales que lo creían responsable del desvalijamiento de un vehículo; al percatarse de su error, los funcionarios lo liberaron, pero lo amenazaron con hacerlo aparecer como un delincuente si hacía la denuncia23. Heriberto HEGURROLA (19), Fabio ANCHETA (28) y César ARANGUREN fueron detenidos bajo la acusación de ser encapuchados (responsables de manifestaciones violentas que cubren su rostro) y de haber disparado a un helicóptero. Estuvieron detenidos durante dos días, e incomunicados y sin alimentación durante aproximadamente 24 horas. Una vez liberados fueron amenazados con tomar represalias contra sus familiares si denunciaban lo ocurrido24. De los casos contabilizados en este apartado, 4 pertenecen a denuncias hechas por periodistas que recibieron amenazas por funcionarios policiales o militares mientras trataban de realizar su trabajo. Del total de casos, 51 denuncias de hostigamiento y amenazas fueron reseñadas como consecuencia de abuso de poder, 11 de las cuales fueron realizadas por colectivos de más de 5 personas. También 27 denuncias de allanamientos fueron contabilizadas bajo este patrón, una de las cuales fue de allanamientos masivos. En estos casos, los funcionarios de los cuerpos de seguridad transgredieron los límites de la ley en el cumplimiento de sus funciones, o se ampararon en su condición de miembros de un cuerpo de seguridad para saldar rencillas personales o defender los intereses de un particular. Tal fue el caso de Edgar Alexander TAPUYO PARICHE (21), quien fue amenazado de muerte por el inspector de la Policía del Municipio Bolívar del Edo. Anzoátegui, Fernando Salazar. Posteriormente recibió una golpiza por parte de funcionarios de ese cuerpo policial que lo encontraron dormido después de haber consumido alcohol. Tapuyo Pariche murió 22 días después25. Algo similar ocurrió con Erasmo TÚA (48), quien fuera detenido por las Fuerzas Armadas Policiales de Lara bajo la acusación de violación y fuera amenazado de muerte al momento de ser detenido. Posteriormente recibió amenazas en su celda y finalmente fue encontrado estrangulado, 16 días después de su detención26. Ana Cristina GONZÁLEZ denunció al Teniente Nelson Galbán Méndez, comandante de la GN en Montalbán (Edo. Carabobo), de ser responsable del hostigamiento al que ha sido sometida para que abandone su casa, porque ésta se encuentra en un terreno municipal. El hogar de González ha sido allanado 5 veces y con frecuencia es atacado por los funcionarios de la GN27. En lo relativo a los allanamientos, la Disip allanó más de 100 viviendas del Bloque 1 de La Quebradita en San Martín (Municipio Libertador, D.F.) y maltrató a los vecinos, según una denuncia realizada por la Asociación de Vecinos. Aparentemente la acción se realizó porque los funcionarios buscaban a los responsables de una manifestación ocurrida días antes28. El diputado Javier Medina, presidente de la Subcomisión para la Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, denunció que los pescadores artesanales de los Municipios Mara, Páez y Padilla (Edo. Zulia), son atropellados constantemente por funcionarios de la GN que los persiguen bajo la excusa de que causan daños al ecosistema, mientras le brindan protección a embarcaciones que practican la pesca de arrastre en zonas donde está prohibida29. Los miembros de la familia MALAVER MORÓN fueron detenidos junto a varios empleados por tener en su tienda franelas con dibujos de hojas parecidas a las de la marihuana. A partir de ese día son obligados a presentarse cada tres días a la sede del CTPJ en Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui), donde son retenidos de cuatro a cinco horas30. De los allanamientos registrados en este período, 8 fueron realizados contra centros educativos con la intención aparente de controlar manifestaciones violentas. Sin embargo, la violencia indiscriminada mostrada por los funcionarios, así como la falta de justificación para la acción argumentada por los denunciantes, los convierte en allanamientos ilegales.
Especial mención merece el allanamiento realizado el 04.06.98
en el Instituto Universitario Tecnológico de Valencia por la Policía del Edo.
Carabobo, realizado según los denunciantes para impedir que se conformara el
Centro de Estudiantes de esa casa de estudios. Los funcionarios golpearon a
los estudiantes con tubos y los atacaron con perros, lanzaron bombas
lacrimógenas dentro del recinto y causaron destrozos31.
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