Durante el período comprendido entre octubre de 1997 y septiembre de 1998, se registró el menor número de acciones –desde 1991–, emprendidas por los distintos sectores del movimiento popular, para la defensa de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, ubicándose en 422, lo que supone una disminución del 33,2% respecto de las 632 registradas en el período anterior. Vale recordar que el promedio para el período 1991-1994 era de 1.000 manifestaciones anuales, y para el período 1994-1998 es de apenas 565, lo que implica una disminución del orden del 43,5%1.

Esta situación de desmovilización y apatía social que se ha presentado a lo largo del actual período constitucional, es un dato objetivo de la realidad político-social que ha vivido Venezuela luego del agitado período iniciado en 1989, cuando se aplicó el primer Plan de Ajuste Estructural de la Economía (PAE). A partir de 1994, las expectativas populares en el gobierno del Dr. Caldera, que ofreció revertir las políticas económicas neoliberales; la participación en el gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda que anteriormente participaban de la protesta popular y ahora la adversan o contienen; la ausencia de liderazgo y propuestas políticas que unifiquen al movimiento popular y la sociedad civil, y los efectos de la crisis económica que ha llevado a gran parte de la población a invertir su tiempo en solventar su sobrevivencia económica y necesidades individuales en desmedro de la participación en asuntos de interés colectivo, ya sea de índole social o política, son elementos a tomar en cuenta para explicar una etapa de reflujo de las fuerzas dinamizadoras del cambio social.

En este contexto, se registraron 37 protestas violentas, un 8,7% del total de manifestaciones registradas, lo que representa una disminución del 4,3% respecto del período anterior, lo que confirma la disminución registrada en 1997. También cabe destacar, que aún cuando la mayoría de las manifestaciones violentas fueron protagonizadas por el sector estudiantil, a partir del mes de julio de 1998 éstas casi han desaparecido del escenario para dar paso a estrategias que privilegian las acciones pacíficas caracterizadas por la originalidad y la creatividad.

Según las distintas modalidades de manifestaciones pacíficas, los cierres de calle destinados a interrumpir el tránsito encabezan la preferencia de los manifestantes:  113 para un 26,7% del total; le siguen las concentraciones con un 25,1% y las marchas se ubican en el 18,2%, confirmando su disminución desde 1994, cuando era del 28%.

Con respecto a los derechos reclamados o defendidos por los sectores sociales movilizados, se mantiene la tendencia histórica evidenciada desde 1989, que demuestra que la mayoría corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). En esta oportunidad, el reclamo o defensa de los DESC representa el 89% del total, superando el 65% del período anterior. Cabe destacar que el derecho a la educación motivó el 30% de las manifestaciones; los derechos laborales el 23%; el derecho a la vivienda el 16%; el derecho a la seguridad social el 8% y el derecho a la salud el 5%. El reclamo o defensa de los derechos civiles y políticos (DC y P) representó el 11% del total.

Una vez más, se puede constatar que la mayoría de las acciones llevadas a cabo por distintos sectores sociales en la defensa o reclamo de sus derechos, se llevan a cabo de manera espontánea, focalizada y no vinculada con propuestas políticas globales o espacios regionales o nacionales de articulación. La participación según sectores en las manifestaciones registradas en el período muestra que los vecinos motorizaron el 29% de ellas; los estudiantes el 28%; los trabajadores el 18% y los jubilados y pensionados el 4%.

La ubicación geográfica es reveladora de que en los estados centrales se concentra la mayor cantidad de acciones de protesta, discriminadas de la siguiente manera: Caracas (32%); Lara (11%); Carabobo (11%), Aragua (8%), lo que representa un 62% del total nacional; sólo el Edo. Zulia con un 9% destaca del resto del interior del país.

En el presente Informe se investiga por primera vez el grado de respuesta de las autoridades a los reclamos de quienes manifiestan en la defensa de sus derechos. En ese sentido, hemos registrado tres tipos de respuestas que dan una idea de la voluntad política de las autoridades para responder a las problemáticas que plantean los sectores manifestantes: a) Presencia en el sitio de la protesta de la autoridad competente, b) Compromiso de resolución y c) Ausencia en el sitio de la protesta. Las estadísticas son claras y contundentes: sólo un 17% de los reclamos han tenido atención por parte de las autoridades, y apenas un 3% de ellos han derivado en un compromiso de las autoridades para solucionar las demandas o problemas presentados por los manifestantes.

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Exigibilidad en materia de DESC

Dentro de un panorama caracterizado por la espontaneidad e inorganicidad de las protestas, la organización y realización de “paros cívicos” en zonas del interior del país es un fenómeno que merece destacarse, pues al menos significa que a nivel regional se logra trascender con este tipo de acciones las limitaciones señaladas inicialmente. Las causas de los paros cívicos suelen ser múltiples y variadas. Muchas de ellas tienen que ver con las tarifas de los servicios públicos, especialmente del servicio eléctrico. Así, en la población de Nirgua (Edo. Carabobo), se realizó el 03.11.97, con participación de todos los sectores organizados de la comunidad (comercio, colegios, transporte público, vecinos) un paro cívico contra los aumentos de las tarifas eléctricas implementadas por Eleoccidente. La gran mayoría de la población se concentró durante más de cuatro horas en los alrededores de la Plaza Bolívar, logrando que la empresa eléctrica enviara a su máximo representante, quien se comprometió a realizar “una investigación para determinar una posible especulación con las facturas y en relación con las fluctuaciones iba a ordenar que se analizaran las causas”2.

Asimismo, en el Edo.Yaracuy, el 09.03.98 se llevó a cabo con todo éxito un paro cívico convocado por la Federación de Vecinos de Yaracuy, para protestar también contra el alza de las tarifas eléctricas por parte de la empresa Eleoccidente, que contó con el apoyo del sector comercial e incluso con el apoyo de los alcaldes de las poblaciones de Bruzual y Urachiche, que procedieron a cerrar la autopista centroccidental a la altura de Chivacoa3. Un numeroso grupo de manifestantes se concentró frente a la iglesia de “Santa Lucía”, en Yaritagua, donde el alcalde de la localidad se comprometió a plantear ante el Congreso Nacional la posibilidad de conseguir una tarifa social para ese estado.

En la población de Upata (Edo. Bolívar), el 03.06.98, la Cámara de Comercio convocó a un paro cívico para protestar por la apatía gubernamental ante los problemas de la región. Vale precisar que cuando una comunidad toma la decisión de optar por la modalidad de un paro cívico es porque se agotaron con anterioridad todas las instancias de diálogo con las autoridades. Este fue el caso del realizado en Upata: “Es doloroso que se haya tenido que llegar a estos extremos, pero hemos agotado todas las instancias para hacer un llamado a la reflexión”4. Otra característica presente en esta modalidad de protesta ciudadana, es la presentación de un pliego de peticiones y propuestas; en este caso cabe destacar algunas de las más relevantes: “–Mejor dotación de la Policía estatal para enfrentar el crecimiento de la delincuencia y garantizar un mínimo de seguridad al ciudadano y a la propiedad privada [...] –Exigimos la implementación de programas concretos para combatir los niveles de pobreza en algunos sectores de la población. –Mejorar el sector salud en nuestro municipio”5.

En el Edo. Zulia, habitantes de asentamientos indígenas y campesinos establecidos en la zona sur del lago de Maracaibo, específicamente en el sector Pueblo Nuevo-El Chivo, organizaron un paro cívico el 12.11.97. La actividad contó con el apoyo expreso de la jerarquía de la iglesia católica de la región, y fue organizada por sindicatos campesinos de varios municipios de la zona. Las principales demandas de los organizadores tenían que ver con el rescate y asignación de las tierras que en este momento son propiedad del Estado y del Instituto Agrario Nacional (IAN), pero que están siendo asignadas para la explotación petrolera, “cuando son las aptas para la producción de alimentos”6.

Puede afirmarse con propiedad que los paros cívicos son una estrategia adecuada y cónsona con el proceso de exigibilidad de los derechos humanos, ya que permite una amplia y democrática participación de sectores afectados por problemas comunes, posibilita el consiguiente diálogo con las autoridades –que no pueden desconocer la demanda de sectores mayoritarios de la población–, y finalmente propicia la participación de la población en el seguimiento de los acuerdos logrados con las autoridades.

En el período, también dos sectores sociales (estudiantes y jubilados) lograron impacto y alcanzaron logros importantes que vale la pena señalar, más allá de la modalidad de protesta empleada para defender sus derechos. En el caso del sector estudiantil, se produjo un cambio significativo en las estrategias utilizadas para alcanzar sus reivindicaciones o para denunciar medidas que afectan el derecho a la educación. Al iniciar este capítulo se hizo referencia a que la mayoría de las protestas violentas habían sido protagonizadas por el sector estudiantil, tanto de educación media como superior, pero este fenómeno –presente desde 1989– comenzó a cambiar a partir del mes de julio de 1998 cuando la juventud universitaria se planteó estrategias originales para defender la educación gratuita y denunciar la posible aprobación del Proyecto de Ley de Educación Superior (PLES). Hasta ese momento, las protestas violentas consistentes en la quema de vehículos frente a las instalaciones de las principales universidades del país o el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden, caracterizaron las protestas contra la implementación del ticket estudiantil, que suplantaría en algunas regiones del país, al histórico pasaje preferencial estudiantil.

El primer indicio del cambio de preferencia en las modalidades de protesta, se presentó el 07.05.98, cuando estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) realizaron una masiva concentración estudiantil en rechazo del cobro de matrícula a través de la creación de un Fondo de Desarrollo Estudiantil por parte de las autoridades universitarias. A partir del mes de julio, cuando el Congreso activó la discusión para la aprobación del PLES, el movimiento estudiantil, encabezado por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), sorprendió a la opinión pública con una original protesta: estudiantes desnudos pintados de azul enfrentaron a desconcertados pelotones policiales con el objetivo de oponerse a la aprobación de la referida ley.

Sucesivas acciones de carácter pacífico, que incluyeron toma de embajadas, caravanas de automóviles y autobuses, baños desnudos en plazas públicas, jornadas de camping, llamado al toque de cacerolas en sectores populares, jornadas de teatro de calle, tomas del Congreso, entre otras, lograron paralizar la discusión en el Congreso y la eliminación del polémico artículo Nº. 20 del PLES. Vale destacar que la reivindicación de las formas pacíficas de manifestar generó un cambio importante en la opinión pública respecto de las demandas estudiantiles; inclusive suscitó un debate interesante en los medios de comunicación social acerca de los pro y los contra de algunas de las protestas consideradas más irreverentes, tal como la aparición de estudiantes desnudos. Sin duda alguna, la paralización de la aprobación del PLES da cuenta del apoyo mayoritario de la opinión pública que presionó para que los congresantes, en pleno inicio de la campaña electoral, decidieran dejar esta discusión para el próximo parlamento.

El sector que agrupa a las personas de la tercera edad, nucleados en el Comité de Pensionados y Jubilados del Seguro Social, es un ejemplo de lucha con persistencia en el tiempo. Fundado en julio de 1992, se ha constituido en una referencia a nivel nacional, por su capacidad organizativa y propositiva. A lo largo del período realizaron múltiples jornadas de movilización en pro del cumplimiento de la Ley de Homologación, que establece la equiparación de la pensión con el salario mínimo nacional. Como ejemplo de su nivel de creatividad y capacidad de presión, vale recordar que sólo en el mes de marzo realizaron durante cuatro jueves seguidos distintos tipos de manifestaciones de protesta: una vigilia por los pensionados, una manifestación frente al Congreso en ocasión de la visita al mismo del Presidente Rafael Caldera, la realización de un vía crucis por las calles céntricas de la ciudad y el comienzo de la recolección de un millón de firmas para lograr la destitución de los ministros de Hacienda y Cordiplán. En el curso de los meses siguientes, las actividades de calle continuaron en todo el país, e incluso abordaron la implementación de iniciativas jurídicas como la de solicitar a la Corte Suprema de Justicia una interpretación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Homologaciones y de los artículos 9 y 10 de las resoluciones 2.846 y 2.847, que pretenden desconocer el cálculo de las pensiones con base en el salario mínimo vigente de Bs.100 mil.

Las acciones en defensa de los derechos laborales, como en años anteriores tuvieron un carácter localista y focalizado en la resolución de conflictos vinculados con reivindicaciones laborales y con deudas salariales a trabajadores del sector público. Estuvieron ausentes del panorama laboral reivindicaciones globales que afectan al conjunto de los asalariados, como el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo en materia de prestaciones sociales, el fenómeno de la desocupación o la defensa de la seguridad social afectada por las propuestas de reforma implementadas durante 1998. En este sentido, las principales centrales sindicales del país no han motorizado la protesta social del sector laboral, por lo que la mayoría de los conflictos estuvieron liderizados por sindicatos de empresas, o en el caso de los empleados públicos, médicos o docentes por las federaciones que los agrupan a nivel nacional.

Vale destacar como elemento novedoso, la aparición de protestas de trabajadores desempleados, fundamentalmente en el oriente del país, donde el fenómeno de la desocupación afecta a las empresas de las industrias básicas de Guayana o a las empresas vinculadas a la apertura petrolera del oriente del país. El 23.09.98, empleados y obreros desempleados de la industria petrolera llegaron a Caracas desde el Edo. Anzoátegui para denunciar la existencia de 18.000 despidos en la zona; realizaron una concentración en las puertas de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), buscando llamar la atención de la opinión pública nacional sobre esta problemática.

Llama la atención en este período el mayor número de protestas en defensa del derecho a la vivienda, las que representaron el 16% del total, que involucraron a asociaciones de vecinos que reclamaban por la mala prestación de servicios públicos vinculados con la vigencia de este derecho (cloacas, electricidad, agua) o directamente por la falta de viviendas o la titularidad de tierras para ese fin. La zona con mayores conflictos por la falta de políticas públicas en materia habitacional es también Guayana, donde la existencia de organizaciones de los “Sin Techo” le dan una particularidad especial a las protestas. El 11.08.98, los “Sin Techo” del barrio Amazonas, ubicado en el sector CORE 8 de Ciudad Guayana (Edo. Bolívar), tomaron el edificio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) demandando respuesta a la solicitud de compra de los terrenos por ellos ocupados. “Nosotros invadimos los terrenos en los que estamos actualmente, con el permiso de la CVG, que nos prometió formalizar nuestra situación desde hace once meses, y todavía no se nos ha tomado en cuenta”7, expresó una representante de las 400 familias que organizaron la toma demostrando con ello la responsabilidad que le cabe a ese organismo en la resolución de los históricos problemas de vivienda que confronta esa zona del país.

Una de las modalidades de protesta más usadas por los vecinos para llamar la atención del mal funcionamiento de los servicios públicos son los cortes de calle o interrupciones de tránsito; modalidad que es usada tanto por habitantes de urbanizaciones de clase media como de barrios de clases populares. Valgan como ejemplo las siguientes: el 27.08.98 la Asociación de Vecinos de El Peñón (Edo. Miranda) cortó la calle Coquivacoa de esa urbanización durante un lapso de cuatro horas, en protesta por el mal estado de las vías que por agrietamiento habían deteriorado el sistema de cloacas del sector; el 26.06.98, los vecinos del barrio El Béisbol (Edo. Aragua) interrumpieron el tránsito frente a la sede de la Alcaldía de Las Tejerías, demandando el suministro de agua a sus viviendas, suspendido en los últimos quince días, y denunciando adicionalmente las condiciones precarias en que se les brinda este servicio: “el agua sólo nos llega en cisternas, esta acción es falta de todo, cómo unas mujeres van a levantar esa manguera que es tan pesada y que tiene una presión tan fuerte y además, un pipote no alcanza las dos semanas que tarda el camión en subir”8.

Las protestas de los pueblos indígenas siguen estando a la orden del día, demostrando la capacidad organizativa de las comunidades de la etnia pemón, que ha realizado acciones tanto en el Edo. Bolívar como en Caracas para oponerse al proyecto del tendido eléctrico hacia Brasil y a la explotación minera en la Sierra de Imataca. En el Edo. Bolívar, el 12.08.98, el capitán pemón Italo Pizarro liderizó el cierre de la carretera que comunica con Brasil, la cual permanecía cerrada durante cuatro o cinco horas y abierta por un espacio de 30 minutos. El objetivo de la acción pacífica era llamar la atención e informar a los turistas y transportistas mediante la pegatina de una calcomanía que rezaba: “No al Decreto 1850. No al tendido eléctrico. Sí al territorio indígena”. A pesar de esta modalidad no violenta, esta manifestación fue reprimida por la Guardia Nacional (GN), lo que fue denunciado por los manifestantes, que continuaron a pesar de ello con la acción durante varios días con el objetivo de lograr un diálogo con los funcionarios de la compañía Edelca y de la CVG. Por su parte, otras acciones se realizaban en Caracas con el apoyo de grupos ecologistas, tal como la toma del Congreso Nacional donde –con canciones de protesta y representaciones teatrales– se sensibilizó e informó a los transeúntes caraqueños sobre la necesidad de apoyar a esas comunidades indígenas, que –valga recordar– hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades competentes.

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Exigibilidad de los derechos civiles y políticos

Las movilizaciones o protestas por la vigencia de los derechos civiles y políticos registradas en este período alcanzan un total de 48, sólo 6 más que las contabilizadas en el período anterior.

La mayoría de las protestas (27) se realizaron para denunciar abusos policiales, malos tratos o irregularidades en los centros penitenciarios y situaciones de inseguridad personal que afectan a sectores de la población ante la ausencia de políticas preventivas de los organismos policiales. En el primer caso, han sido las ONGs de derechos humanos locales o regionales las que han motorizado las acciones de protesta; en el segundo, los procesados o penados y sus familiares, y en el tercero, asociaciones de vecinos o transportistas afectados.

Así, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha seguido realizando los primeros martes de cada mes, frente al Congreso Nacional su tradicional parada para denunciar casos de muertes, torturas y malos tratos atribuibles a diversos cuerpos de seguridad del Estado, destacando la realizada en agosto de 1998 cuando se inició una campaña de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en las zonas fronterizas, acompañada de la demanda del levantamiento de las suspensión de las garantías en 16 municipios fronterizos.

Las huelgas de hambre siguen siendo una forma usual de protesta de los presos para denunciar las situaciones críticas que padecen; durante el período se registraron 15 en distintos penales del país. Una de las características de este tipo de acciones es la participación masiva de los presos. A manera de ejemplo vale recordar dos de ellas: la protagonizada por 800 internos del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) durante cinco días exigiendo el restablecimiento del régimen abierto, la celeridad en los procesos judiciales y la destitución de una funcionaria del Ministerio Público; en el Internado Judicial de Yare II (Edo. Miranda), un total de 556 presos  reclamaron un mejor servicio médico, la dotación de ambulancias, la reparación del sistema de cloacas y un mejor trato por parte de los funcionarios de Prisiones y de la GN.

La problemática de la inseguridad personal que viven las comunidades ante el crecimiento de la actividad delictiva generó protestas de distinto tipo, como paros de transportistas afectados o manifestaciones vecinales. El 02.03.98 se llevó a cabo un paro de transporte organizado por los chóferes agremiados en la Unión de Conductores del para entonces Municipio Vargas, en protesta por la muerte de uno de ellos al ser asaltado en plena jornada de trabajo. Esta medida –que impidió el traslado de la mayoría de la población litoraleña a Caracas–, tuvo una inmediata respuesta de las autoridades que se comprometieron a mejorar el patrullaje y a establecer un sistema de comunicación entre las unidades de transporte y la policía. Por otra parte, en el Edo. Táchira, el 07.04.98 más de 100 taxistas realizaron una caravana entre la Plaza de Toros de Pueblo Nuevo y la sede de la Policía Técnica Judicial, para reclamar justicia por la muerte de un compañero de trabajo ocurrida luego de ser atracado mientras conducía su unidad. La caravana fue apoyada por parlamentarios regionales que acompañaron al Sindicato de Taxistas a la entrevista realizada con las autoridades policiales.

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2.   El Carabobeño, 04.11.97, pág. C-3.

3.   El Informador, 10.03.98, pág. C-8.

4.   Correo del Caroní, 04.06.98, pág. C-1.

5.   Ídem.

6.   La Columna, 13.11.97, pág. 7.

7.   Correo del Caroní, 12.08.98, pág. 6-A.

8.   El Siglo, 26.06.98, pág. D-40.