Informe Anual
1997-1998
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Informe Anual 1997-1998 |
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PRÓLOGO Cuando Provea fue fundada en 1988, Venezuela no era considerada por el movimiento internacional de derechos humanos como una nación prioritaria. La agenda era dominada por violaciones más evidentes a los derechos civiles y políticos en otros países del continente que vivían bajo regímenes militares dictatoriales. Aquellos que conocíamos el proyecto de Ligia Bolívar y Dianora Contramaestre de organizar una nueva ONG en el país esperábamos y confiábamos en que harían una gran labor. Pero difícilmente podíamos imaginarnos lo fundamental que iba a ser su aporte para Venezuela, ni la significativa contribución que terminaría realizando Provea al movimiento internacional de derechos humanos. Cuando apenas se había establecido como organización, Provea comenzó a vivir y participar en una serie de crisis de derechos humanos en el país, caracterizadas por matanzas, arrestos arbitrarios y torturas. La calidad de su trabajo permitió que recibieran una atención progresiva por parte de ONGs internacionales de derechos humanos. Provea se negó a aceptar la impunidad y realizó con gran tenacidad un seguimiento a estas violaciones, como fue el proceso de búsqueda de justicia en el caso de la masacre de El Amparo, hasta llegar a las primeras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando por fin se determinaron las compensaciones a las víctimas en 1996. En su trabajo, Provea viene aplicando en Venezuela los más altos estándares de ONGs de derechos humanos de cualquier parte, y esto por sí solo habría significado un logro sobresaliente. Sin embargo, Provea ha hecho más que esto: ha realizado un aporte pionero al mundo de las ONGs de derechos humanos. Pocas organizaciones han integrado su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales junto con derechos civiles y políticos: en efecto, y a pesar de la insistencia de la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993, las Naciones Unidas todavía no han logrado integrar el trabajo en ambas áreas, tal y como lo reconoció la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Provea incluyó en su primer Informe Anual una sección de derechos económicos, sociales y culturales, y desde el segundo Informe ya venían recibiendo el mismo tratamiento que los derechos civiles y políticos. A medida que el Informe Anual ha ido pasando de 80 a más de 350 páginas, el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales ha crecido de 6 a 140 páginas. Esta integración de los dos grupos indivisibles de derechos humanos era una clara exigencia de la realidad venezolana. Al igual que en otras latitudes, las víctimas de masacres y brutalidades cometidas por el Estado han sido predominantemente aquellas personas que viven despojadas de sus derechos económicos, sociales y culturales; la población pobre de las zonas urbanas y rurales y los pueblos indígenas. Pero de nuevo Provea ha ido más lejos que quizás ninguna organización de derechos humanos en el mundo en el trabajo de análisis de las relaciones entre las políticas económicas dictadas por los ajustes estructurales y la deuda externa, las consecuentes violaciones a los derechos a la salud, la educación y otros derechos económicos, sociales y culturales, y los sectores populares cuyos derechos civiles y políticos son violados. Es importante subrayar que al trabajar de esta manera Provea no está politizando los derechos humanos: lo que está haciendo es aplicar adecuadamente el marco global de estándares internacionales de derechos humanos, al igual que los compromisos de la Constitución de Venezuela. Constantemente ha dirigido recomendaciones concretas a las autoridades y ha procurado cualificar la labor del gobierno. En el trabajo de integración del espectro completo de derechos ha abierto un camino que debe ser seguido por otras organizaciones en todo el mundo, para así lograr que el compromiso retórico a nivel internacional con los derechos económicos, sociales y culturales se traduzca en realidades específicas para cada país. Provea ha sido modesta al darse crédito por su propio trabajo: goza de un puesto reconocido entre las organizaciones que componen el amplio movimiento de ONGs de derechos humanos. La publicación de su décimo Informe Anual debería ser un momento adecuado para el pleno reconocimiento de su extraordinaria contribución al movimiento de derechos humanos. Resulta tristemente irónico que se produzca en tiempos en que la organización atraviesa dificultades económicas. Tanto Venezuela como el movimiento internacional de derechos humanos necesitan seguir beneficiándose en los próximos diez años del compromiso de Provea y su acción pionera en el análisis y en el activismo.
Ian Martin Ex-Secretario General de Amnistía Internacional PREFACE
When Provea was founded in 1988, Venezuela was not regarded as a high priority for the attention of the international human rights movement. More obvious civil and political rights violations elsewhere in the continent under military regimes had dominated the agenda. Those of us who knew of the determination of Ligia Bolivar and Dianora Contramaestre to establish a new NGO in their country wished and expected that it would do important work. But we little realized just how vital it would be for Venezuela, or just how significant a contribution it would make to the international movement. Provea was barely established before it began to live through a series of human rights crisis in Venezuela, attended by killings, arbitrary arrest and torture. The quality of its work helped to ensure that they received increasing attention from international NGOs. Provea refused to accept impunity and pursued such violations with great tenacity as the process of seeking justice for the massacre of El Amparo all the way to the first decisions of the Inter-American Court on Human Rights on Venezuela, when it eventually ordered compensation in 1996. In this work, Provea was applying to Venezuela the highest standards of human rights NGOs elsewhere, and this alone would have been a major achievement. But Provea has done more than this: it has been a pioneer among human rights institutions. Few human rights NGOs have integrated in their work economic, social and cultural rights together with civil and political rights: indeed, despite the insistence of the Vienna World Conference on Human Rights in 1993, the UN has yet to do so, as United Nations High Commissioner for Human Rights, Mrs Mary Robinson, has recognized. Provea however included a section on economic, social and cultural rights in its very first report, and by its second was giving them equal treatment along with civil and political rights. As the annual reports have grown from 80 pages to over 350, Provea’s analysis of economic, social and cultural rights in Venezuela has grown from six pages to 140. This integration of the two indivisible sets of rights was clearly demanded by the reality of Venezuela. As elsewhere, the victims of state killings and brutality have predominantly been those deprived of their economic, social and cultural rights: the urban and rural poor and the indian people. But again Provea has done more than perhaps any human rights organization internationally to analyze the relationship between economic policy dictated by structural adjustment and debt; consequent violations of the rights to health, education and other economic and social rights; and popular sectors in which civil and political rights are violated. It is important to affirm that in doing this Provea is not politicizing human rights: it is properly applying the full framework of international human rights standards, as well as the commitments of Venezuela’s Constitution. It has constantly addressed concrete recommendations to the authorities, and has sought seriousing government. In its integration of the full spectrum of rights it has given a lead which needs to be followed by others around the world, if the rhetorical commitment to economic, social and cultural rights at the international level is to be translated into country-specific reality. Provea has been modest in its claims for its own work: it has a recognized place within the large movement of human rights NGOs. But its tenth annual report is a moment when its own extraordinary contribution should de fully recognized. It is sadly ironic that it comes at a time when its resources have become more limited. For both Venezuela and the international human rights movement need to benefit from the next ten years of Provea’s commitment and pioneering analysis and activism.
Ian Martin Former Secretary General Amnesty International |
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