PROVEA - Informe Anual

Todos tienen derecho a expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa
Artículo 66 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961

Durante el período que abarca el presente Informe, se constató un ambiente general de respeto a la libertad de expresión e información, aún cuando se registraron diversos incidentes que entorpecieron el trabajo de los periodistas, en lo que se refiere fundamentalmente a limitaciones en el acceso informativo a algunas fuentes oficiales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), al cierre de este Informe, todavía no ha tomado decisión alguna acerca de la demanda de nulidad de la Ley del Ejercicio del Periodismo, interpuesta por el Bloque de Prensa Venezolano en 1996. De acuerdo con el Informe del Relator Especial para la Libertad de Prensa en América, sólo Bolivia, Brasil, Honduras, Panamá y Venezuela tienen normas de colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado, en sucesivas decisiones, que las leyes de colegiación obligatoria de periodistas son incompatibles con los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La libertad de información y expresión fue tema de debate público por varias razones: por las posiciones asumidas por los candidatos en la campaña electoral, por rezagos de la polémica sobre la información veraz propuesta por el ex presidente Rafael Caldera en la Cumbre Iberoamericana y posteriormente, por la relación que estableció el presidente de la República, Hugo Chávez, con los medios de comunicación, caracterizada por las críticas públicas y abiertas sobre titulares y el tratamiento de algunas noticias en los medios de comunicación social. En este sentido, los casos más relevantes tuvieron como protagonistas a los periódicos El Mundo y el Nacional. En el primer caso por una editorial titulada "¿Qué vaina es esta?" en la cual se cuestionaban los supuestos aumentos de salarios en las Fuerzas Armadas, y en el segundo caso por el tratamiento dado a la noticia de una gira del Presidente de la República por el Edo. Bolívar. Ambos casos fueron cuestionados ampliamente por el primer mandatario en actos públicos que tuvieron gran cobertura por los medios de comunicación social escritos, radiales y/o televisivos.

Pese a estos incidentes, los editores, propietarios, comunicadores y analistas coinciden en que el nuevo gobierno ha mantenido una política de respeto a la libertad de expresión. En este sentido es reveladora la opinión de la periodista Marta Colomina, conocida articulista y crítica de la gestión del mandatario actual: "Afortunadamente en Venezuela, independientemente de la tendencia autoritaria del discurso -no del hacer- del Presidente Chávez, tenemos que decir que hay absoluta libertad de expresión"1.

En relación con las políticas comunicacionales del Estado, a finales de la gestión del presidente Caldera se realizó la transferencia del Canal 5 de televisión (estatal) a una fundación privada (Vale TV) presidida por el arzobispo de Caracas, Monseñor Ignacio Velasco. Esta decisión de donar bienes públicos a un ente privado fue cuestionada por un grupo de intelectuales liderados por el Comité por una Radio Televisión de Servicio Público (RTSP).

Por otra parte, otro tema de debate lo constituyó la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y las restricciones que supone al derecho a la información, en pro del principio de presunción de inocencia de los procesados. En mayo de 1999, se dio a conocer el Informe del Relator Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, que informa y da cuenta de las violaciones a la libertad de expresión en el continente. Este cargo de relator fue creado en la II Cumbre de las Américas con el apoyo unánime de los países de América2. En el mencionado informe, se señaló que algunos artículos del COPP y la Ley de colegiación obligatoria constituyen regulaciones que deberían ser derogadas3.

En julio de 1999, entró en vigencia el COPP y con ello la aplicación de los artículos referidos a las regulaciones a la libertad de información y expresión. Con base en él, el director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) estableció restricciones a la información que ofrecería esa institución policial y con ello ocasionó un enfrentamiento con los periodistas que trabajan en esa fuente informativa.

Por otra parte, la Casa Militar, si bien en un número mucho menor que en períodos anteriores -lo cual es una señal de avance-, continuó siendo denunciada por atropellar y agredir a comunicadores sociales que cubren las actividades del Ejecutivo Nacional.

En el mes de septiembre de 1999, se desarrolló nuevamente una discusión pública acerca de la información veraz, con motivo de las propuestas presentadas por miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que incluyen este adjetivo, el derecho a réplica y el establecimiento del defensor de los derechos del usuario de los medios. Los propietarios de éstos, especialmente los miembros del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), cuestionaron el adjetivo "veraz" en el texto constitucional, porque consideran que ello puede implicar el establecimiento de algún tipo de censura. Del mismo modo, cuestionaron el derecho a réplica y propusieron la menor regulación posible para los medios de comunicación4.

Alberto Jordán Hernández, constituyente y presidente de la sub comisión de Libertad de Expresión de la ANC, manifestó por su parte que los derechos que se quieren incluir en la Constitución venezolana son necesarios para "democratizar el derecho a la información y a réplica que deberían tener todos los ciudadanos"5. Por otra parte, indicó que la propuesta de derecho a réplica forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, que con tanta vehemencia defienden los editores6. Al respecto, será en el próximo Informe cuando se presente el análisis de la redacción final que sobre el tema adopte la ANC.

El 04.12.98, a escasos días de la elección presidencial, el presidente Rafael Caldera entregó el Canal 5, propiedad del Estado venezolano, a una Fundación de canales privados (Fundación Vale TV), presidida por el arzobispo de Caracas, Ignacio Velasco. Esta situación generó la reacción del comité RTSP, que cuestionó enfáticamente que un canal que debería estar al servicio de todos los venezolanos se transfiera al sector privado de la televisión, negándose por la vía de los hechos, la posibilidad de una oferta comunicativa orientada al servicio público y al desarrollo de los ciudadanos7. Además, por tal hecho, introdujo una demanda en el Tribunal de Salvaguarda. Antonio Pasquali, miembro fundador de esta organización, afirmó en aquella oportunidad: "... introdujimos un documento de denuncia de la cesión del canal 5 a una organización como un atentado a la cosa pública, a los bienes patrimoniales de la Nación, en un procedimiento que ha violado cualquier tipo de legislación"8.

Junto a estas consideraciones relativas al patrimonio económico, las críticas de diversos intelectuales y académicos se centraron en que esa cesión limita la posibilidad de desarrollar una comunicación de servicio público que sirva de contrapeso a los intereses comerciales de los canales privados, con lo cual se entorpece el desarrollo de una oferta televisiva orientada al desarrollo cultural de la sociedad en su conjunto9.

Por otra parte se indica que "La experiencia del Vale TV- canal 5 puede convertirse en una excusa que los canales comerciales pondrían frente a las argumentadas críticas sobre su programación, a todas luces atentatoria de la condición psicosocial y cultural del niño y adolescente"10.

Cabe destacar que en el caso del canal 5, se observa un patrón de comportamiento del sector gubernamental con las empresas públicas consistente en permitir el deterioro sistemático de la gestión gerencial, intencionado o no, que lleva posteriormente a realizar una transferencia por venta o donación de bienes públicos en favor de intereses privados, minimizándose el rol del Estado.

Uno de los desafíos de la sociedad venezolana, es el desarrollo de una política clara que permita situar el papel de los medios propiedad del Estado en el marco de una política pública que contribuya a una mejor información de los ciudadanos venezolanos. Como afirma el sociólogo Tulio Hernández: "Si el Estado, a través del gobierno, no le asigna una misión precisa a sus servicios televisivos, no define su razón de ser y le establece metas compartidas con los demás aparatos de información, cultura y educación, aún con la mejor gerencia estos corren el riesgo de traicionar su función y naturaleza"11.

Es claro que los distintos gobiernos de turno han sido incapaces de impulsar una televisión pública que sirva de contrapeso a las ofertas informativas y de contenido de los canales comerciales, ni tampoco un modo mixto de financiamiento -lo que implica desarrollar programas que tengan una audiencia considerable en competencia con los canales privados-, ni desarrollar una oferta académica de calidad que permitiera el contraste con la tradicional televisión comercial. Sin embargo, esta incapacidad no justifica el propósito de renunciar a lograrlo.

Dentro de un marco de mejoría y mayor respeto hacia la labor de los profesionales de la comunicación social, se siguieron presentando algunos casos que ilustran la necesidad de que las autoridades los investiguen y sancionen, para garantizar en el futuro inmediato un irrestricto y libre acceso a las fuentes de información oficiales. Algunos de los más relevantes se presentan a continuación.

Como en todos los procesos electorales, con motivo de las elecciones regionales y nacionales que se realizaron en noviembre y diciembre de 1998, las Fuerzas Armadas -a través del Plan República- se hicieron cargo del control y orden del proceso, estableciendo medidas de seguridad en todos los medios de comunicación del país. En algunos estados se solicitó a los medios no difundir información sobre los resultados electorales, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera a conocer los primeros cómputos en Caracas, en evidente violación a la Ley Electoral que faculta a los medios a informar luego del primer boletín oficial. En el caso del Edo. Amazonas, el general de brigada (Ej.) René Alexander Sericia García, pidió a los medios la "colaboración" de no difundir ninguna información electoral hasta que no se emita el segundo boletín del CNE. Roger Parra, de la emisora Maraguata 103 FM, declaró: "Si no prestamos esa colaboración nos cierran la emisora"12, evidenciando de esta manera la censura a la que estaban sometidos.

Asimismo, en el Edo. Zulia, el Comandante de la Primera División de la Infantería y Guarnición Militar de ese estado, General de Brigada Efraín Vásquez, ordenó en ocasión de los comicios nacionales del 06.12.98, el desalojo de alrededor de 200 periodistas del centro de totalización que el CNE había constituido en un lujoso club del norte de Maracaibo. Los periodistas sólo tuvieron acceso a un estacionamiento a pleno sol, sin posibilidad de ofrecer información acerca de lo que ocurría en este centro de totalización13.

En ocasiones, los gobernadores de estados han irrespetado el derecho a la expresión. En un comunicado público, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Lara (CNP-Lara), manifestó su condena a diversas agresiones físicas contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos, por parte de efectivos policiales del Edo. Lara, en unos incidentes que se presentaron por una disputa en la Federación Campesina. El CNP-Lara señaló: "Queremos informar públicamente que funcionarios adscritos a la Policía del estado Lara, descargaron su violencia en contra del periodista Francisco Meléndez Arce [...] quien ameritó atención médica por las lesiones causadas durante la arremetida de los agentes. Asimismo, Raúl Cordero Martínez, reportero de Promar, fotógrafos de los medios impresos y camarógrafos de las televisoras locales, fueron hostigados con el fin de impedir que se informara a la opinión pública sobre los actos brutales antes descritos"14.

El caso más grave denunciado en el año ocurrió en Yaritagua (Edo. Yaracuy), donde el radiodifusor Levy Chang, denunció un atentado criminal contra varias instalaciones eléctricas de Radio Ambiente FM, de su propiedad. Los disparos afectaron el servicio eléctrico de la emisora y ello implicó que se suspendieran las transmisiones por varias horas. El señor Levy Chang acusó directamente al gobernador Eduardo Lapi como autor intelectual del atentado15.

A propósito de la migración de ciudadanos colombianos a territorio venezolano ocurrida durante los meses junio y julio de 199916, se presentó una situación (29.06.99, sector La Vaquera, Edo. Zulia) en la que por orden del General (Ej.) Rafael Román Vethancourt, se le impidió a los periodistas tener contacto con los refugiados17.

Finalmente, la Casa Militar, encargada de la custodia del Presidente -organismo que en los últimos diez años ha sido señalado reiteradamente por agredir e impedir la labor de los profesionales de la comunicación- mejoró su comportamiento a partir de la asunción del nuevo gobierno, aunque no estuvo exenta de denuncias por limitar el acceso a la fuente del Palacio de Miraflores. Al finalizar el gobierno anterior, en ocasión de la celebración del aniversario del partido Acción Democrática, la periodista Marbila Sánchez del canal de televisión CMT, fue empujada, sujetada y golpeada en la cara por uno de los efectivos de la Casa Militar18, en una típica acción de excesivo celo por el cuidado de la seguridad del entonces mandatario nacional Rafael Caldera.

El Cuerpo Técnico de Policía Judicial y las restricciones informativas

El nombramiento de Carlos Fermín como director del CTPJ, trajo consigo cambios sustantivos en la relación de los funcionarios con los periodistas y medios de información. El día viernes 19.02.99, se eliminó el libro de novedades, donde se registraban "los nombres y circunstancias en que murieron violentamente las personas, así como los robos a gandolas y bancos"1.

La periodista María Alejandra Monagas relató la incidencia de ese día: "Para sorpresa de los periodistas, al abrir el libro de novedades nos encontramos con la siguiente nota: ‘No se informó sobre muertes en Caracas durante las últimas horas, cumpliendo instrucciones de la dirección general sectorial del Cuerpo Técnico de Policía Judicial’ "2.

En los días siguientes, el director del CTPJ informó que esa institución sólo informaría a través de un vocero oficial y estableció una investigación interna para determinar los funcionarios que estaban ofreciendo información a los periodistas3.

El lunes siguiente, continuaron las trabas a la labor de los periodistas y el jefe de relaciones públicas informó del cierre de la Oficina de prensa. La reacción de los periodistas fue rápida y directa. Desireé Santos Amaral, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas del Distrito Federal (CNP-DF), junto a los periodistas Wilmer Poleo Zerpa y Rafael Luna, sostuvieron una reunión con el director del CPTJ, y en la misma cuestionaron las limitaciones a la cobertura periodística que se estaba imponiendo en la institución policial. Posteriormente, el CTPJ designó a una vocera de la institución policial para ofrecer información a los periodistas y además dijo que se ofrecería un boletín informativo al comienzo del día, donde se daría cuenta de los hechos más resaltantes de cada jornada4.

Con posterioridad surgieron cuestionamientos a la veracidad de la información que suministraba la vocera del CTPJ, la comisaria Odalis Caldera. Según Adolfo Herrera, director del Diario de Caracas, sobre la base de testimonios de médicos y de su propia constatación en la morgue, el número de muertes violentas en la ciudad de Caracas era superior al que daba la vocera del CTPJ5.

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1. Últimas Noticias, 20.02.99, pág. 11.

2. Ídem.

3. El Globo, 23.02.99, pág. 11.

4. Ídem.

5. El diario de Caracas, 31.03.99, pág. 3.

-Tope-

A principios del mes de mayo de 1999, la Casa Militar, estableció políticas restrictivas al acceso de los periodistas al Palacio de Miraflores. Las periodistas Luisa Amelia Maracara (El Universal), Milena Vera (El Diario de Caracas) y Mary Wilson, fueron retenidas por más de una hora en la sala de prevención número 2 del Palacio de Miraflores. Igualmente, desde la Casa Militar y la Oficina de Prensa de Miraflores, se les informó a Luis Lira Puerta, periodista del diario El Mundo y a Alejandro Botía de Economía Hoy, que ese día "no había nada", cuando realmente se realizaría un Consejo de Ministros19. Posteriormente, la Casa Militar también indicó que los periodistas no podían permanecer parados en la acera que está al frente del Palacio de Miraflores20, lo cual es a todas luces contradictorio con la política de permitir al público en general acercarse y llevar directamente sus planteamientos y reclamos al palacio presidencial.

Durante el período se han vuelto a conocer denuncias sobre la utilización de los órganos judiciales para amedrentar, limitar o censurar la labor informativa desarrollada por el gremio periodístico. El periodista Arturo FRANCIS denunció ante la Comisión de Medios del Congreso de la República que la empresa Multinacional de Seguros lo demandó por Bs. 500.000.000 y además, un Tribunal le prohibió informar sobre unos contratos de esta empresa con entes públicos21.

Asimismo, en un Informe presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se denunció el caso del auto de detención del editor del diario El Alcatraz de la ciudad de Higuerote, por parte del Juez IV Penal del Edo. Miranda. El caso se presentó luego de que el diario publicara denuncias de la comunidad en torno a irregularidades millonarias en la administración local22.

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3. CANTÓN, Santiago: CIDH-OEA Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Tomado de http: //www.saladeprensa.org/art48.htm

5. Ponencia de Alberto Jordán Hernández en un Foro sobre Libertad de expresión e información veraz. Ateneo de Caracas. 04.10.99.

10. HERNÁNDEZ DÍAZ, Gustavo: Venezuela: esta es tu televisión. El Nacional, 28.05.99, pág. A-9.

	Informe Anual 1998-1999