PROVEA - Informe Anual

La libertad y seguridad personal son inviolables...
Artículo 60 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961

El hogar doméstico es inviolable.
No podrá ser allanado sino para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo a la ley, las decisiones que dicten los tribunales.
Artículo 62 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961

Durante este período, Provea ha registrado 109 denuncias de violación del derecho a la seguridad personal, de las cuales 68 corresponden a casos de hostigamiento o amenazas y 41 a allanamientos ilegales. De los 109 casos registrados, 25 ocurrieron durante el gobierno del Dr. Rafael Caldera y 84 durante el actual gobierno. Con respecto al total de denuncias de violación del derecho a la seguridad personal contabilizadas en el período anterior (192) se registró un descenso del 43,22%. De igual manera, se registró un descenso en relación con la cifra de denuncias de hostigamiento a dirigentes políticos, contabilizándose para este período 9 casos en comparación con los 31 del período anterior, lo cual representa un descenso del 70,96%. Los allanamientos sin orden judicial contabilizados durante este período sumaron 41 casos que en comparación con los 47 del período anterior, representan un descenso del 12,76%.

Los estados que registran los mayores índices de denuncias de violación del derecho a la seguridad personal fueron el Edo. Miranda con 32 casos, el Distrito Federal con 14 y el Edo. Vargas con 6 casos denunciados. Los cuerpos de policía más señalados fueron las Policías Estadales (PE) con 23 casos, las Policías Municipales (Pol. Mcpal.) con 18 casos denunciados y la Policía Metropolitana (PM) con 15 casos.

Cabe destacar positivamente, que en este período Provea no registró casos de hostigamiento y amenazas a defensores de los derechos humanos, lo que supone un cambio cualitativo en el modo de actuar de las autoridades luego de dos años en los que esa problemática fue motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional de derechos humanos. Igualmente cabe destacar que en este período no se presentaron casos de violación a la autonomía universitaria, tan común en períodos anteriores.

En relación con las denuncias de amenaza y hostigamiento, de los 68 casos registrados por Provea, 13 fueron contabilizados al finalizar el gobierno del Dr. Rafael Caldera y 55 durante el actual gobierno. Destacan 11 casos de hostigamiento por razones políticas, 4 contra menores de edad, 7 contra grupos de vecinos y 20 a consecuencia de denuncias por atropellos y abusos de poder de parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado. Los cuerpos de policía denunciados son las PE con 16 casos, de los cuales 4 corresponden a la policía del Edo. Miranda; la PM con 14 casos; las Pol. Mcpal. con 12 y la Guardia Nacional (GN) con 3 casos denunciados en su contra.

Se contabilizaron 11 casos de hostigamiento por razones políticas, 3 de los cuales fueron registrados durante el último trimestre de l998. Durante el gobierno del Dr. Rafael Caldera, era recurrente la práctica de amedrentamiento contra militantes y activistas del Movimiento V República (MVR). Esta situación cambió notablemente a partir de febrero de 1999, cuando asumieron las nuevas autoridades nacionales, quienes mantuvieron una actitud de mayor respeto a los sectores disidentes, por lo que la mayoría de las denuncias de casos de hostigamiento afectaron a personas que habían denunciado presuntas irregularidades administrativas.

Así, durante la gestión del anterior gobierno, Carlos Luis IBARRA RIVEROL, abogado del Coronel (r) Hidalgo Valero Briceño, miembro del Frente que apoyaba la candidatura del actual Presidente Hugo Chávez Frías denunció haber sido interceptado en la vía pública bajo amenaza de secuestro, por tres individuos que se identificaron como funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), acusándolo de ser miembro del Frente Cívico Militar al que responsabilizaban de promover una supuesta conspiración1.

Aunque no constituyó un patrón represivo, la existencia de algunos casos de hostigamiento por motivos o razones políticas, amerita de parte del Ejecutivo Nacional una actitud vigilante para que no se vuelvan a presentar casos de esta naturaleza, y en el caso de que sucedan, mostrar la voluntad política para denunciarlos y sancionarlos. En este sentido, Hernán REQUENA, concejal de la Causa R, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, después de haber denunciado al Diputado Orlando Zambrano por irregularidades administrativas2. Situación similar fue registrada en relación con las amenazas de muerte denunciadas por Henrique CAPRILES RADONSKY, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso. Radonsky denunció que tanto a él como a varios de los miembros del equipo que investiga las presuntas irregularidades presupuestarias de la pasada gestión directiva del Congreso de la República, los han estado amenazando de muerte3. En ambos casos, Provea desconoce si las autoridades han realizado las investigaciones pertinentes, ni los resultados de las mismas si se hubiesen llevado a cabo.

Nuevamente, durante este período se conoció una denuncia de amedrentamiento de parte de agentes de inteligencia de la PM contra Juan CONTRERAS, Diputado Suplente del MVR, dirigente vecinal de la Parroquia del 23 de Enero (Caracas) y fundador de la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, el cual tiene un récord insólito ya que fue detenido 49 veces por los cuerpos de seguridad del Estado durante los últimos 6 o 7 años4.

Por su parte, Antonio LEDEZMA, Alcalde de Caracas, denunció hostigamiento y seguimiento por parte de funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), por unas declaraciones formuladas luego de salir de la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática. Las amenazas eran telefónicas con el fin de que deje la Alcaldía5.

El número de amenazas a personas que denunciaron actuaciones irregulares por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado presenta un descenso del 39,4% con respecto al período anterior. No obstante, éste es un patrón de conducta recurrente, como lo demuestra el hecho de que en este período se registraron 20 casos. Los cuerpos policiales con mayor número de denuncias son el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) con 6 casos, las Pol. Mcpales. con 5, la PM con 4, y la GN con 2 casos contabilizados.

El acoso policial, debido a denuncias por abusos y atropellos cometidos individual o colectivamente contra las personas, ha sido registrado en los períodos anteriores como un patrón de amedrentamiento que promueve la impunidad. El pretender intimidar a las víctimas, a sus familiares y a los testigos de los abusos cometidos por los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, evidencia un incumplimiento por parte de las autoridades de su obligación de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas, políticas y sociales que prevengan y sancionen la actuación delictiva de los cuerpos de seguridad del Estado.

El Secretario General del MVR en el Edo. Aragua, Alfredo BARRIOS, denunció haber sido hostigado por el Comando Policial de Villa de Cura y que -debido a denuncias realizadas contra irregularidades de ese Comando relativas a privaciones ilegítimas de libertad, maltrato físico a los detenidos y corrupción-, como consecuencia de ello se le allanó un local de su propiedad y mantuvo una patrulla frente al mismo durante horas con el fin de amedrentarlo6.

También han sido víctimas de esta práctica vecinos que se han atrevido a denunciar casos en los que están implicados funcionarios policiales. La Sra. Samarkanda Yajaira GONZALEZ MORENO, fue hostigada por los funcionarios policiales de la Jefatura Civil de la Parroquia San José (Caracas) después de haber denunciado a José Milean, presunto amigo del jefe civil Antonio Castillos y del comisario Víctor Anzola, por robo. Como consecuencia de ello, su madre, una hija y su novio fueron detenidos por "irrespeto a la primera autoridad civil de la parroquia"7 y los funcionarios policiales de la jefatura civil constantemente merodean su hogar. Similar es el caso denunciado por la Sra. Aramita Padrino, la cual informó que Fernando PINTO y Juan PADRINO, cuñado y hermano respectivamente, fueron amenazados de muerte, a consecuencia de la denuncia que hicieron por robo y extorsión contra Argenis Colmenares y Antonio Castro, funcionarios de la PTJ adscritos a la División de Robos y Homicidio8.

También han sido víctimas de hostigamiento policial, los vecinos de la Urbanización Monte Alto de El Junquito (Edo. Miranda), los cuales denunciaron ser amenazados constantemente a consecuencia de las acciones asumidas por la comunidad ante los abusos y humillaciones de que eran objeto de parte de la funcionaria de la PM, Calogera Ardizzone de Paladino. El último incidente ocurrió en diciembre de 1998 cuando la denunciada agredió salvajemente con cadenas y palos a los jóvenes Carlos Eduardo MÉNDEZ, Fernando José BASU y Domingo MÁRQUEZ, quienes se encontraban en la calle jugando fútbol9.

Por su parte, Odilia Aponte, denunció que a raíz de haber servido de testigo de un atropello policial en su barrio, su hijo José Ángel RODRÍGUEZ ha sido amenazado de muerte, le "sembraron" drogas, y lo golpearon ante testigos. Tales acciones habrían sido realizadas por funcionarios de la policía del Edo. Miranda10.

El abuso de poder es una trasgresión de la ley por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que amparados en su condición de tales actúan con fines personales. Responde a este patrón la denuncia presentada por la Sra. Lida María Parra, madre del menor Carlos Javier PARRA SERRUDO, quien manifestó que su hijo es constantemente hostigado por Eduardo Enrique Pernía, Sargento Técnico de la GN, el cual lo amenaza con quitarle la vida una vez que cumpla la mayoría de edad, a consecuencia de una riña entre el joven y el hermano del sargento11.

De igual manera, Luisa Bello de Guzmán y Deisy Guzmán, madre y hermana de Pedro Jesús GUZMÁN BELLO, denunciaron que además de haber herido a quemarropa a Guzmán Bello, el agente involucrado en los hechos, funcionario de la Policía del Edo. Anzoátegui, mantiene a funcionarios de esta policía en el Hospital, a fin de "conocer sobre su estado de salud"12. Por su parte, la señora Arminda del Carmen SÁNCHEZ denunció haber sido retenida por varias horas en la sede policial de Pregonero (Edo. Táchira) por efectivos de la Dirección de Seguridad y Orden Público (Dirsop) con el fin de obligarla a declarar en contra de María Paulina Contreras, acusándola de haber cometido un robo en la zona. Al negarse a ello, la retuvieron por horas en la sede policial, de donde la pasaron a la prefectura y la dejaron en libertad, pero le abrieron un expediente que pasaron a los tribunales del municipio13.

Persiste práctica de amedrentar a testigos

Nuevamente se registra la práctica consistente en acosar y amenazar a personas que denuncian públicamente violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la Sra. Rafaela GONZÁLEZ denunció ser víctima junto con su familia de hostigamiento por parte de efectivos de la PM, a raíz de una acusación judicial que hiciera en contra de dos efectivos del CTPJ, por estar incursos en el asesinato de Miguel Angel RIVAS MENDOZA, hijo de la denunciante1. Caso similar fue el denunciado por Luis SMITH, presidente de la Fundación por los Derechos Humanos de La Guaira "Martín Luther King", el cual señaló que funcionarios de la PM amedrentan a la madre de Jaiken MORALES (menor de edad muerto por fuezas de seguridad), a fin de silenciarla por la denuncia presentada ante la Fiscalía2. De igual manera, los testigos del asesinato del joven Miguel Alejandro RUIZ VARGAS denunciaron estar siendo amenazados por Wiliam Pérez, funcionario con placa Nº 004 de la Pol. Mcpal. de Plaza, Guarenas (Edo. Miranda), involucrado en el asesinato del joven durante un operativo de identificación3.

El amedrentamiento colectivo se identifica una vez más como un patrón de abuso de poder por parte de los funcionarios de policía ante denuncias realizadas en su contra. En este sentido, Carmen MELÉNDEZ, dirigente vecinal de Tabacal de Las Tejerías (Edo. Aragua) denunció hostigamiento por las protestas realizadas en la comunidad debido a la muerte de Orlando Márquez y Willian Quintero (uno de ellos menor de edad) el 13.06.99. Frente a testigos fueron detenidos por una comisión policial del Estado, cuando se dirigían a comprar algunas cosas en un negocio. La versión policial pretende mostrar el hecho como "enfrentamiento armado"4.

Por último, Neisi José SILVESTRE, principal testigo de la masacre ocurrida el 18.05.86 en la zona "la Vaca" del Distrito Bolívar (Edo. Yaracuy), denunció estar siendo hostigado desde hace 13 años por los supuestos responsables de la masacre, Norberto Antonio y José Alirio Rabanales, comisarios de la Disip. Recientemente recibió una fuerte golpiza y fue amenazado con la muerte de su hijo5.

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1. Últimas Noticias, 21.04.99, pág.8.

2. La Voz, 17-05.99, pág.4.

3. El Nacional, 16.05.99, pág. H-1.

4. El Clarín, 07.06.99, pág. 22.

5. Últimas Noticias, 19.07.99, pág.6.

-Tope-

Las prácticas delictivas de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, amparados en su condición de tales, son frecuentemente reseñadas en la prensa nacional. En este sentido, Samuel José RODRÍGUEZ denunció haber sido amenazado con armas de fuego, allanado su hogar sin orden judicial y robado Bs. 12.000. Los responsables son funcionarios del puesto de la Pol. Mcpal. de Charallave, del sector Club los Algarrobos, La Reinita (Edo. Miranda). Según Rodríguez, los funcionarios de este puesto se dedican a maltratar a los habitantes de la zona, incluyendo a los niños. Rodríguez presentó la denuncia en el CPTJ y este cuerpo, según su denuncia, hizo caso omiso de la misma14. En este mismo orden de cosas, el propietario de un local en un Centro Comercial ubicado en Prados del Este (Caracas) presentó una acusación ante el Fiscal 83 del Ministerio Público contra un alto funcionario de la PM por hostigamiento policial, en relación con un presunto pago de "vacuna" que debía efectuar como condición para garantizarle mayor seguridad dentro del Centro Comercial15.

Se registraron durante el período en estudio 41 casos de allanamientos sin orden judicial, de los cuales 33 se produjeron en el interior del país, con mayor intervención de las policías estadales (11 casos) y las policías municipales (7 casos). Miranda destaca como el estado con la cifra más alta de casos denunciados (10) y los cuerpos policiales con mayores denuncias son las Policías Estatales (PE) con 15 casos, de los cuales 5 corresponden a la PE del Edo. Miranda; la PM con 9 casos y las Pol. Mcpal. con 8 casos registrados.

Con respecto al Distrito Federal, resalta la participación de la PM con 7 casos bajo el alegato de búsqueda de presuntos delincuentes, a pesar de que el jefe de la División General de Operaciones del Cuerpo de Policía Judicial, Iván Simonovis, declaró que con la puesta en práctica del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se eliminaron las redadas y operativos policiales para detener personas con el fin de obtener información16. Sin embargo, la noche del 16.09.98, a raíz del asesinato de un agente de la GN en el sector Plan de San Miguel, Cota 905 (Caracas), otros agentes decidieron tomar represalias contra la comunidad y en un operativo realizado por la GN y funcionarios del grupo Pantaneros de la PM, realizaron allanamientos masivos en búsqueda de los culpables, llegando a retener a 30 personas. A Herwich RAMÍREZ y Antonio REYES los separaron del resto de los presos y en la parte alta del barrio en el sector Cruz Verde los ejecutaron, según denunciaron sus familiares17. De igual manera, los vecinos del sector Entrada de los Cardones en el Valle (Distrito Federal) denunciaron allanamientos arbitrarios de sus hogares, realizados por funcionarios de la DISIP bajo el alegato de buscar a presuntos implicados en haber herido a un efectivo de ese cuerpo de policía18. En este mismo orden de ideas, el diputado Wilmer SUÁREZ denunció allanamientos sin orden judicial realizados por funcionarios de la PM en edificios de San Bernardino, Distrito Federal, alegando la búsqueda de carros robados19.

El abuso de poder en los allanamientos se mantiene como una tendencia de los funcionarios de los cuerpos de policía que cometen actos ilegales en el transcurrir de tales acciones. En este sentido, Provea registró la denuncia de la Sra. Francisca ALCÁNTARA, a quien funcionarios de la PM allanaron sin orden judicial su domicilio en el que vendía comida y cerveza y haciendo abuso de autoridad, le confiscaron unas cajas de cerveza y objetos de valor que nunca recuperó20. De igual manera, Amarilis CHACÍN y Mary CHACÍN denunciaron allanamiento de su domicilio sin orden judicial por funcionarios del Departamento de Inteligencia de la Policía del Estado Zulia (PEZ), los cuales se llevaron 2 teléfonos celulares, valiosas prendas y Bs.1.500.00021. Asimismo Rodrigo MELÉNDEZ, denunció que funcionarios municipales allanaron ilegalmente la morada de su madre en donde tenía depositado un lote de equipos electrónicos, los cuales le fueron retenidos y no conforme con ello, arrestaron a 3 de sus hermanos acusándolos de robo, sin darles la oportunidad de presentar las facturas de pago correspondientes22. La madre de Douglas Enrique PINTO, denunció que la casa de su hijo fue allanada por una comisión de la policía de la Parroquia Santa Bárbara, en el Valle de Guanape (Edo. Anzoátegui), con el fin de arrestarlo bajo la acusación de haber herido a golpes a su vecino. Además, maltrataron verbal y físicamente tanto a Pinto como a su esposa, y le llevaron de su casa el ventilador, la bombona de gas de la cocina, un radio, unos machetes de trabajo y Bs. 50.00023. En este mismo orden de ideas, el taxista Jaime José SALAS, acusó a dos funcionarios adscritos a la Zona 1 de la Policía del Edo. Anzoátegui de golpearlo con puños, pies y revólver cuando se hallaba en su vivienda. Acompañados de dos vecinos tocaron la puerta y cuando les abrió le lanzaron un cachazo en la cabeza, herida que ameritó cuatro puntos24.

Caso similar es el denunciado por Julio César González, abogado de Víctor Simón GARCIA, al cual le allanaron su casa, le dispararon en la región del glúteo y además le llevaron Bs. 100.000 de su propiedad, a raíz de haber denunciado una riña entre la víctima y un funcionario regional del puesto de policía de Naricual. Gracias a la presión de los vecinos, dos horas después de los hechos, Víctor Simón es trasladado al hospital Luis Razetti y es atendido médicamente pero con presencia policial. La versión oficial desmiente la anterior, alegando que García pretendió desarmar a los funcionarios policiales, y a éstos se les escapó un disparo que lo alcanzó en el tórax25.

La "siembra" de drogas y armas en los allanamientos se registra como otra práctica de abuso de autoridad, de parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad amparados en su condición especial de ser miembros de cuerpos creados para impartir el orden y colaborar con la administración de justicia. El funcionario de defensa Civil Rodolfo NORY denunció que en un allanamiento ilegal efectuado por funcionarios de la PM, le "sembraron" droga para luego denunciarlo como traficante. Denunció que este grupo está adscrito a la zona 1 de la Guaira (Estado Vargas) y se hacen llamar "Los Caribes", los cuales tienen como práctica "sembrar" crak y luego acusar por tráfico y venta de drogas26.

Durante este período, se registraron sólo dos denuncias de allanamiento contra establecimientos educativos. Sin embargo, aún cuando la cifra representa una reducción del 75% en relación con los 8 casos del período anterior, el uso de perdigones y bombas lacrimógenas se mantiene como práctica durante los mismos. El primero de los allanamiento registrados, fue realizado en la Universidad Experimental Politécnica de Barquisimeto (Edo. Lara) en busca de un grupo de estudiantes. Alrededor de 20 uniformados irrumpieron en la sede universitaria lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones de polietileno. No hubo heridos, pero sí daños materiales en las áreas de química y electrónica, así como en las nuevas instalaciones de la biblioteca27. El segundo de los allanamientos, ocurrió en el Instituto Universitario de Tecnología en Cumaná (Edo. Sucre), a raíz de una manifestación estudiantil en protesta por la negligencia gubernamental que ha tardado 10 años en construir un comedor y tuvo como consecuencia la muerte del estudiante Angel Luis CASTILLO28.

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	Informe Anual 1998-1999