PROVEA - Informe Anual

No puede hablarse de una estrategia de exigibilidad [de los derechos humanos] si no se tiene una plataforma social, es decir, si no se tiene la sostenibilidad social de actores, de organizaciones, que se reconocen como sujetos de derecho y por lo tanto exigen la realización de estos.

Dante Vera
Plataforma Suramericana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

En el transcurso de este período, las expresiones de protesta de diversos sectores sociales en demanda del cumplimiento de sus derechos, alcanzaron la cifra de 855, lo que significa un ascenso del 102,6% en comparación con el período anterior en donde Provea cuantificó 422 manifestaciones. Del total de manifestaciones registradas, 154 corresponden a los últimos 4 meses del gobierno de Rafael Caldera. Las 701 manifestaciones restantes ocurrieron en los primeros 8 meses del gobierno de Hugo Chávez.

Cabe destacar que un número semejante de protestas no se registraba desde los años 1991 a 1994, en donde el promedio anual alcanzaba las 1.000 manifestaciones, disminuyendo progresivamente durante los subsiguientes períodos1.

Se puede presumir que las expectativas creadas por el cambio en la hegemonía política y la aceptación que mantiene el Presidente Hugo Chávez, han despertado en la población nuevos ánimos para romper con la apatía en la participación social y/o política. Así diversos sectores sociales se han movilizado para expresar su descontento y buscar salidas a los múltiples problemas que confrontan. Empero, las características de las movilizaciones registradas permiten afirmar que surgen, mayoritariamente, de manera espontánea y con escasos niveles de articulación, como para permitir organizar acciones de mayor envergadura o elaborar propuestas políticas de carácter global.

Más allá de los datos estadísticos sobre las protestas registradas, Provea no cuenta con información cualificada sobre los niveles organizativos del movimiento popular. No obstante, Roland Denis, profesor universitario y activista social, hace una lectura que puede ayudar a comprender el actual estado de cosas en esta materia. Denis señala que 1998 fue un año de florecimiento del movimiento popular, en el que surgieron importantes experiencias organizativas. Alerta, sin embargo, que en la actualidad muchas de esas experiencias están reduciéndose "a una suerte de vocería paralela o complementaria del chavismo partidista [...] han perdido toda autonomía [...] Tal fenómeno se observa en muchos de los frentes sociales, grupos sindicales, movimientos agrarios, asambleas parroquiales"2. Según esta lectura, el movimiento popular habría crecido y se estaría debatiendo entre la cooptación oficial y la autonomía política.

Por otra parte, del total de manifestaciones registradas, el 5,7% (49) tuvo un carácter violento, mientras que en el período anterior este porcentaje fue de 8,7% (37). Estos datos hablan de una disminución de esta modalidad si se observan los números en comparación con las manifestaciones de cada período o, de un aumento, si se observan los números absolutos. En todo caso, ninguna de las apreciaciones, permite hablar de un cambio sustancial en el comportamiento de esta modalidad de protesta.

Al igual que en años anteriores, la mayoría de manifestaciones violentas fueron llevadas a cabo por el sector estudiantil, siendo en esta oportunidad que el 77,5% del total de manifestaciones violentas tuvo como protagonistas a estudiantes de diferentes niveles de educación, y en menor porcentaje a grupos de vecinos y desempleados del sector petrolero.

Con respecto a los patrones de manifestación, cabe destacar que al igual que en el período anterior, la interrupción del tránsito a través del cierre de calles y avenidas, continúa siendo la modalidad más utilizada por los distintos sectores sociales, registrándose 272, lo cual representa casi el 32% del total de manifestaciones contabilizadas. Están en segundo lugar las concentraciones con 14,1% y finalmente las marchas con 9,1%. Desde 1994 e incluyendo al actual período, Provea ha constatado una disminución permanente en la realización de esta última modalidad de protesta3.

Una vez más, se confirma la tendencia registrada desde 1989, según la cual los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son los principales ejes motivadores de las protestas. Durante este período el 76,84% del total de manifestaciones giraron en torno al reclamo o la defensa de estos derechos. Cabe destacar que, dentro de los DESC, la defensa de los derechos laborales ha generado el mayor número de acciones, alcanzando el 35,20% del total de manifestaciones. En orden decreciente, le siguen el derecho a la educación, con 19,64%; la demanda de servicios públicos, tales como agua, sistema de cloacas y servicio de electricidad con 8,3%; el derecho a la vivienda con 6,35% y por último el derecho a la salud con 1,4%. Las movilizaciones en defensa de los derechos civiles y políticos registradas durante este período alcanzan un total de 58 manifestaciones, lo que representa el 6,78% del total. El 4,22% restante corresponde a movilizaciones cuyos motivos no fueron informados.

Por otro lado, estados tales como Zulia, Bolívar y Anzoátegui presentan porcentajes comparativamente mayores a los registrados en el período anterior, lo que no modifica pero sí afecta la tendencia según la cual los estados centrales concentraban el mayor número de protestas. Siendo así que en Caracas sucedieron el 21,40% del total de manifestaciones, seguida del Edo. Zulia con el 20,70%, Aragua con 10,40%, Miranda con 7,36%, Anzoátegui con 6,9%, Bolívar con 5,84% y Carabobo con 4,32%.

Dando continuidad al Informe anterior, en donde se investigó por primera vez el grado de respuesta de las autoridades a los reclamos de los manifestantes, cabe destacar que sólo en el 20% de las manifestaciones hubo alguna presencia de las autoridades competentes para dar respuesta a las exigencias de los sectores en conflicto, mientras que en apenas un 2,57% dichas autoridades crearon un compromiso para llegar a acuerdos y resolver los problemas que afectan a quienes manifestaron. Estos datos son similares a los registrados en el período anterior y constituyen un indicador de voluntad política para la resolución de conflictos sociales.

Durante el período que cubre este Informe, los derechos laborales han generado el mayor número de protestas, contabilizándose para esta fecha 34 paros laborales y 13 huelgas.

La exigencia de discusión del contrato colectivo por parte de los trabajadores públicos, la cancelación del aumento de salario del 20% decretado por el presidente Hugo Chávez el 1º de mayo del presente año, la cancelación de deudas pendientes y el desempleo abierto o encubierto, han generado que diferentes sectores tales como ex trabajadores, educadores, médicos, obreros del sector salud, trabajadores de la economía informal y otros, salieran a manifestar en demanda de sus derechos.

En este contexto, grupos de desempleados han escenificado 94 actos de protesta en todo el país, en demanda de oportunidades de trabajo. Es así que desempleados del Edo. Zulia, agrupados en el "Comité Pro Rescate de los Desempleados" marcharon junto con asociaciones de vecinos de la región, enarbolando la siguiente exigencia: "reivindicar el empleo [dado que] la situación es desesperante y que no sólo se trata de no haber empleo en la industria, sino que los pocos que hay están siendo absorbidos por la masa laboral que proviene de todas partes del país"4. Igualmente en el Edo. Anzoátegui un numeroso grupo de desempleados del sector petrolero, bloqueó totalmente, durante 8 horas, las vías que comunican el sur de ese estado con los Edos. Bolívar y Guárico en demanda de cupos de trabajo en las contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en las empresas que explotan crudos extrapesados en áreas de la faja del Orinoco. Paralelamente se presentaba una situación similar en el Edo. Guárico, en donde en otra acción de protesta, cerraron la carretera Pariaguán-Santa María de Ipire, afectando de esta manera toda la movilización de carga desde Guayana hasta las demás regiones del país. Como consecuencia de estos hechos, diputados de la Asamblea Legislativa suspendieron la sesión ordinaria y designaron una comisión, para tratar de mediar en el conflicto. El gobernador del Edo. Anzoátegui, Alexis Rosas, se comprometió a reunirse con una representación de los comités de desempleados para estudiar el problema de los cupos de trabajo en algunas de las zonas afectadas, y así mismo anunció que el ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, se presentaría en pocos días, para analizar en el propio terreno los conflictos que están afectando a la actividad petrolera5.

A propósito de estas exigencias, el Presidente Hugo Chávez anunció el lanzamiento de un proyecto de creación de empleos, el cual incluía un censo de desempleados.

De igual modo, 174 acciones de descontento, representadas en marchas, paros, huelgas y concentraciones, han realizado los diferentes sectores que conforman la masa laboral, en exigencia del pago de prestaciones, bonos retrasados, defensa de sus puestos de trabajo y aumento salarial. Dentro de la defensa de estos derechos, "aproximadamente 300 empleados públicos obstaculizaron el tránsito en la avenida Bolívar [Caracas], en protesta por el incumplimiento de los contratos colectivos, del aumento del 20% y de la Ley del programa de Alimentación, así como por despidos masivos de dirigentes sindicales y de empleados con más de 20 años de servicio"6. El presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Carlos Borges, indicó que la protesta era el inicio de una serie de acciones que realizarán, para que se cumpla con lo prometido en los dos últimos gobiernos. Igualmente, más de 2.000 empleados de Sanidad provenientes de todo el país, marcharon en Caracas, en protesta por la paralización del contrato colectivo y por la deficiencia en el servicio de salud pública. Bajo las consignas "las jubilaciones están paralizadas, no han pagado las vacaciones vencidas y la discusión del nuevo contrato colectivo está estancada"6, una comisión del gremio hizo entrega de un documento en Miraflores. La comisión fue recibida por el mayor Norbis Añez, quien luego de conversar con el grupo, acordó pautar una reunión con las autoridades de Sanidad y Trabajo y con miembros de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

La defensa del derecho a la educación motivó 175 protestas que giraron sobre cuatro ejes fundamentales, a saber: aumento del presupuesto de las distintas universidades nacionales, gratuidad de la educación, mejoramiento de las instalaciones educativas en los planteles públicos, y defensa del pasaje preferencial estudiantil.

Dando continuidad a la exigencia del cumplimiento del derecho a la educación y a la gratuidad de la misma, numerosas acciones han realizado profesores universitarios junto a estudiantes de todo el país. En noviembre de 1998, una gigantesca bandera negra fue izada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en señal de luto-protesta ante la grave situación económica que presentan las universidades nacionales. Durante el acto simbólico, el rector de la UCV, Trino Alcides Díaz expresó: "efectivamente la universidad venezolana está, no sólo de luto, sino amenazada de muerte por el gobierno y el Ministerio de Educación, que han venido negando reiteradamente el presupuesto a las universidades tratando de ahogarlas presupuestariamente"7.

Posteriormente, y como una victoria más del movimiento estudiantil que logró paralizar la discusión sobre el Proyecto de Leyde Educación Superior (PLES)8, fue declarado a favor un recurso de amparo, introducido por 142 estudiantes representados por Provea, contra las autoridades de la Universidad Simón Bolívar (USB). El amparo prohíbe a la USB la implementación del cobro de matrícula. Ante esta sentencia, el Rector de dicha universidad, Freddy Malpica Pérez, manifestó en un comunicado de prensa que "... la sentencia de la Corte sólo tiene efectos personalísimos, en el sentido de beneficiar única y exclusivamente a los estudiantes amparados en los términos ya indicados, y por lo tanto, de ninguna manera esta decisión afecta la existencia y validez legal del Fondo de Desarrollo Estudiantil, [...] en conclusión el Fondo sigue vigente, tanto por las bondades de su concepción, como por el hecho de que la sentencia de la Corte no lo ha afectado"9. Los estudiantes rechazaron estas declaraciones y realizaron nuevas acciones de protesta tales como la paralización del transporte universitario, exigiendo la renuncia del rector Malpica y la inmediata derogación del mencionado Fondo. No obstante, el abogado de Provea, Marino Alvarado, anunció la posibilidad de interponer nuevamente un recurso de nulidad por inconstitucionalidad ante la Corte Primera, si la directiva de la USB no exoneraba de pago a todo el alumnado. Para el mes junio de 1999, Provea introdujo nuevamente un recurso de amparo, esta vez con 1000 estudiantes. Más tarde ese amparo fue declarado sin lugar por la Corte Primera dado que el Consejo Directivo de la USB decidió modificar el artículo 7 de los Estatutos del Fondo de Desarrollo Estudiantil, eliminando con ello el cobro.

También en relación con la defensa del derecho a la educación, 23 acciones de protesta, entre tomas de establecimientos, concentraciones y cierres de calles y avenidas protagonizaron padres y representantes, exigiendo mejoras físicas en los centros educativos, rechazo al aumento de las matrículas y del cobro de inscripciones en los planteles.

En otro ámbito, el mal funcionamiento de los servicios públicos (suministro de agua, sistema de cloacas, mejoras en la vialidad y reducción de tarifas en el servicio de electricidad), generó malestar en la población de casi todos los estados del país. En este sentido, organizaciones vecinales realizaron 118 cierres de calles y avenidas, demostrando una vez más, la preferencia de este sector por este tipo de acciones. Representantes de asociaciones de vecinos de 43 barrios de Petare (Edo. Miranda), cerraron durante varias horas la autopista Francisco Fajardo, en protesta por los 6 meses que llevan sin agua, y exigieron la presencia de funcionarios de Hidrocapital, quienes finalmente se apersonaron al lugar y prometieron buscar soluciones para dicho problema10. De igual manera, el 02.06.99 en El Moján (Edo. Zulia), se realizó un paro cívico en protesta por el mal estado en que se encuentran las principales calles y avenidas de la zona. Esta acción fue convocada por la Alcaldía y la Cámara Municipal y apoyada por las asociaciones de vecinos, los sindicatos de pescadores y demás sectores organizados del lugar11.

Nuevamente durante este período, los jubilados y pensionados demostrando un importante nivel de organicidad, realizando diferentes acciones de calle en solicitud de bilaciones al salario mínimo. Cerca de 2000 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y otros organismos públicos, protestaron la congelación de las jubilaciones de la administración pública en Bs. 45.000 mensuales y las pensiones del IVSS en Bs. 75.000. Una comisión de este sector entregó a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente sus críticas y peticiones sobre la materia12.

Finalmente, durante el período cubierto 12 protestas fueron realizadas por vecinos y trabajadores en demanda del cumplimiento del derecho a la salud.

Las movilizaciones por la vigencia de los derechos civiles y políticos alcanzaron para este período un total de 58, registrándose un aumento del 21% con respecto al año anterior en donde se contabilizaron 48 acciones de protesta.

La defensa del derecho a la vida generó 21 protestas, relacionadas en su mayoría con la muerte por parte de la Policía del Edo. Sucre, del estudiante Angel Luis CASTILLO MUÑOZ (21), ocurrida el 25.02.99 en Cumaná. La indignación ante tal hecho, y la exigencia de sanciones a los responsables, ocasionó una ola expansiva en todo el territorio nacional. Estas acciones, que estuvieron motorizadas básicamente por el sector estudiantil, se caracterizaron por el uso de la violencia. Es así que durante los meses subsiguientes al asesinato de Angel Castillo, un grupo de estudiantes protagonizó la quema de la sede de la gobernación del Edo. Sucre, así como saqueos, tomas de establecimientos, cierre de calles, enfrentamientos con policías y otras acciones, tanto en ese estado como en otras ciudades del país. Durante el mes de junio, recrudeció la protesta debido a que dos de los implicados fueron puestos en libertad al acordarse un hábeas corpus por parte de un tribunal del Edo. Sucre. Debido a esta decisión, los estudiantes solicitaron que el juicio por la muerte de Castillo fuera radicado en una jurisdicción distinta13.

Familiares de procesados y penados exigieron celeridad a los tribunales penales, organizando para ello concentraciones frente a centros penitenciarios, así como participación y apoyo a los internos en huelgas de hambre. Mención especial merece la modalidad de auto agresión (huelgas de sangre) realizada por los reclusos en distintos establecimientos penitenciarios. Tales manifestaciones consisten en propinarse heridas en el cuerpo hasta el logro de sus demandas. Resaltan las ocurridas en la cárcel de El Dorado (Edo. Bolívar) y en el Centro Penitenciario de Barcelona (Edo. Anzoátegui).

Ante el constante abuso policial y militar y su consecuente impunidad, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en sus acostumbradas jornadas de calle mensuales, enarboló entre otras banderas, la inclusión de mecanismos en la nueva Constitución Nacional que garanticen la prevención y erradicación de la práctica de la tortura y el fortalecimiento jurídico de la protección de la seguridad e integridad personales.

-Tope-

1. Ver: Provea: Informe Anual Octubre 1994-Septiembre 1995. Caracas 1995. Pág. 205.

8. Ver PROVEA: Informe Anual octubre 1997 – septiembre 1998. Caracas 1998. Pág. 298.

	Informe Anual 1998-1999