Informe Anual
1999-2000
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Informe Anual 1999-2000 |
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO
Toda persona
tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas [...] de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana... Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas... En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aún cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico ... Artículos 127,128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Los cambios que se han dado en el país en el campo político, promovidos por el actual gobierno, han tenido sin duda un impacto en la situación de los derechos ambientales. Por una parte, el reconocimiento de estos derechos (con un capítulo de 3 artículos) en la nueva Constitución, refuerza la protección ambiental y sujeta la ordenación del territorio a las premisas del desarrollo sustentable, al mismo tiempo que consagra al agua, como bien del dominio publico, insustituible para la vida y el desarrollo. Sumado a esto, se encuentra otro avance en materia legislativa: la recién aprobada Ley de Diversidad Biológica que la define como "bienes ambientales protegidos, fundamentales para la vida"1. Igualmente, la inclusión en las políticas públicas, de temas y perspectivas ambientales, se reconoce como un aporte positivo al debate público sobre la materia. No obstante, las inconsistencias de los poderes públicos en relación con lo ambiental, se han expresado en una continuidad inercial de políticas y planes que impactan de modo grave sobre el ambiente, lo que refleja un desfase entre los discursos jurídicos y políticos y las prácticas estatales. La disolución del Congreso de la República y el régimen transitorio que vivió el país hasta las elecciones del 30.07.00, impidieron el control parlamentario sobre las actividades y proyectos susceptibles de degradar el ambiente. Con ello, se dejó en manos exclusivas del Poder Ejecutivo prácticamente todas las decisiones sobre materia ambiental. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), persigue "que la materia ambiental sea guía y rectora de los procesos de desarrollo y no una variable que debemos insertar en él para de esta forma concretar en la acción, la vigencia del derecho humano fundamental a un ambiente sano, como premisa básica del derecho a la vida que es la génesis de todos los derechos"2. Sin embargo, estos objetivos contrastan, en la práctica, con casos como: el otorgamiento de derechos a la transnacional minera canadiense Placer Dome para una gigantesca explotación de oro en plena Reserva Forestal de Imataca, el caso del proyecto de la Red de Transmisión Eléctrica Venezuela-Brasil atravesando la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima entre otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), los masivos planes para la explotación y expansión petroquímica y gasífera en la zona Delta Paria, el Puerto América y la explotación del carbón y los grandes proyectos de monocultivos agroquímicos. La Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch comparte este balance, al señalar que: "no se puede desconocer la gran significación de varios importantes artículos en la nueva Constitución [...] Sin embargo, el criterio ambiental, en verdad, no ha sido internalizado aún en forma consecuente, sistemática y consuetudinaria en la acción de gobierno; como valor fundamental y supra-sectorial. En la acción educativa las omisiones han sido aun mayores. Ello mueve a una mayor preocupación pues lo educativo es absoluta mente estratégico para cumplir con el postulado constitucional del activo concurso de la población"3. Uno de los proyectos a futuro, que requerirá de un análisis profundo por parte de la sociedad organizada y expertos independientes, es el proyecto del Código Orgánico Ambiental (COA). Impulsado desde el MARN, el proyecto, que consta de 1.053 artículos, pretende sustituir a la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley Penal del Ambiente, la Ley Forestal de Suelos y Agua, la Ley de Protección a la Fauna Silvestre y los artículo 364 y 365 del Código Penal4. Amenazas de sobreexplotación petroleraDespués del viaje del presidente Chávez a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el gobierno anunció que Venezuela alcanzaría una capacidad de producción de 4.000.000 de barriles diarios para el segundo semestre de 2000. De ser cierto, esto aumentará la degradación ambiental, agravará los problemas socioculturales actuales e impedirá otras opciones armónicas de desarrollo, desarticulando la base económica en las zonas donde se explote este recurso. En opinión de la Red Alerta Petrolera "el dramático panorama que presentan las áreas de exploración y explotación petrolera a todo lo largo del país, por la destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, deforestación de bosques y manglares, contaminación de acuíferos, ríos y mares, subsidencia5, impactos negativos en la cultura y la sabiduría tradicional, deterioro en la calidad de vida, de la salud y de la economía de los pueblos, la violación de los derechos humanos y el desconocimiento de principios constitucionales que resguardan las tierras y territorios de comunidades y Pueblos Indígenas, son factores desestabilizadores, que promueven el desalojo y cambio en las sustentables formas de vida y provocan la migración, el desarraigo, la pobreza y la violencia"6. Otro impacto importante a considerar, frente a este posible aumento de la producción, son los cambios climáticos por emisiones de gases que causan el efecto invernadero. En opinión del secretario general de la OPEP, Rilwano Lukman, las negociaciones relacionadas con la Convención Marco sobre Cambios Climáticos, representan un desafío importante para los países exportadores de petróleo: "Todos tomamos la misma agua, respiramos el mismo aire, vivimos en el mismo planeta [...] a la OPEP también le interesa el futuro ambiental y por eso espera que las medidas para combatir problemas de cambios climáticos beneficien a todos los países por igual"7. Por su parte, el presidente Chávez pareciera comprender los problemas ambientales y sociales relacionados con la explotación petrolera: "La primera y más valiosa de las energías que hay en el mundo, los seres vivos, más que el aceite de piedra o petróleo o sus derivados, los seres vivos, el ser humano, los animales, las plantas, la vegetación, de ello depende la vida del planeta, no del petróleo [...]. La subsidencia que estamos enfrentando en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, se está hundiendo la tierra [...] Cuántos millones de barriles de petróleo han sido extraídos en estos últimos 50 años y allí viven cientos de miles de personas y eso se va hundiendo lo cual genera problemas sociales, económicos, políticos, de todo tipo, hasta psicosociales, eso lo estamos enfrentando [...]. Los ríos, los golfos, los mares, el Delta del Orinoco, por ejemplo, está en peligro el Delta del Orinoco, hay que meterle el ojo y la acción consciente [...]. El recalentamiento planetario es alarmante de verdad, verdad, se está recalentando el planeta y muchos científicos dicen que esta tragedia que a nosotros nos cayó en Vargas [es un] ejemplo"8. Sin embargo, la inercia que produce gobernar un país tan rico en petróleo y gas como Venezuela, termina por apagar los encendidos discursos ecologistas del Presidente y adormecen la gestión ambiental del gobierno. Las empresas petroleras (la estatal y las privadas) tampoco han mejorado el control ambiental de sus operaciones: continúan los derrames, ruptura de oleoductos, las lagunas de desechos, la contaminación en agua y tierra. La falta de sanciones a los responsables de delitos ambientales y la ineficiencia del Estado para vigilar y controlar las responsabilidades legales de las empresas petroleras, contribuyen a que estas compañías no mejoren su récord ambiental. Muchas de ellas tienen una doble conducta: cumplimiento eficaz de las estrictas normas en los países desarrollados en los que operan, por un lado, e incumplimiento de esas normas ambientales en los países del tercer mundo. Ejemplo lamentable de esta realidad es la explotación petrolera en el Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), en el Delta del Orinoco (Edo. Delta Amacuro), en la Reserva Forestal de Guarapiche (Edos. Monagas y Sucre) y otras zonas petroleras del Edo. Monagas o en el Golfo de Paria (Edo. Sucre), por parte distintas empresas explotadoras. El Lago de Maracaibo y sus ríos afluentes, reciben "productos tóxicos persistentes" (en su mayoría son agentes cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos9) pues en su cuenca tienen asiento una serie de industrias y actividades que los usan y llegan al lago en forma localizada. Es el caso de la petroquímica, las industrias de galvanizado, tenerías, aguas de producción petrolera y, en forma dispersa, de las actividades agropecuarias, de distribución de energía eléctrica y de los derrames petroleros. Según Lenin Herrera, del Instituto de Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) "son tóxicos persistentes, por lo que pueden viajar grandes distancias y causar impactos en sitios alejados de donde se generan"10. El caso del Campo de Pedernales en el Delta de Orinoco (Edo. Delta Amacuro) y los desechos de la explotación petrolera depositados por la British Petroleum (BP) y sus empresas contratistas en La Ladera, aún no ha sido completamente resuelto. Transcurridos tres años después de la denuncia hecha el 20.07.97 por Amigransa y la Red Alerta Petrolera11, el MARN declaró que obligaría a la compañía responsable a ejecutar planes de recuperación y mitigación de los daños y exigiría medidas cautelares en el manejo de los residuos depositados en La Ladera. Igualmente, anunció que abriría procesos administrativos a los funcionarios involucrados en el otorgamiento de autorizaciones12. Sin embargo, en medio de esta situación, se conoció públicamente que la BP "decepcionada por los problemas confrontados en el campo Pedernales, en el Delta Amacuro, ha decidido traspasar el campo a la empresa francesa PERENCO, por un monto de 30 millones de dólares [...] sin obtener aún la autorización del Ministerio de Energía y Minas"13. Perenco "ha comenzado a taladrar en Pedernales"14, con lo cual continúan las amenazas de nuevos impactos sobre este importante ecosistema, fuente de vida para los indígenas Warao, quienes se sienten desconcertados15. Por otra parte, el vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Domingo Marsicobetre, informó sobre la devolución al Estado venezolano de bloques exploratorios otorgados en 1996 bajo el "Programa de Exploración a Riesgos y Ganancias Compartidas", por parte de las empresas Petroleras Burlington, Andarko y Benton en el bloque "Delta Centro" y a las empresas BP, AMOCO y TotalFina, en "Punta de Pescadores", en el Delta del Orinoco. Esto representa una especial oportunidad para suspender definitivamente la extracción petrolera en esta delicada y rica región del territorio nacional, que tiene abundantes recursos pesqueros y biodiversidad privilegiada, por lo cual debe ser incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional que contempla la Convención de Ramsar, de la cual Venezuela es signataria16. El manejo inadecuado de desechos petroleros está poniendo en riesgo otras zonas del país. En el Municipio Mara (Edo. Zulia), a finales de 1999, las fosas de confinamiento de residuos de crudo, que PDVSA construyó, se desbordaron por las lluvias, con lo cual las corrientes de agua desplazaron los residuos afectando varias viviendas17. En la zona de Oritupano (Edo. Anzoátegui) y en el Edo. Monagas, el desborde de dos lagunas de desechos ocasionaron desastres ecológicos y según el Comandante del Destacamento Nº 77 de la Guardia Nacional (GN), Tcnel. González Acosta, "los residuos ocuparon un área superior a 200 mts2. arrasando con vegetación y fauna; igualmente se han detectado diferentes rupturas en oleoductos y se han abierto averiguaciones penales a las Empresas Petroleras"18. Por su parte, la coordinadora de Ambiente del Municipio Simón Bolívar (Edo. Zulia), denunció un botadero de residuos petroleros en un terreno de Tía Juana, que es un riesgo para las fuentes de agua de la zona19. DerramesA casi tres años del gigantesco derrame producido el 28.02.97 por el tanquero Nissos Amorgo, cuando 25.406 barriles de petróleo contaminaron el Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), sólo 900 barriles (el 3,54 %) fueron recogidos. Según estudios del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad de Oriente y de la Comisión de Ambiente del Senado la contaminación provocó una disminución drástica de mariscos, crustáceos y moluscos. Entre los organismos que sobrevivieron se presentan elevados niveles de hidrocarburos y metales pesados. Decenas de demandas, por parte de pescadores y otros afectados, sufren retardo procesal en los tribunales nacionales, al tiempo que PDVSA se niega a asumir responsabilidades. El Dr. Tulio Álvarez, representante legal de Fetrapesca, introdujo ante la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ), una solicitud de avocamiento dado el retardo procesal. Las demandas a los propietarios del tanquero y al Banco Venezolano de Crédito por liberar la fianza, suman 340.000.000 de dólares. Fetrapesca, además, decidió formalizar el reclamo ante el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debido a la contaminación por hidrocarburos, por 25.000.000 de dólares20. En el Municipio Aguasay (Edo. Monagas), los ríos Marinera y Ñato se encuentran afectados por derrame de crudo y agua salada en la línea de flujo que transporta el petróleo en el sector La Marinera. La contaminación ha ocasionado pérdidas a productores piscícolas y comunidades de la zona, quienes han solicitado a PDVSA y al MARN que resuelvan este problema y "paguen por los daños aunque no tengan precio"21. La comunidad acusa al MARN regional por no actuar en ninguno de los casos denunciados por delitos ambientales. En Puerto Píritu (Edo. Anzoátegui) una mancha aceitosa invadió el 07.03.00 (martes de carnaval) más de 3 Km. de playas, lo que obligó a centenares de bañistas a salir del mar. La mancha continuó su desplazamiento hacia la Costa de Unare. PDVSA y Petrozuata aseguraron no haber registrado derrames de crudo en sus instalaciones, con lo cual, en caso de ser cierto, no habría que descartar que la sustancia viscosa proceda del lastre lanzado al mar por algún tanquero22. A 30 Km. de Santa Fe (Edo. Anzoátegui) la tubería de la empresa japonesa Teikoku, que traslada petróleo desde el Edo. Guárico hasta Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui) presentó una avería que ocasionó un derrame del crudo liviano parafinoso23. Tantos años de explotación petrolera en nuestro país deberían ser motivo para contar con un mejor control ambiental de esta actividad e implementar un sistema de valoración del ambiente que nos permita resguardar zonas ecológica y socialmente importantes para el futuro perdurable de Venezuela. Caso LagunillasDespués de 50 años de explotación petrolera en el Lago de Maracaibo (Edo. Zulia) crece el fenómeno de subsidencia o hundimiento de tierras por debajo del nivel del Lago. Los pobladores de la Parroquia Venezuela en Lagunillas, así como los de Tía Juana y Bachaquero (todos en el Edo. Zulia) que han sido afectados por el hundimiento de sus tierras, deben ser reubicados con urgencia. El dique costanero que protege a estas poblaciones de las aguas del Lago, se presenta como insuficiente frente al crecimiento periódico del nivel de las mismas. En 1938 se iniciaron los trabajos de construcción del dique y "cada año hay que levantar más el muro"24 por el hundimiento de los suelos, que oscila entre 5 y 12 cm. anuales25. La población solicitó al presidente Chávez declarar en emergencia y zona de desastre la población afectada y llevar a cabo con urgencia la reubicación y traslado de sus 35.000 habitantes. El deterioro progresivo del muro de contención, aunado a un informe de Defensa Civil que afirma que en la zona, en menos de 548 horas se habían producido 52 microsismos, mantiene a la población en estado de alerta permanente. Regresa el Proyecto Cristóbal ColónA pesar de las protestas de los grupos ambientalistas y destacados expertos en la materia, quienes por años han cuestionado los impactos ecológicos y sociales de la explotación de gas costa afuera en el norte del Golfo de Paria (Edo. Sucre), el reformulado Proyecto Cristóbal Colón será impulsado por el Poder Ejecutivo. El nuevo proyecto tendrá mejoras en la rentabilidad y una rebaja en la capacidad de extracción desde 4,6 a 6.000.000 toneladas anuales a 1.400.000 toneladas anuales de gas licuado de petróleo (GLP), al tiempo que contará con una participación menor de PDVSA (20%) y mejores beneficios en regalías e impuestos sobre la renta (ISLR), agregando además, la explotación costa afuera de la plataforma Deltaica26. Esta noticia ha puesto en alerta a los grupos ambientalistas, de pescadores de la Costa Oriental de Venezuela y a las comunidades indígenas Warao del Delta del Orinoco, pues los impactos de la actividad de exploración (sísmica y perforación de pozos) y de explotación de gas, alterarán y dañarán los frágiles ecosistemas deltaicos, los fabulosos recursos pesqueros y la diversidad biológica del noreste del país. El yacimiento de gas libre, se encuentra a cientos de pies de profundidad, en el Mar Caribe, frente a las costas del Golfo de Paria. Según el Geógrafo Omar Ovalles "es un yacimiento ubicado en difíciles y riesgosas condiciones marinas y estuarias con un riesgo ambiental máximo y no controlable en un 100%"27. Para el experto, "también significa la continuación de un modelo de desarrollo altamente dependiente de las modificaciones del mercado externo y pocas veces sensible a las otras opciones de desarrollo que puedan darse [...] generándose enormes riesgos ambientales por escapes y derrames de lastres, aguas de yacimientos, aditivos, combustibles..."28. Por otro lado, las complejas y concentradas instalaciones en tierra que se requieren, tales como depósitos, muelles, helipuertos, radiocomunicaciones y gasoductos "hacen que se generen impactos muy localizados e irreversibles en algunos puntos privilegiados de la Costa; mientras otras localizaciones ven drenar sus recursos naturales, humanos y culturales"29. Según Ovalles, el proyecto Cristóbal Colón "afectará las condiciones biogeográficas, oceanográficas, y climatológicas, que han gestado en estas costas valiosos ecosistemas de montaña que acceden fácilmente a las líneas de playa, sin dejar prácticamente cabida al ecotono seco en donde selvas pluviales de varios doseles se ubican en los flancos y fondos de valles de ríos muy cortos y torrentosos que descienden al mar"30, al tiempo que pone en riesgo a los pobladores de poblaciones como Carúpano, Río Caribe, San Juan de las Galdonas, San Juan de Unare, Santa Isabel, Cagua, Uquire, Mejillón, Faltiquera, Chuao, Chaguaramas y Puy Puy, quienes viven del mar y del bosque. Este Proyecto debe ser objeto de un debate nacional, técnico, acerca de la conveniencia o no de explotar el gas del Golfo de Paria, en tanto, como señala Ovalles, "no hay estrategia de reducción del impacto ambiental que logre detener los destrozos que se harán en la ecología, la desarticulación de la base económica local, y la supeditación una vez más de toda una región a los designios del mercado mundial de hidrocarburos"31. Apertura PetroquímicaTal como lo señala Frank Bracho, especialista en temas ambientales, la industria petroquímica "está siendo señalada como fuente de serios problemas contaminantes y daños a la salud. No se trata solamente de los evidentes efectos de sus residuos industriales, como los desechos tóxicos vertidos por la Petroquímica del Tablazo, en el Lago de Maracaibo o la contaminación atmosférica del aire que cubre a la capital del Zulia. Efectos de novel concientización o documentación como los efectos desquiciantes hormonales están motivando hoy una creciente atención. Según la bióloga norteamericana Theo Colborn, 95% de las sustancias químicas acusadas son de origen petroquímico. Productos como el plástico PVC ya están siendo prohibidos en distintos países, por sus efectos dañinos o riesgosos. Todo lo anterior debe mover a reflexión con respecto a los grandes planes de expansión de la industria petroquímica en nuestro país que comprenden, incluso, la considerable expansión de la producción de productos como el PVC"32. El gigantesco complejo petroquímico que se pretende erigir en Jose (Edo. Anzoátegui) entraña riesgos para la población y el hábitat circundante. La presencia del complejo en la zona ya ha generado una lucha competitiva por el suministro de agua con las poblaciones aledañas en vista de los grande volúmenes de ese recurso que consume la actividad petroquímica33. Por otra parte, la Fundación para el Desarrollo Integral (Fundesin) denunció ante la opinión pública que se han descubierto fosas para verter desechos peligrosos de origen industrial y petroquímico en el botadero de basura de Punta Leiva. Los habitantes de esa población y de Hornito Nuevo y Punta de Piedras, (Edo. Zulia), están constantemente propensos a contraer enfermedades. Entre los desechos tóxicos existe cianuro y según análisis del ICLAM otros productos muy peligrosos como sulfatos, sulfuros, cobre, hidrocarburos, aceites, potasio, nitrógeno. "Estos productos peligrosos sobrepasan los valores nominales del Decreto 883"34. MineríaEn la década de los 90, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) comenzó "la subasta de Guayana" entregando centenares de concesiones y contratos a empresas mineras, algunas fantasmas, que luego revendían sus acciones en la Bolsa de Valores de Vancouver (Canadá) por millonarias sumas en dólares. Las inversiones extranjeras en materia de minería, como la prometida por la empresa Placer Dome y las de una veintena más de empresas canadienses, obligaron a flexibilizar las normas ambientales e instituciones como la Cámara Minera de Venezuela y la Cámara del Oro se convirtieron en los mayores promotores de una nueva Ley de Minas, más complaciente con los inversionistas, menos protectora del ambiente y menos impositiva. Al respecto, organizaciones ecologistas han declarado: "Mientras seguimos pensando en el `desarrollo económico´ o en `darle confianza a los inversionistas extranjeros´, los suelos, agua, bosques y aire de nuestro país siguen siendo aceleradamente contaminados y destruidos. Una economía que trabaje con el medio ambiente, en vez de en contra del medio ambiente, será la mejor garantía para una prosperidad perdurable, en beneficio de todos los inversionistas responsables"35. Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Chávez en materia minera, fue la "desaplicación" de la Ley de Minas del 28.12.44, reemplazándola por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas del 28.09.9936. La Ley Habilitante permitió al Presidente dictar medidas a fin de ordenar el régimen jurídico de las minas mediante "reglas claras y modernas" que garanticen la preservación del ambiente. Así, "se establece por primera vez en la legislación venezolana el principio del desarrollo sostenible el cual implica el ejercicio de la actividad minera en concordancia con aspectos ambientales, de ordenación del territorio, de estabilidad económica y de responsabilidad social, conjugados con principios de nacionalidad y optima recuperación del recurso’’37. Por otra parte, la Ley de Minas establece: 1.- la declaratoria de las minas como propiedad de la República; 2.- que los contratos mineros de la CVG serán convertidos en concesiones tuteladas por el Ministerio de Energía y Minas y 3.- que la minería artesanal es reservada a los venezolanos, quienes pagarán impuestos38. En el mes de octubre de 1999, el Presidente (e) de la República, Ignacio Arcaya, en la inauguración de la IV Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAAMA, Caracas, 1999), ratificó el compromiso gubernamental de apoyar la actividad minera, al tiempo que declaró: "se reestructuró el Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo de este sector, con la creación de un Viceministro de Minería [y] la puesta en marcha de una taquilla única que agilice los procesos"39. Por su parte, el Ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez "espera que la empresa Minera Placer Dome reactive las actividades en Las Cristinas, tal como se comprometió cuando el Presidente viajó a esa concesión [...] además, los precios del oro están repuntando significativamente [...] y las recientes medidas de los Bancos Centrales de congelar por cinco años la venta de oro, mejorará el precio"40. Sin embargo, el presidente de la Placer Dome, Carl Gagnier, anunció la paralización de Las Cristinas en julio de 1999 y "desestimó la reactivación de las actividades hasta tanto, al menos, tener mayor estabilidad en los precios de oro"41. El saldo ambiental negativo que tienen las empresas mineras en el ámbito mundial no permite ser optimistas con respecto a la integridad de nuestras reservas naturales, más aún cuando solamente la Placer Dome asociada a la CVG (Minca), estima producir anualmente "15 toneladas métricas de oro y 15.000 toneladas de cobre"42. La mayoría de las concesiones se asientan sobre importantes ecosistemas de bosques nativos de la Reserva Forestal de Imataca o en áreas de influencia de la misma, y lo que es más preocupante, no se tiene conocimiento de estudios de costo-beneficio, que incluyan variables tales como el valor intrínseco del bosque húmedo tropical, la diversidad biológica y de recursos genéticos, el papel de estos bosques como reguladores de cambios climáticos, los reservorios de agua dulce, el hogar de numerosas especies de flora y fauna endémicas y el hábitat de comunidades campesinas e indígenas, entre otras, que nos permitan decidir, con responsabilidad y criterios científicos, cuáles actividades son convenientes y cuáles no. En medio de una fuerte controversia entre "ecologistas" y "desarrollistas", el Gobierno del Edo. Zulia está promoviendo el "Puerto América" en la garganta del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia). Para algunas organizaciones ecologistas regionales, este puerto degradará aún más los ecosistemas lacustres. Para la construcción del mismo se pretende destruir las islas de Zapara, San Carlos y San Bernardo. Significará pasar de explotar 6.000.000 de toneladas anuales de carbón a 36.000.000 de toneladas por año, lo que implica la destrucción de la Sierra de Perijá, desde el Guasare, en el norte, hasta Río de Oro, en el sur. Para Antonio Casellas y Luis Soto Luzardo, activos defensores de la zona, este proyecto provocará la muerte del lago, "ahogado por el carbón". Casellas y Soto señalan que "por el Lago circularán 150 mil gabarras al año cargadas de carbón colombiano y venezolanos [...], descargando su contaminación en el Lago de Maracaibo [...] y los residuos sulfurosos que este desprende"43. Luzbi Portillo, presidente de la organización ecologista Homo et Natura, señala que es en la Isla de San Bernardo donde inicialmente se construiría un puerto carbonífero de aguas profundas, por parte de la familia Caldera-de Veer, de la cual forma parte el cuñado de un hijo del ex presidente Caldera. A los de Veer les fue entregada la isla por 30 años a partir del 13.05.97, según Resolución DM/N 124 del Ministerio de Agricultura y Cría44. Posteriormente, señala Portillo, los vínculos políticos y de negocios de los Caldera-de Veer con el ex-gobernardor Arias Cárdenas, permitieron incluir también en el proyecto a las Islas San Carlos y Zapara y de esta manera nace el megaproyecto Puerto América. Asociado al mismo, hay una serie de negocios carboníferos, líneas ferroviarias, plantas siderocarboníferas, "donde la corrupción ha campeado en las distintas fases de los entretelones de dichos negocios"45.
Ante esta grave situación, el Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela, junto a profesores de la Universidad del Zulia,
pescadores y salineros, asistidos por el Dr. Tulio Álvarez, demandaron ante
la CSJ la nulidad del otorgamiento de derechos sobre la Isla San Bernardo,
la nulidad de la Resolución conjunta Nº 179 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Nº 21 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sin
embargo, el proyecto continúa su camino y actualmente forma parte de los
planes del gobierno del presidente Chávez. Las comunidades afectadas,
representantes de organizaciones ambientalistas, académicos, campesinos,
indígenas (Yukpa y Barí) y pescadores, manifestaron el 22.04.00 en el día
Mundial de la Tierra en Machiques (Edo Zulia), con la siguiente consigna: "El
carbón es muerte para nuestro futuro y nuestros hijos"46. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae)
Mientras los poderes públicos no asuman la importancia
estratégica nacional que representan las ABRAE para asegurar un futuro
perdurable, no dejarán de violarse las leyes que rigen su protección y
administración. El cambio esperado en la administración de las ABRAE no se
ha dado aún, con lo cual continuamos con los viejos esquemas desarrollistas.
Ejemplo de ello es la permisología que el MARN ha dado para el paso del
tendido eléctrico por Imataca, por el Parque Nacional Canaima, por la Zona
Protectora Sur del Estado Bolívar, por las zonas de amortiguación y zonas de
protección de alta diversidad biológica o la continuación de la explotación
minera en la Reserva Forestal de Imataca y en la Cuenca Alta del río Caroní. ImatacaEn el Decreto 1850 publicado en Gaceta Nº 36.215 del 28.05.97, se dicta el Plan de Manejo y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca (‘Gotas de agua’ en lengua Warao), permitiendo su explotación minera. Este desafuero ambiental ha generado en los últimos tres años protestas nacionales e internacionales en defensa del derecho a un ambiente sano. Entre otras acciones se han ejercido demandas ante la CSJ, movilizaciones de indígenas y ecologistas, estudios especializados, foros en universidades y se han conformado redes orgánicas y/o informativas. Tal movilización social logró una medida pre cautelativa de la CSJ, que ordenó la paralización de nuevas concesiones y autorizaciones para la extracción aurífera47. Sin embargo, tres años más tarde, no hay aún una sentencia definitiva en relación con la ilegalidad del Decreto. Según la demanda interpuesta por el Colegio de Sociólogos y Antropólogos, Amigransa, Red Alerta Petrolera, Forja y el abogado Tulio Álvarez, el decreto 1.850 viola la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley Forestal de Suelos y Aguas y la Convención de Washington, además de atentar contra el régimen de las ABRAES. El 02.11.99, durante el acto final de informes del juicio por inconstitucionalidad e ilegalidad del mismo, el entonces senador Alexander Luzardo declaró: "El decreto de Imataca es irrito, fue amañado y está vinculado a la corrupción del Gobierno anterior [...] la Procuraduría General de la República ha adoptado una posición complaciente ante la explotación minera, y contraria al criterio del Presidente Hugo Chávez Frías [...] El decreto viola la Convención de la Diversidad Biológica, porque allí se encuentran recursos biológicos, genéticos, e hídricos que son bienes jurídicos ambientales, insustituibles y fundamentales para la vida"48. En opinión de los grupos ecologistas, los fines de la Reserva Forestal no son compatibles con la minería ya que "es una zona estratégica para el país que debe ser declarada como Parque Nacional Reserva de Biodiversidad de Imataca, cambiando el uso que se le ha dado de explotación forestal "49. Frente a la tesis de que el Decreto 1.850 lesionaría los intereses y derechos de las etnias indígenas, el entonces procurador Javier Elechiguerra, mostrando evidente ignorancia en la materia señaló: "de nada le sirve al Estado tener algo sólo para observarlo"50. Un año antes, el país había oído las palabras esperanzadoras del entonces candidato Hugo Chávez: "Si me dicen que para extraer el oro que hay allí, hay que tumbar y destrozar las grandes reservas y el pulmón de Imataca, preferiría que el oro se quede allí para siempre [...] Si me toca escoger entre el agua y el oro, entre el bosque tropical y el oro, ese oro se quedara enterrado"51. Uno de los puntos más conflictivos en el Caso Imataca es la explotación minera en una Reserva Forestal, actividad que las autoridades ambientales y la Comisión Especial para la Reserva Forestal Imataca (Cierfi), pretenden introducir de nuevo en el nuevo Plan. La Cierfi, en conjunto con el MARN y el Banco Mundial, y un grupo de asesores coordinado por el Sr. Álvaro Atilano (antiguo empleado de la Empresa Minera Placer Dome) está preparando el Análisis de Impacto Regulatorio y el Nuevo Plan de Imataca. El ex-Ministro del Ambiente, Jesús Pérez, en un análisis de su gestión declaró: "Este semestre habrá un nuevo decreto para la Reserva Forestal de Imataca, tras un estudio realizado por 5 universidades sobre su intervención, distribución espacial, permisología minera y de explotación forestal y desarrollo sustentable de la minería. Por primera vez, el plan de ordenamiento se realizó de manera concertada con la empresa privada"52. A pesar de ese anuncio, el Decreto aún no se ha derogado, ni tampoco se ha fijado fecha para dar a conocer, para su evaluación y consulta, el nuevo proyecto Plan para Imataca. Mientras tanto, a pesar de que las nuevas concesiones están paralizadas por orden de la CSJ la actividad minera en la zona continúa. Tendido Eléctrico Venezuela Brasil En los meses previos a las elecciones del 30.07.00, el presidente Chávez incluyó promesas "verdes" en su oferta electoral. Sin embargo, ello no se condice con posteriores declaraciones transmitidas en cadena nacional, según las cuales el gobierno nacional continuaría con los trabajos del Tendido Eléctrico hacia el Brasil, que de llevarse a cabo atravesaría al menos cuatro Abraes , entre ellas, el Parque Nacional Canaima y su Zona de Amortiguación, la Reserva Forestal de Imataca y la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar y afectará irreversiblemente el área de influencia de los Tepuyes Monumentos Naturales, la Cuenca alta del Río Caroní, los valiosos bosques de la Sierra de Lema y el hábitat y tierras colectivas de los Pueblos Indígenas. El 11.04.97 se firmó el Contrato de Servicio Eléctrico entre Edelca (Venezuela) y Electronorte (Brasil), sin que previamente hayan sido consultadas las comunidades indígenas o criollas afectadas, ni el Congreso de la República de Venezuela, violándose de esta forma la Constitución de 1961, vigente para entonces. La movilización de sectores sociales brasileros con conciencia ecológica y de los pueblos indígenas impidieron que otros proyectos hidroeléctricos se llevaran a cabo en su territorio, protegiendo de esta forma intereses ambientales y sociales. Tal como lo señala Anna Ponte, ex asesora ambiental del antiguo Congreso, "Brasil tenía proyectado una represa en el río Cotinga para dar electricidad y desarrollar a sus estados Roraima y Amazonas. Los estados del nordeste brasilero, deprimidos y superpoblados, necesitaban aliviar la presión, por lo que el gobierno comenzó a trasladar familias enteras desde esa región hacia el estado de Roraima, donde el Sindicato de Garimpeiros procedía luego a darles créditos y facilidades para su instalación en la zona. Sin embargo, en 1993 la resistencia indígena en Brasil, al proyecto hidroeléctrico sobre el mencionado río Cotinga, aunado al desastre que representó la represa, determinó la paralización del mismo y la oportunidad del gobierno brasilero de comprar la electricidad de Venezuela sin ningún costo social ni ambiental"53. Venezuela asumió el proyecto a pesar de las protestas de los pueblos indígenas, del movimiento ecologista, de las academias y de las universidades, de las demandas ante la CSJ y del informe de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio de la Cámara del Senado que señaló que no era favorable a los intereses de la Nación. Los grupos ecologistas se oponen al paso del tendido eléctrico y denuncian y alertan los impactos negativos del proyecto: "El sistema de suministro de electricidad, apenas en su primera etapa de construcción, ya muestra claramente el impacto ambiental que genera. El gran número de picas -vías de acceso para instalar las torres- se convierten en grandes cárcavas por la pérdida acelerada de suelo que se produce en la Gran Sabana una vez que se despoja de la capa vegetal. En otro de los casos, por ser la Gran Sabana una zona turística, estas picas sirven para facilitar el acceso a vehículos que se adentran más y más en lo profundo del Parque Nacional, deteriorando de esta manera zonas que por el Plan de Manejo y Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima se mantienen preservadas del paso de vehículos para evitar que los frágiles ecosistemas de la Gran Sabana se conviertan en un gran desierto o cementerio de carreteras"54. Pero no es sólo este impacto ambiental negativo lo que preocupa, sino también el que se generará una vez que las empresas mineras y madereras y las industrias contaminantes reciban esta electricidad y se pongan en marcha. Amigransa advierte "que el desarrollo del norte de Brasil generará un impacto ecológico, social y económico de dimensiones incalculables sobre nuestro territorio, poniendo en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la Gran Sabana, la Reserva Forestal de Imataca, la Cuenca del Río Caroní y el destino de sus habitantes, puesto que este desarrollo creará una presión poblacional con un crecimiento acelerado de la destrucción de los bosques, instalación de empresas e industrias contaminantes, generación de desechos y otras cientos de actividades que van en contra de un modelo de desarrollo equilibrado y de un bienestar integral para el ser humano además de ser ecológicamente insostenible. El tendido eléctrico hacia el Brasil, es el imán poderoso que necesitaba Brasil para atraer los millones de garimpeiros y una gran población en pobreza crítica hacia la frontera con Venezuela"55. Por otro lado, la creciente demanda de energía hidroeléctrica que requerirá Brasil no podrá ser suplida por Venezuela sin acometer más proyectos destructores del ambiente. Así lo señala la Coalición Ambientalista Venezolana Contra el Tendido Eléctrico: "El proyecto del tendido eléctrico a Brasil se basa en continuar ese desacreditado modelo (grandes represas y obras hidroeléctricas), profundizando la explotación del ya muy intervenido río Caroní, teniendo en la mira a otros ríos como el Caura y llevando a cabo nuevas represas y trasvases [...] este modelo interrumpe el flujo natural de los ríos y el ciclo hidrológico, con consecuencias aguas arribas y aguas abajo, sobre todos los seres vivos, dependientes para su alimentación y reproducción del ciclo del agua, sobre ecosistemas de milenarios delicados equilibrios, y genera múltiples patologías resultantes de las aguas reprimidas o estancadas"56. A todo ello hay que agregar los peligros derivados de la llegada de electricidad a gran escala a esa zona del país, por lo que las propuestas que señalan que se aminorarían los daños si se pasa el tendido de manera subterránea, no resuelven los problemas. El Gobierno de Rafael Caldera firmó 11 convenios de "desarrollo" con el mandatario Itamar Franco de Brasil entre 1995 y 1996. Estos convenios concuerdan con el proyecto "Calha Norte", de los militares brasileros de los años 80, cuyos objetivos principales son poblar, ocupar, y explotar toda la zona de los 11.000 Km. de frontera norte con Colombia, las Guyanas y Venezuela57. Según Jorge Padrón, coordinador de la Unión Nacional Ecológica y Social (UNES), el esquema de desarrollo planteado para el sur de Bolívar convertirá a esa entidad "en escenario, a mediano plazo, de conflictos ambientales sociales y geopolíticos [...] se le está dando luz verde a la minería del oro y diamantes obviándose todo el proceso ilegal ocurrido en las últimas dos décadas en el otorgamiento de las concesiones y la problemática ambiental y social generada: contaminación mercurial, prostitución, sedimentación de ríos, deforestación, deserción escolar [...] pueblos sin futuro e imposibilitados de un desarrollo ecológicamente sostenible"58. En el transcurso de este año representantes indígenas participaron de una serie de encuentros con el gobierno mediante los cuales se fue conformando un acuerdo para permitir el paso del tendido eléctrico y obtener, a modo de ver de algunos indígenas, una serie de beneficios. Ante esta situación, pueblos y comunidades indígenas de la Gran Sabana directamente afectados por la obra, decidieron no formar parte del acuerdo y continuar su oposición al paso del tendido por sus territorios, porque se irrespetan los lugares sagrados, se lesiona su cultura ancestral y el hábitat y tierras colectivas que necesitan para desarrollarse y garantizar sus formas de vida. Ante la posibilidad de que pueda firmarse un acuerdo con el gobierno que comprometa al pueblo Pemón, estas comunidades y sus caciques introdujeron una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando la paralización definitiva del tendido59. Los indígenas también se dirigieron a la Defensoría del Pueblo, en donde su Director General, Juan Navarrete prometió abrir una averiguación inmediata y realizar un viaje a la zona. La visita prometida no se concretó y dos meses más tarde, el 22.07.00, se firmó en Caracas un Acuerdo entre la "Comisión Presidencial para la Atención de Asuntos Indígenas" y la Asociación Civil Federación Indígena de Bolívar (FIB) , para la "Prosecución de la obra de Sistema de Transmisión Eléctrica al Sureste de Venezuela". Por su parte, los caciques y miembros de comunidades indígenas que habitan en la Gran Sabana, dentro del ámbito del Parque Nacional Canaima, quienes siempre se han opuesto a la construcción del tendido, se trasladaron a Caracas en agosto para continuar sus protestas. En esa ocasión, algunos caciques declararon: "Se ha utilizado la política, de la que no sabemos nada, para hacer que gente de otras comunidades acepte someter la decisión a la votación de la mayoría, lo cual no se corresponde con nuestra manera de actuar, porque lo tradicional es el convencimiento, la decisión colectiva. La mayoría no puede aplastar con su voto a los afectados [...] De repente en un avión militar trasladan hacia Caracas a indígenas de comunidades que no reciben el impacto negativo del tendido eléctrico, para firmar el acuerdo. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir lengua española"60. Producto de las gestiones realizadas durante ese mes, la Directora de Ambiente de la Fiscalía General de la República, Dra. Moretti ofreció llevar a cabo una visita de inspección a la zona. Empero, para la fecha de cierre de este Informe, aún no se había concretado. El día 02.08.00, el presidente Chávez anunció al país en cadena nacional que "El tendido va!". El ex-ministro del Ambiente, Jesús Pérez, ratificó que "el proyecto no tiene vuelta atrás [...] No es ningún capricho del Gobierno hacer el tendido, es la necesidad de poder abrirnos hacia el Sur, hacia Brasil. Porque si nosotros no lo hacemos, de alguna forma ellos lo harán"61. El presidente Chávez señaló que la instalación de las torres del tendido no implicaban daños ecológicos, pues eran colocadas desde un helicóptero y sólo ocupaban un espacio de 3 mts. más o menos62. Lamentablemente la realidad es otra, pues el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Consultores Inforeco, C.A tiene previsto grandes deforestaciones en sitios de alta fragilidad ambiental como el sector Sierra de Lema, bosque primario pluvial siempre verde, de alta sensibilidad ambiental. El Corredor de Servicio requiere, según el proyectista, un área de deforestación y/o tala de 140 mts. de ancho en Sierra de Lema y 60 mts. en la sabana63. La nueva Ministra del Ambiente, Dra. Ana Elisa Osorio emitió sus primeras declaraciones sobre el caso: "Realmente yo ví las torres. Yo estaba asustada y pensé hace un año que la obra del tendido eléctrico era devastadora. Pero realmente no lo es [...] la construcción los minimiza con el uso de torres estilizadas y técnicas que evitan problemas de deforestación"64. La ministra parece estar mal asesorada en cuanto al impacto real del tendido y por tal razón da su aval a un proyecto que violenta el derecho a un ambiente sano. Dada la continuidad de las obras, se produjo en la Gran Sabana, el derribo de siete de estas torres eléctricas65. Frente a ello, el vicepresidente Isaías Rodríguez declaró "que el gobierno investiga la posible influencia de grupos ecológicos en la acción de algunos pemones contra la obra [...] en esa zona hay algunos sectores que representan intereses ecológicos y que pudieran estar animando esos intereses, específicamente se ha hablado de Amigransa, Amigos de la Gran Sabana..."66. Informó, además que los organismos de seguridad del Estado investigan a grupos ecologistas "pues no se descarta que hayan suministrado a los indígenas las herramientas para desenroscar las tuercas de los pernos de las bases de sustentación de las torres"67. Amigransa rechazó estas declaraciones en tanto criminalizan una lucha legítima que llevan a cabo en defensa del ambiente sano y de la legalidad constitucional en Venezuela. "Jamás hemos propiciado ni aconsejado ninguna acción violenta, somos un grupo pacifista; más bien insistimos en que estas cosas se arreglen por la parte institucional sin necesidad de recurrir a la violencia [...] jamás hemos visto a un Pemón derribando una torre [...] lo más importante es sentarse a conversar con los indígenas y los grupos ecologistas sobre los daños ambientales ocasionados por el proyecto"68. Provea también rechazó "el intento del vicepresidente de criminalizar a Amigransa y expresó su solidaridad con esa importante organización que defiende el derecho humano a un ambiente sano"69. Se evidencia claramente que el Ejecutivo Nacional no ha escuchado con detenimiento las protestas indígenas, las opiniones de científicos, los análisis de los ambientalistas y de los indigenistas. Según Amigransa: "Es totalmente incomprensible que [...] se permita la destrucción de una cultura que guarda secretos milenarios para la sobrevivencia del hombre en el planeta y de uno de los sitios más espectaculares del mundo, [...] que guarda secretos milenarios para la sobrevivencia del hombre en el planeta, como lo es el Parque Nacional Canaima-Gran Sabana, Tierra de Tepuis, únicos ecosistemas, ricos en biodiversidad y reservorios de agua dulce para la vida y que al mismo tiempo mueve las turbinas de Guri y Macagua para la producción de hidroelectricidad que alimenta gran parte de nuestro país (al rededor del 70 %). Cuando falla Guri, se para el país, como lo demostraron los dos últimos grandes apagones de 1993 y el reciente del 18 de agosto del 2000 cuando el 70 % del territorio quedo a oscuras. Si se daña la Cuenca alta del río Caroní (Gran Sabana) se daña Guri"70. El botánico Otto Huber y el geólogo Carlos Schubert advirtieron: "La complejidad de la cobertura vegetal de esta región sufre actualmente de un impacto externo extremadamente fuerte el cual amenaza con ofuscar y últimamente eliminar ese complicado entramado de la naturaleza"71.
Refugio de Fauna Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos Las actividades de Produsal S.A, consorcio formado por la empresa Cargill de Venezuela (70%) y la Petroquímica de Venezuela (30%) para desarrollar actividades industriales en la obtención de cloruro de sodio (materia prima para la petroquímica) se desarrolla en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca "Ciénega de los Olivitos" (Decreto Nº 1363, 20.11.86), ubicado en el Municipio Miranda (Edo. Zulia). Este refugio fue designado sitio RAMSAR en 1996 según la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, Ramsar, Irán, 1971. Según Asovecani (Asociación de vecinos de Ancón de Ature), en comunicación enviada al Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra, el emplazamiento de la salina industrial afecta la economía pesquera en la Laguna Las Garzas, espacio de gran riqueza biológica en la que confluyen aportes ecológicos, fluviales y lagunares, lo que la convierte en una zona privilegiada para la pesquería. Hoy en día, esta zona está convertida en un estanque de almacenamiento de agua para la fabricación de sal, lo que constituye para Asovecani "una drástica limitación de las libertades económicas y laborales de esta comunidad que atenta contra la producción de bienes que satisfacen las necesidades de la población, violándose de esta manera el Art. 112 de la Constitución Bolivariana de Venezuela"72. Asimismo, la eliminación de la laguna de las Garzas y la conversión de zonas de Los Olivitos en estanques industriales viola los artículos 127,128 y 129 de la Constitución nacional sobre derechos ambientales. Asovecani también denuncia la descarga de amargos (desechos tóxicos de producción salinera) en la Bahía de El Tablazo. La toxicidad de las mismas amenaza además al Lago de Maracaibo, por los efectos letales para los camarones, peces y otros componentes de los sistemas acuáticos. A fin de buscar soluciones a esta grave situación solicitan entre otras cosas: 1.- una comisión de diálogo; 2.- prohibir el desarrollo del proyecto de descargas de amargos; 3.- ordenar a Produsal un proyecto de tratamiento de afluentes salineros; 4.- prohibir la succión de agua de la Laguna de los Olivitos y 5.- designar las cuencas de los ríos Cocuiza y Palmar como zonas protegidas. Las cuencas del país continúan sufriendo el deterioro causado por la alta tasa de deforestación y por la falta de tratamiento de aguas servidas provenientes de la presión agrícola, industrial, urbana y la no observancia de los planes de ordenación del territorio. Ejemplo del deterioro de los cuerpos de agua dulce lo constituye la contaminación de los embalses y ríos del país. Uno de ellos, el embalse Pao-Cachinche está gravemente contaminado y según la presidenta de Hidrocentro, si no se toman las acciones urgentes no podrá continuar surtiendo de agua a la población del Edo. Carabobo73. El crecimiento poblacional de esa entidad federal y los diversos complejos habitacionales instalados en la zona sin adecuados servicios públicos han incrementado el problema74. Por su parte, las aguas del río Tuy permanecen contaminadas por no ser operativa la laguna de oxidación y en él desembocan las aguas negras provenientes de las viviendas de la población El Consejo (Edo. Aragua). En la población de Cagua del mismo estado, 4 empresas vierten desechos tóxicos en pozos de agua inactivos. Las denuncias hechas por el edil del Municipio Sucre, Virgilio Rodríguez, señalan que esto podría acarrear la contaminación de toda la reserva acuífera existente en Cagua75. Por otra parte, la cuenca del río Acarigua (Edo. Portuguesa) está declarada en emergencia ambiental debido a la sedimentación que se presenta en su cauce. Alfredo Torres, presidente del Frente Ecológico de Acarigua, destacó que la causa de la sedimentación es el deterioro ambiental de la cuenca alta y media del río, para lo cual se requiere una Ley programa para atender la emergencia ambiental76. Asimismo, el Lago de Valencia continúa severamente afectado a pesar de haber sido ejecutados costosos proyectos de recuperación. El Consejo de Ministros decretó la emergencia de este cuerpo de agua dulce. Alrededor de 10.000 pobladores de las riberas aragüeñas del Lago, están afectados por el desbordamiento de aguas blancas y aguas servidas. Desde 1979 el río Cabriales (Edo. Carabobo) fue desviado por el Ministerio del Ambiente hacia el Lago de Valencia, lo que ha contribuido al aumento del nivel del mismo en unos 30 cms. por año. Se está estudiando también la posibilidad de desviar el río Cabriales al embalse de La Mariposa donde se tratan las aguas y luego se verterían en el Embalse Pao Cachinche77. Por su parte, la cuenca alta del río Caroní se encuentra gravemente afectada por la explotación minera de oro y diamante desatando un proceso de sedimentación y de contaminación por mercurio. Esta cuenca surte de agua y es base para la consecución de alimentos de las poblaciones indígenas y locales de la Gran Sabana y otras regiones del Edo. Bolívar, tales como Puerto Ordaz y San Félix, pudiendo afectar la vida útil de la Represa Hidroeléctrica de Guri. El gobierno nacional, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ha emprendido un costoso proyecto de conservación y manejo de cuencas78. Sin embargo, contradictoriamente, el propio gobierno continúa impulsando proyectos que contribuyen al deterioro de las cuencas tal como se ha reseñado anteriormente. La ocupación urbanística desordenada e incontrolada es otra de las causas del deterioro acelerado de las cuencas hidrográficas. Un proyecto que es necesario vigilar a futuro es la interconexión del río Orinoco con el río Amazonas, por sus posibles impactos ambientales a gran escala. Los presidentes de Brasil y Venezuela admitieron "la importancia de esta interconexión" e impulsarán los estudios técnicos necesarios para emprender este proyecto79. LitoralLos análisis bacteriológicos practicados por el Ministerio del Ambiente y de Salud a playas de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Nueva Esparta, Sucre y Vargas determinaron que 95 playas no son aptas para el uso de los temporadistas. En Nueva Esparta hay un total de 20 playas no aptas, por lo que el ex- Ministro del Ambiente Jesús Pérez declaró que "Obligarán a los grandes hoteles a que instalen dispositivos para el tratamiento de las aguas pues ellos son los grandes contaminantes"80. Medio UrbanoEl programa de implementación de uso de gasolina sin plomo generó fuertes expectativas en cuanto a reducir emisiones de compuestos orgánicos reactivos. Sin embargo, el MTBE (metil-ter-butil-eter) empleado para sustituir el plomo, es un producto químico que hoy en día está siendo eliminado en otros países que tienen estrictas medidas ambientales y de salud. En Alaska, por ejemplo, se suspendió su uso por ocasionar problemas de salud a los trabajadores de las refinerías de petróleo y la contaminación de las aguas para el consumo humano. Julio César Centeno, experto en materia ambiental, señala que "La gasolina sin plomo recientemente introducida al público venezolano como limpia, ecológica y verde, es en realidad una seria amenaza a la salud pública y un gigantesco fraude a la Nación"81. Centeno hace referencia a un estudio del Collegium Ramazzini82 que señala que consumidores y trabajadores al ser expuestos a gasolina con MTBE padecen de dolores de cabeza, vómito, diarreas, fiebre, tos, dolores musculares, adormecimiento, desorientación que afecta el sistema nervioso central, provoca dificultades respiratorias, ataxia, inflamación crónica de la mucosa nasal, irritación en los ojos y erupciones en la piel. Por otra parte, el MARN adelanta un plan de detección y control de vehículos diesel altamente contaminantes en el área metropolitana de Caracas dando inicio a la operación de la primera estación automática de evaluación de calidad del aire ubicada en el centro de la ciudad, en la cual se determinará en forma continua los contaminantes atmosféricos que generan los vehículos automotores tales como ozono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno83. Este peligro potencial de contaminantes podría atenuarse con un programa informativo y la inclusión de estas sustancias químicas en el reglamento Normas y procedimientos para almacenamiento, transporte y manejo de sustancias peligrosas84. Por otra parte, la tragedia ambiental ocurrida en diciembre de 1999 en el Edo. Vargas colapsó la infraestructura de agua potable, aguas servidas, botaderos de basura y servicios generales quedando la población de ese estado sometida a condiciones de vida muy precarias que han ido mejorando a pasos lentos. La tragedia puso al descubierto el almacenamiento de gran cantidad de sustancias peligrosas en el área de contenedores del Puerto de la Guaira en una superficie aproximada de 12 has. aledaña a la zona costera y a los barrios Los Cocoteros y la Línea85. Ese descubrimiento obligó a declarar el área como zona de restricción ambiental y sanitaria. El MARN planteó la necesidad de desalojar los barrios antes mencionados, pero los pobladores no lo aceptaron por temor a perder sus viviendas. Los riesgos epidemiológicos y ambientales causados por agentes químicos estuvieron siempre presentes y el MARN requirió la cooperación nacional e internacional de empresas especializadas para realizar un plan de manejo de estos materiales y poder retirarlos finalmente, sin mayores consecuencias. Esta situación, descubierta por el azar de la tragedia, obliga a reflexionar sobre otros depósitos de materiales peligrosos que puedan estar diseminados por todo el país poniendo en riesgo a diversas poblaciones. Tal como se ha reportado en anteriores informes, en el país no existen rellenos sanitarios adecuados para la disposición de desechos sólidos, por lo que el problema de la basura se presenta con frecuencia en los centros poblados de todo el país. Tal es el caso de los vecinos de Higuerote (Edo. Miranda) que exigen el cierre de un botadero de basura por las consecuencias ambientales que genera86. Al respecto, el Frente Ambiental Andino (FAA) propone la reducción, reuso, reciclaje y educación en materia de desechos sólidos para enfrentar este problema, pues consideran que las propuestas de Sincreba de incineración y de bloques compactados que se depositan en terrazas no solucionará el problema, pues la incineración produce sustancias mutagénicas y carcinogénicas, descargas de dioxinas y furanos y de metales pesados, todos los cuales contribuyen al calentamiento global y a enfermedades respiratorias87. Por otra parte, indica el FAA, el sistema de bloques compactados contamina las aguas, plantas, animales de la zona y no son soluciones responsables ni definitivas. Con respecto a este tema, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone entre otras políticas :1.- investigar y atender las condiciones físicas y mentales de la población vinculada formal e informalmente al manejo de los residuos y desechos sólidos y aquellas que habitan en las cercanías de los sitios donde se almacenan, tratan y disponen; 2.- velar por las condiciones sanitarias mínimas en que deben realizarse las actividades de los recuperadores; 3.- concientizar a la población de recuperadores sobre los riesgos sanitarios88. _____________________________________________________________________________________________________________________ 1. Ley de Diversidad Biológica. Gaceta Oficial Nº 5.468 Extraordinario del 24.05.00. Art. 2. 2. MARN: Memoria y Cuenta. 1999. MARN. Caracas, 2000. pág. 1. 3. Entrevista concedida a Provea pos Frank Bracho, Miembro de la Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch. Caracas 28.07.00. 4. Economía Hoy, 27.07.00, pág. 6. 5. Subsidencia: hundimiento de tierras por debajo del nivel del mar. 6. GARCÍA, Alicia. Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch: Influencia de nuevos factores en el futuro del petróleo y la energía. Seminario "Nuevas Tendencias y el Futuro del Petróleo y la Energía". Caracas, 13.06.00. Mimeo. 7. Inter. Press. Third World News Agency (IPS), Luis Córdova. Caracas, 21.07.00. 8. CHÁVEZ Hugo. Discurso de Apertura. Seminario "Nuevas Tendencias y el Futuro del Petróleo y la Energía". Caracas 13 y 14.06.00. 9. Teratogénico: que causa malformación del embrión o feto. 10. El Nacional, 07.10.99, pág. D-4. 11. Red Alerta Petrolera -Amigransa. La Cara Oscura de la Apertura Petrolera. Caracas 1998. 12. El Nacional, 15.10.99, pág. C-2 13. El Mundo 28.02.00, pág. 1. 14. Ídem. 15. Testimonio de Dalia Herminia Yánez, Coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas Warao. Tucupita, Edo. Delta Amacuro, 03.08.00. 16. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente aquellos que son Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar, Irán, 1971. 17. El Nacional, 01.11.99, pág. D-últ. 18. El Oriental, 17.11.99, pág. 39. 19. Panorama, 26.02.00, pág. 1-7. 20. El Nacional, 07.12.99. pág. C-1 21. El Sol de Maturín. 28.02.00, pág. 28 y 02.03.00, pág. 6 y 7. 22. El Nacional, 09.03.00, pág. C-3. 23. El Tiempo, 02.04.00, pág. 6. 24. Bloque Vecinal Parroquia Venezuela. Lagunillas, Edo Zulia, en Comunicación al Fiscal I Nacional de Ambiente y Fiscal Regional del Edo Zulia,22.01.00. Mimeo. 25. Ídem. 26. El Universal, 13.10.99, pág. 2-4. 27. OVALLES, Omar: Las Reservas de Biósfera: Estrategia de producción ambiental y desarrollo sustentable. Ediciones Biblioteca de Arquitectura. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Caracas. Pag. 129 28. Ídem. Pág. 129. 29. Ídem. Pág. 129. 30. Ídem. Pág. 140. 31. Ídem, pág. 126. 32. BRACHO Frank. El Futuro del Petróleo y la Energía. Tiempo de repensar radicalmente el tema petrolero y energético. Seminario "Nuevas Tendencias y el Futuro del Petróleo y la Energía". Caracas 13 al 14 de Junio de 2000. Mimeo. 33. Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch. La Petroquímica en el peor año de su historia: Otra industria que el nuevo gobierno debe examinar con lupa. Caracas 04.01.99. 34. Fundesin en comunicación electrónica a LEA, 15.03.00. 35. AMIGRANSA-RED ALERTA PETROLERA, SOCIEDAD NATURISTA DE VENEZUELA: Propuestas ambientales a la Asamblea Nacional Constituyente Caracas, septiembre 1999. Mimeo. 36. Economía Hoy, 15.10 99, pág. 10. 37. Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas. Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5382, Caracas, 28.09.99. 38. Ídem. 39. El Universal, 26.10.99, pág. 2-4. 40. Ídem. 41. Ídem. 42. El Mundo, 27.10.99, pág. 8. 43. Mar de Leva. 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