PROVEA - Informe Anual

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria.

El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades [...]

La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática...

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas...

Artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Un balance de la situación del derecho a la educación en el período que cubre el presente Informe, da cuenta de aspectos francamente positivos, otros que deben ser atendidos especialmente y algunos que Provea califica como negativos. Entre los primeros, se encuentra la aprobación de un nuevo marco constitucional con garantías expresas del derecho, entre las que destacan la concepción de la educación como un derecho humano y la gratuidad de la misma en todos sus niveles en los establecimientos públicos. Consecuente con ello, las políticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) apuntan a rescatar este carácter gratuito de la educación pública y a revertir los tradicionales índices de exclusión y abandono que tenía el sistema educativo venezolano. Igualmente positivas son todas las medidas tendientes a combatir la discriminación en las escuelas por distintos motivos. Entre los aspectos a atender están: el mejoramiento de la recolección de datos que permitan dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones del Estado, la reparación y mantenimiento de la planta edilicia escolar, así como la construcción de nuevas aulas; la asignación presupuestaria a los planteles para que puedan funcionar; la calidad de la educación, especialmente aquellos aspectos que se relacionan con la supervisión y orientación a los docentes dentro de los nuevos paradigmas legales e implementar un adecuado y masivo sistema de becas para democratizar el acceso a la Universidad de alumnos provenientes de sectores populares. Para todo ello, tal como lo señala la Constitución, el Estado deberá realizar una inversión prioritaria. Entre los aspectos que Provea considera negativos se encuentran la reforma curricular, especialmente la obligatoriedad de la materia "Instrucción pre-militar".

Universalidad

Una de las primeras características del derecho humano a la educación para que sea tal ha de ser necesariamente la universalidad, es decir el derecho que tiene toda persona de acceder al mismo. La primera dificultad que encontramos para evaluar el comportamiento de esta característica es la ausencia de indicadores oficiales que puedan ser comparados entre sí a lo largo de diversos períodos. En tal sentido, es importante destacar una iniciativa de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como de otras instituciones para conformar un Sistema de Información Estadística sobre Niños, Niñas y Adolescentes en el país, que sirva como base para la toma de decisiones del Estado venezolano y para la generación de conocimientos actuales1.

Uno de los Indicadores que hemos estado usando a lo largo de estos años es la Matrícula de los niveles y modalidades del sistema educativo por dependencia (oficial y privada). Según las Estadísticas Educacionales ofrecidas en la Memoria y Cuenta del MECD 1999, publicada en febrero de 2000, podemos observar que para el período 1998-99 hubo un total de 7.029.477 alumnos inscritos, lo que significa un incremento de tan sólo 0,2 % con respecto al período anterior, registrándose un decrecimiento de la matrícula oficial de 0,3%, lo que indica que sólo creció en las dependencias privadas en 2%2. Cabe hacer al respecto una aclaratoria: al iniciarse el año escolar 1999-2000, las autoridades actuales del MECD anunciaron que la matrícula se había incrementado en 600.000 alumnos3, y para el año 2000-2001 en 400.000 alumnos4 como resultado de la afirmación de la gratuidad de la educación. Sin embargo, y sin que ello implique dudar de las afirmaciones del Ministro, ya que la Memoria y Cuenta publicada en febrero del 2000 trae las cifras del año escolar 1998-1999, este incremento no se refleja aún. Y por ello, fieles a nuestra trayectoria de hacer un seguimiento objetivo de los indicadores que ofrece el mismo Estado, esperamos que el incremento se vea reflejado en los años venideros y se consolide como tendencia, de acuerdo con una de las líneas de acción del Ministerio que es "Acceso y permanencia a una Educación gratuita y de calidad y el disfrute de los bienes Culturales, Deportivos y recreativos como factores del desarrollo integral del individuo dentro de la comunidad"5.

Si se toman en cuenta cada uno de los niveles del sistema educativo venezolano, se observa que la matrícula de educación preescolar es de 882.468 alumnos y registró también un decrecimiento de 2,3%. En las dependencias oficiales decreció en 2,8% y en las privadas creció sólo 0,8%6.

La matrícula de educación básica para el período 98-99 fue de 4.299.671 alumnos, lo que significa un decrecimiento de 1,6% con respecto al período anterior. En las dependencias oficiales decreció 2,2% y en las privadas creció 1,3%7. En la educación media, diversificada y profesional se inscribieron para el período 98-99, 400.794 alumnos. El incremento en este nivel fue de 3,0% (3,3 % creció en las dependencias oficiales y 2,5 % en las privadas), manteniéndose un incremento semejante al del período interanual anterior8.

En la educación superior se inscribieron para el período 796.350 alumnos (59,9% en el sector oficial y 40,1% en las dependencias privadas), lo que significa un incremento de 2,7 % (1,9% creció en el sector privado, y 3,3% en el sector público). A pesar de esta recuperación con respecto al período anterior en el que se había registrado un decrecimiento de 4% en el sector público de la educación superior, cabe señalar que en el ámbito de las universidades oficiales, si bien la matrícula creció un 1 % con respecto al año anterior, esta recuperación no compensa el decrecimiento que se viene registrando desde el año 95-96, respecto del cual hay un decrecimiento de 8,5%9.

En resumen, entonces, tal como se advierte en el cuadro, estas cifras siguen indicando regresividad en la cobertura en los niveles de educación preescolar y básica.

En tal sentido, el Informe de UNICEF sobre los Avances en el cumplimiento de la metas de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, señala que Venezuela no alcanzó la meta de acceso universal a la educación básica y finalización de la enseñanza primaria, establecida para el año 2000, la cual se fijó en 80% de la población de esta edad, aunque se mantiene cercano a la misma.

Según este Informe, uno de los indicadores que mide esta meta, el ingreso a primer grado, "...fluctuó durante la década, alcanzando su más bajo nivel en 1996 cuando sólo 70% de los niños en edad de hacerlo ingresó al primer grado. En 1998 se matriculó en primer grado 75% de los niños que de acuerdo a su edad han debido hacerlo"10. Con respecto a la asistencia a la escuela, el mismo informe encuentra que "...la cobertura neta de educación primaria ha venido bajando durante la década hasta que en 1998 se colocó en 76"11, con lo cual ha disminuido en 10% desde 1990, no alcanzándose la meta de cobertura universal de la escuela básica.

Las declaraciones públicas del actual MECD, Héctor Navarro, confirman este diagnóstico, y la política oficial pareciera estar encaminada hacia la reversión de estas cifras. En tal sentido afirmó: "Un objetivo para el mediano plazo -y ya tenemos compromisos internacionales para lograrlo- es que nuestros niños de 2 y 3 años puedan asistir por lo menos un año a preescolar de los 3 que se contemplan. Por ahora, sólo 30% de los niños en edad preescolar asiste a la escuela"12.

Fuente: elaboración propia con datos del Informe Socsal 1999, Informe 1998 de Avec, Ocei-Pnud, e Informes UNICEF.

Las cifras dadas por el Ministro -aún reconociendo la exclusión- son optimistas. Estudios de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) reseñados en el Informe anterior13 ubican los porcentajes de exclusión en 55,9% para la educación preescolar, 15,6% para la educación básica y en 59,3% para la población entre 15 y 17 años. Asimismo, en el "Informe sobre Índice y entorno del Desarrollo Humano en Venezuela 1999", la tasa de matriculación preescolar es de 44,57%, que equivale a un porcentaje de exclusión de alrededor de 54,4% para este nivel; la de educación básica es 86,37% y la de Educación Media Diversificada y Profesional 24,65%14.

Permanencia de los alumnos en el sistema

No es suficiente con que los alumnos ingresen a los distintos niveles del sistema educativo. Hace falta, además, que permanezcan dentro del mismo. El análisis de cohorte permite demostrar cómo, año tras año, van quedando excluidos del sistema un número significativo de alumnos.

En los planteles de dependencia oficial, se inscribieron para el año 1990-1991, 695.780 alumnos en primer grado. Cinco años más tarde, para el período 1994-1995 se inscribieron en 5º grado 480.979 alumnos, lo que significa una disminución del 30,9%. En el período 1996-1997 había en séptimo grado 436.322 alumnos (disminución del 37,3 % con respecto al inicio) y en 1998-1999, en 9º grado se inscribieron 263,802 alumnos (disminución del 62,1% respecto de la matrícula inicial)15.

Esto permite afirmar, en otras palabras, que de 100 niños que ingresaron a 1er grado en 1990-91, aproximadamente sólo 70 llegó a 5º grado, 63 a séptimo y apenas 38 a noveno grado Si bien estas cifras son ligeramente superiores a las encontradas en el período anterior16, siguen dando cuenta de lo expulsivo que es el sistema educativo venezolano. Este diagnóstico coincide con estadísticas de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI) en el sentido de que "en los últimos tres años, la población de estudiantes entre 15 y 24 años (que conforma lo que se denomina la población económicamente inactiva) pasó de 1.530.000 en el año 1997 a 1.387.000 al cierre del segundo semestre de 1999; es decir, un descenso de casi 13% en total. En contrapartida, la cantidad de personas cuyas edades oscilan entre 15 y 24 se han incrementado en la fuerza de trabajo"17, lo cual es una señal de que los jóvenes abandonan la escolaridad para incorporarse tempranamente, y con poca preparación, al mercado laboral.

En el Informe del Servicio de Apoyo Local A.C. (Socsal) correspondiente a la realidad nacional 1999 se considera que "el análisis del rendimiento escolar constituye una vía alterna para entender cómo ha influenciado la situación económica y social a la población estudiantil. Esta circunstancia se puede relacionar con la deserción escolar y con la repitencia escolar, ambas como resultado, por una parte de las condiciones de pobreza de gran parte de las familias, pero, por la otra, a deficiencias en los contenidos curriculares y en las propias metodologías de enseñanza-aprendizaje. Esta situación es aún mucho más grave en la mitad inferior de la distribución socioeconómica atendida por el sistema público de enseñanza. Los alumnos que salen de las escuelas no se encuentran preparados para ejercer en el mundo laboral, no pueden aplicar sus conocimientos de lectura y matemáticas como herramientas de trabajo y en su vida diaria, porque son analfabetas funcionales"18.

Igual tendencia se pone de manifiesto en las entidades federales. Valga como ejemplo que en el Edo. Zulia, para el período escolar 97-98, 53.451 estudiantes dejaron de asistir a la escuela. Un 9,48% de esta población pertenece al 1º grado, el 20,09% al 7º grado y un 10,44% al 5º grado19. Según Cecilia Vargas, coordinadora del componente de Unidades Educativas por UCER (Unidad Coordinadora de Educación Regional): "Encontramos madres que alegan que no tienen para dar merienda a sus niños que van al colegio, mucho menos para comprarles uniformes y útiles escolares, por eso dejan de enviar los niños a la escuela restando importancia al primer grado de estudio"20. Asimismo constata que "En aquellos hogares donde las carencias económicas signan la vida de sus integrantes, el niño suele compartir los estudios con alguna actividad laboral, o en el peor de los casos, abandonan por completo el lápiz y el libro para forjarse una vida en los mercados y en las calles"21. Según Iván Aguirre, de la Coordinación Regional de Comunidades Educativas del mismo estado, "la deserción obedece a múltiples factores. Por supuesto, las condiciones socio-económicas, y la estructura misma del núcleo familiar inciden en el problema. A la hora de definir las características que rodean a un niño desertor aparecen los siguientes datos: provienen de hogares numerosos y sostenidos por una sola figura, por lo general es la madre quien asume ambos roles. Los padres a su vez, presentan un nivel de instrucción bajo"22. De esta forma se consolida un círculo vicioso que tiende a perpetuarse de generación en generación, pero que puede romperse con políticas redistributivas del ingreso en el ámbito macroeconómico y con políticas públicas que garanticen el acceso y permanencia de los alumnos en los establecimientos educativos. Otro ejemplo se encuentra en el Edo. Lara, donde cerca de 150.000 niños se encuentran excluidos del sistema escolar formal, según lo informó Nancy Meléndez, Coordinadora de Preescolar de la Dirección de Educación23. Y en el Edo. Anzoátegui, la directora de Educación, María Antonia Cuica de Salazar, informó que 15,38% de los escolares abandonaron la educación formal este año24. Con respecto a la repitencia, de los 4.299.671 alumnos de educación básica del año escolar 1998-1999, 353.507 son repitientes (8,2% del total), lo que significa que continúa la tendencia a la disminución de este índice. Del total de repitientes, el 18,4% se encuentra en primer grado y 18,6% en séptimo, que son de transición a otro nivel, y que por lo tanto deberían ser especialmente atendidos25.

En atención a estas realidades, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 22º período de sesiones, luego de examinar los Informes inicial y suplementario presentados por el Estado venezolano en sus sesiones 560a y 561a celebradas el 21.09.99, manifestó lo siguiente con respecto a la Educación, esparcimiento y actividades culturales: "A la luz del artículo 2826 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte continúe sus esfuerzos en la esfera de la educación reforzando sus políticas y sistemas para mejorar los programas de retención escolar en curso y de enseñanza profesional para los estudiantes que han abandonado la escuela; mejorar la infraestructura escolar; continuar la reforma de los planes de estudio, comprendidos los métodos de enseñanza; eliminar las desigualdades regionales en relación con la matriculación y la asistencia escolar, y poner en marcha programas de educación especiales, teniendo presentes las necesidades de los niños que trabajan"27.

Con respecto a las cifras de analfabetismo en el país, sucede lo mismo que con otros indicadores: la ausencia de datos confiables. Así, mientras el Informe de UNICEF sobre "El Estado Mundial de la Infancia 2000" ubica la tasa de alfabetización de adultos para 1995 en 90 % para las mujeres y 92% para los hombres (en 1980 era 86% y 82%, respectivamente)28, la Viceministra de Asuntos Educativos, Maryann Hanson, en declaraciones de prensa sostuvo que 20% de la población es analfabeta29. Según la misma información, los 10 estados con los índices más altos son: Delta Amacuro (14,69%), Apure (11,67%), Trujillo (11,51%), Portuguesa (10, 39%), Sucre (10,2%), Barinas (9,56%), Guárico (9,21%), Mérida (9,06%), Yaracuy (9,04%) y Cojedes (9,0%). Para reducir estos índices, el Estado ha encarado la "Campaña Bolivariana de Alfabetización", que se analizará en la sección de políticas públicas en este mismo capítulo.

No discriminación

Estrechamente relacionada con la universalidad del derecho, el acceso a la educación debe estar garantizado sin ningún tipo de discriminación. En tal sentido, en la Convención Internacional relativa a la lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza30, aparecen distintas variables sobre las cuales se puede establecer discriminación y que los Estados están obligados a combatir. En el apartado anterior, se ha visto reflejada una discriminación estructural por razones socioeconómicas, ya que los hijos de los hogares más pobres son quienes antes y en mayor medida abandonan la escuela. En tal sentido, el Comité de Derechos del Niño se mostró "preocupado por el hecho de que un gran número de niños [...] siguen involucrados en actividades laborales, particularmente en el sector informal, incluyendo a trabajadores domésticos, y en el contexto familiar. También se expresa la preocupación por el insuficiente refuerzo legal y por la carencia de mecanismos adecuados de monitoreo para hacerle seguimiento a esta situación"31. El Comité recomienda al Estado venezolano que se refuercen las leyes que regulan el trabajo infantil y adolescente y lo anima a que ratifique la Convención Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil32. Cabe recordar que el Estado venezolano tiene obligaciones en razón de haber ratificado el Convenio 128 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, y poco se ha avanzado en la materia.

El Informe de UNICEF sobre el Cumplimiento de las Metas establecidas en la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia en 1990, señala que de los niños trabajadores que existían en el país en 1997, más de la mitad no estaba estudiando y un promedio de 6 de cada 10 dedicaban entre 6 y 7 días a la semana a su trabajo en jornadas de doble turno33.

Otras formas posibles de discriminación fundadas en la raza o el origen étnico son analizadas en el Capítulo referido a los Derechos de los Pueblos indios en este mismo Informe, así como las que puedan sufrir las personas detenidas o encarceladas, en el referido a los derechos de estas personas.

Con respecto a la discriminación por sexo, cabe señalar como positivo que en el nivel preescolar, 372.211 alumnos (50, 4% ) corresponden al sexo masculino y 365.756 (49,6%) al sexo femenino, con un incremento de 0,2 % a favor de las niñas en relación con el período anterior34, proporción que también se mantiene en el ámbito de la educación básica35.

La proporción cambia en la educación media: mientras el 42,9% corresponde al sexo masculino, el 57,1% al sexo femenino, lo que indica que al pasar de la educación básica a la media, la prosecusión es mayor en las mujeres que en los varones. El Informe de UNICEF sobre el "Estado Mundial de la Infancia 2000" registra también esta diferencia a favor de las niñas, aún cuando la señala con respecto a la educación primaria y no a la secundaria36. Esta realidad puede tener distintas lecturas: por un lado, y como aspecto positivo, indica que no habría discriminación de hecho fundada en el sexo en el sistema educativo; sin embargo, desde una visión de equidad de género, el Estado debería preguntarse cuáles son las razones que expliquen el mayor abandono masculino, a fin de contrarrestarlas. En tal sentido, la Encuesta de Hogares por muestreo que realiza la OCEI revela que entre diciembre de 1999 y marzo de 2000 se incrementó en 16,67% el número de hombres dedicados a labores domésticas. De este grupo, 10.582 tienen entre 15 y 24 años de edad. Obviamente, del total de personas dedicadas a las labores del hogar, los hombres conforman sólo el 1,26%, pero pareciera que la proporción está en aumento37.

Por su parte, una investigación adelantada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y el Núcleo de Directores de Bienestar Estudiantil, llamada "Perfil Nacional del Estudiante de las Universidades venezolanas"38, determinó que las mujeres conforman el 69% del universo total de alumnos39. De todas formas, cabe señalar que esta mayor prosecusión de los estudios de las mujeres no se comparece con igualdad de oportunidades laborales de las mismas (ya que la desocupación femenina es más alta), ni tampoco con la igualdad de salarios40.

El mismo perfil indica que el ingreso a la educación superior según estrato socioeconómico no ha variado demasiado en los últimos 3 años: "lo que llamamos clase alta se mantiene más o menos igual; la media alta agrupa a 60% [...]; y las clases marginal y baja conforman un grupo más o menos estable [...] Cuando se compara la demanda del estrato marginal y obrero vemos que es mucho menor en comparación con las otras. [...] El estudiante de esas clases no demanda cupos, posiblemente porque tiene que incorporarse al mercado laboral mucho más rápido que el de las otras clases. La selección viene desde antes. [...] La selección por categoría socioeconómica no es consecuencia de políticas de admisión interna de la universidad"41. Revertir esta realidad que supone una discriminación de hecho por razones socioeconómicas, supone que el Estado debe implementar un adecuado y masivo sistema de becas a fin de que ese porcentaje de ingreso a las Universidades proveniente de estratos más desfavorecidos crezca gradualmente. En tal sentido, un Programa que buscaba democratizar el acceso a la Universidad Central de Venezuela (UCV) llamado Proyecto Samuel Robinson42 pareciera que no está teniendo el éxito deseado. Su responsable, Marta Patricia Aguilera afirmó: "Tal parece que la información no está llegando a los liceos [...] En 1997 ingresaron a través de este proyecto, 92 jóvenes de liceos de zonas humildes; en 1998, entraron 81; y en 1999, 75"43. Por su parte, la OPSU está solicitando un crédito ante el Banco Mundial (BM) para financiar el programa de mejoramiento de la calidad y la equidad de la Educación Universitaria, con el cual se pretende, entre otras cosas, desarrollar en 5 años un programa de ayudas económicas para los estudiantes de escasos recursos. Con respecto a la admisión, se desea que en 5 años haya disminuido 50% la brecha actual en la admisión en cuanto a nivel socioeconómico, lugar y plantel de procedencia44.

Otras causas de discriminación se pueden encontrar en la situación de indocumentados de muchos niños y jóvenes. Así, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) "Justicia y Paz" de Petare y "Luz y Vida", también de Petare (Edo. Miranda) afirmaron que sólo en ese asentamiento urbano hay más de 600.000 niños indocumentados. La realidad se repite en la mayoría de las entidades federales del país. En el Edo. Monagas, la Oficina Nacional de Identificación (ONI) reconoce que no se pueden hacer jornadas especiales de cedulación por "falta de material"45. Cabe señalar que al respecto el Estado venezolano tiene obligaciones indeclinables y es inadmisible que no las cumpla, ya que la cedulación es un proceso relativamente sencillo de implementar para un Estado moderno y con recursos como es el caso de nuestro país.

Las medidas emanadas del MECD para combatir esta causa de discriminación, así como las que puedan derivarse de la condición de enfermo o portador del VIH/Sida, o por otros motivos, son analizadas en el apartado sobre políticas públicas en este mismo capítulo.

Gratuidad de la educación

Para que la educación pública esté disponible para todos los sectores sociales y sea obligatoria, es necesario que no se cobre ningún tipo de arancel como condicionante del ingreso y permanencia en los institutos públicos. Al comenzar el año escolar 1999-2000, las autoridades del MECD fueron enfáticas en ratificar la gratuidad de la educación pública y prohibir expresamente las prácticas que condicionaban la inscripción de alumnos en los planteles, al pago previo de la cuota de la Sociedad de Padres y Representantes. En el Informe anterior sostuvimos que tal medida era acorde con el contenido del derecho a la educación y que había que destacarla como positiva46. Sin embargo, también señalábamos que debía ser acompañada de una asignación presupuestaria a los planteles para que éstos pudieran funcionar adecuadamente y pudieran disponer de recursos para pagar a suplentes, comprar material didáctico y de aseo, así como para realizar el mantenimiento básico de la planta física. Asimismo, considerábamos que se debía destinar, también, suficientes recursos para reparaciones mayores en la planta física de las escuelas que lo requerían47.

Se ha dividido en dos aspectos el seguimiento de las denuncias aparecidas en prensa con respecto al tema en este período. Por un lado, están las denuncias relacionadas con la exigencia de pagos obligatorios de diversa índole. Así, se han denunciado cobros que van desde Bs. 5.000 hasta Bs. 20.000 para la inscripción en planteles del Edo. Miranda48 y de Bs. 10.000 para la entrega de notas certificadas y constancias de estudios49 en otro plantel del mismo estado; de Bs. 1.500 para el pago de suplentes50 y entre Bs. 30.000 y 40.000 para actos de graduación con toga y birrete51en diferentes instituciones del Edo. Aragua; de Bs. 30.000 en un liceo ubicado en El Paraíso en Caracas52 y en un plantel de Los Flores de Catia, en la misma ciudad53. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos "Humana Dignitas" de Ciudad Guayana (Edo. Bolívar) recibió en el mes de septiembre de 2000, 19 denuncias de cobro como condición para inscribir a los alumnos54.

Por otra parte, esta situación hay que contrastarla con otro tipo de denuncias a las que también el Estado debe prestar atención porque muestran la otra cara de una realidad que no puede ser ocultada. Nos referimos a las dificultades que tienen los planteles en cuanto a presupuesto para poder funcionar. Así, directivos de diversos establecimientos educativos de todo el país, han denunciado falta de fondos para el pago de suplentes55; para que pueda funcionar el comedor gratuito para los alumnos56; para distintas obras de mantenimiento57; para dotación de material deportivo, de laboratorio, de talleres, oficinas, reparaciones menores de infraestructura, baños, electricidad, de equipos, intercambios culturales, deportivos y científicos58; para adquirir equipos de limpieza59; para pago de personal de mantenimiento60. Asimismo denunciaron situaciones semejantes 50 directivos de otros tantos planteles del Distrito Federal61. Cabe destacar que en el Edo. Zulia, por iniciativa de las comunidades en barrios de reciente formación, se pusieron en funcionamiento 10 escuelas que están a la espera del reconocimiento oficial por parte de las autoridades educativas, a fin de que los docentes puedan percibir su sueldo y los alumnos la certificación de sus estudios62. Algo similar fue reseñado para un preescolar de la parroquia El Valle en Caracas63. A pesar de la legitimidad de estas denuncias, y ratificando que el Estado debe prestar atención a las mismas, Provea reitera que la gratuidad del acceso a la educación pública es una responsabilidad del Estado como garante del derecho. Vale decir, que la política de ratificar el libre acceso a la educación pública es cónsona con dicha responsabilidad y por ello deberá continuar con su labor de vigilancia para que la colaboración de los padres a la Sociedad de Padres y Representantes no se transforme en un obstáculo para la libre inscripción de los alumnos, a la vez que deberá realizar las correspondientes asignaciones presupuestarias a los planteles, así como continuar con la labor de reparación y mantenimiento de los mismos. En tal sentido, la Viceministra de Asuntos Educativos, Maryann Hanson, volvió a ratificar la prohibición de cobro de matrícula en los planteles oficiales, a la par que anunció la asignación de Bs. 8.000 por alumno para gastos de mantenimiento de los mismos. Asimismo declaró que "no se están cayendo [los centros educativos] por el no pago de matrícula, porque el problema es anterior a este año. La gente estaba pagando matrícula y a pesar de ello encontramos la infraestructura en el piso"64, lo cual es un argumento válido. Sin embargo, vale destacar que el monto de Bs. 8.000 por alumno puede ser suficiente para los gastos corrientes de funcionamiento, pero es insuficiente para el pago de suplencias, aspecto sobre el cual el Estado también debe responder. Al comienzo del año escolar 2000-2001, los representantes de la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) y de la Federación Unitaria del Magisterio (Fetramagisterio) denunciaron que "darle 8 mil bolívares por alumno a un colegio, por un año, es insuficiente [y que ] tampoco llegan los recursos para el mantenimiento y la dotación de los planteles"65.

Con respecto a la educación privada, "Desde mediados de mayo el Indecu ha recibido más de 100 denuncias contra instituciones educativas que decidieron incrementos excesivos en sus mensualidades para el período 2000-2001. En los próximos días estará listo un decreto que firmarán los ministerios de Educación y de la Producción y el Comercio para regular la materia"66. Según el Director de Programas Educativos del MECD, Aníbal Isturiz, "el decreto tomará en cuenta el parámetro ‘aumento de sueldos’ más que la inflación, ‘pues éste tiene más incidencia en el incremento del precio de los planteles’"67. Al cierre de este Informe, Provea no ha tenido conocimiento de que el mismo haya sido emitido.

Por otra parte, un condicionante económico que afecta a los padres y representantes en relación con la educación de sus hijos es el que se relaciona con los precios de los útiles escolares, que según cifras de la Asociación Venezolana de Papelería y Afines se incrementaron en 17,8% durante el año 200068.

Calidad de la educación

El desempeño del docente es una de las variables que se relaciona con la calidad de la educación. Durante el período, se conocieron los resultados de una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica "Andrés Bello" (UCAB) y el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE) financiada por la Asociación para la Vida y la Naturaleza (AVINA) y titulada "Los Maestros en Venezuela: Diseño de Carrera e Incentivos Institucionales". La muestra la integraron 776 docentes y estudiantes de educación de 194 planteles ubicados en 13 entidades federales del país. Las categorías de los planteles fueron: dependencia nacional (32%), estadal (35%), privados no subvencionados (25%), privados subvencionados (4%) y municipales (4%). Presentamos a continuación algunas consideraciones y conclusiones de la investigación, porque son ilustrativas, y porque deberían ser tomadas en consideración por las autoridades del despacho del MECD, las Escuelas de Educación y los Institutos Pedagógicos, a fin de mejorar el desempeño de los docentes y la formación de los mismos. Con respecto a la formación recibida, el Informe dice: "Cómo enseñar a leer a alumnos en situaciones de pobreza extrema, cómo enfrentar el problema de la poca ayuda que prestan las familias de los alumnos a las actividades escolares, cómo hacer frente al abandono escolar, la repitencia y las inasistencias frecuentes. En síntesis, cómo dar más a quien menos tiene, son preguntas sin respuesta dentro de los centros de formación, tal y como lo expresaron los estudiantes y los docentes encuestados. Pues éstas son áreas inexistentes dentro de los pensa de estudio de los centros de formación docente [que] parecerían basarse, entonces, en el supuesto de que los docentes enseñarán a poblaciones homogéneas de alumnos, por lo que no preparan a sus egresados para responder a las necesidades y características de las poblaciones desfavorecidas, mayoritarias en el país"69.

Con respecto a la responsabilidad del docente por su acción, se dice: "la responsabilidad del aprendizaje se sitúa fuera del ámbito de la acción pedagógica, fuera de la escuela, y se ubica como responsabilidad de la familia. Las consecuencias del acto educativo no se relacionan, entonces, con el desempeño del maestro. [...] El docente considera su trabajo como un apoyo, una prolongación del hogar y no a la inversa como debería ser. Pareciera existir, entonces, una ruptura entre la eficacia del trabajo docente y los resultados de su acción. Si su trabajo puede equipararse con el de los padres, que no tienen ninguna especialización para enseñar, la identidad del docente no es una identidad profesional"70. Y con relación a los logros y dificultades de los docentes que fueron observados en el aula "pudimos observar básicamente dos tipos dicotómicos de desempeño docente. Por un lado tenemos un grupo de docentes mayoritario (aproximadamente un 65%) que planifica y ejecuta clases dinámicas y participativas, que supervisa las actividades de los alumnos, que logra medianamente hacer correlaciones entre dos o más áreas del conocimiento y que poseen un manejo aceptable de los temas que enseña, que trata de manera respetuosa y amable a sus alumnos, utiliza estrategias didácticas variadas, corrige las asignaciones, elabora materiales didácticos, aunque no saben cómo utilizar la evaluación para hacer progresar a sus alumnos. Por otro lado, tenemos otros grupo de docentes cuya proporción es significativa (37%) cuyas clases son improvisadas, con largos períodos de ocio dentro del aula y que no representan interés alguno para sus alumnos, que no correlacionan aunque se les presente la oportunidad de hacerlo, desvalorizan a sus alumnos y no hacen esfuerzos aparentes ni para preparar material didáctico ni para que sus alumnos fijen los conocimientos, que a veces ellos mismos no poseen"71. Con respecto a qué dificulta el trabajo de los docentes, los hallazgos son: "bajo nivel de especialización [...], dificultades para responder y adecuarse a las necesidades y retos del contexto [...] y poco conocimiento y manejo de los nuevos programas de la educación básica"72.

Asimismo, en el período se dieron a conocer los resultados de la evaluación llevada a cabo por el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (SINEA), en relación con las competencias de los estudiantes de 9º grado en Lengua Castellana y Matemática. Para ello se administró una prueba nacional a una muestra representativa de la población de estudiantes de todas las entidades federales del país. La aplicación tuvo lugar el 30.06.9873. Las conclusiones, elocuentes por sí mismas, se resumen a continuación:"[en ambas áreas] los alumnos no alcanzaron a responder correctamente la mitad de las preguntas de la prueba. [...] Los resultados obtenidos en aspectos como: identificación de prejuicios y de estereotipos, contrastación de ideas, deducción del significado por contexto, reconocimiento de la idea principal, demuestran que los alumnos no tienen el dominio requerido. [...] En el área de Matemática [...] 17 entidades federales se ubican en el nivel de No logro y el resto de las Entidades en el nivel de Logro Parcial"74. Estos resultados deben ser tomados en cuenta por las instancias supervisores de todo el sistema educativo, a fin de desarrollar los correctivos necesarios. En relación con la evaluación del rendimiento en las Escuelas Bolivarianas, el Ministro Navarro dijo que hay avances significativos con respecto a los planteles convencionales75.

La calidad de la educación también se relaciona con la posibilidad que ésta ofrece como ámbito para desarrollar ciudadanos aptos para la vida en democracia. En tal sentido, es importante la opinión de una especialista, Soraya Medina, que ha trabajado con docentes la adecuación de la vida escolar a los parámetros de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA): "Cuando se les pregunta a los docentes, ‘¿qué es para ustedes ser ciudadano?’, las respuestas no afloran tan fácilmente. Las respuestas más comunes giran alrededor del concepto de que ciudadano es el que vota, el que está inscrito en un Registro Electoral. Eso está bien, eso es parte de la ciudadanía, pero ciudadano también es el que participa, el que puede tomar decisiones y las toma, el que opina, el que construye una justicia social, y eso no está tan claro entre los docentes.[...] Los docentes sienten muchas veces que lo que trabajamos con los muchachos atenta contra su propia autoridad. ‘Ahí vienen los de Cecodap, ahí vienen a alborotarnos los muchachos’, y no entienden que si uno trabaja con los muchachos su derecho a la participación también está trabajando la responsabilidad"76.

La calidad de la educación se relaciona no sólo con los docentes de preescolar y básica, sino también con los del nivel superior, ya que es en este nivel donde se produce el conocimiento. En tal sentido, sigue siendo preocupante la fuga de cerebros de las principales universidades estatales del país. La situación del profesor Francisco Tápanes, con 35 años de servicio como profesor en la Facultad de Medicina (Jefe de la Cátedra de Clínica y Terapéutica Médica de la Escuela Luis Razzetti) es paradigmática: "Su sueldo en el escalafón de asociado -porque no le han actualizado su ingreso de titular- es la risible cifra de 390.000 bolívares con las primas, pero el recibo de una de sus quincenas era de 169.000 bolívares, y de 61.579 cuando le descontaban las asignaciones, incluyendo el Fondo de Pensiones"77.

Por otro lado, hasta el año 1998 Provea había venido denunciando dos características del sistema educativo venezolano que reflejaban ambas caras de una misma moneda: por un lado, una creciente "privatización" del mismo78, en el sentido de que los sectores populares abandonaban en mayor medida las aulas de las instituciones oficiales, de manera que quienes permanecían en el sistema educativo eran en forma creciente, los sectores que podían acceder a la educación privada, y por el otro, alertábamos acerca de un discurso ideologizante que desprestigiaba per se la educación pública, como si "lo privado" asegurara calidad por sí mismo79. En relación con ello, durante el período que cubre el presente Informe, llama la atención una declaración de Octavio de Lamo, presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, al admitir que se ha registrado una baja en los planteles de clase media: "Esta es una situación que tiene que llamar a la reflexión. La educación tiene que ser mucho más creativa; si el gobierno está dando respuesta a las clases populares, la enseñanza privada necesita abrirse, porque el país está cambiando"80. Asimismo, los colegios privados del Municipio Lagunillas (Edo. Zulia) experimentaron una reducción en sus matrículas que oscila entre 20% y 25% de su población escolar y supera a la registrada durante el período educativo 1999-2000, ubicada en 10%81.

Con respecto a los cupos por sección, de Lamo reconoce que: "...aquellos colegios que tenían 48 alumnos por aula tendrán que pensar en un número menor. Esto, sin duda, traerá una mejor competencia y elevará la calidad de la instrucción"82. Valga al respecto recordar que una antigua reivindicación de los gremios docentes incluida en todos los Contratos Colectivos firmados por éstos, ha sido la de no aceptar un cupo mayor a 35 alumnos por aula, cláusula que además de ser un beneficio para los docentes, redunda en beneficio de la calidad de la educación, y que tal como lo reconoce de Lamo no ha sido respetada en muchas instituciones privadas.

De igual forma, en la investigación reseñada supra, "Los maestros en Venezuela", aparece el siguiente hallazgo, con respecto a la presencia de título profesional por área y dependencia de la escuela:

El Informe señala: "De igual manera resalta en el cuadro [...] la distribución porcentual de Maestros con títulos en la región urbana. Se observa que las escuelas con mayor proporción de docentes con títulos son las públicas y las privadas subvencionadas. Las escuelas privadas urbanas cuentan con un 25,4% de docentes de aula sin título, a diferencia de las públicas urbanas y privadas subvencionadas [el Informe aclara que los docentes entrevistados en las escuelas privadas subvencionadas pertenecen a redes escolares de congregaciones católicas que dirigen escuelas en el área urbana (Fe y Alegría, entre otras)], donde la proporción de docentes sin título se encuentra entre 11,1% y 10,3% respectivamente. He aquí un dato interesante que nos permitiría debatir en torno a si la educación privada guarda realmente las condiciones necesarias de una educación de calidad"83

Fuente: Encuesta Maestros en Venezuela, UCAB, 1999. En: IIES-UCAB/CICE: Maestros en Venezuela. Informe final. Julio 2000. Pág.13.

Situación de la planta física de las escuelas

Este total significa una disminución no significativa (0, 08%) con respecto a las 328 contabilizadas en el período pasado84, más si tenemos en cuenta que esta sumatoria equivale a denuncias de escuelas individualizadas. A la fecha de cierre de este Informe, que coincide con el inicio del año escolar 2000-2001, se incrementaron las denuncias públicas acerca del déficit de aulas o por instalaciones no aptas para tareas educativas, así como conflictos laborales con gobiernos locales. Según Fenatev y Fetramagisterio, los estados que presentaron mayores problemas en tal sentido fueron: Lara, Zulia, Barinas, Trujillo, Aragua, Apure y Falcón85. Las denuncias aparecidas en prensa registradas por Provea indican problemas de infraestructura escolar generalizada (equivalen a denuncias de más de un plantel) en los siguientes municipios: Baruta, Sucre y Sotillo (Edo. Miranda), Distrito Caroní (Edo. Bolívar); y en los estados: Anzoátegui, Aragua, Lara, Miranda, Monagas, Vargas y Zulia. Además de este registro, cabe destacar el testimonio hecho llegar a Provea por la Coordinadora Regional de Fe y Alegría en el Edo. Bolívar, Lic. Luisa Pernalete, donde señala: "En el barrio Las Amazonas, la Alcaldía entregó a Fe y Alegría un preescolar que garantizará 120 cupos para septiembre a niños de preescolar y 1º grado, mientras tenemos 460 solicitudes y no hay más escuelas en el barrio, que alberga a unas 4.000 familias. [...] en el barrio La Victoria (San Félix) hay un preescolar de la Alcaldía y una escuela de Fe y Alegría, con preescolar hasta 6º grado, con 3 secciones por grado. No hay otra allí, ni en los barrios vecinos. ¿Adónde irán los niños que egresen del preescolar de la Alcaldía? [...] Todos los proyectos ‘relevantes’ aprobados por el FIDES para el Edo. Bolívar no incluyen ninguna escuela básica"86.

Por su parte, la Viceministra Maryann Hanson reconoció que el "90% de las escuelas públicas están en mal estado"87 y el presidente de la Fundación y Dotación Educativa (FEDE) dijo que "aunque los trabajos de reparación de las escuelas públicas ya están avanzados, no todas estarán listas para el inicio del nuevo año escolar, pero aspiramos terminar 70%"88. Provea entiende que revertir el deterioro de la planta física escolar no es tarea sencilla ni que se pueda lograr totalmente en uno o dos años. Sin embargo, insiste con lo señalado en el Informe anterior acerca de la necesidad de que el gobierno dé a conocer públicamente, más allá de las declaraciones periodísticas de los funcionarios, el Plan Nacional de Reparación de Escuelas con metas a corto, mediano y largo plazo, a fin de que la ciudadanía pueda evaluar los avances del mismo89. Consultada al respecto en entrevista concedida a Provea el 15.08.00, la Viceministra entregó un documento que indica el estado de 561 Escuelas Bolivarianas. El documento, fechado en julio 2000, clasifica a cada una de éstas según dos indicadores: estado de la infraestructura (malo o bueno) e institución involucrada (FEDE, Fundaescolar y Plan Bolívar 2000). Además del nombre de las escuelas y de su ubicación por entidad federal, no aparecen en el documento otros indicadores. Según los cálculos de Provea con datos de ese documento, 60% de las escuelas estaban catalogadas como "Infraestructura mala" y 40% "Buena"90.

Nuevo marco legal de protección del derecho a la educación

Con la aprobación en diciembre de 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo marco constitucional regula el derecho a la educación. Por otra parte, la entrada en vigencia en abril de 2000 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (LOPNA), también significa un avance en igual sentido. Ambos instrumentos legales se adecuan a Tratados Internacionales de derechos humanos. Entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entre los progresos más significativos a nivel constitucional se pueden mencionar: el reconocimiento explícito de la educación como derecho humano y como servicio público (artículo 102); la gratuidad de la educación impartida por el Estado, incluida la educación superior (artículo 103); la ampliación de la obligatoriedad desde el preescolar hasta el nivel medio diversificado (artículo 103); la obligatoriedad de la inversión de acuerdo con parámetros internacionales (artículo 103); el reconocimiento explícito de la no discriminación de las personas con necesidades especiales o privadas de su libertad (artículo 103); la evaluación de méritos para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el sistema educativo, sin injerencia partidista (artículo 104); la obligatoriedad de la educación ambiental (artículo 107); la obligación de que los medios de comunicación social públicos y privados contribuyan a la formación ciudadana (artículo 108) y el reconocimiento explícito de la autonomía universitaria (artículo 109). Asimismo, se mantienen contenidos del derecho que también estaban consagrados en la Constitución de 1961, aun cuando en algunos casos se los desarrolla más: la finalidad de la educación es el desarrollo pleno de las personas en una sociedad democrática (artículo 102); la estabilidad docente (artículo 104) y la libertad de enseñanza (artículo 106).

La tragedia de diciembre de 1999: consecuencias en la planta escolar

Obviamente, la tragedia ocurrida en el país en diciembre de 1999 incidió en el derecho a la educación de los niños y jóvenes que vivían en las zonas de desastre, y en menor medida también afectó a los que estudiaban en planteles que fueron utilizados para albergar damnificados. Según declaraciones del Ministro Navarro en enero de 2000, fueron 35 las escuelas que quedaron afectadas de manera irreversible y alrededor de 25.000 los alumnos que tuvieron que salir del Edo. Vargas por su condición de damnificados. A esto se sumó que las escuelas que no fueron dañadas por el deslave, sirvieron de refugio para unos 7.000 damnificados, y antes de volver a ocuparlas debieron ser acondicionadas nuevamente1. Otro tanto ocurrió en el pueblo de Santa Bárbara (Edo. Miranda), ubicado a la derecha del puente de El Guapo que lleva el mismo nombre de la represa que fue arrasada por las aguas en diciembre de 1999. Allí vivían 1.115 adultos y 696 niños y todos (salvo un anciano que se negó a salir) fueron ubicados en la escuela Concentración Oficial Combinada Santa Bárbara. Asimismo, tres planteles en San José de Río Chico sirvieron de albergue a familias enteras, de manera que para el 10.01.00 las autoridades del lugar debían acometer las tareas de limpieza de esos planteles, lo que se dificultaba por la falta de agua en la zona. Asimismo ocurrió en la mayoría de las escuelas básicas y liceos del oeste de Caracas que funcionaron como centros de refugio y en otros del interior que sirvieron para el mismo fin2. En los planteles no afectados del Edo. Vargas, para el 10.01.00 muchos docentes verificaron un marcado ausentismo escolar sin que se sepa si el mismo se debió a que los alumnos estaban residiendo en otras entidades federales o habían fallecido o desaparecido durante la catástrofe. Si bien el Ministro Navarro anunció la apertura de un Registro de alumnos damnificados3, hasta la fecha no se conocen los resultados del mismo. Para el 09.02.00, la coordinadora del Centro de Apoyo al Docente de la Dirección de Educación del Edo. Vargas, Mariela Rodríguez, en declaraciones aparecidas en El Correo del Presidente afirmó que "más de 80 por ciento de las escuelas en la mayoría de las parroquias del litoral central se encuentran funcionando a plena capacidad, ya que a partir del 10 de enero pasado, maestros y alumnos, empleados y obreros se fueron reincorporando progresivamente a sus actividades con gran espíritu de responsabilidad"4.

Con posterioridad a esta declaración, 10 escuelas del Edo. Vargas denunciaron problemas de funcionamiento y ausencia de los recursos oficiales prometidos para restablecer la infraestructura dañada5.

Asimismo, unos 1.500 alumnos de educación superior resultados afectados por los severos daños que sufrió la sede del Núcleo El Litoral de la Universidad Simón Bolívar6.

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1. El Mundo, 04.01.00, pág. 2; El Nacional, 18.01.00, pág. C-2.

2. El Universal, 11.01.00, pág. 1-2.

3. El Nacional, 11.01.00, pág. C-2.

4. El Correo del Presidente, 09.02.00, pág. 13.

5. El Mundo, 24.05.00, pág. 27 y La Voz de Guarenas, 29.06.00, pág. 14.

6. El Globo, 07.01.00, pág. 9.

-Tope-

Con respecto a la entrada en vigencia de la LOPNA, la misma se basa sobre la doctrina de la protección integral, cuyos principios básicos son: igualdad y no discriminación, interés superior del niño, prioridad absoluta (por su valor intrínseco y por su valor prospectivo), participación solidaria y gratuidad. Los artículos que garantizan el derecho a la educación de niños y adolescentes en esta Ley van desde el 53 hasta el 61. Sin embargo, por su relación directa con la vida escolar son importantes también los que se relacionan con los derechos de participación. Entre ellos: difusión de los derechos y garantías de niños y adolescentes (62), a la libertad de expresión (67), a la información (68 al 73), a opinar y ser oído (80), a participar (81), de reunión (82), de manifestar (83), de libre asociación (84), de petición (85) y derecho a defender sus derechos (86).

Para el período correspondiente al presente Informe, nuevamente el MECD, a través de la Resolución Nº 230, de fecha 21.07.00, "ante la denuncia del cobro indebido por parte de algunos planteles educativos públicos, de cantidades de dinero bajo la forma de abonos previos en cuentas bancarias y otras modalidades que condicionan el proceso de inscripción gratuita de los alumnos [...] Resuelve: Primero: Exhortar a todos los directores de planteles educacionales públicos, así como a las sociedades de padres y representantes a dar cumplimiento sobre [sic] la gratuidad de la educación que se imparta en los institutos oficiales en todos sus niveles y modalidades y a denunciar cualquier violación a estas normativas. Segundo: Iniciar expedientes disciplinarios a cualquier director de plantel y/o docente de institutos oficiales que incumplan [sic] el mandato legal y constitucional sobre la gratuidad de la educación en dichos planteles"91.

Provea considera que la medida se ajusta al contenido constitucional del derecho a la educación. Sin embargo, desea alertar que, tal como lo indica la segunda parte de la Resolución, el desacato de la misma puede dar lugar a "expedientes disciplinarios", pero nunca y jamás a penas privativas de la libertad, ni mucho menos a investigaciones a través de la policía política como la Disip. Esto último lo afirmamos por una reseña de prensa según la cual, frente a una de las llamadas atendidas por el Presidente en su programa radial, Isabel Mavares, de Punto Fijo (Edo. Falcón) denunció el cobro de matrícula en el liceo Mariano de Talavera. La reseña sostiene: "La reacción presidencial no se hizo esperar. A través de las ondas hertzianas, el mandatario le anunció a la directora que hoy mandará una comisión de la Disip a investigar, e instó al gobernador de Falcón, Jesús Montilla, ‘a tomar cartas en el asunto’"92.

Asimismo, Provea considera positivo que el MECD vuelva a insistir con la prohibición de exigir a los alumnos extensas listas de útiles, que además de costosas no suelen utilizarse exhaustivamente a lo largo del año escolar. Según la Resolución Nº 555, vigente desde hace 5 años, las listas escolares tienen límites con respecto a lo que se les puede pedir a los alumnos, y se prohíbe pedir artículos de higiene. El Ministerio exhorta además a que algunos útiles, que serán utilizados a lo largo del año, no sean exigidos en el mes de septiembre, cuando hay otros gastos que deben enfrentar los padres. Provea considera correctas estas directrices, ya que la escuela puede ser un lugar donde los alumnos, debidamente orientados por los docentes, aprendan hábitos de conservación y desarrollen habilidades para trabajar en equipo, todo lo cual puede reducir lo que se le exige a cada alumno individualmente. En este sentido, la reorientación de los docentes en todo el ámbito nacional es también una tarea que debe ser emprendida con urgencia por el Estado.

Campaña Bolivariana de Alfabetización

Para disminuir los índices de analfabetismo, el gobierno emprendió una campaña que según declaraciones de prensa arrancaría en todo el país el 18.09.00. Para el primer año se espera alfabetizar 210.000 personas en los siguientes municipios con elevados índices de pobreza extrema: Antonio Díaz (Edo. Delta Amacuro), Pedernales (Edo. Delta Amacuro), Manapiare (Amazonas), Urdaneta (Edo. Lara), Jesús Enrique Lozada (Edo. Zulia), Mara (Edo. Zulia), Páez (Edo. Apure), Pedro Camejo (Edo. Apure), Atabapo (Edo. Amazonas) y Muñoz (Edo. Apure)93. Para ello se ha conformado la Comisión Nacional de Alfabetización que integran el MECD a través de las zonas educativas, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), Fundalectura, el Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), Fe y Alegría, entre otras entidades. Los alfabetizadores serán 21.000 voluntarios que serán entrenados de acuerdo con la metodología de Paulo Freire que vincula la palabra con la vida cotidiana94. Provea considera positiva la iniciativa; sin embargo, cabe destacar que el Estado está en la obligación de ofrecer informes periódicos que permitan evaluar el éxito de la misma sobre la base de indicadores de logro claros y con metas a corto, mediano y largo plazo, nada de lo cual se conoce al cierre de este Informe.

Decisiones a favor de la no discriminación

A las medidas emanadas de las autoridades del despacho del MECD, ya reseñadas en el Informe pasado acerca de la prohibición de excluir alumnos del sistema educativo formal porque no posean cédula de identidad, sean repitientes, no tengan útiles o uniformes escolares, o por cualquier otro motivo95, que continúan vigentes, se suman en este período dos nuevos triunfos en la lucha contra la discriminación en la enseñanza. El primero de ellos se refiere al pronunciamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró la nulidad radical y total de la decisión del Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) por la cual se exigían las pruebas de VIH para inscribirse en esa institución educativa. El recurso de nulidad lo había interpuesto Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) en junio de 1997, alegando violación de normas internacionales, regionales y del derecho interno. A continuación, se resumen algunos fundamentos de la Corte para decidir la medida: "la enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana [...] y si existe un elemento poco ‘solidario’ [...] es la exigencia de realización de un examen que conllevaría a la más cruel discriminación. [...] La Corte se pregunta: ¿Se mantiene la salud rechazando a las personas que hayan adquirido el virus?; y una persona enferma por el virus ¿puede afirmarse que es una persona dañada ? [el término fue usado en el alegato de las autoridades de la UPEL]"96. El segundo caso se refiere a otra decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró procedente una acción de amparo que había sido interpuesta por un grupo de estudiantes del Instituto Universitario Antonio José de Sucre (Región Guayana), a los cuales las autoridades de dicha institución pretendían exigirles Bs. 420.000 como pago de un supuesto "paquete de grado" (gastos del acto de grado, fiesta y anillo), o en caso contrario no les entregarían el título al cual estaban optando, luego de haber cumplido todos los requisitos de ley. La decisión de la Corte declara con lugar el amparo, ordena la entrega de títulos, suspende la obligatoriedad del pago y extiende los beneficios de la acción como derechos colectivos y difusos a todos los estudiantes del mencionado Instituto97. De esta manera se vuelve a sentar un precedente positivo acerca del derecho la educación y a la no discriminación en la esfera de la enseñanza.

La creación de las mismas obedece a una política educativa para combatir la discriminación de los sectores más empobrecidos de la población, quienes resultan ser los principales excluidos de la educación formal. Comenzaron a funcionar alrededor de 550 para el año escolar 1999-200098 y se espera incorporar 1.500 más para el año 2000-200199. En su primer año de funcionamiento, las opiniones que se dieron a conocer a la opinión pública son dispares, tanto como lo ha sido el éxito del programa, que no es uniforme a lo largo del país, y que a su vez está concebido como experimental. Obviamente, las autoridades defienden el proyecto, aún cuando reconocen distintos tipos de fallas. Así, por ejemplo, el coordinador del mismo, Carlos Mujica sostuvo: "En algunos estados, como Falcón y Apure, las escuelas han sido tan exitosas que los padres se han ido incorporando , para alfabetizarse ellos también. Son fenómenos que se han dado en el interior. En Caracas ha habido problemas"100.

Uno de los aciertos señalados es que las Escuelas Bolivarianas garantizan una alimentación adecuada y balanceada a la población infantil. "Por esta razón, cualquier intento de evaluación, pasa por reconocer este hecho"101.

Las críticas hechas por investigadores, gremios y docentes, se relacionan con la supuesta improvisación que ha tenido el proyecto, inadecuada selección de las escuelas piloto, infraestructura no acondicionada para la doble jornada con comedores, fallas en la entrega de los alimentos o en la calidad de los mismos, falta de preparación en los docentes para desarrollar la integralidad, inadecuada remuneración de los mismos y/o atraso en el pago de sueldos, desórdenes administrativos e incluso denuncias de desviación de fondos102 Este último aspecto fue reconocido por el propio Ministro en declaraciones públicas, según las cuales muchas de las fallas no han sido debidamente reportadas porque "los supervisores de zona están haciendo mal su trabajo"103. Sin embargo, María Estrella Uribe, ex coordinadora nacional del Proyecto Educativo Bolivariano, cesada en su cargo según el Ministro porque había terminado su contrato, mostró otra cara del problema: "En enero se le presentó [al Ministro] un diagnóstico exhaustivo sobre los problemas que estaban enfrentando los centros pilotos en todo el territorio nacional y él, al igual que la viceministra Maryann Hanson, han querido tapar el sol con un dedo ocultando esos datos al Presidente, o maquillándoselos. [...] La viceministra me acusó de desleal porque yo hablaba públicamente sobre nuestras fallas, o sea, porque decía la verdad"104. Esta polémica alude, a juicio de Provea, a un punto nuclear del proyecto: el del seguimiento, control y evaluación del mismo. En este proceso, la función de los supervisores es clave. El Ministro dijo: "El nivel de supervisión del ME es el más corrompido de todos"105. Si esto es así, ahí es donde se debe actuar y aplicar los correctivos necesarios. Según el Ministro, "enviaremos oficiales a las escuelas para verificar lo que -en efecto- llegó y no llegó. Los militares no irán a juzgar a nadie, sino a hacer un inventario, tanto del personal como de la planta física"106. En opinión de Provea, la función supervisora, que debe ser orientadora y estar basada sobre una sólida visión pedagógica, no puede jamás ser reemplazada por un simple conteo, "qué te falta", "qué te llegó", ni ser llevada a cabo por militares. Al respecto, el ex-viceministro de E

	Informe Anual 1999-2000

Presencia de título profesional por área y dependencia de la escuela