Informe Anual

2001-2002

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Derechos económicos, sociales y culturales: buenas intenciones eclipsadas por la polarización y la gestión deficitaria
Derecho civiles y políticos: continúa la regresión
   1- La crisis de abril y los derechos humanos (cuadro)
 

Este balance es un resumen de la situación de los derechos humanos que se analiza, en detalle, en cada uno de los capítulos de este Informe. Provea aspira a que este diagnóstico, así como las Propuestas y Exigencias que se formulan al final de este Informe, sirvan a los Poderes Públicos para profundizar aquellas políticas que son consistentes con la vigencia de los derechos humanos, mejorar la capacidad de gestión de otras, y rectificar todos aquellas actuaciones que sean contrarias a estos derechos.

Provea ha constatado, desde 1999, que el diseño de una parte de las políticas públicas es conceptualmente consistente con los derechos económicos, sociales y culturales (Desc). Particularmente, con los derechos a la salud, educación, vivienda, tierra, los derechos de los pueblos indígenas y, en menor medida, seguridad social. No ha ocurrido lo mismo con la libertad sindical, ni con el derecho a un ambiente sano. Desde entonces y hasta el presente Informe, es recurrente señalar, también, que los déficit de gestión y las propias inconsistencias a lo interno de los entes responsables, impiden que esa concepción progresiva se convierta siempre en políticas efectivas que logren revertir la difícil situación de esos derechos. Problemas de diseño, coordinación, ejecución y monitoreo son un diagnóstico recurrente sobre las políticas públicas en el ámbito social.

Adicionalmente, la polarización política, estimulada en parte por el propio Ejecutivo, ha tenido un impacto en la caída del ingreso real y el aumento del desempleo, todo lo cual se traduce en aumento de la pobreza y, por tanto, en la vulneración de la mayoría de los Desc.

En el campo de los derechos civiles y políticos (DCP) el panorama es similar al del lapso anterior. El cuadro, en su mayoría, registra regresiones; con excepciones que, sin embargo no se enmarcan en políticas y acciones coherentes, que hagan prever un respeto sostenido a estos derechos. Las excepciones se presentan en el derecho a la manifestación pacífica, en donde la actuación estatal se ha caracterizado por un bajo nivel de actuaciones represivas, desde 1998; en el derecho a la vida, que aunque disminuyó con respecto al período anterior, se mantiene entre las cifras más altas registradas por Provea; y en los patrones “tortura”, del derecho a la integridad personal y “detenciones individualizadas” y “en manifestaciones pacíficas”, del derecho a la libertad personal.

Los déficit reflejados en la situación de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad ciudadana, pasan por la ausencia de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad con actuación en los ámbitos municipal, estadal y nacional; y por tanto, por la ausencia de una política coherente y democrática, que sea transversal a todos los niveles del poder público. Esta situación se agudizo, en este período, por la polarización del país y la politización de los organismos de seguridad.

La mayor proporción de denuncias sobre violaciones a los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad personal y la manifestación pacífica, recayó en el conjunto de las policías estadales. De este grupo, la Policía del Estado Aragua (vida, integridad y manifestación pacífica) y la Policía del Estado Carabobo (vida, libertad e integridad), destacaron por su calificación como las principales responsables de las arbitrariedades denunciadas.

Siguen siendo situaciones de gran preocupación la permanencia de la actuación de los grupos exterminio en varios estados del país; la aplicación de los operativos policiales de detenciones masivas, como políticas de seguridad; y el incremento de víctimas en situaciones de allanamientos arbitrarios, hostigamientos y heridos.

Asimismo, y en correspondencia con los déficit identificados en el lapso anterior: se mantuvo el registro de casos de desaparición forzada; la provisioridad de la justicia, que ha sido sometida, además, a enormes presiones políticas; y un clima político contrario al pleno ejercicio de la libertad de expresión, con un incremento de las agresiones físicas y ataques a comunicadores y medios. En la situación de las personas detenidas y encarceladas, se observaron retrocesos en los avances alcanzados en períodos anteriores; y la situación de los derechos al asilo y al refugio, no logró la concreción de las instancias institucionales establecidas en la nueva ley sobre la materia, con lo cual no existen mecanismos adecuados para su protección. Esto facilitó, además, que se registraran nuevamente casos de deportaciones que incumplieron con la normativa vigente.

-Tope-

Derechos económicos, sociales y culturales: buenas intenciones eclipsadas por la polarización y la gestión deficitaria

El derecho a la alimentación registró avances en el plano normativo, dada la aprobación de leyes que protegen la seguridad alimentaria, específicamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Pesca y Acuicultura. No obstante, las dimensiones del conflicto político generado por la ausencia de participación en esas leyes y los intereses afectados, conspiran contra la posibilidad de su adecuada aplicación.

Un aspecto positivo registrado en el período es que se relevó, una vez más, el tema agrícola y alimentario. Se creó el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y se hicieron intentos para concretar programas de asistencia alimentaria y de producción agrícola; aunque los esfuerzos en este sentido siguen estando dispersos y no se encuentran relacionados con planes adecuadamente definidos.

En contraposición con estos avances, las cifras disponibles sobre la situación nutricional de la población venezolana muestran un retroceso en todos los grupos de edad, que rompe con una tendencia al descenso que venía produciéndose desde hace dos años. En algunos indicadores como el déficit agudo (desnutrición actual) y los déficit crónico compensado y descompensado (desnutrición prolongada), se observa un quiebre en la tendencia de disminución que venía produciéndose, en porcentajes bajos, desde 1997 y 1998. Los planes destinados a la preservación del consumo de micronutrientes como el hierro, el yodo y el flúor, perdieron fuerza, entre otras cosas, por la debilidad institucional en la que se encuentra el Instituto Nacional de Nutrición (INN). En el plano del acceso a los alimentos, la situación se revirtió notablemente, pues la devaluación de la moneda venezolana en los primeros ocho meses del año 2002, fue superior al 80%, con lo cual el aumento salarial del 20% decretado en el mes de mayo, quedó afectado negativamente. Por lo demás, la adopción de algunas medidas económicas entre las que destaca el aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 14,5% a 16%, así como la extensión de productos no exonerados de este tributo, ha tenido hacia el mes de septiembre de 2002, un impacto negativo en el comportamiento del consumo de alimentos, que ya venía experimentando una tendencia a la disminución (entre el 6 y el 10% hasta mediados del año 2001). Asimismo, los programas sociales que ejecuta el INN han sufrido una parálisis importante, relacionada con la situación interna de la institución, que por tercer año consecutivo se encuentra en proceso de reorganización y tiene un presupuesto deficitario.

Durante el lapso que abarca este Informe prosiguió la mora en materia legislativa vinculada con el derecho a la seguridad social, ya que la AN decretó dos nuevas vacatio legis, con respecto a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral. La quinta, y más reciente, fue por seis meses contados a partir del 30.06.02. Hay que destacar que a pesar de ello, la AN avanzó al aprobar en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social presentado por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN. Este proyecto corrige los vicios que tenía la propuesta de la Comisión Presidencial y se ajusta a los principios constitucionales establecidos en el artículo 86 de la Constitución.

La obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social se manifestó, en el lapso, con el pago puntual de las pensiones y jubilaciones a los afiliados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y su homologación al salario mínimo urbano. No obstante, la actualización de las pensiones con el último aumento del salario mínimo registró un retraso de seis meses, debido a imprevisiones presupuestarias. Las prestaciones del paro forzoso, por su parte, fueron canceladas dentro del plazo de los 60 días que establece la ley, con lo cual el IVSS no incurrió en la morosidad acostumbrada en épocas anteriores.

Por el contrario, la cobertura del IVSS continuó siendo limitada pues, para el primer semestre de 2002, con un total de 2.273.636 personas afiliadas, no alcanzó a cubrir al 50% de la población ocupada. La cobertura para el conjunto de la población económicamente activa (PEA) alcanza a sólo el 21% de la misma. Otra problemática estructural del IVSS es la alta morosidad acumulada, que era, para diciembre de 2001, del 65% para el sector privado y de 35% para el sector público, lo que representa una deuda total de Bs. 2.110,58 millardos.

Preocupa sobremanera la mora que mantiene el IVSS en la incorporación de nuevos pensionados. Aunque 148.495 personas cumplen con los requisitos, no cobran la pensión de vejez, en parte por la lentitud de los trámites burocráticos y, en parte, por decisiones financieras, que limitan a sólo 2.000 las incorporaciones anuales.

Las políticas públicas directamente relacionadas con los derechos laborales resultaron contradictorias. Algunas de ellas apuntaron a garantizar y fortalecer derechos; otras, por el contrario, afectaron negativamente a los trabajadores.

El Ejecutivo Nacional decretó, el 28.04.02, un incremento del 20% del salario mínimo, para todos los trabajadores del sector público y privado; no obstante, y pese a que dicho porcentaje fue superior a la inflación acumulada del año 2001 (12,3%), el acelerado aumento de la inflación registrado en el año 2002, redujo drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el costo de la canasta alimentaria, para una familia de 5,2 personas, fue de Bs. 201.682 para el mes de septiembre de 2002. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) la ubicó, para el mismo mes, en Bs. 297.773, y Oscar Meza Consultores, en Bs. 320.000. Mientras que en agosto de 2001, un trabajador que devengaba el salario mínimo urbano cubría, según datos oficiales, el 100% de la canasta alimentaria, en este período, también según datos oficiales, cubre tan sólo el 94%. Porcentaje de cobertura que decrece sustancialmente si se consideran los estimados que realizan institutos privados.

En el ámbito del derecho al trabajo y la estabilidad laboral, para el lapso que cubre el presente Informe, persistieron elevados niveles de desempleo y economía informal. Según cifras suministradas por el INE, para agosto de 2002, el 16,2% de la PEA (1.853.413 personas), se encontraba desempleada, lo que implica un incremento de 2,9% con respecto al mismo período de 2001. Para junio de 2002, el 52,1% de la PEA (5.008.918 personas) se encontraba en la economía informal.

Las mujeres y los jóvenes se mantuvieron como los sectores más afectados. El desempleo femenino, para esa fecha, se elevó a 17,2%, mientras que el de los hombres estaba en 14%. Los jóvenes entre 15 y 24 años son los de mayor nivel de desempleo: se registró un incremento de 2% con respecto al año anterior, elevándose para junio de 2002 a 27,5% en este sector.

Al igual que en el lapso anterior y a la luz de los indicadores de desocupación y economía informal registrados en este período, las políticas públicas para afrontar el desempleo tampoco alcanzaron resultados satisfactorios. La extrema polarización política que vive el país representó un obstáculo para la concreción de nuevas inversiones privadas y, por tanto, de creación y mantenimiento de nuevas fuentes de empleo. El inicio (a mediados de 2002) de diálogos sectoriales entre los ministros de la economía y empresarios de la rama textil y automotriz, así como la puesta en marcha de un programa para estimular la compra de productos venezolanos por parte de las empresas del Estado, podrían ser medidas favorables a la creación de puestos de trabajo.

En el plano de la libertad sindical, persistió la intervención del Estado en la dinámica de las organizaciones sindicales, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la OIT para que esta intervención cesara; no obstante fue menor en comparación con el período anterior.

Respecto al derecho a las prestaciones sociales, destaca como aspecto positivo que el Gobierno nacional diera continuidad a la política de cancelación de los pasivos laborales, iniciada en el 2000. En cuanto a la protección del derecho a la contratación colectiva, se evidenció un marco general de respeto, en el que se registraron, sin embargo, algunas denuncias de violación de este derecho por parte de los patrones del sector público. Las situaciones contrarias a esta garantía se produjeron, principalmente, en los sectores de salud y educación.

En el escenario normativo, la inmediata reacción de los trabajadores contra el Decreto Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, que atentaba contra conquistas sociales logradas en años de lucha, obligó a la AN a decretar una vacatio legis con el objeto de reformarlo. Por otra parte, la AN promulgó el Código Procesal del Trabajo (CPT) con una vacatio legis hasta el 11.07.03, salvo los artículos 49, 178 y 179, que ya están vigentes. De esta manera se introdujo un cambio sustancial en el proceso laboral venezolano, al incorporarse la oralidad como eje central del proceso e impulsar la conciliación como mecanismo alterno de resolución de conflictos. Como aspecto negativo en el ámbito legislativo, la AN continúo en mora con el mandato constitucional de reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) para establecer un nuevo régimen de prestaciones sociales, pese a que la fecha tope pautada por el legislador venció el 14.08.01.

Los cambios en la orientación las políticas públicas de salud, que hemos señalado en Informes anteriores como consistentes con el derecho a la salud, tienen aún un impacto insuficiente que no logra revertir el colapso del sistema público de salud.

En materia de inversión pública, en el sector salud se registró un incremento de 0,8 puntos del PIB con respecto al año 2001 (1,33%), ubicándose en 2,13%. El presupuesto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) de 2002, acusó un incremento de 39,8% en relación con el de 2001, superando, con ello, la inflación acumulada del año 2001, que se situó en 12,3%. No obstante, esta medida fue afectada negativamente cuando en el primer trimestre del año fiscal 2002, el Ejecutivo nacional recortó el presupuesto de gastos y afectó el presupuesto de algunos programas del MSDS, uno de ellos el Programa de Salud Integral.

Sobre el funcionamiento del sistema público de salud, se mantiene la situación de fragmentación entre las redes de asistencia a la salud dependientes del MSDS y las adscritas al IVSS. Pese al impulso otorgado al proceso de recuperación de la red ambulatoria y hospitalaria del país, su crisis sigue sin revertirse. Como correlato, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud motivaron la realización de 122 acciones de protestas, 73 de las cuales implicaron la suspensión de los servicios de atención a la salud.

Por otra parte, la política del MSDS a favor de la gratuidad no se concretó en medidas que garanticen la plena eliminación del cobro a los pacientes por los servicios ofrecidos. De tal forma, se sigue cargando al usuario el costo de los insumos y los medicamentos de las intervenciones quirúrgicas o de exámenes de alto nivel de especialización.

Como aspecto positivo, en la ejecución 2002 del MSDS, uno de los programas prioritarios fue la ampliación de inmunizaciones. La inversión para el año 2002 se incrementó en 2,5 millardos de bolívares en relación con el 2001 y se incluyeron nuevas vacunas en el protocolo de inmunizaciones. Sobre las políticas para el tratamiento de enfermedades, en el ámbito de la atención para las personas que viven con VIH/Sida sobresalen como avances: la reanudación del registro epidemiológico del VIH/Sida; el financiamiento a proyectos de difusión y prevención a ejecutar con ONG; y la mayor atención prestada, dentro de las políticas de salud, a la maternidad de la mujer seropositiva. No obstante, se siguieron registrando problemas en el suministro de los medicamentos antirretrovirales.

En cuanto a la atención obstétrica, como componente básico del derecho a la asistencia de salud, en el lapso se produjo un retroceso. A diferencia del periodo anterior en el que no se registraron muertes por falta de atención médica, en éste se contabilizaron 14 muertes de neonatos, en enero de 2002. 

Con respecto a los indicadores de morbilidad registrados al inicio del período en estudio y hasta el primer trimestre de 2002, la tendencia de aumento de enfermedades infecciosas como el dengue, fue revertida en el trimestre julio, agosto y septiembre del año 2002. Hasta la semana 38 (15-21 de septiembre de 2002) el MSDS reportó 30.178 casos de dengue, lo que representó un descenso del 48,5% en comparación con los 58.597 casos reportados para esa misma semana epidemiológica en el 2001. Sin embargo, con respecto al sarampión, enfermedad que estaba prácticamente erradicada, la situación no es alentadora: 2.492 casos fueron reportados hasta la semana 37 (8-14 de septiembre de 2002), destacando Falcón y Zulia como los estados más afectados.

Los indicadores de la morbilidad de la población venezolana expresan la violación estructural del derecho a la no discriminación. Varias de las principales enfermedades del país encuentran en las condiciones de vida de los sectores populares su principal causa: déficit en la alimentación, deficiente suministro y calidad del agua potable, deficiente o nulo acceso al servicio de aguas servidas, y mayor índice de exclusión del sistema educativo. De las aguas servidas, para el año 2000, el porcentaje de cobertura se ubicó en 73%, concentrándose el déficit en las zonas rurales, indígenas y urbanas no consolidadas; lo que tuvo una incidencia en la persistencia y focalización de enfermedades gastrointestinales de la población infantil perteneciente a familias que viven en condiciones de pobreza. Según el balance que presentó el MSDS, sobre las causas de mortalidad infantil para los años 1999 y 2000, las enfermedades gastrointestinales, junto con las respiratorias, se mantienen como las dos principales causas de mortalidad infantil en el país.

Después de tres años, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Salud (LOS), vigente en el marco de la reforma del sistema de seguridad social, fue objeto de tres vacatio legis y se estima que será sometida nuevamente a otra.

El balance con respecto a la situación del derecho a la educación es dispar. Las autoridades continúan con el enunciado de políticas que apuntan a una visión que garantice la educación como derecho humano. Sin embargo, en el ámbito de la ejecución, coordinación y gerencia se observan fallas y los resultados concretos, salvo algunas excepciones, son todavía difíciles de constatar. A pesar de que el nuevo ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, enfatizó en la continuación de las políticas adelantadas por la gestión anterior, algunos documentos oficiales producidos en el período permiten pensar que las mismas están todavía “en construcción”. Pueden señalarse como hechos positivos en este ámbito, la continuación de la ratificación de la gratuidad en el acceso a la educación, la emisión de dos decretos a favor de la interculturalidad y la educación bilingüe, el comienzo de una política de becas para mejorar la equidad en el ingreso a los estudios superiores y la decisión (luego de largas negociaciones) de modificar el estatuto del Convenio entre la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) a fin de agilizar la entrega de fondos para el funcionamiento de los planteles dependientes del mismo.

Con respecto a la generalización del derecho a la educación, durante el período se constató un incremento global de la matrícula en 7,5% (del 6 % en las dependencias oficiales) el cual puede considerarse significativo, en tanto ambas cifras superan el crecimiento vegetativo de la población, que se ubica alrededor del 2,5%. Sin embargo, cabe señalar que este crecimiento no es similar para todos los niveles del sistema. En el nivel preescolar el crecimiento fue muy débil y no presenta avances significativos. Según cálculos optimistas, por lo menos 800.000 niños en edades comprendidas entre 4 y 6 años no acceden a este nivel de educación en ninguna de las modalidades (formal o no convencional). Con respecto a la educación básica, aun cuando es el nivel que está más cerca de lograr la universalidad en el acceso, y a pesar del crecimiento interanual del 4,4 % con respecto al período anterior, aún no se ha podido llegar a los niveles de la década del 90 (93,7%) y menos aún, lograr el 100% de cobertura. El nivel de educación media continúa creciendo, al incrementarse en un 9,7% en las dependencias oficiales y 4,1 % en las privadas, para un crecimiento global del 7,9%. Este es un signo positivo y alentador porque, junto con el de preescolar, son los dos niveles que históricamente han presentado mayor exclusión. La disponibilidad de aulas en este nivel y la ratificación de la gratuidad en el acceso seguramente están incidiendo en este crecimiento.

De 100 niños que ingresaron a 1º grado en 1992-93 en los planteles oficiales, aproximadamente sólo 67 llegó a 5º grado, 57 a 7º y sólo 36 a 9º grado. Si realizamos un análisis de los últimos 6 años, se observa que la no prosecución se mantuvo entre un 29 a un 35% desde primero a quinto grado con altos y bajos; entre 42 al 45% desde primero a séptimo, también con oscilaciones entre año a año. Y entre un 73% a un 64% desde 1º a 9º grado. Son preocupantes también los índices de repetición que se ubican alrededor del 10% en primer grado y en 13,5% en séptimo. Cabe destacar que la repitencia es la principal razón por la cual las familias de sectores populares terminan sacando a sus hijos del sistema educativo.

Preocupa especialmente la ausencia de estudios de evaluación que permitan medir los avances en la aplicación de políticas educativas para superar la exclusión, tal como es el caso del Proyecto “Escuelas Bolivarianas”. En relación con la calidad de la educación, no hay estudios que demuestren avances, y es negativo que el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (Sinea) que debía aplicar la segunda prueba nacional en el año 2001 no lo haya hecho, ni se conozcan avances al respecto. Por otra parte, el número de denuncias aparecidas en prensa sobre problemas en la planta física escolar, creció en un 2,5% con respecto al año anterior, igualando la cifra total reportada en el año 98-99 (328 escuelas con problemas graves de diversa índole).

En relación con el Poder Legislativo, es lamentable que haya transcurrido más de un año desde la aprobación, en primera discusión, del anteproyecto de Ley de Educación (PLOE), sin que la Asamblea Nacional (AN) haya podido avanzar más allá.

En el ámbito del Poder Judicial, el TSJ no decidió aún la suspensión de la asignatura “Instrucción pre militar” como materia obligatoria para los alumnos del ciclo diversificado, con lo cual se mantiene la violación de uno de los componentes del derecho a la educación, así como del derecho a la objeción de conciencia.

Las acertadas políticas vinculadas con el derecho a la vivienda fueron opacadas por el incumplimiento de metas, la descoordinación y los problemas en la asignación de los recursos en la cadena de ejecución (Gobierno central, ministerio rector, organismos ejecutores, gobernaciones y alcaldías). Las medidas y acciones estatales que se han implementado siguen sin generar un cambio sustantivo en la realidad de un importante número de familias que se ubica o sufre los rigores del déficit habitacional, estimado en el año 2001, por voceros del sector privado y público en 1.600.000 unidades. Como correlato, persistió la aplicación de políticas represivas, antes que de negociación y formulación de alternativas, frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales en zonas urbanas y rurales. De un total de 27 ocupaciones, registradas entre octubre de 2001 y abril de 2002, un tercio fue objeto de desalojos forzosos, en las que se denunció la aplicación de agresiones físicas y verbales que incluyeron entre las víctimas a mujeres y niños.

Como referencia de los riesgos que entrañan las zonas en donde se encuentran un porcentaje significativo de asentamientos informales, según estimados de Protección Civil, en el año 2002, 6.636 viviendas en el Mcpio. Libertador están asentadas en márgenes o cauces de quebradas, o en zonas en riesgo de inundación. En materia de acceso a servicios, una encuesta realizada en 1998 sobre una muestra de 8.698 hogares, arrojó como resultados que de los cinco servicios en red (cloaca, acueducto, teléfono, basura y electricidad) 34,98% de los hogares los poseía todos y 18% posee dos o menos.

En esta coyuntura, también se destacan como positivas las acciones desarrolladas en el ámbito legislativo y decisiones adoptadas desde el Poder Judicial orientadas en la defensa y garantía del derecho a la vivienda. Se llevó adelante el proceso de discusión para la presentación y consideración de la Ley de Vivienda y Hábitat, que sólo espera por la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social, y que destaca por el nivel de consulta y la participación de los diferentes sectores. Otro hecho positivo fue el inicio del proceso de regularización de tierras urbanas, como una política de Estado. El Decreto 1.666 del Ejecutivo y la discusión en el Parlamento, con base en los proyectos de ley para la regularización de asentamientos urbanos, le imprimieron un impulso importante a la organización de las comunidades populares para acceder a su derecho a la seguridad de la tenencia y, por tanto, a una vivienda adecuada. Para julio de 2002, en el Mcpio. Libertador del Distrito Capital estaban conformados 160 comités de tierra y un mes después se inició la entrega de títulos de propiedad a pobladores de la parroquia La Vega, en Caracas. En materia de exigibilidad del derecho a la vivienda, se evalúa como un precedente significativo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en enero de 2002, sobre los créditos indexados. Con esta decisión, motivada por un amparo introducido ante el máximo tribunal por las familias afectadas, se reafirmó la perspectiva de la vivienda como un derecho humano que debe ser protegido frente a las expectativas de ganancia de la banca hipotecaria y las acciones de usura que puedan originar la pérdida de la vivienda.

Durante el período que cubre este Informe, no se generaron cambios substanciales ni en la estructura de la tenencia de la tierra, ni en el uso agrícola de ésta, ni en la calidad de vida de la población rural. Sin embargo, se dio un paso legislativo en el fortalecimiento del derecho a la tierra, al aprobarse la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

El año 2002 estuvo marcado por la fuerte polarización política de la sociedad venezolana. Dentro de este contexto, la sanción a finales del año 2001 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario provocó un gran debate nacional y reacciones encontradas entre los diversos sectores involucrados, por su falta de discusión, siendo esgrimida como una de las causas principales del paro empresarial y sindical del 10.12.01.

El Estado venezolano, por su parte, realizó un esfuerzo para implementar el soporte institucional necesario para la ejecución de la Ley y al cierre de este Informe se había iniciado el proceso de adjudicación de tierras.

Este proceso debe enfrentar la violencia endémica existente en el campo venezolano, producto de la injusta estructura de la tenencia de la tierra. Así, el comienzo del proceso de adjudicación de tierra en la zona del Sur del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), estuvo marcado por la agudización de las expresiones de violencia. La aparición de la modalidad del sicariato, que cobró la vida de varios dirigentes campesinos en la región, se mantuvo como una tendencia muy preocupante, que exige del Estado una actuación rápida y ajustada a derecho, para evitar una escalada del conflicto entre campesinos y terratenientes.

En el lapso que cubre este Informe, se concretaron algunas medidas estatales favorables a los derechos de los pueblos indígenas, mientras que otras avanzaron muy lentamente. Pese a la mayor visibilidad de las reivindicaciones históricas de estos pueblos en la vida pública nacional, persistió una situación de violación estructural a sus derechos. Entre los elementos favorables se encuentran: la mayor voluntad política de instituciones como la AN, en donde existe una muy activa Comisión Permanente de Pueblos Indígenas (CPPI); la ratificación, mediante promulgación de Ley nacional, del Convenio Constitutivo del “Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe”, con el que los países iberoamericanos apoyarán financieramente proyectos de autodesarrollo; la entrada simbólica de los restos del cacique Guaicaipuro al Panteón Nacional y dos decretos presidenciales que reivindican las lenguas indígenas y estimulan una educación intercultural bilingüe. Por otra parte, el proceso de demarcación de sus territorios avanza muy lentamente, pese a que su culminación, según la disposición transitoria 12 de la Constitución de 1999, debió haber ocurrido en diciembre de 2001. Igualmente, la AN, aún no ha promulgado la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni la Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Uso de Idiomas, cuyos anteproyectos reseñamos en el Informe anterior.

Por otra parte, estos pueblos siguen sometidos a las presiones de la cultura dominante del criollo y del modelo occidental de explotación de los recursos naturales. Proyectos de desarrollo en sus territorios (ecosistemas privilegiados, de alta diversidad biológica y ricos en recursos hídricos) continúan siendo una grave amenaza para su sobrevivencia. Tal es el caso de los proyectos de explotación minera, forestal, represas hidroeléctricas a gran escala, explotación petrolera y de gas y el turismo.

Cabe esperar que el desarrollo legislativo de los derechos de estos pueblos, así como su mayor presencia política, sean factores que, a mediano plazo, puedan contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Durante el período fueron asesinados dos indígenas de la etnia Pemón por miembros de la GN. El imputado en uno de estos casos tiene “detención domiciliaria”; aunque los casos de homicidios no gozan, según la ley, de beneficios procesales como las detenciones domiciliarias.

La situación del derecho a un ambiente sano, para este período, se caracterizó, por la aplicación de políticas incoherentes en materia ambiental y la ausencia de consulta y participación de la ciudadanía y de las comunidades en cuanto a planes y proyectos susceptibles de degradar o causar daños a sus ecosistemas.

En materia normativa se aprobaron la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Costeras, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos peligrosos. En especial la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Zonas Costeras se consideran como un valioso aporte a la conservación de la fauna acuática y las zonas costeras, porque constituyen herramientas de protección para la biodiversidad natural y los procesos ecológicos.

En relación con el balance sobre la actuación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) resalta como positivo el desarrollo de planes de tratamiento de aguas servidas, el control de incendios de vegetación y el manejo de desechos tóxicos o de los llamados “pipotes de la muerte”, así como el fortalecimiento de la educación ambiental. Actuación que se vio opacada por la ausencia de una intervención estatal permanente, firme y efectiva orientada a neutralizar proyectos contaminantes y destructores del ambiente.

Los serios problemas ambientales y sociales ocasionados por la explotación petrolera y gasífera, lejos de solucionarse se agravaron, a la par que se expandió la frontera de explotación petrolera con nuevos proyectos. Específicamente, los grupos ambientalistas denunciaron el impacto de la apertura petrolera que se desarrolla en la región oriental de Venezuela, en el Golfo de Paria (Edos. Sucre, Monagas y Delta Amacuro) y el Delta del Orinoco (Edos. Monagas y Delta Amacuro). Respecto a los proyectos de explotación de gas natural, se reedito el cuestionado proyecto Cristóbal Colón, paralizado luego de la intensa movilización su contra, bajo el nombre de proyecto Mariscal Sucre.

Aunque el Estado redujo su producción petrolera, no concretó la suscripción del Protocolo de Kyoto

-Tope-

Derechos civiles y políticos: continúa la regresión

Los 175 casos de violaciones al derecho a la vida registrados en este período, si bien representan un descenso del 27,4 % con respecto a los del período anterior (241), siguen estando entre las cifras más altas desde 1992. Al igual que en el período anterior, las actuaciones de los denominados “grupos de exterminio”, con evidencia de la participación de efectivos policiales, tuvieron una incidencia relevante sobre el total de denuncias conocidas; 48 personas perdieron la vida por la actuación de estos grupos, esto es el 27,4% del total de casos.

Sobre la responsabilidad de las denuncias de violación al derecho a la vida, en 116 casos (66,3%) fueron señalados como responsables funcionarios pertenecientes a las policías estadales. Después de la PE Portuguesa con 46 casos, las policías más denunciadas fueron la PE Zulia (12), la PE Bolívar (11), la PE Carabobo (9), la PE Aragua y la PM con 7 casos cada una y la PE Anzoátegui con 5 casos. Del total de denuncias, 23 (13,1%) corresponden a las policías municipales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue denunciado como responsable de 15 casos (8,6%) y la Fuerza Armada Nacional (FAN) de 7 (4%), de los cuales 4 fueron atribuidos a la Guardia Nacional (GN) y 3 al Ejército. La División de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) fue denunciada como responsable en 1 caso (0,6%). Bajo la modalidad de actuación conjunta, entre dos o más cuerpos policiales, se registraron 8 casos (4,6%).

Las ejecuciones, que son aquellas actuaciones en las que el funcionario dispara con el objetivo de causar intencionalmente la muerte de la víctima, representaron el 82% (143) del total de casos registrados, evidenciándose como el patrón más recurrente durante el presente período, tal como viene ocurriendo desde 1989. Del total de casos bajo este patrón, 48 se adjudican a la actuación de los grupos de exterminio, lo que representa el 33,6% de las ejecuciones. Al igual que desde hace una década, el encubrimiento de estos casos por parte de los efectivos policiales se sigue caracterizando por la criminalización de la víctima; la alteración de la escena del crimen, colocando armas, en el lugar del deceso o en el cuerpo de la víctima; y esgrimiendo públicamente la versión de “muerte en enfrentamiento”. Las denuncias de familiares y testigos, permiten observar la existencia de un patrón de actuación en el que los funcionarios implementan operativos de captura con la clara intención de dar muerte a personas solicitadas por delitos. Al igual que en otros años, estos hechos adquieren mayor visibilidad cuando los funcionarios confunden a sus perseguidos con personas ajenas al delito imputado.

Se registraron denuncias sobre 4.549 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa un aumento de 7,2% con respecto al período anterior (4.243). Al igual que en lapsos anteriores, el mayor porcentaje de detenciones se ubica en el renglón de las detenciones masivas, que agrupa el 96,5 % del total, seguido de las detenciones en manifestaciones con 2% y detenciones individualizadas con sólo 1,5% del total.

El único patrón que registró un aumento durante este período fue el de las detenciones masivas (15,6%). Por el contrario, hubo un representativo descenso en las detenciones arbitrarias individualizadas (73,6%) y en las ocurridas durante la represión a manifestaciones pacíficas (52,1%). Si bien esta disminución puede leerse como una variación positiva en la actuación de los efectivos policiales respecto al derecho, vista la incidencia de estos patrones en el total de denuncias (3,5%) la misma, por sí no sola, no da cuenta de una mejoría en atención a nuevas políticas de seguridad o un cambio en la racionalidad represiva de los cuerpos policiales. En especial si consideramos el aumento en el patrón de detenciones masivas.

Sobre la distribución de la responsabilidad en la ocurrencia de las detenciones arbitrarias, los cuerpos de seguridad de las regiones se mantuvieron como responsables del mayor número de casos, especialmente en las detenciones masivas. Así lo reflejan las 1.626 detenciones realizadas por la Policía del Estado Carabobo (PEC), de las cuales 204 víctimas eran niños y/o adolescentes, seguidas por las 1.623 detenciones efectuadas por la Policía del Estado Anzoátegui (PEAnz.).

Los niños y adolescentes se mantuvieron como un sector vulnerable dentro en el patrón de detenciones masivas. En este lapso, en 14 de 34 operativos de seguridad registrados, se tuvo información sobre la detención de al menos 336 niños y adolescentes. Ello es así en virtud de decretos administrativos emitidos por las autoridades regionales que restringen y condicionan el libre tránsito de niños, niñas y adolescentes en determinadas horas y lugares; violentando la Constitución nacional y a instrumentos normativos como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Lopna). Estos decretos, conocidos coloquialmente como “toques de queda”, están vigentes en varios estados. Para el período en estudio, en los estados Carabobo, Mérida, Monagas y Anzoátegui se registró el mayor número de niños y adolescentes detenidos bajo la aplicación de los mismos. Durante el período se conocieron 4 casos de violación a la garantía de prohibición de la desaparición forzada de personas, 1 menos que en el lapso anterior.

 Provea registró en este período un total de 324 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones al derecho a la integridad personal que afectaron a 1.064 víctimas. Aunque el número de casos disminuyó levemente con respecto al período anterior (340), las víctimas se incrementaron significativamente en un 60%. Este aumento se registró en 4 de los 5 patrones analizados.

En el patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se registraron 156 casos, con un total de 500 víctimas. Ello implica un incremento del 46% frente a las 342 registradas en el lapso anterior. Bajo el renglón de heridos se contabilizaron 74 casos, que afectaron a 242 víctimas; cifra que acusa un aumento del 120% en comparación con las 110 víctimas del período anterior. El patrón de amenazas y hostigamiento afectó a 169 víctimas, 59 más que en el período pasado (110) lo que implica un aumento del 54%. En el de allanamientos, con 47 casos, y 266 víctimas, se registró un aumento del 291% en el total de víctimas, en contraste con las 68 reportadas entre octubre de 2000 y septiembre de 2001. El patrón tortura, con 10 casos denunciados y 17 víctimas, fue el único en el que se reportó una disminución del 54% del total de víctimas, en comparación con las 37 del período pasado. Cabe destacar que esta cifra es la más baja reportada por Provea desde 1989.

De los 95 cuerpos de seguridad que existen en Venezuela, 56 (59%) reportan denuncias por violaciones al derecho a la integridad personal. El conjunto de policías estadales (PE) es responsable de 434 víctimas, lo que representan el mayor porcentaje de violaciones (40,8%). De éstas, la Policía Metropolitana (PM) con 125 víctimas (11,7%), constituye el cuerpo de seguridad más denunciado en lo que respecta a este derecho. Le siguen la PE de Carabobo, con 79 víctimas (7,4%) y la PE de Aragua, con 51 víctimas (4,8%). El conjunto de policías municipales (Pol. Mcpal.) es responsable de 226 víctimas (21,3%). De éstas, las de los Municipios Valencia (Edo. Carabobo) con 31 víctimas (3%), Sucre (Distrito Capital) con 22 (2%) y Caroní (Edo. Bolívar) con 20 (2%) son las que tienen mayor cantidad de denuncias. La Fuerza Armada Nacional (FAN), específicamente la Guardia Nacional (GN), es responsable de 183 víctimas (17,1%); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de 49 víctimas (4,6%) y la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), de 33 (3,1%). Del total de cuerpos de seguridad denunciados, la PM acusó el mayor números de víctimas en los patrones de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, heridos y allanamientos y se ubica en segundo lugar en los patrones tortura y amenazas y hostigamientos.

Al igual que en los tres períodos anteriores, se mantiene un ambiente general de respeto al derecho a la manifestación pacífica. De 1.141 manifestaciones pacíficas registradas, 45 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas, lo que representa el 3,9% del total. Aunque se registró un leve incremento (0,3%) en el total de manifestaciones reprimidas, con respecto al período anterior, la cifra de manifestaciones reprimidas guarda correspondencia con la tendencia de disminución observada desde 1998. Una de cada 25 manifestaciones fue reprimida, mientras que en el anterior la represión afectó a una de cada 28 manifestaciones. Se registró un número menor de violaciones al derecho a la libertad personal en el contexto de manifestaciones pacíficas, mientras aumentó el número de violaciones al derecho a la integridad personal. Es de destacar que los registros indican que, luego de los hechos del 11 al 14 de abril de 2002, es decir, durante el segundo semestre de este período, mejoraron todos los indicadores, en comparación con los del primer semestre (octubre 2001-marzo 2002).

Entre los organismos de seguridad del Estado que mayormente reprimieron manifestaciones de carácter pacífico destacan la Policía del Estado Aragua (PEA) y la del Estado Zulia (PEZ), que participaron cada una de ellas en la represión de 5 manifestaciones (11,1%). Por su parte, las policías municipales también participaron en acciones represivas. La Policía Municipal de Maturín y la Policía del Municipio Libertador (Policaracas) participaron, cada una, en la represión de 2 manifestaciones (4,4%). La Guardia Nacional (GN) reprimió 3 manifestaciones pacíficas (6,7%), lo que significa una mejoría en su desempeño si se compara con el período previo, cuando actuó en 10 ocasiones para reprimir. En este período vuelve a producirse, al igual que en el anterior, una víctima de violación al derecho a la vida (un niño de 11 meses muerto por asfixia) en el contexto de manifestaciones reprimidas. Asimismo, se contabilizaron 162 lesionados durante manifestaciones pacíficas.

El derecho a la seguridad ciudadana sufrió, durante el período, una especial vulneración. Bien por la acción directa del Estado, en cuanto al reiterado exceso de violencia letal por parte de la policía en el control de la criminalidad o por su omisión, dada la negligencia en el diseño y ejecución de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. A ello hay que añadir la crisis que atraviesan los cuerpos policiales, que han sido progresivamente puestos a favor de una u otra parcialidad política; los crecientes casos de violencia política y el aumento sostenido de los homicidios. Todo lo cual demuestra la incapacidad del Estado venezolano para hacer efectivo su monopolio sobre la violencia, lo que pone en grave riesgo la gobernabilidad del país y el sistema democrático. Los conflictos no resueltos en materia de políticas de seguridad ciudadana (falta de consenso en torno a la Ley de Policía Nacional, por ejemplo), se agudizaron por las diferentes visiones políticas sobre el problema, lo que facilita que las prácticas militaristas y autoritarias en el manejo de la seguridad pública, sigan pugnando por imponerse. Se reiteró la tendencia, observada en el Informe anterior, de hacer presentaciones continuas de planes y programas de prevención de la criminalidad que no se mantienen en el tiempo, no tienen aparentemente ninguna efectividad, no guardan solución de continuidad con propuestas anteriores que, a su vez, no son evaluadas ni discutidas con la ciudadanía. Igualmente, las políticas públicas propuestas son extremadamente permeables a nociones sobre la criminalidad basadas en conceptos vinculados con las teorías de peligrosidad social, lo que lejos de contribuir en la solución del problema lo agravan. Adicionalmente, la alta rotación de ministros del Interior y Justicia, afecta la capacidad del Ejecutivo nacional en fomentar políticas de seguridad ciudadanas basadas en la cooperación interinstitucional y en la convivencia democrática. La alta tasa de homicidios, que afecta sensiblemente la calidad de vida de los sectores más carenciados de la población, conforma una grave violación del derecho humano a la seguridad ciudadana, por cuanto el Estado no desarrolla las políticas necesarias para evitar la violación de este derecho. Un contexto de polarización política, exclusión social y deterioro de los mecanismos de socialización, como el que prevaleció en este lapso, entraña serias dificultades para la concreción de una estrategia de seguridad ciudadana sostenible en el largo plazo.

Para monitorear este derecho se utilizan indicadores de seguridad subjetiva y de seguridad objetiva. Con respecto a los primeros, en términos generales la seguridad ciudadana es percibida como un grave problema en el contexto nacional, percepción que -según se desprende de diversos estudios de opinión- tendió a incrementarse en este periodo.

Uno de los temas cruciales en lo que respecta a la inseguridad subjetiva en este periodo fue el de la amenaza de la violencia política. El exacerbamiento de la confrontación pública, la degradación de la convivencia política mediante agresiones y el uso indiscriminado de términos tales como hordas, bandas de delincuentes, círculos del terror, escuálidos, oligarcas, entre otras calificaciones degradantes para referirse al otro, las polarizadas movilizaciones políticas y los eventos del 11.04.02, llevaron a diversas comunidades de los sectores medios, fundamentalmente de Caracas, a desarrollar una serie de estrategias de autoprotección ante lo que perciben como amenazas a su integridad física y a sus bienes.

Las cifras oficiales presentadas por el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) revelan un progresivo y persistente incremento en las cifras de criminalidad y violencia, especialmente en lo que se refiere a los delitos contra las personas y a los delitos contra la propiedad con recurso a la violencia, lo que justifica en cierta medida el aumento entre la población de la percepción de inseguridad. Mientras en el año 2000 aproximadamente el 20% de los delitos totales registrados fueron contra las personas, para el año siguiente la variable experimentó un ligero incremento, ubicándose en un 22% y en sólo 8 meses del año 2002 se ubicó en 21,7%. Simultáneamente se observó que los delitos contra la propiedad disminuyeron su proporción entre el total de delitos cometidos. Sin embargo, el hecho más preocupante al analizar estas proporciones lo constituye el aumento de aquellos delitos contra la propiedad con recurso a la violencia, que aumentó, en lo que va del año 2002 a un 46,2% del total de delitos denunciados. Considerando que en 1990 esta proporción llegaba sólo al 16% del total de delitos, es claro que el incremento de la violencia y el deterioro en las relaciones de convivencia expresado en el alto índice de delitos contra las personas, constituyen uno de los problemas más graves que afectan a la población venezolana y una grave violación a su derecho a la seguridad personal. Esto es evidente al observar que los delitos contra las personas, en el transcurso de una década (desde 1990 hasta el año 2000), pasaron de representar el 13% de los delitos totales registrados al 20%. En el caso de los homicidios, el indicador más grave de la criminalidad y la violencia, pasaron del 1% al 3,4% del total de casos conocidos. Tomando en cuenta que aún en los homicidios existe un importante subregistro, el análisis de las cifras corrobora la tendencia a mantenerse en los niveles del año anterior, siendo de 33 por 100.000 habitantes en lo que respecta al total nacional para el año 2001, mientras que en la ciudad de Caracas dicha tasa casi triplica a la ocurrencia nacional ya que llega a 82 homicidios por 100.000 personas para el mismo periodo.

En lo que respecta a los delitos totales registrados en el país se evidencia un incremento de su ocurrencia en el último año, ya que la tasa pasó de 977 por cada 100.000 habitantes (pcmh), durante el 2000, a 1.002 (pcmh) en el año 2001.

En cuanto al derecho a la justicia, uno de los aspectos que se vio seriamente comprometido durante el período fue el de la independencia del Sistema de Administración de Justicia (SAJ), tanto por la injerencia de otros poderes públicos sobre el Poder Judicial (PJ) como por la politización dentro de los propios órganos del sistema. Situación que se reflejó en hechos tales como: el pronunciamiento de sectores de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Defensoría del Pueblo (DP) a favor o en contra de sus titulares, especialmente por su actuación en el marco del golpe de Estado de abril; la apertura de investigaciones disciplinarias contra jueces, con base en sentencias consideradas polémicas y no con base en su comportamiento en el manejo de un proceso; las recusaciones entre los mismos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un aparente intento por neutralizar a un sector del mismo, percibido como favorable o contrario al gobierno; y la transformación, en el ámbito de cuerpos policiales, de conflictos supuestamente laborales en políticos.

El período estuvo igualmente caracterizado por recurrentes inconsistencias en el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, lo cual se evidenció en la flexibilización de criterios para procesar a personas presuntamente involucradas en el golpe de Estado, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, y en el relajamiento de la figura del avocamiento por parte del TSJ, como mecanismo para “enmendar” fallos de tribunales de instancia.

Sigue inconcluso el proceso de intervención del SAJ acordado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto de 1999, iniciativa que ahora se solapa con un nuevo intento de “revisión” de la composición del TSJ, a cargo de una Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN).

Según un estudio de la asociación privada “Agenda Nacional de Seguridad”, Venezuela sería el país con menos jueces por delitos en el mundo. El estudio destaca igualmente que Venezuela ocupa el lugar 67 en cuanto al número de investigadores técnico-científicos (equivalentes a policías de investigación técnica) por delito, al tiempo que sólo en Caracas existen 2,3 millones de denuncias penales acumuladas, para las cuales se cuenta tan sólo con 74 fiscales del Ministerio Público. La provisionalidad de la justicia continuó siendo un grave síntoma del período, toda vez que el mismo Presidente de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial informó que de 1.772 jueces, 1.331 son provisorios, lo cual corresponde a un 75,11% del total de jueces del país.

Sin duda, la vulneración más contundente a este derecho la constituye la impunidad, la cual se expresa de diversas formas, que van desde el escepticismo de las víctimas para formular sus denuncias ante las autoridades, pasando por expresiones de justicia paralela, hasta sentencias que se refugian en la formalidad para evadir la responsabilidad de los imputados. Todos estos fenómenos se presentaron en el período en estudio.

El primer elemento que destaca durante este período, en relación con los derechos de las personas detenidas y encarceladas es el aumento de la población reclusa, que llegó a 19.368 personas en agosto de 2002, para un incremento del 15,6% respecto al año 2001. De este total, 9.348 son procesados lo que representa un incremento del 11,8% en comparación con los 8.356 registrados a mayo de año 2001.

En líneas generales, el Estado no ha sido capaz de acompañar los indiscutibles avances alcanzados en el plano legislativo con una política y una estrategia de administración y ejecución eficientes. Más allá de las reiteradas declaraciones de intención de cambio, las condiciones de vida carcelaria siguen siendo en extremo precarias: pese a tímidos aciertos en materia de atención sanitaria, educación y trabajo. Importantes avances que se habían logrado en períodos anteriores observan retroceso: la cifra total de población penal, la proporción entre población penada y procesada y las víctimas de violencia carcelaria.

Durante el período en estudio, la diferencia entre población penada y procesada cambió hasta alcanzar una proporción de 51,73% para los primeros y 48,26% para los segundos. Se trata de una señal de alarma que no debe ser subvalorada, en tanto implica un progresivo retroceso respecto a las cifras alcanzadas en el año 2000.

Continúa siendo deficitario el número de defensores públicos disponibles para quienes no pueden sufragar los costos de un proceso penal. Para agosto del 2002, 367 defensores públicos debían atender la totalidad de las causas, en el proceso penal ordinario,  de todo el país, con un promedio de 150 casos por defensor, lo cual resulta, evidentemente, inviable. Por otra parte, se redujo en un 46,3% la población beneficiada con medidas de pre-libertad.

Durante el primer semestre de 2002, 147 reclusos murieron y 683 resultaron heridos en enfrentamientos violentos. Datos que en comparación con el mismo período para el año 2001, reflejan un aumento del 30,4% en el renglón de decesos; en tanto que los heridos acusan una leve disminución del 1,4%. 

Sobre el derecho a la libertad de expresión e información, en el período existió un amplio y elocuente debate de ideas; existió la posibilidad de expresar controversias, incluso cometiendo excesos en el ejercicio del derecho. Sin embargo, se registró un aumento de las agresiones físicas y ataques a comunicadores y medios por parte de particulares y desconocidos, la mayoría de las cuales permanecen impunes. Ello propicia un contexto inseguro para los comunicadores sociales, convirtiéndolos en un sector vulnerable frente a la violencia política, lo que afecta negativamente garantías básicas de la libertad de expresión y el derecho a la información. Igualmente, el conflicto entre los medios de comunicación y los funcionarios estatales se agudizó.

No se registraron detenciones de periodistas ni el cierre de medios, exceptuando los casos que ocurrieron en el contexto del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga. Contexto en el que los principales medios privados de comunicación produjeron un cerco informativo favorable al gobierno de facto, desde al 11 hasta el 14.03.02.

En el período se registraron 115 casos¹ que afectaron a la libertad de expresión y al derecho a la información. En 52 de ellos, la responsabilidad directa corresponde al Estado y en 63, recae sobre particulares. Se contabilizan aquí los casos cuyos victimarios directos son particulares, dado que en ellos el Estado tiene algún tipo de responsabilidad, al no evitarlos o sancionarlos. Del total de casos cuya responsabilidad directa recae sobre el Estado (52), 32,7% son responsabilidad del Ejecutivo nacional; 15,4% de la Fuerza Armada Nacional; 13,5% de distintas autoridades municipales y 11,5% del Gobierno de facto.

Los casos conocidos afectaron de manera directa a 156 víctimas (117 personas y 39 medios de comunicación). Del total de personas afectadas (117), el 35,4% son mujeres y el 64,6% hombres. En los hechos registrados resultaron afectados representantes de medios de comunicación, propietarios, directores, periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, dirigentes políticos, simpatizantes del partido de gobierno y seguidores de la oposición. Los tres patrones de violación a este derecho con mayor ocurrencia fueron los ataques o agresiones, 62 (45,6%); las amenazas, 44 (32,4%) y la censura, 25 (18,4%)².

En la raíz de la violencia contra los medios y sus trabajadores, se encuentran los discursos intolerantes y excluyentes, tanto los de voceros oficiales como los provenientes de particulares. En relación con lo primero, se mantuvo la presencia, identificada desde hace tres años, de un discurso intimidatorio del Presidente de la República, que presenta a los medios privados como enemigos políticos a derrotar. Por otra parte, la ausencia de pluralidad informativa en varios de los principales medios privados, la recurrencia de expresiones clasistas y/o racistas en el lenguaje de algunos comunicadores, así como la criminalización de los sectores populares que apoyan al gobierno, fueron, también, factores que incidieron en la situación registrada a lo largo del periodo.

Durante el período no mejoró la situación de los derechos al asilo y al refugio de los ciudadanos colombianos que se encuentran en el país, lo cual revela una actitud de indiferencia del gobierno ante las aproximadamente 1.000 solicitudes presentadas. Cabe señalar, también, como negativo, la mora en la que se encuentra el Poder Ejecutivo en relación con la aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica de refugiados y refugiadas, así como la instalación de la Comisión Nacional para los Refugiados que se encargaría de procesar las solicitudes.

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1.         Los casos son unidades de circunstancia. En cada caso pueden existir una o más víctimas y uno o más patrones.

2.         Estos números y porcentajes se hacen sobre la base de 136 violaciones. Ello implica que en varios de los 115 casos conocidos se presentó más de un patrón de violación.  

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