Informe Anual
2001-2002
|
|
Informe Anual 2001-2002 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación
de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados
Los cuerpos de
seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas
las personas.
El uso de armas o
sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
El derecho a la seguridad ciudadana en Venezuela sufrió, en el lapso que analiza este Informe, una extrema vulneración, bien por la acción directa del Estado, en cuanto al reiterado exceso de violencia letal por parte de la policía en el control de la criminalidad; bien por omisión, dada la negligencia en el diseño y ejecución de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Acerca del período en referencia, los principales elementos de diagnóstico son los siguientes:
La consolidación de la seguridad humana como un nuevo concepto puede contribuir a situar el debate en un punto más próximo al ciudadano y más centrado en las demandas del conjunto de la humanidad que en los intereses de los Estados1 . Según Naciones Unidas, el aspecto fundamental de la inseguridad humana es la vulnerabilidad. El concepto de seguridad humana es evolutivo, lo que permite replantear los viejos esquemas de seguridad centrados en aspectos militares por otros centrados en las necesidades de la humanidad, con toda su variedad, que en la mayoría de países en vías al desarrollo apenas han merecido atención en las políticas públicas. Desde 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que existen ocho dimensiones de la seguridad, siendo éstas la económica, la financiera, la alimentaria, la sanitaria, la ambiental, la personal, de género, comunitaria y política; mientras que las inseguridades globales han sido identificadas como el crecimiento demográfico, las diferencias entre países, las migraciones descontroladas, el deterioro medioambiental, el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Los instrumentos globales básicos para enfrentar y controlar dichas inseguridades deben ser políticas que consideren las necesidades humanas básicas, la diplomacia preventiva, los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la reforma de las instituciones globales2 . La seguridad pública, según la Red de Seguridad Humana de las Naciones Unidas, comprende una variada gama de temas tales como: delito y corrupción, terrorismo, instituciones penales, autoridades policiales y judiciales y policía civil, incluido el sector de la seguridad privada. Igualmente, dicha Red estableció que existen dos aspectos que deben considerarse también en el ámbito de la seguridad pública, a saber el objetivo, que se centra en los niveles reales de seguridad y en las amenazas existentes; y el subjetivo que aborda la forma en que esas amenazas son percibidas por cada ser humano. La seguridad ciudadana entonces es un concepto que engloba dos fenómenos: el de la criminalidad y el de la sensación de inseguridad. Si bien éstos están asociados, puesto que según como se comporte la delincuencia en un país así también será la tendencia en el comportamiento de la sensación de inseguridad de la población, la relación entre ambos no siempre, ni forzosamente, es directa y en la misma dirección. Es así como en muchas ocasiones en una sociedad, y en una coyuntura determinada, el sentimiento de inseguridad llega a convertirse en un problema en sí mismo, cuyas manifestaciones no necesariamente reflejan la realidad objetiva de la criminalidad; y es capaz de generar consecuencias negativas en el comportamiento de los ciudadanos. La distinción de estos fenómenos dentro de una definición operativa de seguridad ciudadana es esencial, puesto que permite precisar acciones y estrategias que busquen actuar de manera conjunta sobre ambos aspectos. Según la Red de Seguridad Humana, comúnmente se entiende que seguridad pública significa garantizar la tranquilidad pública y la seguridad ciudadana y de las instituciones, cuyo manejo se encuentra a cargo de policías y tribunales. De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano y de la seguridad humana, la seguridad pública debe tener como centro al ciudadano, en tanto individuo y ser social. Una reformulación de la seguridad pública en clave de seguridad humana, implica el desarrollo de condiciones que permitan la regulación eficiente de la violencia, individual o social, incluyendo la regulación de la violencia de las propias instituciones del orden público. Por tanto, desde la perspectiva de la seguridad humana, adquiere especial relevancia que las políticas de seguridad pública, conjuntamente con fortalecer el funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones competentes en la materia, se orienten hacia la reducción del control policial/penal al mínimo necesario y a contener, mediante la regulación jurídica y ciudadana, el uso de la violencia por estas instituciones, para que su accionar no ponga en riesgo la seguridad de las personas. Igualmente, las políticas de seguridad pública deben procurar que los conflictos derivados de problemas sociales propios del sistema socio-económico y cultural y del modelo de desarrollo, busquen su regulación y resolución a través de las políticas sociales o de cambios sociales. El Estado tiene una responsabilidad fundamental cuando se trata de propiciar un contexto de seguridad como medio de lograr el objetivo primordial de garantizar los derechos de las personas. Ello requiere como medidas prioritarias en el caso de Venezuela, la reforma del sistema judicial y policial, la reducción de la corrupción y la creación de condiciones de seguridad pública, tanto en términos objetivos como subjetivos. El sistema policial y judicial está relacionado con los conceptos más amplios de mediación social y cooperación transinstitucional en materia de prevención de la violencia y la criminalidad. El derecho a la seguridad ciudadana en Venezuela Tal como fue dicho, la seguridad y su contrapartida, la inseguridad, contienen una dimensión objetiva y otra subjetiva. El desarrollo de condiciones objetivas tendientes al incremento de seguridad objetiva y la percepción de mayor o menor seguridad subjetiva, constituyen procesos distintos, especialmente en nuestras sociedades complejas. Desde una perspectiva local, los temas de la sociedad global, tales como pobreza y empleo, en ocasiones intercambian fácilmente su lugar con las preocupaciones más próximas a los ciudadanos, tales como la seguridad de las personas y sus bienes, en lo que se conoce como el sentimiento de inseguridad. Una precisión semántica constituye un preámbulo necesario: dicho sentimiento, en permanente debate público, muestra por un lado el miedo a ser victimizado por la delincuencia y por el otro, una preocupación por la delincuencia como problema social. Dichas dimensiones difieren largamente entre sí. El imaginario que la ciudadanía se construye respecto al sentimiento de inseguridad, repercute de manera directa en la definición de la agenda pública, así como en la identificación de las principales debilidades de la actuación estatal desde la perspectiva ciudadana. Así, la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en Venezuela. Diversas encuestas de opinión así lo señalan, al colocar a la delincuencia y a la inseguridad como el segundo problema más importante en el país después del desempleo. En la más reciente encuesta de opinión realizada por Consultores 21 en junio del año 20023, se conoce que para los entrevistados, el principal problema del país es el desempleo (40%) seguido de la delincuencia (16%). De acuerdo con los datos de la referida encuesta, la delincuencia ocupa un lugar más que destacado entre los problemas que los venezolanos consideran más graves desde el año 1989, lo que coincide con el período en el que en el país, la criminalidad, especialmente los homicidios y delitos contra las personas, comenzó a incrementarse en una forma progresiva4 . Sin embargo, la centralidad del tema de la delincuencia en ocasiones se ve desplazada por la del desempleo, ya que cuando su tasa es muy elevada para los estándares de la economía venezolana, inmediatamente se refleja en el marco de las preocupaciones ciudadanas como el principal problema del país, quedando entonces la delincuencia en un segundo lugar. No obstante, es conveniente tener en cuenta luego del estudio de las opiniones de los venezolanos durante los últimos trece años, que desde el tercer trimestre de 1999, la delincuencia ocupa el primer o segundo lugar en dicha clasificación de principales problemas nacionales. Aunque no aparece reflejado en estas mediciones, uno de los temas cruciales en lo que respecta a la inseguridad subjetiva en este período fue el de la amenaza de la violencia política. El exacerbamiento de la confrontación pública entre opositores, la degradación de la convivencia política mediante agresiones y el uso indiscriminado de términos tales como hordas, bandas de delincuentes, círculos del terror, escuálidos, oligarcas, entre otras calificaciones degradantes para referirse al otro, las polarizadas movilizaciones políticas y los eventos del 11.04.02, llevaron a diversas comunidades de los sectores medios, fundamentalmente de Caracas, a desarrollar una serie de estrategias de autoprotección ante las amenazas a su integridad física y a sus bienes5. El argumento central de esta percepción generalizada entre un sector de la población, consiste en que grupos provenientes de otros sectores políticos y/o sociales (específicamente del chavismo), se desplazarían en caso de una confrontación extrema a tomar y asaltar urbanizaciones de sectores medios. La defensa frente a estas amenazas, tomó cuerpo en algunas urbanizaciones capitalinas, mediante el aumento de encuentros para tratar el tema de la seguridad. “…Lo que más aterra a las comunidades es la posibilidad de que grupos de civiles armados intenten atacarlos en medio de una confusa situación política. En principio por iniciativa de los residentes de determinados condominios, se comenzó a discutir sobre la necesidad de configurar planes de contingencia, pero algunos fueron tan espeluznantes que las policías municipales comenzaron a intervenir con el propósito de reducir la ansiedad entre las personas y recordar que el liderazgo en situaciones de riesgo sólo debe estar en manos de cuerpos policiales…”6. Es notable que este tipo de organización comunitaria difiera completamente de los mecanismos tradicionales que han seguido asociaciones de vecinos y comunidades en general para tratar el tema de la delincuencia7. “A pesar de que la delincuencia siempre ha sido motivo de preocupación entre las comunidades, la zozobra generada por los rumores y la posibilidad latente de que se produzca un estallido social ha multiplicado la presencia de los residentes en las convocatorias que hacen, cada vez con más frecuencia, las asociaciones y grupos organizados […] en algunos edificios de Los Palos Grandes se llegó a hablar de fabricar bombas caseras o de estar armados para defenderse de un ataque imprevisto”8. “En Chuao, por ejemplo, los propietarios que viven alrededor del colegio El Angel tienen previsto echar aceite en el asfalto, e impedir la circulación en las calles bloqueándolas con sus vehículos y cadenas. En Cumbres de Curumo también se organizan. Convocados por la asociación de vecinos […] una autonombrada Junta Directiva para la Defensa de la Urbanización presentó a los asistentes las líneas estratégicas de un plan de seguridad […] la gente lanzó vivas rotundos a la iniciativa de la autodefensa en Cumbres de Curumo…”9. Especialmente significativo en este sentido fue el incremento que desde el mes de abril de 2002 se produjo en la venta de armas de fuego reportadas en las 150 armerías que existen en todo el país. Efectivamente, las armerías aumentaron sus ventas, aunque ninguna información de prensa disponible logró precisar la magnitud de este aumento10. La Policía Metropolitana (PM) calculó que únicamente en el Distrito Capital existen más de 600.000 armas entre las registradas y no registradas. La más demandada es el revólver calibre 38, pistolas de 9 y 10 milímetros y la punto 40, cuyos costos oscilan entre 500.000 y 1.500.000 de Bolívares11. Otras medidas asumidas o propuestas fueron: la radio vecinal, los números de teléfonos que algunas policías municipales tienen a disposición de sus comunidades, incendiar los cerros que limitan con barrios en algunas urbanizaciones, bloquear calles con alambrados y automóviles12. Por su parte, la red se convirtió en un medio de difusión de información acerca de los mecanismos de defensa más recomendables en estos casos y ante el posible ataque de otros grupos armados. Entre las múltiples estrategias difundidas, figuraban la necesidad de entrenamiento masivo en el uso de armas de fuego o de otro tipo, tales como piedras y palos, aceite hirviendo, sacos de piedras, entre otras, haciendo énfasis igualmente en la importancia de los celulares, radios y pitos como medios de comunicación y la ubicación en puntos estratégicos para impedir el acceso de los violentos13. Igualmente páginas Web fueron utilizadas para publicar un plan comunitario de defensa activa para la formación de los vecinos en grupos de choque en cada calle o edificio siguiendo una estructura marcial14. Estas iniciativas dan cuenta del proceso que sigue la construcción social del peligroso, del violento y el delincuente y por tanto de la fuente de inseguridad, centrándose en prejuicios sociales y políticos que en la mayoría de las ocasiones no tienen ningún fundamento real. Los estudios de opinión también exploran sobre la percepción de los ciudadanos acerca de las principales políticas públicas en el país en un determinado período institucional. La muestra entrevistada en esta ocasión, considera que la delincuencia ocupa la quinta posición15 entre los principales cambios negativos que ocurrieron durante el gobierno del Presidente Chávez. Además, el 70% de los consultados afirma que la situación respecto a la seguridad ciudadana es peor en este gobierno que en los anteriores, siendo el cuarto tema que presenta mayor porcentaje acumulado en la categoría peor después del empleo (80%), la economía del país (75%) y la inflación (73%). Es decir, que en términos generales la seguridad ciudadana es percibida como un grave problema en el contexto nacional, percepción que -según se desprende de los estudios de opinión- tiende a incrementarse en este periodo gubernamental. Como es de esperar, la percepción de la inseguridad no se distribuye uniformemente en el territorio nacional, ya que existen ciertas regiones o ámbitos geográficos en las que la sensación de inseguridad se agudiza o revela de manera predominante. Uno de estos espacios es la ciudad de Caracas, donde más de la mitad de los consultados en mayo de 2002 (56%) afirmó que el principal problema del municipio en el que vive es la delincuencia, seguido del desempleo (10%) y la situación económica (6%). Asimismo, el 47% de las personas entrevistadas afirma que para sentir que la situación de la zona en la que habita está mejorando, los aspectos centrales a intervenir serían la seguridad, “eliminación de malandros”, más orden y eliminación de drogas. Lamentablemente, en el período objeto de estudio, el Estado venezolano no realizó ninguna encuesta de victimización, que como se sabe, es un valioso instrumento para el desarrollo de políticas sociales orientadas a la prevención del delito dentro de un contexto de equidad social y de respeto a los derechos humanos. Las encuestas de victimización procuran obtener informaciones sobre la experiencia de las personas con respecto al delito, riesgos de victimización, propensión a denunciar los delitos sufridos, actitudes con relación a la policía y el castigo a los delincuentes, estrategias de prevención del delito y la violencia y evaluación de los servicios prestados por las fuerzas policiales16. Se desconoce entonces la magnitud de la cifra negra en este período, por lo que el siguiente análisis de la situación de la criminalidad en el país se basa en datos parciales, dada la imposibilidad de estimar la magnitud real de dicha cifra negra, en virtud de que los datos oficiales sólo reflejan los delitos denunciados por la población. Inseguridad objetiva: la criminalidad en Venezuela El registro, sistematización, procesamiento y análisis de información sobre criminalidad y delincuencia es parte del conjunto de elementos fundamentales para el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, ya que sin informaciones de calidad no es posible obtener un diagnóstico serio de la magnitud del problema ni planificar o evaluar las diferentes políticas públicas. Por ello, un diagnóstico preciso de las condiciones de seguridad y de los factores criminógenos en los diferentes estados y municipios de Venezuela, debe tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones y variables, además de las estadísticas delictivas. Es fundamental que se puedan examinar de forma articulada los datos sobre la incidencia de delitos producidos por las policías, así como las informaciones relativas a la infraestructura social y urbana y la calidad de vida de la población en dichos estados y municipios. La fragmentación, dispersión y falta de criterios de recolección de los datos, impide que éstos sean plenamente útiles para el diagnóstico, planificación y la integración de acciones, así como para la evaluación de resultados de políticas públicas. Informaciones calificadas, integradas y de fácil acceso, aumentan la transparencia de las acciones gubernamentales, permiten racionalizar el uso de los recursos escasos y favorecen la adopción de formas participativas de gestión municipal y estatal. En Venezuela, las cifras disponibles sobre las ocurrencias delictivas, muestran importantes déficit de índole metodológica, especialmente en lo que concierne al levantamiento y clasificación de la información, así como en la utilización de criterios definidos para la pluralidad de instituciones relacionadas directamente con el tema. Estas cifras, adicionalmente, son incontrastables a los fines de probar su legitimidad y capacidad para retratar la realidad, ya que como se anotó arriba no existen encuestas de victimización para este período. Esta situación alimenta las importantes discrepancias que existen con relación a los índices de criminalidad y delincuencia manejados por diversas instituciones estatales en los tres niveles de gobierno, lo cual redunda en el desconocimiento del comportamiento de indicadores básicos de seguridad ciudadana17 . Otro de los problemas de la información oficial suministrada por las autoridades, es el manejo de datos cuantitativos sólo en términos absolutos, lo que puede ocasionar confusiones al momento de realizar su interpretación pues no se controla el factor poblacional. El trabajo con cifras relativas, expresadas principalmente en tasas por habitante según los estándares internacionales para el estudio y consideración comparada del tema, también encuentra serios obstáculos en el caso de Venezuela. Desafortunadamente, la información demográfica nacional para el año 2001 y las proyecciones de población para los próximos años, no han estado disponibles hasta la fecha, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no concluye el procesamiento de la información obtenida en el Censo 2001. Ello quiere decir que el presente informe se hace con proyecciones de población que cambiarán en el momento en que el INE totalice en forma definitiva la población del país, por lo cual dichas cifras pueden sufrir una importante variación al alza, considerando que la población total del país se había sobreestimado en las proyecciones realizadas en 1990. Por otra parte, para este Informe se incluyen sólo los datos disponibles hasta agosto de 2002, trabajando estos últimos meses con la intención de perfilar la tendencia que hasta la mencionada fecha registran las variables consideradas. Los datos que se presentan a continuación son oficiales y fueron facilitados por el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ). Tal y como se desprende de su análisis, estos revelan un progresivo y persistente incremento en las cifras de criminalidad y violencia registradas. De acuerdo con esta información, en los últimos años se viene registrando en el país un incremento significativo de la criminalidad violenta, especialmente en lo que se refiere a los delitos contra las personas y a los delitos contra la propiedad con recurso a la violencia, lo que justifica en cierta medida el aumento entre la población de la percepción de inseguridad a la que se hacía mención anteriormente. De esta manera, mientras que en el año 2000 aproximadamente el 20% de los delitos totales registrados fueron contra las personas, para el año siguiente la variable experimentó un ligero incremento, ubicándose en un 22%.
Fuente: Ministerio del Interior y Justicia. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV. a/ Las cifras de este año refieren sólo a la tendencia registrada desde enero hasta el mes de agosto. b/ Hace referencia al porcentaje de homicidios sobre el total de delitos registrados.
Simultáneamente se observa que los delitos contra la propiedad disminuyeron su proporción entre el total de delitos cometidos. Sin embargo, el hecho más preocupante al analizar estas proporciones lo constituye el aumento de aquellos delitos contra la propiedad con recurso a la violencia, que aumentó, en lo que va del año 2002 a un 46,2% del total de delitos denunciados. Considerando que en 1990 esta proporción llegaba sólo al 16% del total de delitos, es claro que el incremento de la violencia y el deterioro en las relaciones de convivencia expresado en el alto índice de delitos contra las personas, constituyen dos de los problemas más graves que afectan a la población venezolana y una grave violación a su derecho a la seguridad personal. Esto es evidente al observar que los delitos contra las personas, en el transcurso de una década (desde 1990 hasta el año 2000), pasan de representar el 13% de los delitos totales registrados al 20%, y para el caso de los homicidios, el indicador más grave de la criminalidad y la violencia, se observa que pasaron del 1% al 3,4% del total de casos conocidos. En lo que respecta a los delitos totales registrados en el país se evidencia un incremento de su ocurrencia en el último año, ya que la tasa pasa de 977 por cada 100.000 habitantes (pcmh), durante el 2000, a 1.002 (pcmh) en el año 2001. Nuevamente se observa un comportamiento diferenciado de la variable en atención a la zona geográfica que se estudie. En el caso de la ciudad de Caracas, se observa que los delitos registrados hasta el mes de agosto del año 2002 son altos en relación con la magnitud alcanzada en los años anteriores. En lo que respecta a los robos, se advierte un decrecimiento en su tasa de registro, mientras que las lesiones personales muestran un incremento. En los cuadros siguientes se observa el comportamiento que siguen estos delitos, tanto nacionalmente como en lo que al caso de la ciudad capital refiere18 .
Fuente: Ministerio del Interior y Justicia. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV. a/ Las cifras presentan un marcado carácter preliminar, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no ha culminado el procesamiento de la información levantada en el “Censo 2001”, teniendo a disposición del público sólo cifras provisionales. Este elemento debe ser considerado en el análisis ya que las cifras que se presentan están sujetas a las modificaciones que, por la variación de la base poblacional al incorporase la totalidad de la información recaudada por el INE, tenga lugar. b/ Para este año se presentan sólo las cifras en términos absolutos revelando el comportamiento de la variable en estudio hasta el mes de agosto. Las observaciones contenidas en los literales a y b se aplican para los cuadros 2, 3, 4 y 5, en este mismo capítulo.
Fuente: Ministerio del Interior y Justicia. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV. Se considera al homicidio, por su parte, como elemento de mayor importancia en el marco de estudio de la seguridad ciudadana por constituir “…la forma suprema de violencia en el sentido de que priva a la víctima de la totalidad de sus derechos y de forma definitiva…”19 y por señalar la “…capacidad autodestructora de la sociedad, de su incapacidad para construir y ejercer mecanismos no letales de resolución de conflictos…”20. Tomando en cuenta que aún en los homicidios existe un importante subregistro, el análisis de las cifras corrobora la tendencia a mantenerse en los niveles del año anterior, siendo de 33 por 100.000 habitantes en lo que respecta al total nacional para el año 2001, mientras que en la ciudad de Caracas dicha tasa casi triplica a la ocurrencia nacional ya que llega a 82 homicidios por 100.000 personas para el mismo periodo.
Fuente: Ministerio del Interior y Justicia. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.
Fuente: Ministerio del Interior y Justicia. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV. Las cifras registradas en los diferentes estados del país, revelan que en el año 2001 los homicidios se incrementaron en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Cojedes, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia21 . La realidad que reflejan estas cifras, sin embargo, puede ser aún mucho peor, ya que en las mismas no se incluyen aquellos homicidios cometidos por agentes del Estado en los casos de enfrentamientos, los cuales, como se verá más adelante en este Informe, se incrementaron en el año 2001. Al establecer una comparación del número total de homicidios registrados mes a mes entre el año 2000, 2001 y hasta el mes de agosto del año 200222 , la tendencia al incremento se repite. Uno de los elementos más significativos en el comportamiento que vienen registrando los homicidios, durante los meses del año 2002 que incluye este Informe, es precisamente el que su magnitud supera en todos los meses al año precedente, con excepción de los meses de febrero y marzo. Las cifras parecen indicar que se mantendrá este año la tendencia al alza en el número de homicidios.
Fuente: Ministerio del Interior y Justicia. Estas cifras componen un claro indicador del alcance y magnitud de la crisis que tiene la situación de inseguridad en Venezuela, especialmente en lo que concierne a los homicidios como manifestación más grave de la violencia y la criminalidad. Un análisis de la información precedente lleva a considerar que no nos encontramos ante un fenómeno coyuntural de incremento de la criminalidad o de los homicidios, frente al cual cabe construir explicaciones causales simples. El marcado deterioro de las relaciones interpersonales en el país tampoco es atribuible sólo a manejos inadecuados de conflictos privados, circunscritos a ciertos contextos y grupos sociales específicos, sino que revela que estamos frente a un fenómeno más extendido y complejo, en el que la responsabilidad estatal es mucho más elevada y evidente tanto por acción como por omisión. Evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana La política de seguridad ciudadana no es sólo un problema de las agencias públicas responsables, ni implica solamente la disminución del número de delitos. Incluye acciones para mejorar las condiciones de vida de la población y para reducir el desorden urbano, las incivilidades23, las interacciones conflictivas y el deterioro de los espacios públicos, así como de los equipamientos y servicios públicos esenciales para la población. En este sentido, un análisis contextual de la seguridad ciudadana en Venezuela precisa la consideración de elementos de carácter institucional, por medio de los cuales el Estado venezolano operacionaliza su acción, y un análisis programático que contemple la revisión y estudio de los diversos planes, programas, políticas y acciones emprendidas. Son diversos los organismos que tienen competencia directa en materia de seguridad ciudadana y abarcan desde la Asamblea Nacional (AN) que por medio de su actividad legislativa puede generar impactos diversos en el derecho que nos ocupa, hasta los cuerpos de seguridad del Estado, en torno a los cuales se centrará el análisis por constituir la expresión institucional estatal que más directamente interviene en la seguridad ciudadana y que establece relaciones directas con la ciudadanía. Leyes y programas de prevención y control de la criminalidad y la violencia En este periodo, se desarrollaron diversas iniciativas en materia legislativa y programática, cuyo propósito es el de incidir en materia de seguridad ciudadana y tratar de prevenir la criminalidad y la violencia. A continuación se realiza un breve análisis de las mismas para identificar sus principales características así como su eficiencia para atender sus objetivos. Marco Legal. La actividad legislativa venezolana en materia de seguridad ciudadana se centró, en este período, en la formulación, diseño, estudio y promulgación de cinco instrumentos jurídicos principales, 2 a través de la AN y 3 a través de la Ley Habilitante: i) Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (Ley Habilitante), ii) Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Ley Habilitante), iii) Ley para la Seguridad Ciudadana y Desarme del Ciudadano (AN), así como el trabajo desarrollado en torno a la modificación del actual Código Penal venezolano y el estudio de una tercera reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). La Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (LCSC), promulgada en Gaceta Oficial del 06.11.01, tiene entre sus objetivos coordinar todos los órganos de seguridad ciudadana, mediante la creación de unos consejos de coordinación nacionales, estadales y municipales; definir competencias concurrentes y actuación compartida de cada uno de los órganos de seguridad ciudadana; y disponer la organización e intercambio de información entre los órganos de seguridad ciudadana. La entrada en vigencia de ese Decreto Ley estaba pautada para seis meses después de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, para el mes de mayo de 2002. En lo que respecta a esta Ley, se desconoce si existe algún instrumento que la reglamente luego de su entrada en vigencia, o cómo han dispuesto las autoridades las actividades de coordinación, que en la ley están concebidas más para controlar, que para establecer mecanismos de necesaria coordinación entre los organismos competentes24. Por otra parte, esta ley centra el problema de la seguridad exclusivamente en las autoridades policiales, cuando es ya ampliamente aceptado en todo el mundo que el problema de la seguridad ciudadana va mucho más allá de una perspectiva policial o de orden público25. Por último, su disposición de crear un Sistema Nacional de Registro Delictivo, Emergencias y Desastres, está dirigido mucho más al interés de centralizar información bajo una perspectiva militarista de orden público que a la creación de un verdadero sistema de información de ocurrencias delictivas que permita elaborar una matriz de seguimiento de los eventos violentos y de las instituciones responsables, el cual debería proveer información oportuna y confiable en esta área y en general para la cuantificación con objetividad y rigor técnico de los hitos básicos precisos para la definición de políticas de seguridad. Se afirma que la perspectiva de la Ley en varios aspectos es militarista debido a que tal y como están formulados responden más al esquema del orden público que de la seguridad ciudadana, que como se sabe es el esquema del estado de derecho en un sistema democrático, en la medida que el acento se coloca en el resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desafortunadamente, el sistema de información propuesto en la Ley no incluye entre sus características la capacidad de diseñar y construir un sistema de información confiable; además de que en uno de sus artículos se propone que parte de la información sea clasificada. En una sociedad democrática, en la cual los gobiernos están sometidos al control de los ciudadanos, toda información de relevancia es, por definición, pública. Salvada la protección de identidad de los indiciados y de las víctimas, no hay ninguna razón para que los datos completos o parciales sobre violencia y criminalidad no estén a disposición de la sociedad, por lo que se propone que dicha salvedad de confidencialidad sea derogada. Con la promulgación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se perdió una excelente oportunidad de diseñar una ley más acorde con los mandatos constitucionales en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, que tuviese en consideración los necesarios criterios de eficiencia y ordenación institucional y territorial. Según la información disponible, la LCSC no es una de las leyes que está en revisión por parte de la AN. En lo que respecta a la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, este instrumento aprobado también en la Habilitante26, consagra la dependencia de la antigua Policía Técnica Judicial al MIJ, además que reafirma la adscripción de la División de Medicina Legal a dicho Cuerpo, a contravía de las recomendaciones nacionales e internacionales acerca de la necesidad de independencia funcional de la misma. Adicionalmente, no prevé adoptar su nueva estructura a los lineamientos del COPP, sino que promueve otra nueva reforma del mismo para que se adapte a los requerimientos del cuerpo policial. Por su parte, la Ley para el Desarme, aprobada por la AN en agosto de 200227, es un instrumento legal dirigido a coadyuvar al desarme de la población28. De acuerdo con esta nueva ley, la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional (Darfa) será el ente encargado del registro y distribución de las armas, previéndose la el desarrollo de una campaña publicitaria desplegada desde el MIJ con la finalidad de canjear armamento por instrumentos de trabajo, según informó el vicepresidente de la Comisión de Defensa Néstor León Heredia29. Uno de los artículos más problemáticos de esta ley es el 8, que propone el otorgamiento de un incentivo económico a las personas que entreguen armas de fuego ilegales30. Dicho artículo es de compleja aplicación si no se cuenta con la cooperación activa de organizaciones sociales, políticas y religiosas, además de campañas que involucren a la sociedad en su conjunto y la sensibilización acerca del peligro de las armas y la importancia del desarme. Respecto a la reforma del Código Penal y del COPP, se conoce que las mismas están a cargo de una Comisión ad hoc de la AN, altamente calificada para el particular31. Todavía no se conocen los proyectos correspondientes. No obstante, cabe señalar que el COPP estaría ya en su tercer proceso de reforma, destinada, según las autoridades policiales, a hacer más expedita su aplicación32. Planes y Programas. La ejecución de los planes y programas en materia de seguridad ciudadana tiene dos características centrales que explican su desarrollo en el contexto nacional: una vinculada con las instituciones estatales encargadas de su implementación, y otra de índole metodológico, referente al diseño y ejecución de medidas en el mediano y largo plazo dentro de una estructura de plan. Respecto al primer punto se observa que persiste el recurrente cambio de ministros a cargo de la cartera del Interior y Justicia, con las consecuencias propias que cambios de esta naturaleza suponen en el país. De hecho, en los meses del año 2002 que abarca este Informe, se cambió de ministro en dos oportunidades, lo que significa que en un periodo de nueve meses el país contó con tres ministros diferentes del Interior y Justicia. La falta de una política por parte del Estado venezolano en materia de seguridad ciudadana, es más que evidente al observar la serie de descalabros institucionales que produce cada cambio de Ministro. Retrasos institucionales, continuas revisiones de proyectos que deberían encontrarse en fases de ejecución más avanzadas, la reorganización de la nómina directiva con cada nuevo ministro, son algunos de los efectos de cada cambio de autoridad, sin contar los que produce una alta rotación como ésta. Cada nuevo titular emprende un proceso de (re) conocimiento de la situación del Ministerio y de las acciones prioritarias a desarrollar y realiza modificaciones en los programas y políticas previstas. Ello refleja, además, las limitaciones existentes en el país en lo que respecta al desarrollo de visiones institucionales, las cuales se observan cada vez más debilitadas por la preeminencia de posturas personalistas en lo relativo a la conducción de los o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
