Pobres, protesta y socialismo
Andrés Cañizález (El Nacional, 12.12.06, A/8)
¿Cómo hacen oír su voz de protesta los pobres en Venezuela? No hace falta ningún tratado sociológico para constatar que la mayoría de protestas como cierre de calles, toma de edificaciones públicas o concentraciones públicas, tienen como protagonistas a vecinos, trabajadores o estudiantes. Dichas manifestaciones pacíficas, generalmente suceden una vez que los afectados han recorrido sin éxito el calvario de los procedimientos establecidos, y la respuesta estatal ha brillado por su ausencia.
Claro, muchos podrían argumentar que no sólo podrían esperarse respuestas del Estado, y que esa actitud es alimentada por el populismo del actual gobierno. Pero tampoco puede obviarse un asunto central: la responsabilidad es estatal en materias de servicios públicos, y el papel público es ineludible en la asistencia a los más pobres.
En los días previos a las elecciones, sin ir muy lejos, pudimos ver a personas que se clavaron sus manos en árboles en las inmediaciones del Ministerio de Vivienda, y a otras tantas acampando a las puertas de La Casona. Estas personas llegaron al uso de estos recursos extremos una vez que quedaron hastiados de la falta de respuestas oficiales. Fueron sólo dos ejemplos de la multiplicación de la protesta que viene dándose en el país, y que en su gran mayoría encabezan personas que se identifican con el proyecto gubernamental.
El tema, sin embargo, tiene otra lectura después de leerse el más reciente informe del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), que comprende el período entre octubre 2005 y septiembre 2006. Una versión electrónica del mismo puede visitarse en: www.derechos.org.ve. Durante el año que abarca el informe se evidenciaron dos tendencias, ambas igualmente preocupantes en relación con el papel del Estado y aquella protesta popular, que usualmente reivindica derechos. En primer lugar salta a la vista la respuesta de carácter represiva que se está dando.
Durante el período fueron reprimidas una de cada 22 manifestaciones, lo cual es un claro retroceso pues en el lapso 2004-2005 la misma Provea constató que se reprimió a una de cada 79 protestas. Es decir, el Estado es menos tolerante con la manifestación pacífica, y ésta –debemos insistir– la encabezan hoy venezolanos que se identifican con las banderas del proceso bolivariano.
La represión de la protesta popular es francamente paradójica en una administración que levanta la bandera de defender a los pobres. Y más contradictorio aún resulta el uso desproporcionado de la fuerza y el involucramiento de un cuerpo militarizado como la Guardia Nacional. El número de lesionados por perdigones, golpes, asfixias y otros maltratos, se incrementó en 130% en el último año, de acuerdo con el documento de la ONG de derechos humanos, si se le compara con el año anterior. Es lógico, en la medida en que hay más represión de la protesta, aumenta el número de víctimas, de carne y hueso, que reciben castigo por exigir una mejor calidad de vida.
En tanto, la respuesta de entidades como la Defensoría del Pueblo ha sido esporádica, sin que se evidencie una condena tajante ante lo que evidencia un retroceso en materia de derechos humanos en el país.
Silencio también ha guardado la Defensoría del Pueblo en relación con la otra tendencia que cobró vigor durante el período 2005-2006, de acuerdo con el registro de Provea. Se trata de la criminalización de la protesta, y no es un aspecto casual o secundario, pues según el registro de Provea, y con información del Ministerio Público, unas 60 personas están siendo sometidas a procesos judiciales, teniendo como delito el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación.
Cuando se debatía en la Asamblea Nacional la reforma del Código Penal resultó llamativa la crítica que hizo la dirigente chavista Lina Ron. A su juicio, no debía aprobarse un código que castigaba el derecho de manifestar, porque ella autodefinía al movimiento bolivariano "como hijo de la protesta popular", por lo cual era contradictorio que precisamente diputados que se inspiran en este proceso, quisieran poner freno a la expresión. Este señalamiento puede verse hoy como premonitorio pues cuando se revisa la lista de personas enjuiciadas por protestar, el Código Penal ha resultado el arma legal más utilizada y en la fila de los acusados aparecen, principalmente, personas que políticamente se identifican como chavistas.
No hace falta tener una bola de cristal para pronosticar que la protesta popular continuará ascendiendo durante los próximos meses. La bonanza petrolera, unida a un discurso que promete el reparto de la misma, generan no pocas expectativas, especialmente entre los más pobres. Las actuales respuestas oficiales, ante la protesta, no son aceptables ni política ni jurídicamente.
Abren serias interrogantes sobre cómo se conjugan en nuestro país gobierno y demandas populares, especialmente cuando tanto se habla del socialismo del siglo XXI
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