Provea denunció aumento en la discriminación política

El coordinador de la organización no gubernamental, Marino Alvarado, aseguró que el derecho a las manifestaciones públicas se vio disminuido este año y que las agresiones por parte de los cuerpos de seguridad incrementaron en más de 130%

Vanessa Gómez Quiroz
(El Nacional, 09.12.06, A/2)
 
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) hizo público ayer su 18º informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en el país con lo que destacaron su preocupación por el aumento en la discriminación política y la criminalización de las protestas pacíficas.

El coordinador de la organización no gubernamental, Marino Alvarado, explicó que en el período de estudio –octubre 2005 a septiembre 2006– aumentaron las presiones a grupos opositores por razones políticas y a funcionarios públicos.

"Sigue implantada como política de Estado la discriminación, el despido a los trabajadores por pensar distinto a como piensan las élites políticas del país, sigue la exigencia en algunos entes públicos al personal para que asista a actos oficialistas, se da por coacción o simplemente porque quien no va corre el riesgo de ser despedido".

Aseguró que fueron varias las denuncias de funcionarios públicos víctimas de ese tipo de presiones e, incluso, presentaron pruebas de oficios en los que se les invita con carácter obligatorio a eventos oficiales, sobre todo aquellos en los que se hace presente el presidente Hugo Chávez.

Provea exige al Estado el cese inmediato a la discriminación política. "No puede haber sociedad democrática, participación efectiva y consolidación de espacios sociales y democráticos mientras haya discriminación política, muchos dejarán de participar mientras eso acarree un riesgo para su bienestar."

No a la protesta
Alvarado recalcó que una de las tendencias represivas que más preocupa a Provea tiene que ver con la criminalización de las manifestaciones políticas y sobre todo las que reclaman derechos sociales.

"Este Gobierno había sido tolerante frente a la protesta popular pero en el último semestre la tendencia a perder la paciencia frente a ellas aumentó".

Provea constató que este año se reprimieron más movilizaciones que en los 7 años anteriores. De 1.280 manifestaciones pacíficas, 58 fueron reprimidas por organismos de seguridad del Estado.

Las agresiones y detenciones en contra de los manifestantes aumentaron en más de 130% (113 casos) al comparase con los 49 afectados el período anterior.

"No tenemos una discriminación de cuántos eran opositores y cuántos eran favorables al Gobierno, no está estadísticamente establecido, pero sí visualmente, es decir, la mayoría de las protestas que se han hecho en el país son protestas por derechos sociales y de gente que políticamente se identifica con el Presidente y eso se ve en lo que dice la gente, siempre cuestionan a los otros funcionarios del Gobierno pero reivindican a Chávez".

La entidad federal con mayor cantidad de violaciones fue el estado Aragua y el organismo de seguridad que más reprimió las protestas fue la Guardia Nacional.

Alvarado destacó que "las manifestaciones por derechos políticos fueron muy pocas, no sólo este año, en 2005 también; las grandes concentraciones por motivos políticos del 2002 y el 2003 fueron sustituidas por las de derechos sociales y muchas de ellas por las que buscan reivindicaciones en materia de viviendas".

Más críticas
Marino Alvarado destacó que la presentación del 18º informe anual coincidió con un momento coyuntural particular al referirse al final del período presidencial actual por la reelección de Hugo Chávez.

Por lo tanto agregó que durante los ocho años del Gobierno ha habido "luces y sombras" y entre los aspectos negativos recalcó la falta del Poder Legislativo en aprobar los textos legales necesarios en materia social.

"La Asamblea Nacional no tiene la excusa de que no la dejan trabajar porque es monolítica, sigue siendo ineficiente y no responde a las expectativas y no cumple con sus funciones".

El coordinador de Provea manifestó que no está de acuerdo con la reforma constitucional propuesta por el Presidente por considerar que hay asuntos más importantes que atender.

Criticó a la Defensoría del Pueblo por no pronunciarse en torno a la discriminación política y a la criminalización de las protestas y por convertirse más bien en la "defensora del Estado ante la flagrante violaciones a los derechos humanos".

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