Aumentan 84% violaciones a la integridad personal de los venezolanos

Provea, en su informe 2005-2006, contextualizó cinco patrones de transgresiones a ese derecho humano: tortura; tratos o penas crueles y degradantes; heridos; allanamientos ilegales y amenazas. La corrupción, el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza son los males de los cuerpos de seguridad más denunciados

Narela Acosta Ramírez (El Nacional. 17.12.06, B/23)

Corrupción, falta de capacitación, violencia e ineficiencia son los principales problemas de los cuerpos de seguridad del Estado, según las consultas realizadas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial.

Cobro de vacunas, abuso de autoridad en alcabalas móviles, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, ejecuciones, hostigamiento, agresiones físicas, maltrato, lesiones, son las denuncias que con mayor frecuencia efectúan los venezolanos sobre las policías, por lo que activistas de derechos humanos y especialistas en materia de seguridad reconocieron como indispensable trabajar en la capacitación y disciplina de los uniformados.

Expertos en seguridad, como Javier Gorriño y Sixto Peña, catalogaron como excepcionales estas medidas policiales, en vista de que están consolidadas en un reducido grupo. Esos procedimientos fuera del orden jurídico y del respeto a los derechos humanos, según afirmó Manuel Gandara, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, están condensados en diferentes patrones.

En el reciente informe de Provea –septiembre 2005–octubre 2006– se registra un aumento de las violaciones al derecho humano de la integridad personal. Se contaron 1.478 víctimas en 2006, cuando en 2005 fueron 800. El incremento se presenta sólo en el patrón de tratos o penas crueles, donde se contabiliza un incremento de 177%, con 1.394 víctimas, 891 más que el año anterior. Los otros patrones presentaron descensos: la tortura, heridos por arma de fuego, allanamientos ilegales, amenazas u hostigamientos.

En cuanto a la libertad personal, Provea registró que de los 101 cuerpos de seguridad que existen en el país, 34 reportan denuncias por violaciones a este derecho. Además, observó una disminución en las violaciones en tres patrones analizados (detenciones masivas, detenciones individualizadas y desapariciones forzosas): 1.298 víctimas en el último año que, comparadas con el período anterior en el que hubo 2.755, denotan una disminución del 30%.

El respeto al derecho a la vida está mejor evaluado en el informe, en vista de que Provea observó un aumento de 4%. En el período septiembre 2005–octubre 2006 se contabilizaron 169 denuncias de violaciones, siete más que en el lapso anterior. "El patrón ejecución concentra el mayor número de víctimas ascendiendo a la cifra de 140 fallecimientos equivalentes a 82% del total de muertes conocidas como violación al derecho a la vida". Por uso excesivo de la fuerza se registraron 11 fallecimientos y, en tercer lugar, por uso indiscriminado de la fuerza, ocurrieron 9 muertes. "Se identifica cuando menos una víctima en este patrón en 83% de las entidades federales", reseña el informe.

Denuncia necesaria
Algunos de los casos reseñados por Provea reflejan cómo operaron estos males de la policía en la cotidianidad de algunos venezolanos.

La Policía de Carabobo detuvo a 371 personas durante un operativo de prevención ciudadano en Puerto Cabello, el 28 de enero de 2006.

Los detenidos fueron en su mayoría hombres de zonas populares de la región central. La misión era combatir la delincuencia con un operativo policial especial de carácter preventivo. Ese fue el argumento de las autoridades que, al constatar que ninguno de los cientos de detenidos tenía antecedentes ni solicitudes por parte de los cuerpos de seguridad, tuvieron que dejarlos en libertad.

El caso de Miguel Piña, denunciado en enero de 2006, reúne tres de los flagelos más conocidos: detención arbitraria, tortura y ejecución. En el estado Yaracuy, una comisión especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas enviada desde Caracas se llevó a Piña, relató su esposa, Betsy Vallés, porque supuestamente estaba involucrado en un atraco. Al parecer, no tenían orden de detención. Luego Vallés recibió una llamada en la cual le informaron desde Coro que su esposo murió en un vuelco en la vía a Churuguara. Ella afirmó que el cuerpo de Miguel Piña tenía evidencias de tortura, y aseguró que lo mataron a golpes.

El diputado Juan José Molina afirmó que estos males podrían mejorar con la reforma policial. "En el caso de diagnóstico que hizo la Conarepol de los cuerpos policiales detectamos que el problema de la corrupción tiene muchas aristas, como la disposición de recursos del Estado o malversación y la conocida matraca, que es lo que la gente más denunció, por los policías que impiden el libre tránsito, o con el cobro de dinero a personas que tienen antecedentes o que tienen comercios, o a los que detienen por no tener la cédula, por ejemplo", dijo el diputado, también comisionado de la Conarepol.

Molina recordó la importancia de la denuncia para acabar con estos comportamientos policiales. "En la Asamblea Nacional, con la sanción de la ley de protección a víctimas y testigos, dimos los primeros pasos para que se denuncie sin temor, porque el Estado está obligado a protegerlos. Además, el Ministerio de Interior y Justicia abrió una línea de atención a la víctima".

Javier Gorriño, ex funcionario policial, señaló que es necesario sensibilizar al policía en cuanto al trato del ciudadano, y a veces con los delincuentes. "El maltrato viene por dos situaciones, una es la mentalidad que adquirió el policía en su formación y la otra es que el trabajo policial es de mucha presión y los horarios no están bien diseñados".

Consideró que aparte de la denuncia en las inspectorías de los cuerpos policiales, es indispensable mejorar la supervisión inmediata de los uniformados.

Además, cree que en Caracas, por lo menos, no hay presencia policial y que las alcabalas son operativos que no cumplen con la función de brindar seguridad, porque la actuación del funcionario es muy discrecional, que genera espacios para la corrupción.

Avances y retrocesos
Manuel Gandara, abogado de la Red de Apoyo, explicó que este año hubo un aumento en los casos de desaparición forzosa, y que ese incremento ha sido una constante en los últimos años. "En 2002 no tuvimos casos, en 2003 hubo 2 casos, en 2004 tuvimos 4, en 2005 registramos 6, y en 2006 tuvimos 9. Este es un aumento progresivo de la práctica de desaparición, que requiere ser atendida. Si se está instalando ese patrón en los cuerpos de seguridad es necesario tomar los correctivos a escala nacional", precisó.

La red también atendió en este año 38 casos de violaciones a la integridad personal, 14 por violación al derecho a la vida, 5 casos por amenazas y 4 por detenciones arbitrarias.

De los 71 casos atendidos en 2006 por esta ONG de derechos humanos, en 21 se señala al Cicpc, en 14 a la Policía Metropolitana, en 6 a la Guardia Nacional, y 5 fueron operativos conjuntos del Ejército con el Cicpc.

A pesar de esta realidad, Gandara estimó que últimamente las autoridades comienzan a tener un discurso que promueve la importancia de los derechos humanos en las actuaciones de los cuerpos de seguridad, "y eso nos ha llevado a la revisión policial".

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