Provea preocupada por pérdida de tolerancia ante protestas Juan Francisco Alonso / El Universal La paciencia que el gobierno del presidente Hugo Chávez venía teniendo frente a las protestas "se está perdiendo". Así lo denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), cuyos representantes advirtieron que esa situación "nos podría colocar, en un futuro, en escenarios de represión", pues, según ellos, en el corto y mediano plazo se producirá un incremento en el número de manifestaciones para exigir la solución de los graves problemas sociales que aquejan al país. Al presentar su decimoctavo informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el coordinador general de la agrupación, Marino Alvarado, afirmó: "Este gobierno se ha caracterizado, durante sus ocho años de gestión, por su tolerancia frente a la protesta. Sin embargo, nos preocupa la tendencia a perder la paciencia ante los reclamos, porque también hay una tendencia al crecimiento de la protesta social, por servicios públicos, por el derecho a la vivienda y esta combinación, de incremento de la protesta y de pérdida de paciencia del Gobierno, nos pudiera colocar en escenarios de represión". El vocero precisó que entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 registraron que 58 de las 1.280 protestas pacíficas ocurridas en el país fueron obstaculizadas o impedidas por los cuerpos de seguridad del Estado, cifra que triplica a lo ocurrido en el período anterior. Alvarado también denunció que buena parte de las personas a las que se les está aplicando la reforma del Código Penal, la cual sanciona con prisión a quienes cierren u obstaculicen vías (principal forma de protestar) son dirigentes sindicales, estudiantiles y vecinales "que se identifican con el Gobierno". Interrogado sobre cómo habían llegado a esa conclusión, dijo: "Basta con verlos y escuchar sus reclamos". Asimismo dijo que se mantuvo la discriminación por razones políticas en el sector público. "Sigue implantado, como política de Estado, el despedir trabajadores por pensar distinto a como lo hacen las élites que gobiernan, lo cual constituye una violación al derecho constitucional de la libre participación". Sobre este asunto, en el informe se recoge una comunicación de fecha 21 de octubre de 2001, firmada por Mary Carmen García, jefa encargada de recursos humanos de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor de Caracas, en la que se le ordena a los empleados de esa institución acudir "obligatoriamente" al programa Aló Presidente que se iba realizar el 23 de ese mes en la Escuela Gran Colombia y se les advierte que "se corroborará la asistencia". Alvarado informó también que el número de denuncias de violaciones a la libertad de expresión se ubicó en 142, lo que representa un incremento de 65,12%con respecto al período anterior. "Nos preocupa el incremento del número de juicios contra comunicadores sociales, procesos que son, en su mayoría, por demandas de difamación y que tienen su origen en una denuncia que hizo el comunicador sobre posible corrupción o una conducta indebida de un funcionario público", reseñó. Por último, rechazó la propuesta presidencial de reformar la Carta Magna, pues, según él, "con la Constitución que hay se pueden garantizar políticas públicas que favorezcan a todos los sectores sociales y que el país pueda avanzar en calidad de vida e institucionalidad democrática. Lo que hay que hacer es cumplir lo que está en la Constitución". :: “Aspirábamos un mejor desempeño de este gobierno" "Aspirábamos de este gobierno una mejor situación en derechos humanos, porque las élites que hoy gobiernan fueron cuestionadoras de las violaciones de derechos humanos de lo que ellos llaman la IV República" afirmó, al tiempo que agregó: "La situación de los pobres no ha variado mucho. Creemos que después de ochos años y con la cantidad de recursos que ha manejado el Gobierno los resultados no son satisfactorios y que se ha podido hacer más". El vocero también afirmó que varios son los desafíos que tendrá que asumir el mandatario recientemente reelecto para poder cumplir su promesa de "transformar radicalmente" al país; y enumeró algunos: "El Presidente deberá acabar con el desorden en las fuentes de financiamiento de sus planes y programas sociales, pues esto favorece la corrupción. Tendrá que fomentar la institucionalidad democrática, deberá favorecer el diálogo para poder resolver los conflictos. También tendrá que combatir la impunidad y poner fin a la discriminación política", concluyó. JFA :: Otras observaciones Cada vez peor. La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos también expresó su preocupación por la situación de los cuerpos policiales, los cuales, según ella, abusan e incurren cada vez más en graves delitos, tales como desapariciones forzadas (este año registraron 15), ejecuciones (169 denuncias recibieron) y torturas (19 casos tramitaron). Igualmente lamentaron que las autoridades no tomen medidas para atajar la crisis carcelaria, la cual ha cobrado la vida de 2.358 en los últimos seis años. JFA |