Hoy se conmemoran 60 años del 23 de enero de 1958, fecha en la que la organización y movilización popular derrotaron a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una de las etapas más represivas de nuestra historia, y se dio inicio al período conocido como la democracia representativa.

Para Provea es propicio recordar en este día el valor de la democracia y la organización ciudadana, como elementos esenciales para la construcción de un régimen de derechos y para condenar los autoritarismos de toda índole. El 23 de enero de 1958 demostró ante la historia que a pesar de la aparente fortaleza de las dictaduras, estas no pueden detener la fuerza de un pueblo organizado y convencido de la necesidad de los cambios.

Transcurridos 60 años del movimiento histórico que condujo a la caída de la última dictadura del siglo XX en Venezuela, nuestro país atraviesa nuevamente el camino del autoritarismo y la consolidación de un régimen que cerró los espacios democráticos y niega las garantías para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Desde el 20 de octubre de 2016, con la suspensión inconstitucional del mecanismo de Referendo Revocatorio presidencial, Provea, calificó a la administración actual como una dictadura moderna, al no respetar los principios básicos de la democracia, a pesar de haber llegado al poder por el mecanismo democrático del sufragio universal. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de abril de 2017 ratificaron la deriva dictatorial de un gobierno elegido democráticamente.

Basándonos en situaciones similares ocurridas en América Latina, concretamente el caso del Perú de Alberto Fujimori, Provea realizó un inventario de características que podrían definir a una dictadura moderna:

• A diferencia de las dictaduras tradicionales, que alcanzaban el poder mediante un golpe de Estado militar, las dictaduras modernas llegan al poder mediante elecciones.

• Promueven un proceso de “refundación” del Estado a partir de la aprobación de una Constitución que formalmente incorpora nuevas garantías para la vigencia de los derechos humanos, que no obstante no cuentan con la voluntad política para materializarlas en la realidad.

• Las dictaduras modernas erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario.

• El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a las decisiones arbitrarias y para la criminalización de la protesta y persecución de la disidencia.

• Construyen, retórica y legislativamente, un “enemigo interno” que les permita aprobar estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales.

• De manera progresiva, las dictaduras modernas militarizan el sistema de administración de justicia y utilizan los tribunales militares para enjuiciar a civiles bajo leyes de excepción y delitos tipificados bajo la noción de “traición a la patria” y “lucha antiterrorista”.

• No prohíben, de manera absoluta, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, asociación, manifestación y libre expresión, utilizando las amenazas y agresiones selectivas, las sanciones administrativas y el uso de los tribunales para castigar la crítica y la disidencia.

• Controlan el poder electoral, erosionando su autonomía, y solo realizan elecciones cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables.

• Criminalizan los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos y se retiran de la competencia de tribunales inter- nacionales que, en esta materia, pudieran generar decisiones condenatorias contra los Estados.

• Sobre el monitoreo de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, la información es contradictoria: mientras el Perú de Fujimori permitió las visitas de organismos como la CIDH, la Venezuela de Chávez y Maduro las impidió. Sin embargo, ambos Estados continuaron enviando información a mecanismos de Naciones Unidas, lo que sugiere la importancia de mantener la apariencia del respeto a los derechos humanos en el escenario internacional.

• Utilizan los medios públicos tanto para justificar sus actuaciones arbitrarias como para criminalizar o desprestigiar a líderes políticos y sociales.

• Realizan un esfuerzo de cooptación de organizaciones sociales que son puestas a su servicio para usarlas en labores políticopartidistas, e incluso como informantes de los organismos de inteligencia. En este esfuerzo, anteriores organizaciones sociales son sustituidas por nuevas formas organizativas creadas por decreto.

• A diferencia de las tradicionales, las dictaduras modernas no promueven las desapariciones forzadas masivas debido al alto costo político que generarían, en un mundo interconectado por las nuevas tecnologías de información, que hacen improbable o muy difícil la total invisibilidad de graves violaciones de derechos humanos.

• Si bien solo contamos con dos casos de estudio, como hipótesis afirmamos que las dictaduras modernas pueden generar indicadores macroeconómicos positivos y de desarrollo económico que no se traducen en la disminución estructural de la pobreza y la mejoría sustentable de la situación de las mayorías.

En nuestro Informe Anual enero-diciembre 2016, publicamos un trabajo especial sobre el quiebre democrático en Venezuela y el ascenso de la dictadura titulado “La ruta hacía la dictadura” que ponemos a tu disposición para su consulta y descarga.

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