Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación, y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua. La Comisión también ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

Durante las primeras semanas del año, el MESENI de la CIDH recibió información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato ocurrida en el barrio Fox el 2 de enero, y la de Keneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3 de enero. Para estas detenciones la Policía habría desplegado unos treinta efectivos antimotines acompañados de perros. Además, el 11 de enero, en el poblado El Jícaro en Nueva Segovia, fueron detenidos Jorge García y Salvador Orozco por realizar pintadas de protesta contra el Gobierno en letreros públicos. En el momento de la detención fueron llevados a la delegación del Jícaro y luego a la delegación departamental del Jocotal. Sin embargo, durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron información precisa sobre su paradero, ninguno de los dos había sido presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría justificado la detención. Finalmente, Jorge García y Salvador Orozco fueron liberados de la estación policial el 19 de enero.

Lo anterior pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias ininterrumpido en el que la detención preventiva pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno. La CIDH recuerda al Estado que una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en la norma. La CIDH hace presente, además, que las detenciones ilegales y arbitrarias constituyen verdaderas penas aplicadas sin que se haya llevado a cabo un debido proceso legal.

La Comisión también recibe con profunda preocupación el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo. A través del MESENI, la Comisión tomó conocimiento de que la noche del 31 de diciembre en la cárcel La Modelo, un grupo de antimotines, armados con fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros agredieron a un grupo de internos que había entonado el himno nacional. También se conoció sobre la golpiza recibida el 11 de enero por Francisco Sequeira, recluido en dependencias de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. La agresión habría sido cometida por varios funcionarios, como represalia por la eventual grabación de un video en el que el interno Chester Membreño habría comunicado su testimonio desde el interior de la unidad penal. Sequeira habría sido rociado con gas pimienta y, luego de la agresión, dejado en su celda sin atención médica. Similares denuncias llegaron a la CIDH sobre la agresión, el 16 de enero, contra Kenia Gutiérrez, recluida en la cárcel La Esperanza. Según la denuncia pública, la detenida habría comparecido a su primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, los que habría recibido de una funcionaria penitenciaria como represalia por haber brindado agua a otra mujer detenida. En el mismo contexto, la CIDH ha tomado conocimiento de que los días 23 y 24 de enero, agentes penitenciarios realizaron allanamientos en las galerías 16-1 y 16-2 de la cárcel la Modelo e inutilizaron los alimentos no perecibles de las personas privadas de libertad en el lugar. Además se habrían apropiado de varios utensilios y productos de primera necesidad que regularmente traen los familiares de los detenidos para su aseo personal, lo que podría afectar sus condiciones de salud e integridad. 

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, expresó que “se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”. La Comisionada añadió: “reitero el llamado al Estado al cese de la represión, así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares y al restablecimiento de las garantías del debido proceso”.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre personas privadas de la libertad que no estaría recibiendo la debida atención médica. En este marco, la CIDH expresa su especial preocupación por el caso de María Mercedes Chavarría, que se encuentra con parte importante de su cuerpo paralizada sin que se haya brindado información sobre su estado de salud, ni se haya provisto la atención médica que requiere. También se recibieron antecedentes de la operación de reparación del marcapaso a la que fue sometida el 7 de enero Ruth Matute, detenida también en la cárcel La Esperanza, y quien tuvo que ser intervenida de suma urgencia debido a la desatención por las autoridades penitenciarias de la seria condición médica que padece.

La Comisión ha expresado en reiteradas ocasiones la grave violación a los derechos humanos que constituye la falta de atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. La CIDH recuerda nuevamente a las autoridades del Estado de Nicaragua su insoslayable obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia y de brindar las condiciones sanitarias y de atención médica adecuada. La Comisión recuerda que el incumplimiento de esta obligación, en particular cuando se trata de personas confinadas bajo el control de agentes estatales, constituye una seria violación a los derechos humanos. 

El Relator para Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Joel Hernández, expresó que “las condiciones de reclusión deben tener en cuenta el especial deber de protección del Estado con la integridad y salud de las personas recluidas”. Asimismo, añadió que “el Estado de Nicaragua debe modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los estándares a los que está obligado”.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad, la CIDH toma nota que la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua el 23 de enero de 2019 tuvo acceso a las personas detenidas en los centros de detención denominados La Esperanza y El Chipote. Si bien la visita confirmó las preocupaciones sobre la salud de las personas detenidas y sobre las condiciones generales de reclusión, la CIDH toma nota de la apertura del Gobierno para facilitar la visita y el contacto con los detenidos. 

En las últimas semanas sigue la ofensiva para cerrar y censurar medios de comunicación independientes, detener y encarcelar periodistas y forzar al exilio a los nombres más importantes del periodismo nicaragüense. La CIDH ya había denunciado los ataques a la prensa ocurridos desde el inicio de la crisis, entre los que se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de Nicaragua (Comunicado R267/18). En este mismo ámbito, la Comisión recibió información sobre la criminalización de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, Jefa de Prensa y Director del canal de televisión 100% Noticias, quienes fueron detenidos el 21 de diciembre y luego acusados de “proposición y conspiración para cometer actos terroristas y apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio”, junto a otros tres trabajadores de la prensa, Jaime Arellano, Jackson Orozco, y Luis Chavarría Galeano, quienes habrían abandonado el país.

La Policía Nacional mantiene el control y ocupación de las plantas y equipos de las redacciones de 100% Noticias y el medio digital El Confidencial. El ente regulador de las telecomunicaciones suprimió de la grilla de la televisión para abonados canales con líneas editoriales independientes, como 100% Noticias. Asimismo, el Canal 12 ya no transmite los programas “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se producían en las instalaciones de El Confidencial. Las autoridades mantienen retenidas en la aduana las importaciones de papel realizadas por el histórico diario La Prensa, que publicó su portada en blanco como una forma de denunciar este nuevo mecanismo de censura, mientras que anunció el inminente cierre de su edición papel debido a la medida. 

A lo largo de los últimos tres meses, se han exiliado más de 60 periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos controlados por el Estado. En paralelo, el Gobierno favorece al duopolio que mantiene el control de la mayor parte de la televisión y la radio en Nicaragua. De acuerdo a información pública, uno de esos grupos estaría constituido por miembros da familia del Presidente y la Vice Presidenta del país.

“La democracia y el Estado de Derecho son incompatibles con la criminalización de la prensa independiente. El uso del derecho penal para castigar la emisión de información u opiniones, conforme a un criterio fuertemente asentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola abiertamente sus estándares. El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes apego a los principios democráticos”, sostuvo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado su preocupación por la garantía de los derechos sociales en Nicaragua, en relación con los actos de represión por parte del Estado desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018. Recordando que dichas protestas siguieron al anuncio de una reforma del seguro social, la REDESCA de la CIDH manifiesta su preocupación ante la adopción del Decreto Presidencial No. 06-2019 en la materia, publicado el 1 de febrero. Dicho decreto contiene reformas al “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entre otros aspectos, la reforma implica aumentos en las cotizaciones de trabajadores y empleadores, omite referirse a la actualización periódica de las pensiones ahora en el 5% anual, e introduce modificaciones en el cálculo de las mismas que puede suponer una disminución de hasta el 30% en las nuevas pensiones. Recordando el carácter progresivo de los derechos sociales y ambientales, la REDESCA expresa su preocupación por el carácter prima facie regresivo de tales reformas y su potencial impacto negativo para los derechos humanos de la población nicaragüense, en particular para los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores. 

La CIDH y la REDESCA también han recibido información que indica que las reformas son decretadas sin un apropiado proceso de consultas, información y diálogo con los diferentes sectores afectados. Un Decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas que afecten derechos sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a DESCA. La CIDH y su REDESCA recuerdan que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos interamericanos y universales vigentes requiere que cualquier medida que afecte al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenga la consideración más cuidadosa y se justifique plenamente en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles. Además, la toma de decisiones debe producirse en el marco de procesos transparentes y ampliamente informados, asegurando una amplia y efectiva participación social que permita a las autoridades evaluar el impacto y considerar con seriedad todas las alternativas diferentes a la adopción de medidas de naturaleza regresiva.

Asimismo, la REDESCA reitera que una reforma al sistema del seguro social debe tomar en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera, sino fundamentalmente de derechos humanos. “Cualquier proceso de reforma legislativa que afecte derechos sociales debe garantizar la participación ciudadana y evaluar exhaustivamente el impacto para la realización de tales derechos antes de su adopción”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH.

La CIDH urge a restablecer las condiciones propias de un Estado de Derecho en Nicaragua. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas. Asimismo, reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.


Prensa CIDH