Maduro llegó a la presidencia afirmando que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Al igual que Hugo Chávez criticó el modelo económico neoliberal y condenó el papel que las transnacionales y las corporaciones financieras, han tenido en el sojuzgamiento de los países y los pueblos pobres y en vías de desarrollo.

Maduro, hoy devenido en dictador, prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad. Una mentira tras otra, Nicolás Maduro se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día, un verdadero presidente antiobrero. Su dictadura no sólo viola abiertamente los derechos a la libertad personal; a la vida y a la integridad personal, cometiendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias mediante la OLP o en el contexto de manifestaciones, sino que además impone un modelo económico que genera más exclusión y empobrecimiento, mediante un proceso sostenido de ajustes de precios; una política fiscal y una inflación descontrolada que deteriora el salario, asi como el desconocimiento de las obligaciones estatales respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población.

La dictadura de Maduro acabó con los avances en la lucha por la reducción de la pobreza alcanzados entre 2006 y 2012. Su gobierno extinguió, debido al irresponsable manejo de las finanzas públicas y la represión generalizada, la posibilidad de consolidar un entorno favorable para luchar contra la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia.

Sin democracia, no hay derechos humanos, y en tanto los ciudadanos estén sometidos a severas restricciones para el ejercicio de sus derechos a la información, expresión, asociación, sindicación, manifestación, entre otros; los derechos económicos, sociales y culturales estarán en riesgo y su garantía será una incertidumbre. En dictadura, la impunidad y la pobreza seguirán siendo las principales, e insuperables, violaciones de derechos humanos.

La dictadura hipoteca el futuro del pueblo

Los gobiernos autoritarios que cometen generalizadas y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos a menudo presentan serios problemas de financiación debido a su ilegitimidad política y al cuestionamiento nacional e internacional por sus abusos contra la población. Este tipo de gobiernos, como en el caso de la dictadura venezolana, intentan conservar el poder a cualquier costo y para ello recurren al uso excesivo de la fuerza, la persecución de la disidencia política y el terrorismo de Estado con el objetivo de inhibir a la población a que se manifieste en las calles a favor de la restitución de los derechos y el cambio político.

En un escenario globalizado y abiertamente favorable a la restitución y fortalecimiento de las democracias, estas dictaduras deben hacer frente a las limitaciones económicas derivadas de su ilegitimidad y cuestionamiento internacional. Además, deben sortear las severas limitaciones generadas por las contracciones económicas, que por lo general son consecuencia directa de la corrupción descontrolada debido a la ausencia de mecanismos de contrapeso, supervisión y sanciones a los funcionarios involucrados en este tipo de delitos. En dictadura, un contexto de contracción económica y déficit presupuestario no es asumido como una afectación al pueblo y a su derecho a un nivel de vida adecuado, sino más bien como una amenaza potencial que puede mermar la capacidad del aparato represivo para detener el descontento popular. No en vano, la dictadura venezolana ha desconocido reiteradamente la grave crisis en salud y alimentación, mientras sigue inyectando recursos para el fortalecimiento del aparato represivo.

Las dictaduras deben hacerse de recursos, no para garantizar el bienestar de la población, sino para garantizar la lealtad y la eficacia del aparato represivo. En esta lógica, el presupuesto del Estado y los pocos recursos disponibles son destinados a la represión y no a la solución de los problemas de la gente.

Los inversores extranjeros suelen resultar beneficiados por regímenes violadores de derechos humanos. Dictaduras como las de Maduro limitan severamente los derechos a la asociación, manifestación pacífica y libertad sindical, que en períodos de crisis económica e inestabilidad política son esenciales para la defensa de derechos y garantías ciudadanas. La rentabilidad para las inversiones de los buitres financieros, suele ser más alta en contextos de abiertas violaciones de derechos humanos, ya que la capacidad de respuesta y protesta social está seriamente amenazada por el aparato represivo del Estado, y los mecanismos de contraloría y contrapesos institucionales están tan deteriorados que -en una estrategia de supervivencia-, los regímenes autoritarios ofrecen ventajas incomparables a estas corporaciones. Tal es el caso de la inversora Goldman Sachs que otorgó un salvavidas financiero a la dictadura venezolana, al comprar US$2.800 millones en bonos de la estatal PDVSA al Banco Central de Venezuela, por los que sólo pagó US$865 millones, y que según reportes de prensa ejecuta actualmente estrategias de “lobby” para preservar sus intereses sobre la deuda venezolana. Más fondos para la dictadura se traducen en fortalecimiento del aparato represivo y liberación de fondos para la comisión de más abusos contra los derechos humanos.

La dictadura de Maduro construye exclusión y represión. Desde 2014 la represión generalizada ha sido la única respuesta del gobierno ante las demandas ciudadanas. El aparato represivo del Estado ha asesinado y encarcelado a cientos de ciudadanos pobres y/o dirigentes políticos, para favorecer el endeudamiento desmedido, la corrupción, y el sosten inmoral de una dictadura que condena al hambre a millones y gasta los recursos de los venezolanos en armas para reprimir al pueblo.

Para Provea la única respuesta del pueblo debe ser la rebelión, pacífica, democrática y popular, como única alternativa para enfrentar la tiranía y construir un régimen de derechos.


Prensa Provea