Un conjunto de países latinoamericanos han perdido la libertad digital en el último año debido a la implementación de mecanismos de manipulación por parte de sus Gobiernos, así lo reflejó de forma detallada la organización Freedom House.

La organización advierte sobre los riesgos en la región y sobre el cambio de estatus en ciertos países, tal como sucedió en siete países latinoamericanos. Venezuela es el único país que cambia de estatus modificando su categoría de “parcialmente libre” a “no libre”, luego de incorporar un grupo de políticas represivas.

Entre los países que figuran como “parcialmente libres” se encuentran México, Ecuador y Brasil, regiones que han empeorado en sus políticas de control y monitoreo digital. Cuba es catalogado como “no libre”, mientras que Argentina conserva su puntuación como “libre”. El informe evalúa un total de 65 países, tomando en consideración un 87% de los usuarios de internet del mundo.

En el caso venezolano Freedom House destaca el aumento de la censura y la persecución de usuarios en el ámbito digital. Aunado a ello, dedica un apartado para registrar las amenazas a las que se vieron expuestos los reporteros de medios digitales, “enfrentaron brutales intentos de frustrar su cobertura, con detenciones arbitrarias, amenazas y ataques físicos de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos progubernamentales”.

Venezuela, Filipinas y Turquía se encuentran entre los 30 países cuyos presidentes “emplearon un cuerpo de ‘formadores de opinión’ para difundir las ideas del Gobierno, impulsar agendas particulares y contrarrestar a sus críticos en las redes sociales”.

Cuba y Venezuela son los únicos países de la región que se encuentran catalogados como “no libres” en el ámbito digital, debido a los constantes controles, monitoreos, entre otras políticas.

Desde Provea denunciamos los controles continuos aplicados en los diferentes espacios para limitar el derecho de libertad de expresión. El internet está consagrado como un derecho humano inherente a otras garantías fundamentales, por lo que su posterior regulación limitaría el debate y la divulgación de información por parte de la sociedad civil.


Prensa Provea con información de Freedom House