La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó este lunes un histórico informe de la Comisión de Encuesta establecida para Venezuela, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución del organismo, en virtud de las violaciones al método para la fijación de los salarios minímos; el convenio sobre libertad sindical, y el convenio sobre la consulta tripartita.

La Comisión de Encuesta fue establecida en marzo de 2018 por el Consejo de Administración de la OIT, para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La queja denunció la inobservancia de los Convenios de la OIT núm. 26 (Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928), núm. 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) y núm. 144 (Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976) y alegaba, en particular, actos de violencia, agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a Fedecamaras, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social. Los querellantes agregaron que estos problemas afectaban también a las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno.

La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación más alto que posee la Organización Internacional del Trabajo, y se designa cuando un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los Convenios Internacionales del Trabajo ratificado. Desde su fundación en 1919 y hasta el presente, la OIT ha establecido 13 comisiones de encuesta (Portugal 1962; Liberia 1963; Grecia 1968; Chile 1975; Polonia 1982; República Dominicana 1983; Haiti 1983; República Federal Alemana 1985; Nicaragua 1987; Rumania 1989; Myanmar 1996; Bielorusia 2003; Zimbabwe 2010; y Venezuela 2018.

La Comisión señaló en sus conclusiones la existencia en el país de instituciones y prácticas que atentan contra las garantías y derechos establecidos en los Convenios objeto de la queja.

Esta situación afecta “[…] en particular a la existencia y a la acción de organizaciones libres e independientes de empleadores y trabajadores y al desarrollo de un diálogo social de buena fe en un ambiente de confianza y respeto mutuo. Estas prácticas y situaciones se insertan en un complejo entramado institucional e informal que hostiliza y socava la acción de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y de las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno. El entramado integra una multiplicidad de elementos (jurídicos, políticos, institucionales, sociales, etc.) algunos de los cuales reflejan problemas sistémicos en el funcionamiento del Estado de derecho en el país.

Las conclusiones de la Comisión de Encuesta alertan sobre el persistente hostigamiento a FEDECAMARAS y sus afiliados, y a sindicatos no afines al Gobierno; una situación de impunidad en relación con actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, “así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros”. Asimismo, alerta sobre prácticas de favoritismo y promoción de organizaciones paralelas y de “discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines, e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores”.

Durante 2018 las principales víctimas de situaciones de amenaza y hostigamiento, registradas por Provea en su Informe Anual, fueron los trabajadores y dirigentes sindicales, movilizados en defensa de los salarios y las convenciones colectivas.

Sólo la Guardia Nacional Bolivariana acumuló un total de 571 denuncias de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de empresas públicas y privadas que participaron o encabezaron huelgas y movilizaciones en demanda de reivindicaciones laborales.

Desde 1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. Algunos han sido juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica. Varios de ellos llevan más de siete años en régimen de presentación ante tribunales. Pero además tienen otras restricciones como la no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales.

Entre noviembre y diciembre de 2018 un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, entre otros.

Las conclusiones de la Comisión destacan la “[…] inobservancia de las obligaciones de consulta tripartita sobre la fijación del salario mínimo (Convenio núm. 26) y sobre cuestiones relativas a la promoción de la aplicación de las normas internacionales del trabajo (Convenio núm. 144), así como la ausencia de diálogo social en los términos preconizados por las normas de la OIT“.

Durante 2018 la crisis salarial fue motivo de protesta nacional. Pese al ajuste salarial de 5.900% a partir de septiembre, el Ejecutivo asumió como política de Estado la imposición de una tabla salarial única para la administración pública, que desconoció los tabuladores salariales establecidos en los contratos colectivos de cada institución. La ausencia de diálogo social para la fijación de los salarios en el país, ha sido una práctica reiterada durante el llamado proceso bolivariano, que ha conducido en la más reciente etapa, a la precarización del trabajo decente y ha sido fuente permanente de protestas entre los trabajadores.

Finalmente, la Comisión de Encuesta recomienda al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la “[…] existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en un diálogo social con todas las garantías“.

La Comisión exhorta a no utilizar procedimientos judiciales para obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical y exige la liberación de los trabajadores Rodney Álvarez y Rubén González, ambos detenidos de forma arbitraria. Asimismo, exige el cese de la persecución contra empleadores y trabajadores por ejercer derechos consagrados en los Convenios de la OIT y la legislación nacional.

Igualmente, la Comisión pide pleno respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores, “[…] en particular con relación al Gobierno o a partidos políticos; y para suprimir toda injerencia y favoritismo de las autoridades estatales”  y “[…] el debido y efectivo cumplimiento de las obligaciones de consulta previstas en los Convenios núms. 26 y 144, así como el cese de la exclusión del diálogo social o de la consulta a FEDECAMARAS y a organizaciones sindicales no afines al Gobierno”.

Descarga el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT aquí

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