No se trata de aplicar psicoterror a los funcionarios públicos, como han querido calificar los aliados de Nicolás Maduro, a nuestra defensa de la Constitución, de lo que se trata, justamente basándonos en el artículo 25 de la misma, es generar conciencia sobre la responsabilidad ciudadana, especialmente en este caso, de los empleados que colaboren con la cristalización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Fraudulenta.

El artículo 25 de la Carta Magna Venezolana reza que “Todo acto dictado en ejercicio de Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. En ese sentido seguimos firmes en el ejercicio de nuestra labor durante casi treinta años: la defensa de los Derechos Humanos, lo que en el contexto actual se ha traducido necesariamente en tomar una posición activa de rechazo hacia el gobierno actual debido a las sistemáticas violaciones al objeto de nuestra razón de ser como organización, y una de las estrategias a las que hemos venido criticando contundentemente desde nuestros principios es precisamente la posible instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que daría paso a una nueva fase de la dictadura que hemos calificado desde el pasado 20 de octubre. Fase que tiene que ver con la instauración institucional del Estado de terror en donde la defensa de los Derechos Humanos pasaría a la clandestinidad, como fue el caso de las pavorosas dictaduras del Cono Sur en la década del 70.

Sobre el artículo 25 y la promoción que hacemos para que ningún funcionario público apoye la instalación de este fraude constituyente, decidimos desde hace 18 de julio comenzar a la par una campaña de denuncia para darle un espacio a las voces dentro de las instituciones públicas que quieran hacer denuncias sobre coerciones de la dictadura para obligarlos a votar, entendiendo desde el ámbito humano, que en la profunda crisis económica, la perdida del trabajo podría representar una estocada a la dignidad de una persona en cuanto al acceso a su derecho básico por necesario para la vida como la alimentación.

A partir de entonces hemos recibido 212 denuncias a través del correo medios@derechos.org.ve , la mayoría con petición de resguardo de identidad. A continuación exponemos los resultados de esa sistematización de datos recibidos hasta el 28 de julio.

Es importante señalar que en estas denuncias las personas formulan frases en la forma de la primera persona del plural: “Nos están acosando” ; “Nos están amenazando”. Es decir que en potencia podrían ser muchos más los afectados.

Estas más de doscientas denuncias se reparten entre ochenta instituciones del Estado a nivel nacional, algunas de ellas las definimos como “denuncias generales” porque son de funcionarios que dicen pertenecer al ente macro, y no a alguna institución adscrita.

Hubo también 35 denuncias, que representan la mayoría de personas agrupadas en la categoría de funcionarios que no identifican la institución, lo que nos da una idea del miedo de una importante cantidad de personas (sobre la base de nuestra documentación) a las retaliaciones que implicarían la denuncia pública sobre el hostigamiento de que están siendo víctimas.

Le siguen 31 denuncias del Ministerio del Poder Popular (MPP) de Economía, Finanzas y Banca Pública, de cuyos entes, el Seniat tiene un record de 9 denuncias, siguiéndole el Banco Bicentenario:8, Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg): 5, siendo los demás repartidos en otras instituciones que pueden observar ubicando el puntero de mouse sobre cada color de los gráficos.

El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, presenta 26 denuncias, siendo, de sus entes adscritos, Pdvsa el líder por coerción con 17, y le sigue Pequiven con 6.

También tenemos el MPP Educación Universitaria Ciencia, Tecnología con 15 supuestas víctimas de hostigamiento por ANC. De estas, más 50% está distribuida entre Movilnet (6) e Ipostel (4).

La suma de estos tres entes macros, incluyendo las denuncias donde no se especifica la institución, resultan más de la mitad de las 212 presuntas víctimas.

Pasando de lo macro al nivel más detallado: instituciones adscritas, es Pdvsa (17) la que resalta en términos de coerción según nuestra data, seguida del Poder Judicial (10), Seniat (9), Corpoelec (9), Banco Bicentenario (8), Pequiven (6) y Movilnet (6).

No resultan asombrosos estos datos dada las posturas que han asumido abiertamente a favor de la dictadura, y evidentemente de la ACN: Eulogio del Pino, presidente de Pdvsa, José David Cabello, superintendente del Seniat, Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, presidente de Corpoelec, Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, Mayor General Ruben Ávila, presidente de Pequiven y Jaqueline Faría, presidente de Movilnet. Todo ello es una obviedad en tanto que los ministerios del país son manejados por militantes del gobierno que obedecen a las directrices que el propio Maduro a dado públicamente. “Si tenemos 15mil trabajadores, deben votar los 15 mil trabajadores sin ninguna excusa. Empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a Votar por la constituyente”, fueron sus palabras el jueves 6 de julio.

El pasado 23 de julio, la periodista Laura Castellanos publicó un video en su red social twitter que deja en evidencia la coerción a empleados de Pdvsa.

El caso emblemático, aunque no sea, hasta ahora, el que presenta mayor número de denuncias es el del Poder Judicial, presidido por Maikel Moreno quien tiene una responsabilidad importante en el progresivo deterioro de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales. Es público y notorio, por ejemplo la sistematización de ataques al Ministerio Público desde que su titular, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, denunció la ruptura del orden constitucional con las sentencias 155 y 156.

La última arbitrariedad del TSJ fue la orden de detención, concretada ayer 28 de julio por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al alcalde del municipio de Iribarren (Barquisimeto, edo. Lara) Alfredo Ramos, por no acatar una sentencia de prohibición de barricadas que busca quebrantar el derecho a la manifestación de los ciudadanos. Además de su detención, el Tribunal lo inhabilitó políticamente y dictó 15 meses de prisión.

MP también ha recibido denuncias por coerción

No solo a Provea han llegado denuncias por hostigamiento a los empleados públicos para que voten este domingo, el Ministerio Público también está documentando casos según declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

A pesar de que el ministro de trabajo, Néstor Ovalles, negó que los funcionarios públicos estuvieran siendo coercionados para votar este 30 de julio a favor de la ANC, el 25 de julio, la Fiscal General Ortega Díaz en rueda de prensa denunció que ha recibido denuncias de ciudadanos obligados a votar en ANC. “Hacen firmar a las personas un compromiso, le tapan la parte de arriba y los amenazan con perder sus CLAP, carnet de la patria, sus casas y sus trabajos si no votan”.

Ya hay oficinas habilitadas en todo el país para recibir denuncias de este tipo, según informaciones de su titular.

Sobre la circunstancia que nos ha tocado enfrentar como sociedad, las acciones de Provea seguirán orientadas a la lucha por el retorno a la democracia como garantía del ejercicio y defensa de los Derechos Humanos.

Seguiremos firmes en nuestras convicciones, apostando al empoderamiento del ciudadano en la lucha por su dignidad.

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Prensa Provea