En 2019 continuó la opacidad informativa por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro, afectando las garantías constitucionales y obstaculizando el ejercicio de los derechos a la información y contraloría social, por parte de la ciudadanía. Por otro año consecutivo los venezolanos no contamos con información oficial -precisa y ajustada a la realidad- que nos permita conocer la situación del derecho a la seguridad social y sus diversos indicadores: número de pensiones otorgadas; pensiones regulares y por decretos excepcionales; inversión social; regímenes prestacionales, entre otros.

En materia de recursos asignados, el monitoreo realizado por Provea a la prensa nacional para la elaboración del capítulo “Derecho a la Seguridad Social” del Informe Anual, reveló que fue destinado un billón quinientos ventinueve mil, setecientos ochenta millones de Bs. de presupuesto nacional, de los cuales el 48% de ese monto fue destinado a la protección social en las áreas de educación, ciencia y tecnología, Plataforma de Protección Social Patria, Salud, actores sociales y obras y servicios. Además, en 2019 se aprobaron créditos adicionales por Bs. 573.894.278,00 para cubrir los gastos de pensiones y jubilaciones de abril y mayo. En abril, se dispusieron más recursos económicos para cubrir requerimientos presupuestarios, acentuando gastos de personal activo, pensionado y jubilado de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en sus diferentes contingencias.

En lo relativo al número de pensionados, durante 2018 Provea había registrado un total de cuatro millones quinientos treinta mil novecientos un (4.530.901) pensionados para llegar a 100% de pensiones. En 2019, Aristóbulo Istúriz, anunció la cifra de cuatro millones novecientos mil setecientos sesenta y cuatro (4.900.764) y en el Plan de la Patria 2019 – 2025 el oficialismo se planteó como meta superar los 4,5 millones de personas, alcanzando el 100% de cobertura. Si se resta el número de pensionados anunciado por Istúriz con lo plasmado en el Plan de la Patria, existe una diferencia de 400.764 pensionados que fueron incorporados, en un período muy corto. Una información que genera, cuando menos, suspicacias. 

Sobre los programas sociales, destacó Nicolás Maduro la entrega de bonos a través del Carnet de la Patria que intenta compensar los “ataques de la guerra económica”.  En su acto de rendición anual de 2019, Maduro destacó que el petroaguinaldo se repartió a 8 millones de personas, lo cual resulta cuestionable porque ese bono fue adjudicado a adultos mayores y a una parte de empleados de la administración pública. De igual manera, se creó el 22 de enero de 2019 el programa social Chamba Adulto Mayor, en el que unos 150.000 adultos mayores han sido incorporados a través del censo realizado en diferentes estados del país. En mayo, el funcionario Aristóbulo istúriz, informó la captación de 633 mil 08 adultos mayores, por lo que “cada Ministerio evaluará qué tareas les otorgará de acuerdo a sus potencialidades”. Hasta el momento de elaboración de esta investigación, se desconoce si el citado programa contó con recursos económicos, plan de inserción de la población objetivo en actividades laborales, mecanismos de egreso, entre otros aspectos.

Por otro lado, en revisión del Plan de la Patria 2019-2025, escrito oficial que expone los logros y líneas de acción en diversos ámbitos, destaca como logro en seguridad social “haber pasado la inversión en relación con el ingreso, de 39,1% en los últimos 18 años de la IV República a 74,1% en Revolución. Solo como ejemplos por sectores: se incrementó en 1.086% la inversión social en salud y en 3.125% la inversión social en seguridad social”. Contrastando lo señalado con la realidad, se tiene que, en materia de derechos a la población de adultos mayores, el abandono de centros de salud y de atención se agudizó en 2019, donde se documentaron precariedades en ancianatos de diversas partes del país.

Prosiguiendo con el Plan de la Patria 2019 – 2025, Reza en el documento: “2.3.5. Continuar combatiendo la desigualdad a través de la erradicación de la pobreza extrema y disminución de la pobreza general hacia su total eliminación”. Se anunció la continuidad de la entrega de recursos monetarios a las familias más vulnerables del país, sin que ello incidiera en mejores condiciones de vida ni capacidades. La promoción del desarrollo sostenible debe acompañarse de un verdadero sistema de protección social que disminuya la pobreza, desigualdad, exclusión e inseguridad social.

Al mismo tiempo, en marzo de 2019, Carlos Rotondaro, quien estuvo en la dirección del IVSS por 10 años, anunció públicamente “las trabas para la compra de tratamiento, el uso de medicinas para el control político, el deterioro del organismo que presidió, las cadenas de corrupción en torno a la compra de insumos y fármacos”. Esto reflejó una insuficiencia institucional en materia de respeto a los derechos humanos de la población beneficiaría del IVSS, teniendo como causa la corrupción sistémica que pone fin a los procesos de desarrollo de políticas y acciones en seguridad social.

Al cierre de 2019, un total 11.700 pensionados venezolanos en el exterior seguían enfrentados a la ineficiencia e indolencia del gobierno de facto. Estas personas, no cuentan con garantías efectivas para gozar de sus prestaciones dinerarias y viven de la asistencia social de organizaciones o en trabajos con muy poca remuneración.