En 2017 las desapariciones forzadas tuvieron un decrecimiento de 68% respecto al año anterior; se pasó así de una cifra muy alta de 19 personas a 6, lo que a su vez representa una disminución de 46% respecto al promedio sistematizado por Provea durante los últimos 18 años. No obstante, la tendencia general es hacia el incremento de estos casos en el país. Provea ha advertido su preocupación y calificado esta tendencia como grave, en tanto hace temer que esta violación de derechos humanos se incorpore “naturalmente” al repertorio de formas ilegales de actuación de los cuerpos de seguridad.

Los casos registrados se distribuyeron temporalmente de la siguiente manera: 2 en enero, 1 en febrero, 1 en mayo y 2 en julio. Los estados en los que ocurrieron fueron: Aragua con 3 (50%), Distrito Capital con 2 (33%) y Bolívar con 1 (17%). En uno de ellos se tiene certeza de que está involucrada la FANB; en los otros 5 (83%) no se tiene claridad respecto al cuerpo de seguridad involucrado.

A continuación se presentarán cada uno de estos casos:

En el marco de una denuncia de dos presuntas ejecuciones extrajudiciales, adicionalmente se denunciaron las detenciones de Hildemaro AZUAJE y Andrés SOSA, en el sector El Viñedo de San Vicente, municipio Girardot, estado Aragua, durante la segunda semana de enero; no se tenía conocimiento de su paradero, ni se encontraban en las comisarías de la zona.

La noche del 13.02.17, en el sector El Caratal del Callao, al sur del estado Bolívar, una comisión del Ejército rompió las puertas de una vivienda y entró de manera violenta para llevarse a los mineros José Gregorio LEZAMA VILLEGAS (23) y Ommer Orlando BAUTISTA VILLANUEVA (23). El segundo fue presuntamente ejecutado, apareció muerto en el hospital del pueblo. Del primero sus familiares no saben nada, no lo han encontrado en comisarías ni en la morgue; la denuncia la hicieron pública 11 días después de su detención.

Pedro Luis BOLÍVAR supuestamente salió en libertad el 19.05.17 del Centro de Atención al Detenido de Alayón, donde permaneció recluido por dos años, tras cumplir su condena por un homicidio en el que presuntamente estuvo involucrado. Días después sus padres denuncian a la prensa que desconocen su paradero, no lo consiguen ni en las comisarías ni en la morgue, se presume que se trata de una desaparición forzada porque en el caso en el que se le involucra resultaron fallecidos dos efectivos de la Policía de Aragua (Poliaragua).

El 24.07.17, aproximadamente a las 2 de la tarde, llegó a la esquina Las Flores, en La Pastora, Caracas, una camioneta Tacoma color blanco, doble cabina, vidrios ahumados, sin placas ni otros distintivos; de ella se bajaron tres hombres vestidos de negro, encapuchados, con armas largas y cortas, golpearon a Feixbel Alexandro FERNÁNDEZ BECERRA (18) y lo montaron en la camioneta. Eixbel Josua FERNÁNDEZ BECERRA (22), su hermano, venía llegando de su trabajo en ese momento, también fue interceptado, golpeado y subido al vehículo. Todo ocurrió frente a la casa de ambos y en presencia de testigos. La denuncia se hizo ante las oficinas de Provea a 23 días de su desaparición. Sus familiares no han dado con su paradero, han acudido al Cicpc, la morgue, Dgcim, Sebin, PNB y hospitales, sin hallar ninguna información sobre ellos. No tenían antecedentes penales, son deportistas y trabajaban en un centro de comunicaciones ubicado frente al mercado principal de La Pastora. Su madre es fundadora del Consejo Comunal Madre Tierra.

También se conoció un caso ocurrido el 17.11.16 en el sector El Castaño de la parroquia Zuata, municipio José Félix Ribas del estado Aragua. Se trata de Alexander de Jesús GUEVARA PINEDA. Sus familiares denuncian que fue detenido por una comisión policial, y seis meses después de este evento desconocían su paradero.

Es importante mantener la vigencia del caso de Alcedo MORA (57), activista popular de izquierda, responsable de las organizaciones Tercer Camino, PRV FALN y Ruptura, y vocero del Secretariado de Colectivos de Mérida. Nadie ha vuelto a verlo desde la mañana del sábado 27.02.15, cuando salió de su casa en Mérida para iniciar su jornada como asistente del secretario de la gobernación del estado, Luis Martínez. Se denunció su desaparición en el Cicpc el 05.03.15. Supuestamente tenía una orden de captura que ejecutaría el Sebin.

Desde el año 2000 hasta 2017 Provea registró 194 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes. 

La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas considera esta figura como la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Asimismo, el instrumento interamericano de protección destaca que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana e impone a los Estados el deber de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho en su sentencia del 29.07.1988 por el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras que “La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar […]”

La Corte ha señalado que la práctica de desapariciones forzadas constituye además una ruptura del Estado con los valores y principios de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas “en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención”.


Prensa Provea