Ginebra, febrero de 2020

Señora Presidenta, Señores Embajadores,

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) fue creado en Caracas el 15 de octubre de 1988 como una organización no gubernamental con un mandato que enfatiza los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin dejar de lado la interdependencia e integralidad del conjunto de derechos humanos. Desde entonces ha producido 30 informes anuales que actualmente cubren 14 tipos de derechos humanos en Venezuela.

Señores embajadores:

Durante el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en julio del año pasado, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, hizo 23 recomendaciones el Estado venezolano, 13 de ellas urgentes. El gobierno de facto de Nicolás Maduro, solo ha implementado parcialmente una recomendación al permitir la presencia en el Venezuela de dos oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada. Además, el cumplimiento del mandato de estos oficiales ha sido muy limitado y, en particular, no se le ha permitido la visita a los centros de detención de los servicios de inteligencia del Estado en donde se encuentran presos políticos y en donde se practican torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Resultados preliminares del informe anual de Provea, indican que entre enero y diciembre de 2019, se denunciaron 40 casos de torturas con 574 víctimas individualizadas. Esta cifra constituye un aumento de 526% en el número de víctimas respecto a 2018, cuando registramos 109 personas víctimas de torturas.

Por otra parte, se mantiene la persecución contra líderes sindicales como el caso de Rubén González, detenido ilegalmente el 28 de noviembre de 2018 por la Guardia Nacional Venezolana y los servicios de inteligencia militar y condenado, el 13 de agosto de 2019, por un tribunal militar, a cinco años y nueve meses de prisión por delitos militares. Esta sentencia fue rechazada por la Alta Comisionada en su actualización verbal el pasado 9 de septiembre al recordar que “la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.”

Igualmente se ha agudizado la persecución contra el movimiento de derechos humanos. El pasado miércoles 19 de febrero, el Presidente de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Sr. Diosdado Cabello, anunció durante su programa semanal televisivo que esta semana presentaría una reforma legislativa ante esa asamblea para restringir la financiación extranjera a las ONG. Específicamente, el Sr. Cabello amenazó con que se impondrá “el máximo de sanciones que se pueda a aquellas organizaciones que reciban financiamiento de los Estados Unidos para conspirar contra la patria“. Amenazó directamente a Provea, sugiriendo que sería una de las organizaciones afectadas por la reforma legislativa.

Alertamos, señores embajadores, señoras y señores, sobre las consecuencias de ese ataque no solamente sobre Provea, sino también sobre el movimiento de derechos humanos y las organizaciones humanitarias en Venezuela.

Muchas gracias.

(Intervención durante el evento “Human Rights violations in Venezuela”, Palacio de las Naciones, 25 de febrero de 2020)