Un editor preso y doce ciudadanos y periodistas fueron llevados, sin orden judicial, a la sede de organismos de seguridad e inteligencia policial por ejercer el derecho a la información y la expresión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, entre mayo de 2016 y enero de 2017. Este es el saldo que marca el Estado de Excepción y de la Guerra Económica, vigente en el país y que restringe las libertades políticas y civiles. Esto ha ocurrido mientras el gobierno venezolano implementa mecanismos para obtener información sobre fuentes sensibles y enviar un mensaje a otros actores, que pretende hacer de los casos de detenciones un ejemplo para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno. El fin último es intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura y limitar la capacidad de los medios y periodistas.

En los últimos tres años, han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el gobierno para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques.

Cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.

Persecución y silencio 

El Gobierno de Venezuela afianzó en 2016 las prácticas de vigilancia, hostigamiento y detenciones a fuentes de información y trabajadores de los medios de comunicación, un fenómeno que IPYS-Venezuela también documentó y advirtió durante 2015. El Estado y sus organismos de seguridad avanzaron en la aplicación de prácticas represivas, como los arrestos de periodistas y la confiscación de teléfonos móviles, con el propósito de presionar para que otorguen información sobre sus comunicaciones, métodos de trabajo e identidades de sus fuentes.

IPYS-Venezuela documenta y analiza estos instrumentos opresivos aplicados por el Gobierno deVenezuela a periodistas, trabajadores de la prensa, medios de comunicación y ciudadanos que sirven como fuentes de información, incluyendo acciones de vigilancia e inteligencia policial dirigidas a perseguir y hostigar a las fuentes.

Han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como otras instancias creadas desde el gobierno para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques.

Estas acciones, cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda en su informe de 2013 sobre la violencia contra periodistas, la obligación que tienen los Estados de respetar su derecho a la reserva de las fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales. La misma CIDH cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos que resguardan el derecho de los periodistas a sus fuentes como una condición básica para la libertad de prensa, y advierte que:

“La ausencia de esa protección podría disuadir a las fuentes de colaborar con la prensa para informar a la población sobre asuntos de interés público. A causa de esto, el rol vital de vigilancia que desempeña la prensa podría verse frustrado y su capacidad de brindar información precisa y confiable se vería menoscabada. En vista de la importancia de la protección de las fuentes periodísticas para la libertad de prensa en una sociedad democrática y el posible efecto disuasivo que podría tener para esta libertad que se dicte una orden de divulgar las fuentes, tal medida no puede ser compatible con el artículo 10 de la Convención, a menos que exista una razón de interés público preponderante”.[1]

Cuando estas garantías no son atendidas, abundan los mecanismos que favorecen y promueven la autocensura que afecta a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos a informar y ser informados de manera oportuna y veraz, y entorpecen el óptimo desempeño del trabajo de los periodistas y trabajadores de la prensa, a quienes se les dificultan y cierran canales de comunicación, obtención y recepción de información, y oportunidades de consulta.

Las últimas dos ediciones del Estudio de censura y autocensura en medios y periodistas elaborado por IPYS Venezuela en 2014 y 2015 han arrojado datos que ponen en relieve las presiones, dificultades y acciones dirigidas hacia periodistas y fuentes de información, que promueven la opacidad y afectan la independencia, la pluralidad, la diversidad y la calidad informativa.

Los datos obtenidos en 2014 en el estudio La orden es el silencio mostraron que las medidas de presión para que los periodistas revelaran sus fuentes habían sido tomadas por distintos actores estatales y no estatales, entre los que están los cuerpos de seguridad del Estado (12%), el partido político oficial (10%) y los ministerios (8%), principalmente. Esta investigación abarcó las percepciones de 225 periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independientes (3%), en 13 estados del país.

Durante este período (2014), por lo menos 26% de los consultados indicó que había declinado en el seguimiento periodístico por presiones de autoridades gubernamentales; 19% por simpatizantes político partidistas del oficialismo; 9% por manifestantes violentos; 9% actores económicos y empresariales privados; 6% por grupos paraoficiales; y 6% líderes de movimientos políticos de oposición. Los participantes también refirieron que se autocensuraron por el interés deproteger a una fuente (24%) y para evitar posibles situaciones que puedan exponer al medio o al periodista a ser demandado (24%). En algunas ocasiones, decidieron censurarse por conflictos con autoridades de gobierno (19%), con manifestantes violentos (17%), o por hechos relacionados con la inseguridad ciudadana (16%).

Mientras que en la edición de 2015, titulado Periodismo en arenas movedizas, IPYS Venezuela constató que las presiones sobre medios y periodistas, y en general hacia el ejercicio del periodismo en el país, habían avanzado hasta crear espacios de en los que se ejerce un periodismo complaciente, cohibido, indulgente y acrítico.

Se identificaron mecanismos de autoprotección que minaron la capacidad de los profesionales de informar libremente sin temor a sufrir represalias, o incluso  convertirse en objeto de acciones judiciales. De este modo, 37% de los participantes refirió que una de las razones por las que han preferido ser cautos y guardar silencio habían sido las amenazas de acciones legales, que los podría llevar a enfrentar procesos civiles o penales ante las instituciones estatales.

Estas decisiones las tomaron los periodistas al ver lo que ha ocurrido en su entorno.De los participantes, 30% dijo que esta decisión obedecía a los procedimientosjudiciales abiertos contra medios y periodistas. A 21% le preocupó la aplicación de las disposiciones sobre difamación e injuria, establecidas en leyes penales de Venezuela, y sobre las cuales se han agudizado las demandas contra periodistas y medios de comunicación en los últimos 3 años.

IPYS Venezuela también determinó que surtieron efectos de inhibición entre los consultados las acciones de seguimiento policial (23%); la constitución de instancias que legalizan la opacidad y autorizan actividades de inteligencia policial, como lo es el Centro Estratégico de Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa); las acusaciones del gobierno en las que se califica a los periodistas como “terroristas” (23%); las constantes descalificaciones en medios estatales (14%), medios comunitarios (12%); y en medios privados (6%).

Patrones arbitrarios

2016: “No entregar las fuentes”

Durante 2016, militares ejecutaron la “retención” de periodistas venezolanos que laboran como corresponsales de medios internacionales por hacer fotografías en espacios públicos como El Calvario, en Caracas. Se negó la entrada al país en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a corresponsales internacionales de Argentina, México y Perú, que venían a cubrir manifestaciones y movilizaciones convocadas por la oposición venezolana para exigir la celebración del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Se detuvo  a tres reporteros de sucesos por informar sobre el asalto a la sede del Banco Central de Venezuela por un joven que previamente había grabado y difundido un vídeo pidiendo la renuncia a Maduro, y que resultó abatido por funcionarios de organismos de seguridad.

En septiembre de 2016, el Sebin apresó a Braulio Jatar Alonso, periodista y director del sitio en Internet Reporte Confidencial, luego de la difusión de videos que mostraban una protesta y cacerolazo contra el primer mandatario en el estado Nueva Esparta. Sus familiares no fueron notificados inmediatamente del lugar de detención, y el Ministerio Público imputó después a Jatar cargos por legitimación de capitales. En diciembre, el Cicpc allanó la sede de Radio Fe y Alegría en Guasdualito luego de que abriera el micrófono a los ciudadanos para que se expresaran durante el canje de billetes de cien bolívares, y su retiro definitivo anunciado por el jefe del Estado. Las manifestaciones contra el canje de billetes se habían tornado violentas y los ciudadanos habían asaltado en esa localidad las sedes de tres bancos, entre éstos dos del Estado.

Desde el alto gobierno se hicieron llamamientos y exhortos para vigilar las comunicaciones en Internet y regular el uso de redes sociales y de microblogging, que sirven de caudal de expresión para los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia también ratificó las medidas de prohibición de salida del país para los directivos y editores de medios de comunicación venezolanos demandados por el diputado oficialista Diosdado Cabello en una querella por supuestos delitos de difamación, tras reseñar una investigación del diario español ABC y del estadounidense The Wall Street Journal, que revelaban detalles de una entrevista con LeamsySalazar, antiguo edecán del presidente Hugo Chávez y exjefe de escoltas de Cabello, quien asoció a Cabello con una investigación por narcotráfico adelantada por la Agencia Nacional Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Imponer una mordaza a la denuncia

Durante 2015, IPYS Venezuela alertó —como también lo hicieron organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios— sobre la profundización de las políticas de persecución y asedio a periodistas, trabajadores de medios (reporteros, gráficos, camarógrafos, editores y directivos de medios), líderes empresariales, gremiales y disidentes políticos.

Durante este período se hicieron evidentes las acciones represivas contra líderes gremiales, dirigentes de sectores empresariales y profesionales que fueron citados en notas periodísticas por medios de comunicación y periodistas. La mayoría de estas actuaciones por parte de organismos de seguridad del Estado y por sus instituciones ocurrieron luego de la publicación en medios de entrevistas o informaciones referentes a temas que son considerados sensibles para el gobierno de Venezuela.

Las prácticas represivas y detenciones indiscriminadas se incluyen en un contexto de debilitamiento del tejido social, polarización política y en medio de un agudo deterioro económico: Durante este período se agudizó la escasez de bienes y servicios, los índices de inflación alcanzaron niveles históricos, los venezolanos padecieron los rigores de una crisis energética que fue atribuida por el gobierno al fenómeno climático El Niño, que sumió a las principales ciudades en apagones, y que obligó al gobierno un año más tarde a diseñar horarios de racionamiento; el descontento social y rechazo a la gestión gubernamental remontaron en las encuestas.

Esto ocurrió en un año electoral con especial significado, tanto para el partido en el gobierno como para la oposición, por la trascendencia de los comicios para la Asamblea Nacional, celebrados el 6 de diciembre, y que finalmente la oposición ganó
con las dos terceras partes de los curules. En este entorno de conflictividad, el gobierno nacional arreció en el hostigamiento a distintos voceros de asuntos políticos, económicos, salud y energía.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) contabilizó solo en febrero de 2015 la detención de al menos 15 líderes empresariales y gremiales, que fueron luego imputados con supuestos cargos de conspiración, intimidación al público, y acusaciones de boicot o acaparamiento de productos de la cesta básica. La mayoría de las detenciones de empresarios o gerentes fueron practicadas por altos funcionarios del Sebin y sucedieron a la emisión de declaraciones públicas sobre sus áreas de experticia. Todos los tipos de delitos imputados son sancionables con penas de cárcel, según los artículos 128, 132, 143, 293, 293 del Código Penal. En ocasiones, estas detenciones fueron vinculadas o etiquetadas por funcionarios, entre estos el presidente Nicolás Maduro, con la presunta intención de “crear o generar zozobra en la población”, en medio de una “guerra económica”.

Fedecámaras consideró que, por la manera abrupta de proceder de los cuerpos de seguridad del Estado en las detenciones, el gobierno incumplió las garantías al debido proceso, que incluye el seguimiento estricto de los procedimientos para la comisión de supuestos de delitos y para el procesamiento de ciudadanos que incurran en éstos, la presunción de inocencia y derecho a la legítima defensa, entre otros preceptos conformes con la legislación venezolana.

Pero todas estas acciones no solo se circunscriben a 2015. IPYS Venezuela evidenció que durante 2016 persistieron las agresiones, detenciones, hostigamiento y limitaciones a ciudadanos en el ejercicio de sus plenos derechos a la libertad de expresión. Estas acciones promueven la censura y la persecución por motivos político- partidistas y colocan al Estado y al gobierno en una situación de mora con las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, y como principal promotor y responsable de las vulneraciones.

En la búsqueda de justicia

La directiva de Fedecámaras dirigió en 2015 comunicaciones a Unasur y a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las detenciones de empresarios, gerentes y líderes de sectores productivos y gremios en el país. La organización denunció una “campaña comunicacional de descrédito” contra el sector empresarial bajo el argumento oficial de que participaba y conspiraba en una supuesta “guerra económica” contra el Gobierno.

El grupo también acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de estar detrás de las detenciones. “Esta campaña se convirtió en una serie de medidas represivas y privativas de libertad contra diversos dirigentes gremiales y empresariales promovidas por el Gobierno”, expresó en un comunicado.

JorgeRoig,  presidente de Fedecámaras para ese momento, sostuvo que las detenciones a los empresarios formaban parte de una política de vigilancia y asedio contra el gremio. “Los dirigentes empresariales de este país estamos sometidos a una constante vigilancia y ahora a constantes amedrentamientos por nuestras opiniones. Ser dirigente empresarial en este país es una profesión que en estemomento está bajo la lupa del Gobierno por decir las cosas con las cuales no estamos de acuerdo”, expresó.

Pero lejos de aplicarse correctivos o abrirse mecanismos para que el Estado promueva la seguridad e integridad de los dirigentes, periodistas y trabajadores de los medios, estas acciones han causado reacciones más contundentes por parte de funcionarios y representantes de instituciones del Estado venezolano, que han manifestado repudio ante cualquier denuncia en instancias internacionales, y acusado a gremios, organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas de “hablar mal de Venezuela”, “desprestigiar al país” y “conspirar junto a organismos internacionales” para crear una supuesta imagen falsa de Venezuela con el propósito de favorecer o crear las condiciones para una “intervención militar” y un “golpe de Estado”.

Empresarios y fuentes a la cárcel

En febrero de 2015 las autoridades venezolanas detuvieron a Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, tras denunciar en los medios la escasez de 60% en medicamentos y 50% en equipos médicos presuntamente retenidos en la aduana.También fueron apresados Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), y varios directivos de la Corporación Cárnica de Venezuela, luego de declarar a medios sobre los problemas de desabastecimiento de productos y fallas en la distribución de alimentos.

A estas detenciones siguieron las de directivos de la cadena de farmacias Farmatodo y de la red de supermercados Día Día, ocupada e intervenida el 2 febrero de 2015 por la red estatal de distribución de alimentos creada por el gobierno, PDVAL.

El 24 de marzo el fiscal 73 de competencia nacional del Ministerio Público acusó al director y gerente de Día Día, Manuel Morales, de la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía. Fue detenido también el abogado apoderado de esa cadena, Tadeo Arriechi, a quien le imputaron los mismos crímenes. Morales y Arriechi permanecieron detenidos durante nueve meses y fueron liberados en noviembre de 2015.

Silenciar las denuncias: El patrón del caso Vásquez Corro

La detención en 2015 del ingeniero Luis Vásquez Corro por parte del Sebin tras ofrecer declaraciones a la prensa escrita y alertar sobre una probable crisis eléctrica nacional, devela un patrón de actuación de los cuerpos de seguridad y del Estado venezolano. Un esquema que se repite casi sin variaciones en las detenciones practicadas a líderes gremiales, empresariales y sindicales que han denunciado en medios de comunicación el deterioro de las condiciones económicas y de derechos en el país.

IPYS Venezuela considera este patrón un mecanismo que el Estado venezolano ha ido perfeccionando para intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura, limitar la capacidad de los medios y periodistas para obtener información de fuentes, y enviar un mensaje a otros actores que pretende hacer de los casos de detenciones un ejemplo para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno.

El ingeniero venezolano Luis Vásquez Corro, miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, fue entrevistado en abril de 2015 por el periodista Richard Alexander Lameda del diario El Impulso de Barquisimeto. Días después, el 17 de abril, sus declaraciones aparecieron en la primera página del rotativo, en un titular que alertaba sobre el riesgo de colapso del Sistema Eléctrico Nacional a causa de la sequía en la represa de Guri, en el estado Bolívar. Vásquez Corro había afirmado que la cota del embalse se hallaba en los 270 msnm y que, de continuar la sequía, la hidroeléctrica debería apagar sus turbinas si el nivel de agua descendía hasta los 245 msnm. También había ofrecido criterio técnico sobre posibles soluciones a la crisis y criticado la falta de inversión por parte del Estado en otras fuentes de generación de energía.

Al día siguiente del titular en la primera página de El Impulso, Vásquez Corro se encontraba junto a familiares en una misa en la urbanización La Rosaleda, al este de Barquisimeto. A su salida de la iglesia, cerca de las ocho de la noche del sábado 18 de abril, vehículos con sujetos que vestían ropa negra comenzaron a seguirlo. El ingeniero logró identificar dos camionetas Toyota y dos motos de alta cilindrada. Los vehículos eran tripulados por al menos ocho personas. Vásquez Corro se hallaba en compañía de su esposa y su suegra.

Cuando Vásquez Corro transitaba por la carrera 22 entre las calles 30 y 31 de Barquisimeto en dirección a su residencia, fue interceptado por los vehículos. Las personas que le seguían se identificaron como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y le ordenaron detener la marcha. Los funcionarios dijeron primero a Vásquez Corro que debía acompañarlos para responder unas preguntas en una supuesta investigación que se adelantaba por una denuncia que se había recibido en su contra. El ingeniero pidió ver alguna orden judicial con detalles del procedimiento, pero los funcionarios no le mostraron nada. No se rehusó a acompañarles, pero advirtió que no estaba en posesión de sus medicinas y que padecía hipertensión, diabetes y problemas en el nervio ciático, razón por la que debía tomar pronto los fármacos recetados por sus médicos.

Una vez en la sede del Sebin en Barquisimeto, los funcionarios notificaron a Vásquez Corro que debía quedar detenido por una denuncia que se había recibido, aunque nunca se especificó la instancia que recogió la denuncia. Se le interrogó sobre sus declaraciones dadas a El Impulso y cómo había obtenido la información que sustentaban sus opiniones o advertencias. Se le confiscó su teléfono móvil y se le preguntó si tenía familiares, allegados o amigos en cargos públicos o si conocía a personas que trabajaban en Corpoelec o en la Hidroeléctrica. Vásquez Corro fue luego procesado como detenido: se le tomaron registros de sus huellas digitales y se le hicieron fotografías.

Manuel Virgüez, abogado defensor de Vásquez Corro, pudo conocer luego que al ingeniero se le imputaban delitos relacionados con la supuesta difusión de noticia falsa, difusión de noticia alarmante, y declaraciones para “generar zozobra” en la población. Los denunciantes eran cinco ciudadanos entre los que se incluían cuatro mujeres y un hombre. El perfil de los denunciantes también permitió conocer que había dos mujeres de tercera edad, una secretaria que laboraba en la pasada gestión oficialista de la alcaldía de Iribarren (Barquisimeto) y un ingeniero llamado Freddy Duarte, que laboraba como inspector de obras en la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), un ente creado por el gobierno nacional y controlado por el oficialismo y que recibe presupuesto para la ejecución de proyectos que rivalizan con las competencias de la gobernación de la entidad en manos del mandatario regional opositor Henri Falcón. Los denunciantes alegaban que las declaraciones de Vásquez Corro habían causado angustia y provocado el llanto de niños en las familias correspondientes porque se afirmaba que no habría luz. Funcionarios también dijeron a Vásquez Corro y a su abogado que sus declaraciones y el titular de El Impulso habían provocado la ira de altos cargos en el gobierno y que la orden de detenerlo provino de tres instancias: El Ministerio de Energía Eléctrica, el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa.

Luis Vásquez Corro fue presentado en tribunales el lunes 20 de abril. Sus abogados disputaron todos los cargos y ofrecieron como ejemplo declaraciones de otros funcionarios, como las de Jesse Chacón, para entonces ministro para la Energía Eléctrica, que expresaban —según los abogados de Vásquez Corro— los mismos argumentos y preocupación por la sequía y la caída de los niveles del embalse del Guri. La audiencia culminó con la excarcelación del ingeniero Vásquez Corro con medidas cautelares de presentación “cuando el tribunal lo decida” y la prohibición de hablar con medios y periodistas. Los abogados y representantes de Vásquez Corro aseguran que los organismos de seguridad han intervenido sus teléfonos móviles e interceptado comunicaciones, razón por la que él se siente vigilado y en ocasiones nervioso.

2016: Periodistas detenidos, amenazados y vigilados

BraulioJatar Alonso, de 58 años, fue detenido el 3 de septiembre de 2016, un día después de que el presidente Nicolás Maduro fuese increpado por ciudadanos que además protestaban su presencia con un cacerolazo durante un recorrido del mandatario en la zona popular de Villa Rosa, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Esto ocurrió en el marco del Estado de Excepción y de la Guerra Económica, que dictó el Presidente de la República mediante un decreto en mayo de 2016 y que continúa vigente.

Jatar, periodista y editor jefe del portal en Internet llamado Reporte Confidencial, fue uno de los primeros en publicar videos sobre los hechos en Twitter. Fue apresado al día siguiente por funcionarios del Sebin junto a casi treinta pobladores, tras el altercado en Isla Margarita. Todos fueron liberados durante ese fin de semana menos Jatar. El Ministerio Público le imputó luego supuestos delitos de legitimación de capitales. En el momento en el que se realiza esta investigación, Braulio Jatar  Alonso sigue detenido.

IPYS Venezuela contabilizó y documentó en un solo día agresiones a 19 periodistas que cubrían, el 2 de junio de 2016, manifestaciones por escasez y fallas en la distribución de alimentos, y protestas en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas por las medidas anunciadas por el gobierno nacional que obligaron a cientos de miles de establecimientos comerciales y supermercados a hacer entrega de toda mercancía de la cesta básica de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) creados por un decreto del Ejecutivo.

Los periodistas que fueron agredidos mientras realizaban su labor en las protestas del 2 de junio fueron: Andrea Cedeño, William Ríos, Felipe Martínez y AmandaSánchez (del portal digital Vivo Play); Deivis Ramírez, Pablo Pupo, Luis Morillo y Adolfo Acosta, (del impreso El Universal); Oriana Vielma (reportera de El Pitazo), Reynaldo Mozo y Vanessa Moreno (reporteros de Efecto Cocuyo); Raúl Romero (El Nacional); Irene Mejías y Felipe Romero (Caraota Digital); Francisco Bruzco (Diario 2001); Nicole Kolster (NTN24); Mabel Sarmiento y Miguel González (Crónica Uno); y Giovanni Martínez (Diario La Voz).

Algunos de estos reporteros fueron amedrentados, robados y amenazados por civiles armados, que los despojaron de sus herramientas de trabajo ante la mirada de los funcionarios del cuerpo de seguridad estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB), según denunciaron a IPYS Venezuela los afectados. “En la mayoría de los casos, los equipos e implementos de trabajo fueron robadosbajo amenaza de muerte con la intención de eliminar cualquier evidencia quepermitiera identificar a quienes estaban en el lugar generando violencia”, difundió también en un comunicado sobre estos hechos el Sindicato Nacional deTrabajadores de la Prensa (SNTP).

Estos hechos vulneran lo establecido en una declaración conjunta emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2013, en la que exhortan a los Estados parte, a garantizar que los periodistas y comunicadores sociales no sean detenidos,amenazados, agredidos o limitados durante el cumplimiento de sus funciones informativas en cobertura de manifestaciones sociales.

IPYS Venezuela recibió también entre junio de 2016 y enero de 2017 cuatro denuncias privadas sobre seguimiento judicial a periodistas en Apure, Carabobo, Cojedes y Delta Amacuro. En todos los casos, los reporteros alertaron  que habían recibido mensajes de fuentes de información en los se les advertía del Sebin y se alegaba una supuesta investigación en contra de los periodistas por su trabajo informativo.

Las acciones represivas y de hostigamiento contra periodistas y fuentes de información demuestran el avance del Estado en una política contra la prensa independiente, que en la mayoría de los casos busca acallar u obstaculizar el trabajo de los profesionales. Al mediodía del 18 de agosto de 2016, funcionarios de la Guardia Nacional (GN), cuerpo de seguridad del Estado, detuvieron a los periodistas venezolanos, Andreina Flores y Jorge Luis Pérez Valery, cuando hacían tomas fotográficas y grabaciones de apoyo en los alrededores del parque El Calvario, en el centro de Caracas.

Los funcionarios militares argumentaron que el lugar era un “corredor presidencial”. Ambos periodistas fueron llevados a Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante  del país, y permanecieron detenidos durante tres horas hasta que fueron liberados por funcionarios militares tras la intervención de abogados y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). IPYS Venezuela considera este caso una detención arbitraria con fines intimidatorios por parte de funcionarios de la seguridad del Estado.

Pero estas prácticas pueden llevarse al extremo, como en el caso Jatar, de nacionalidad chilena, quien fue trasladado 90 días después de su arresto a una instalación penitenciaría con delincuentes comunes, como el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26de Julio, en el estado Guárico. Este traslado fue solicitado por el Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios, según informó el abogado defensor de Jatar, Diómedes Potentini.

El abogado estimó que la orden parte del artículo 241 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que establece que un detenido puede ser transferido por orden delente ministerial ante una “situación de fuerza mayor”, como por ejemplo el desarrollo de la Cumbre XVII del Movimiento de Países No Alineados (MNO), que se celebró entre los días 13 y 18 de septiembre en la Isla de Margarita.

Pontentini calificó el procedimiento de irregular y advirtió que los familiares y representantes del detenido debieron ser informados. La información difundida en el portal web también reseñó que este proceso se registró en todas las bases policiales durante el fin de semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile rechazó de forma categórica, el 12 de septiembre de 2016, la ratificación del Estado venezolano en oponerse a la resolución chilena sobre la protección de los Derechos Humanos del editor del portal web Reporte Confidencial, Braulio Jatar Alonso. La cancillería chilena expresó su preocupación, luego de que el ente ministerial venezolano calificara el exhorto del gobierno chileno como injerencista frente a los asuntos internos de Venezuela, cuando exigió que se conociera el lugar de reclusión del connacional, Jatar Alonso, el 11 de septiembre de 2016.

Chile consideró que el comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela “anticipa juicios en relación a lasimputaciones formuladas contra el Sr. Jatar, las que, en un sistema democráticode derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a caboante tribunales competentes, independientes e imparciales, debiendogarantizarse al imputado la presunción de inocencia”.

Silvia Martínez, esposa de Braulio Jatar Alonso, notificó a IPYS Venezuela que el 30 de noviembre de 2016, el editor de Reporte Confidencial fue transferido a una clínica en Cumaná, ciudad capital del estado Sucre, donde le fue diagnosticado en el hombro izquierdo un “presuntivo carcinoma baso celular”, un tipo de cáncer de piel.

Martínez explicó que a Jatar le fue extraída la lesión con el fin de evitar que se propagara a sus huesos y otros tejidos. A más de 90 días de su reclusión entres cárceles, familiares han denunciado las condiciones “infrahumanas”, que provocaron la pérdida de más de 20 kilogramos de peso, agudización de un cuadro de hipertensión severa, deshidratación severa, pérdida de visión, como consecuencia del sometimiento a temperaturas de más de 40 grados centígrados, falta de luz, combinados con una situación de aislamiento. Estas condiciones son contrarias a los estándares y pactos internacionales de Derechos Humanos suscritos por Venezuela.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) solicitó con carácter de urgencia y de forma obligatoria al Estado venezolano la adopción de las medidas que garanticen la vida e integridad del editor del portal Reporte Confidencial, quien se encuentra privado de su libertad desde el 3 de septiembre de 2016.

Las graves condiciones en las que se encuentra el editor del portal web Reporte Confidencial fueron reseñadas en la medida cautelar “Resolución Nº67/2016” del 22 de diciembre de 2016 y, a consideración de la CIDH, las mismas podrían empeorar debido a la falta de una atención médica adecuada acorde a sus patologías, y las precarias circunstancias de su detención.

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