Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento demandamos del Estado ecuatoriano que, en el manejo de la actual emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, responda con todas sus capacidades institucionales y normativa vigente, incluidos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de rango constitucional, en referencia al tratamiento de los cuerpos de las personas fallecidas en varias ciudades del país, en particular, la provincia del Guayas.

Somos testigos del inhumano padecimiento de familiares de personas, especialmente de escasos recursos, que fallecen durante la emergencia sanitaria, resultado de las falencias de todo orden del sistema de salud pública. Consideramos que a la falta de recursos económicos que reclama el personal médico por la precariedad de sus condiciones laborales de larga data, se añade la limitación estatal para coordinar una respuesta interinstitucional frente a la presente emergencia, y satisfacer los derechos de cientos de familias desorientadas por esta ineficacia actual.

Creemos que la expansión del contagio por COVID-19 se debe, especialmente, a la ausencia de medidas de prevención y control sanitario, por parte del Gobierno Nacional, desde el inicio de la crisis. Desde entonces, los casos de contagio no contaron oportunamente con acceso a pruebas, rastreo de historial de contactos por lo que, como resultado de estos vacíos procedimentales, sabemos que solo contamos con un subregistro que, de acuerdo a declaraciones del propio vicepresidente, únicamente sería de un 5% del total de contagios.

Hemos llegado a circunstancias límite al recibir diariamente testimonios de personas que imploran por ayuda al tener a familiares fallecidos en sus domicilios por más de tres días, sin respuesta alguna a través de la línea de emergencia 911, sin ayuda del equipo de medicina legal y sin recursos económicos para pagar por un certificado médico particular o de una funeraria vinculada a un cementerio privado. A esta pesadilla, se suman denuncias sobre casos de extravío de cadáveres resultado del descontrol hospitalario.

Según el protocolo para la manipulación de cadáveres del Ministerio de Salud Pública (MSP), actualizado el 21 de marzo de este año, se estableció la cremación de cuerpos con COVID- 19 mediado por un contrato cubierto por los familiares. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, existen tres crematorios privados que cobran entre 800 y 1500 dólares por cada cremación. Ante esto, a través de fuentes oficiales, acabamos de conocer un acuerdo alcanzado entre dos entes privados y el Gobierno Nacional para ofrecer en gratuidad la cremación de cadáveres de familiares de escasos recursos. Este tipo de acciones son las que se espera del gobierno ya que El COVID-19 no hace ninguna distinción por condición económica.

Así, la respuesta estatal debe incluir, fundamentalmente, apego a la evidencia científica y no a la diseminación de mitos sobre el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas en

estas circunstancias. Es oportuno que autoridades de Gobierno Nacional revisen todo el tiempo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OPS) [1], sobre manejo de los cuerpos en casos de covid 19. Y actúen en consecuencia.

Asimismo, es relevante que el gobierno empiece a “divulgar información válida sobre los riesgos que significan los cadáveres (de los que murieron como consecuencia de la epidemia) para la salud de los sobrevivientes […]” [2]; así como información adecuada para la población que, como es de conocimiento público, tiene que enfrentar no solo la muerte de un ser querido, sino también quedarse con él varias horas, y hasta días, después de fallecidos, sin saber cómo proceder.[3]

Reconocemos los enormes desafíos que tienen las autoridades para el manejo de la crisis sanitaria sin precedente y, bajo el principio de precaución y la ausencia de certezas sobre la conducta del virus en cadáveres, reiteramos nuestra demanda para que primen las evidencias científicas, los criterios técnicos y un paradigma humanista.

Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos lamentamos que hasta el momento el Estado ecuatoriano no cuente con un Plan Nacional de Salud Mental, uno de cuyos ejes sea, precisamente, el abordaje de las implicaciones psicológicas para las familias que han perdido a uno o varios de sus miembros o a sus amistades en este tipo de pandemias.

Por último, señalamos que “el tratamiento dado al cadáver y sus componentes refleja la consideración y el respeto que en vida se tiene por las personas y las comunidades. La regla de oro kantiana (tratar a los otros como quisiéramos ser tratados en las mismas circunstancias) se preserva en el trato al cadáver y sus componentes”.[4]

Puede descargar y difundir el comunicado a través del siguiente ENLACE.

Alerta 14