Nicolás Maduro decretó, a partir del 13 de marzo de 2020, un estado de alarma en el país como respuesta a la pandemia Covid-19. El decreto estableció una vigencia de 30 días, prorrogables en caso de necesidad. Al cumplirse el primer mes del estado de alarma, Provea hace un balance enfocado en las vulneraciones a los derechos civiles y políticos, específicamente en el derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad personal.

Según la información documentada por Provea, con el apoyo de Laboratorio de Paz; bajo el estado de alarma continúan los patrones de violación a derechos humanos que habían sido diagnosticados antes del 13 de marzo inclusive. Los ataques y detenciones arbitrarias contra líderes políticos, periodistas y profesionales de la medicina, se enmarcan en la narrativa “Furia Bolivariana”, adoptada públicamente por el gobierno de facto, que vincula cualquier disentimiento interno a la iniciativa judicial del gobierno de Estados Unidos de investigar a funcionarios gubernamentales venezolanos por delitos de narcotráfico. Como consecuencia de este discurso, 57 personas fueron víctimas de actos de hostigamiento, que incluyen el vandalismo a la fachada de sus viviendas con mensajes amenazantes.

Entre el 04 de marzo y el 7 de abril se registraron 34 detenciones arbitrarias en el marco del estado de alarma. El perfil más frecuente de los detenidos fue de periodistas (10), miembros del personal médico (5) y  personas del equipo del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó (5). En 12 de los casos los detenidos fueron liberados, mientras en 12 situaciones fueron excarcelados con medidas sustitutivas y 10 continúan privados de libertad. Las detenciones persiguen silenciar las voces disonantes a la versión oficial sobre la situación del país bajo el estado de alarma y la respuesta a la pandemia Covid-19, y aprovechar las circunstancias para debilitar el liderazgo opositor.

Para el patrón de amenazas y hostigamientos se incluyeron casos anteriores al 13 de marzo que tenían que ver con la pandemia del Covid-19. Durante el período entre el 21.02.20 al 12.04.20 se tuvo conocimiento de al menos 31 casos de ataques directos contra personas o instituciones por el ejercicio de su labor. En 22 casos las víctimas fueron comunicadores sociales, tanto periodistas, reporteros como camarógrafos.

1) FURIA BOLIVARIANA: NARRATIVA PARA LA PERSECUCIÓN

El 26.03.20 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y a otros 15 funcionarios del gobierno venezolano de estar involucrados en actividades de narcotráfico, ofreciendo una “recompensa” a quien suministre información que facilite la captura de los indiciados.

Ese mismo día, alrededor de las 7 de la noche, Nicolás Maduro realizó una alocución desde el Palacio de Miraflores, transmitida por Venezolana de Televisión. En dicho discurso se realiza la primera alusión a la frase “Furia bolivariana”: “Y nosotros tenemos planes para todos los escenarios (…) Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo prepárense para la Furia Bolivariana, la Furia Bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Primera vez que lo digo, quizás primera y última, pero que lo sepan: queremos paz, somos demócratas y estamos dispuestos a convivir y a respetarnos, pero por las malas ya saben. En nuestras fronteras y más allá de nuestras fronteras oligarquía colombiana, imperialismo norteamericano, no toquen al pueblo de Bolívar, ni un pelo. Sabemos combatir también con todas las formas de lucha, la sabemos hacer.”

Mensajes de La Furia Bolivariana en calles de Valencia, Edo. Carabobo. Imagen cortesía.

A partir de este momento diferentes voceros oficiales comienzan a incluir la frase dentro de su discurso. Sólo ese día 26 de marzo 8 entes y funcionarios enviaron mensajes alusivos a través de sus redes sociales. En orden de aparición: Delcy Rodríguez. Vicepresidenta Ejecutiva, 7 y 23 pm:  “Pandillismo judicial del terrorismo extremista estadounidense pone precio a la vida de nuestro Pdte  @NicolasMaduro de @dcabellor @TareckPSUV @vladimirpadrino y otros dignos altos funcionarios de nuestra Patria! Acá los esperamos con la furia Bolivariana que nos dió la libertad!”; Aloha Núñez. Vicepresidenta de Pueblos Indígenas del PSUV, 8 y 54 pm, “Se equivocan quienes sueñan con el fin de la revolución bolivariana en Venezuela. Aquí hay chavismo pa’rato, el que se mete con @NicolasMaduro y con Venezuela se seca y conocerá la #FuriaBolivariana”; Gerardo Rozo. Gerente Estadal de Plantas de la Gran Mision Barrio Nuevo Tricolor del Estado Aragua y Carabobo, 9 y 07 pm: “Este Pueblo es cada día más consciente de la Lucha que con mucho patriotismo protagonizamos, se equivocan los apátridas que piensan que está Revolución se acabará así de fácil, aquí estaremos firmes, Leales y rodilla en tierra con nuestro Pdte @NicolasMaduro  #FuriaBolivariana”; José Felix Medina, General y presidente de Mercal, a las 9 y 20 pm: “Somos un pueblo digno que tiene un presidente valiente y firme en su determinación de defender la Paz de la Patria. #MaduroValentíayDignidad #FuriaBolivariana”; Diva Guzmán. Dirigente Nacional del PSUV, Viceministra de Educación y Trabajo para la Liberación, Constituyente: “Asi nos formó Chávez, para eso nos preparó Chávez, por eso nos mantenemos con Chávez y @NicolasMaduro. Somos la #FuriaBolivariana de Chávez el pueblo que nació en esta patria para liberar y para defender la tierra más hermosa de este planeta”; Germán Márquez. Presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, 9 y 50 pm: “Los #Petroleros manifestamos nuestro total respaldo y amor infinito al Pdte. @NicolasMaduro .No habrá imperio que pueda con la voluntad de un Pueblo que decidió ser libre e independiente. ¡Hoy tenemos Patria! #MaduroValentíaYDignidad con #FuriaBolivariana”; Cuenta twitter Ministerio de Comunicación, 9 y 53 pm: “”#FuriaBolivariana ¡VAMOS NICO!  No podrán doblegar a este pueblo bravio que apoya a @NicolasMaduro , no es un hombre, es un proyecto de humanidad, es un pueblo!! ¡No se equivoquen!”; José Vásquez, gobernador de Guárico, 10 y 38 pm: “No daremos marcha atrás, la revolución no la van a detener porque cuenta con la voluntad de un pueblo que sabe que éste es el camino de la Patria, la felicidad y el futuro. Pero si llegaran a intentar soslayar el suelo de Bolívar los esperará la #FuriaBolivariana @dcabellor”; Pedro Infante, Ministro de la Juventud y el Deporte, 11 y 16 pm: “Nervios de acero, calma, cordura y máxima moral combativa es el llamado que nos hace el presidente @NicolasMaduro. Cuente con eso camarada aquí está la #FuriaBolivariana más leal que nunca. ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! NOSOTROS VENCEREMOS!! #MaduroValentíaYDignidad”.

Hasta el día 6 de abril altos funcionarios, entes y voceros del oficialismo habían realizado en total 47 menciones al concepto #FuriaBolivariana. El funcionario con más menciones del término fue Diosdado Cabello, en 9 oportunidades, seguido por Nicolás Maduro en 5 oportunidades y Víctor Tortolero Tovar, Comandante de Milicia del ZODI Carabobo, en 2 oportunidades.

Siendo el funcionario que más aludió el término, un análisis del discurso  de Cabello revela su significado. Durante la alocución del 28.03.20 en VTV señaló: “oyeron, señores de la oposición, porque este pueblo se convertirá en Furia Bolivariana. Se convertirá en Furia Bolivariana. Los metieron en tremendo rollo”. Ese día en su cuenta twitter expresó: “#FuriaBolivarianaEnAlerta nuestro Pueblo debe permanecer pendiente, con la guardia en alto, presto y dispuesto para defender la Patria de Bolívar y de Chávez, los enemigos caerán derrotados ante la respuesta Bolivariana. Nosotros Venceremos!!”. Los mensajes fueron reiterados el 01.04.20  en el programa televisivo “Con el mazo dando” expresó:  “todos aquellos que hayan llamado a intervención militar en Venezuela serán tratados en este territorio como enemigos de la patria (…) andan alarmados por unos graffitis en las calles, el que crea que la Furia Bolivariana se refiere a eso no entendió el mensaje. Y el que entendió, entendió (…) ¿que los vamos a esperar a ellos? Sí, pero los vamos a buscar también a ellos aquí. Furia Bolivariana. Nadie vaya a creer que la vaina es un graffitti en una pared, no no no, no compadre, si usted está creyendo eso entendió mal el mensaje. Lo entendió muy mal y está subestimándonos otra vez. O hay patria para todos o no hay patria para nadie. Y la patria o es socialista o no es patria”.


El 28 de marzo José Pinto, Secretario General del Movimiento Revolucionario Tupamaro, publicó un comunicado en el que se afirma: “Al pueblo de Venezuela y a nuestros hermanos en lucha a nivel mundial les decimos que estamos prestos, en retaguardia activa a través de nuestras Unidades Tácticas de Combate apoyando al pueblo en el combate de la pandemia pero también en la aplicación de la inteligencia social para contrarrestar cualquier acción que atente contra nuestra soberanía y el bienestar de nuestra patria”.

Tres días después de la primera mención sobre #FuriaBolivariana ocurrieron una serie de actos de hostigamiento contra líderes políticos y sociales del país, en los cuales en su mayoría vandalizaron las paredes de su residencia con graffitis amenazadores. En total ocurrieron 57 ataques contra igual cantidad de víctimas. El perfil de las víctimas fueron 16 diputados y diputadas, 34 líderes políticos regionales, 3 periodistas, 2 activistas de derechos humanos, 1 profesor universitario y 1 funcionario identificado con la oposición. Los ataques tuvieron alcance nacional y afectaron a todas las organizaciones partidistas opositoras. Ocurrieron en 21 estados del país, siendo los mayores Anzoátegui y Táchira, cada uno con 9 víctimas, seguidos por Trujillo, Bolívar, Lara y Monagas, todos con 4 casos. De los activistas políticos afectados 13 pertenecen a Primero Justicia, 10 a Voluntad Popular, 9 a Un Nuevo Tiempo (UNT), 6 a Acción Democrática, 5 son independientes, 4 de Vente Venezuela, 3 de Causa R, 2 de Alianza Bravo Pueblo, 2 de Copei y 1 de Camina.

Llama la atención que Caracas y Miranda aparecen solamente con 2 casos cada una, cuando pudieran ser las zonas del país donde hay más concentración de voceros políticos y de la sociedad civil, lo cual sugiere una estrategia de intimidación y control más focalizada al interior del país, debido a su menor visibilidad y al mayor descontento debido al impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja.

2) DETENCIONES ARBITRARIAS

Entre el 04 de marzo y el 7 de abril Provea y Laboratorio de Paz registraron 34 detenciones arbitrarias en el marco del estado de alarma.

El perfil de los detenidos son 10 periodistas, 5 miembros del personal médico, 5 personas del equipo de Juan Guaidó, 2 trabajadores, 2 diputados suplentes, 2 defensores de derechos humanos, 2 trabajadores y 1 funcionario de la GNB. Los organismos policiales que realizaron las detenciones fueron, en orden de recurrencia: Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) con 9 casos, División General de Inteligencia Milutar (DGCIM) con 8 casos, Policías Nacional y Regionales con 7 casos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 6 casos y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) con 4 casos . Los estados donde más ocurrieron las detenciones arbitrarias fueron 10 Distrito Capital, 7 Miranda, 5 Táchira, 4 Bolívar, 2 Zulia y 1 caso para Cojedes, Lara, Monagas, Portuguesa, Trujillo y Vargas, respectivamente.

En 12 de los casos los detenidos fueron liberados, mientras en 12 situaciones fueron excarcelados con medidas sustitutivas y 10 continúan privados de libertad. Las detenciones persiguen silenciar las voces disonantes a la versión oficial sobre la situación del país bajo el estado de alarma y la respuesta a la pandemia Covid-19 y aprovechar las circunstancias para debilitar el liderazgo opositor.

Entre los casos emblemáticos se encuentra la detención del doctor Julio Molina, quien también es líder gremial, luego que denunciara junto a sus colegas, Carlos Carmona y Maglis Mendoza la situación de salud en Maturín. Los médicos denunciaron que el sistema de salud monaguense y en especial, el hospital Núñez Tovar no se encuentra preparado para atender la emergencia por el Coronavirus, a pesar de que el Gobierno nacional lo decretó como hospital centinela. Se le imputaron los delitos de incitación al pánico y la zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio. El 19.03.20 se realizó la audiencia de presentación de Molinos, quien fue privado de libertad y por tener 72 años de edad le dictaron arresto domiciliario. Los delitos se los imputó la fiscal cuarta Anlli Jiménez, y fue el juzgado el que ordenó su detención domiciliaria.

Otra situación significativa la constituyen las detenciones contra los miembros del equipo del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó: Demóstenes Quijada, Maury Carrero, Victor Manuel Silio, Romulo García y Andrea Bianchi. Esta última, perseguida por ser pareja de Rafael Rico, quien es parte del equipo de Guaidó, fue víctima de una desaparición forzada luego que fue interceptada por sujetos armados, sin identificación, en plena vía pública. Andrea Bianchi se habría entregado a los funcionarios después que su familia fuera golpeada y amenazada con agresiones contra una menor de edad. Andrea Bianchi fue golpeada, desnudada y la amenazaron de intentar abusar sexualmente de ella, mientras le preguntaban por Rafael Rico, para posteriormente dejarla abandonada en una autopista de Caracas. Provea calificó esta actuación como terrorismo de Estado.

En otro caso, el del Primer Teniente de la GNB en situación de retiro, Rubén Darío Fernández, sus familiares afirman que está en la DGCIM sometido a torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes. La detención ocurrió el 11.03.20 en la alcabala del Ejército en la localidad de Carretal, Puesto El Tigre, en el estado Zulia, en frontera con Colombia. La versión oficial lo vincula con la supuesta operación de Clíver Alcala “Fuerza y Libertad”. Según la información divulgada por VTV: “tenía planes de ejecutar asesinatos selectivos en el territorio nacional en medio de los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19”.

El día 31.03.20 el abogado y defensor de Derechos Humanos, Henderson Maldonado, fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando se encontraba en las inmediaciones del destacamento 121, en la ciudad de Barquisimeto. Pacientes renales y trabajadores de la salud lo contactaron para que los acompañará en una manifestación pacífica por la validación de los tickets para surtir gasolina. “Me encontraba grabando con su consentimiento a una madre que lloraba desesperadamente por no poder movilizar a su hijo con cáncer por no tener combustible, para tratar de subirla por alguna red social y del mismo modo a otros pacientes renales que allí se encontraban”, afirmó Maldonado.

Henderson Maldonado, defensor de derechos humanos.

Alrededor de la 1.30 pm un GNB se acercó y le pidió la cédula de identidad e identificación al defensor. Le hicieron entrar al destacamento y esperar por el Comandante Franklin Melendez, “Me agredió verbalmente y comenzó a golpearme diciendo que era un “sucio apátrida, indigno de portar una gorra tricolor”, declaró el defensor. Golpes, insultos y fue despojado de su celular y pen drive. Esposado a un pilar en las instalaciones del destacamento. Fue golpeado en la cabeza por efectivos de la GNB en el comando y objeto de torturas psicológicas. Sometido a un juicio express, sin las garantías del debido proceso, donde le sentenciaron medidas cautelares y régimen de presentación cada 30 días. Henderson tras ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a tortura física debió ser atendido por un médico privado presentando un traumatismo severo en su oído izquierdo que no le permite mantener el equilibrio y le produce dolores de cabeza. Por lo que debe guardar reposo absoluto por 21 días.

3) HOSTIGAMIENTO, ATAQUES Y AMENAZAS

Periodistas, personal de la salud, diputados las principales víctimas de los ataques.

Si bien el Decreto de Estado de Alarma corresponde a partir del 13.03.20, incorporamos en este análisis aquellos casos previos relacionados a patrones de ataques vinculados a denuncias o información relacionada al Covid-19. Durante el período desde el 21.02.20 al 12.04.20, se tuvo conocimiento de al menos 31 casos de ataques directos contra personas o instituciones por el ejercicio de su labor. En 22 casos las víctimas fueron comunicadores sociales (periodistas, reporteros, Camarógrafos); 4 trabajadores del sector salud; 3 diputados de la Asamblea Nacional; un medio de comunicación y el ataque que bloque el acceso al sitio Web de la organización Acceso a la Justicia.

Patrones de ataques

Los patrones de ataque van desde el uso de  redes sociales para criminalizar o amenazar hasta las agresiones directas: Hostigamientos por parte de funcionarios públicos vía redes sociales contra comunicadores sociales (Gregoria Díaz; Milagros Socorro; Luis Gonzalo); 5 casos de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios militares contra periodistas y trabajadores de la salud (Karen Aranguibel; José Gregorio Rojas y Claudia García; José Ramírez; Cesar Saavedra; medico en bicicleta; Adan Contreras); 3 casos de hostigamiento y amenazas en declaraciones públicas por parte de gobernadores: Omar Prieto (Zulia) contra el  Director de Postgrado de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), Freddy Pachano; Lizeta Gonzalez (Delta Amacuro) contra Melquiades Ávila; y Victor Clark Gobernador  de Falcón contra el Diario La Mañana; Hostigamiento, intimidación  y el borrado de material contra  periodistas: Sofia Torres; Tairy Gamboa y Ariadna García; Esther Añez; Hostigamiento en residencias contra los diputados Edwar Rodríguez y Eliezer Sirit; Robo de equipos y sustracción de material contra el periodista Jonathan Useche; 4 casos donde no se permitió el paso o la entrada a algún lugar para el ejercicio de su profesión contra los periodistas Marianna Barros,  José Gregorio Mesa,  Mónica Salazar y Ana Rodríguez Brazón, y el ataque contra el portal digital de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. 

Aunado a casos muy preocupantes como la detención del Doctor Julio Molino; el supuesto secuestro de la nieta y una amiga de la doctora Maglis Mendoza cuando al buscarla en su casa no se encontraba y se las llevaron arbitrariamente para  luego soltarlas; el robo y la agresión contra el periodista Carlos Julio Rojas por parte de civiles armados; la amenaza contra la vida e integridad vía redes de la diputada Delsa Solorzano, y la criminalización por parte de Diosdado Cabello en su programa “Con el mazo dando” contra la periodista Charito Rojas.

Los victimarios

Entre los victimarios destacan los funcionarios públicos del Estado venezolano: Alcaldesa del municipio Mariño, Joana Sánchez; Viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores William Castillo; Gobernador del Zulia Omar Prieto, gobernadora del estado Delta Amacuro Lizeta Hernández; Victor Clark, gobernador del estado Falcón; Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello.

Cuerpos de seguridad del Estado responsables: En 8 oportunidades fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); en 3 oportunidades por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); en 2 casos efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), 1 caso Policaracas; 1 Polichacao; Fuerza de Acciones Especiales (Faes); Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (CONAS); Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (IAPES),  Funcionarios de la Alcaldía de Sucre. Muy preocupante que en 3 ocasiones civiles armados denominados colectivos con total impunidad sean los victimarios.

Es muy claro que es una orden a seguir por parte de funcionario/as del Gobierno. Atacar y limitar el derecho a informar sobre la Pandemia el Coronavirus y su comportamiento en el país.  Los víctimario/as van desde funcionarios del ejecutivo, gobernadore/as, alcaldes/a, funcionarios de instituciones públicas, cuerpos de seguridad y civiles vinculados al gobierno. Una estructura coordinada, sin contrapeso, para limitar derechos fundamentales relacionados a la libertad de información y expresión.

Distribución Geográfica de los ataques, hostigamiento por gremio. (No en redes sociales)

1) Contra de Comunicadores sociales:

Distrito Capital: 1 Propatria, 1 Catia, 1 Parque Carabobo, 1 Centro de Caracas, 1 La Florida

Zulia: 3 en Maracaibo

Miranda: 1 Carretera Panamericana, entre Caracas y Petare, 1 Los Teques, 1 en Guatire, 1 Chacao

Mérida: 1 Sector Santa Elena, ciudad de Mérida, y  1 en el Municipio Tovar

Falcón; Aragua; Táchira; Anzoátegui; Delta Amacuro; Sucre; y Carabobo un ataque cada uno.

2) Contra Personal Médico

Ocurrieron 2 en el estado Zulia y 2 en el estado Monagas

3) Contra los Diputados a la Asamblea Nacional

1 en el estado Falcón.

Entre los casos emblemáticos preocupan la escalada de violencia y agresividad en los ataques:

El 14.03.20, la Gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, en una emisión radial acusó de “conducta Criminal” al periodista Melquiades Ávila, de El Pitazo y amenazó con mandarlo a arrestar, exigió al jefe de la Policía estatal que detuviera al reportero y “le diera una lección sobre cómo comunicarse, de acuerdo con esas informaciones.” Melquiádes Avila, vía Facebook cuestionaba si un hospital público local podría atender pacientes con síntomas del coronavirus.

El 02.04.20, en el Municipio Tovar, estado Mérida, el periodista Adán Contreras tuvo que acudir al comando de la GNB, por solicitud del capitán de ese destacamento, Reinaldo Reyes tras publicar en su cuenta Twitter “#ATENCIÓN Vecinos del sector El Corozo en #Tovar reportan múltiples detonaciones por parte de efectivos de la GNB. Fuentes aseguran que efectivos militares buscan un dron que sobrevoló la plaza Bolívar y el comando de la GNB. Noticia en desarrollo”. El GNB Reyes lo amenazó. “Si haces una publicación en contra del Estado venezolano te voy a procesar por el artículo 12 de la Ley contra el odio, voy por ti y te pego los ganchos” señaló Contreras.

17.03.20 en Monagas, funcionarios de la GNB detuvieron al doctor Julio Molino luego que denunciara junto a sus colegas, Carlos Carmona y Maglis Mendoza la situación de salud del estado y del hospital Núñez Tovar, en Maturín. Los médicos denunciaron que el sistema de salud monaguense y en especial, el hospital Núñez Tovar no se encuentra preparado para atender la emergencia por el Coronavirus, a pesar de que el Gobierno nacional lo decretó como hospital centinela del estado. Funcionarios del CONAS habrían estado hostigando y buscando a los médicos Carlos Carmona y Maglis Mendoza para detenerlos. En el caso de esta última denunció que fueron a buscarla a su casa y como no la encontraron, se llevaron a su nieta y a una amiga adolescentes de 17 y 16 años respectivamente y las mantuvieron detenidos hasta altas horas de la noche.

MADURO A ESPALDAS DE LOS ESTANDARES DE DERECHOS HUMANOS EN ESTADOS DE EXCEPCION

El 10.04.20 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución para reiterar que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del Covid-19 deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Al revisar las recomendaciones realizadas por la CIDH, en base a los principios internacionales en derechos humanos, se constata que el Estado venezolano se ha colocado de espaldas a esos estándares.

Entre los incumplimientos se encuentran: “Abstenerse de suspender el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; el principio de legalidad y los derechos políticos”

Sobre los ataques a periodistas, una de los principales grupos de víctimas durante el primer mes del estado de alarma, la CIDH ha establecido: “Abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cumplen una función central durante la emergencia de salud pública, con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado. Los Estados no deben incluir a los comunicadores en las restricciones de circulación y tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales para proteger la salud”. Acerca de la actuación de la sociedad civil en estas circunstancias, la Comisión exigió: “Garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia. Abstenerse de perseguir o detener a las y los defensores de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de la actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales, lo que incluye no someterles a procesos civiles o penales por sus opiniones, no detenerles con base en el uso de figuras penales amplias o ambiguas, ni exponerles al riesgo de sufrir ataques físicos o virtuales”.

Darvinson Rojas, periodista detenido arbitrariamente.

Provea condena que el estado de alarma se use para perpetrar violaciones a los derechos humanos y rechaza que altos funcionarios estimulen con sus mensajes y discursos violencia política contra personas, organizaciones o instituciones que califiquen como adversas a sus posturas políticas. Tales actos junto a las reiteradas amenazas pudiesen constituir delitos de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional.

Las organizaciones de derechos humanos hemos insistido en la necesidad de una tregua humanitaria del conflicto sociopolítico del país, que permita la participación de todos las autoridades y actores para el diseño de la mejor respuesta posible a la pandemia del Covid-19; y que a su vez cesen los actos de persecución y hostigamiento contra la población civil que constituyen un obstáculo para afrontar las profundas consecuencias inmediatas y futuras de la pandemia.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 13 de abril de 2020