Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “América Latina y el Caribe se aproximan a paso firme a ser una región envejecida, por lo que los países deben impulsar políticas públicas que visibilicen y empoderen a las personas mayores, promuevan su protagonismo y las valoren en su dignidad e integridad[1]. “Las proyecciones muestran que para el año 2060 el envejecimiento estará presente en todos los países de la región y 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe presentarán una proporción más elevada de personas mayores que de niños menores de 15 años”.

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra preocupación debido a que el gobierno venezolano sigue incurriendo en la vulneración de velar por los derechos adquiridos para una vida digna de las personas mayores, el 17 de marzo de 2016, según lo dispone la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.221 eliminó la exoneración del 100% del pasaje urbano a las personas mayores, obligándolos a cancelar el 50% de valor actual del pasaje.

Según un estudio apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “una de cada seis personas mayores experimentan algún tipo de abuso, ya sea psicológico, físico o financiero”.

Actualmente, tanto en la ciudad de Mérida como en otras regiones del país, las consecuencias  de políticas que van en contra del progresivo derecho a una vida digna de las personas mayores se han incrementando, y una de las razones está relacionada con que los transportistas públicos no están dando fiel cumplimiento a la exoneración parcial del pasaje –ya regresiva- obligándolos a cancelar el 100%,aunque algunas autoridades de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida sostengan lo contrario[2]

Es una realidad que las personas mayores han visto notablemente reducido su poder adquisitivo, necesitando para cubrir el costo de la canasta alimentaria no menos de 14 pensiones, también lo es que se ven obligados a casi diarios y más extensos desplazamientos dentro de la ciudad para procurarse alimentos y medicinas, en franca escasez; por lo tanto, deberían brindárseles garantías para una efectiva movilidad a bordo del transporte público.

Es importante destacar que recientemente las personas mayores han realizado protestas[3] en la ciudad de Mérida por las dificultades para el cobro de la pensión del Seguro Social por la ausencia de dinero en efectivo en las entidades bancarias, lo cual conlleva a la necesidad de movilizarse en diferentes ocasiones durante el mismo mes para retirar dinero de los bancos y poder hacer sus compras básicas.

Rechazamos que se eliminen o limiten los avances en los derechos de las personas mayores para una vida digna en Venezuela.

Rechazamos que se esté vulnerando el derecho al libre tránsito, el derecho al disfrute de la ciudad, el derecho a un envejecimiento digno, activo y saludable.

Rechazamos que el gobierno venezolano de manera irresponsable delegue sus compromisos en terceros y así mismo le exigimos que asuma su directa e irrenunciable responsabilidad con las personas mayores.

Las personas mayores son como cualquier otra persona, un sujeto pleno de derecho y en los venideros años crecerán en número, por tanto urge la necesidad de sentar las bases para impulsar un Plan Nacional de Envejecimiento en donde uno de los componentes debe ser la garantía al disfrute del transporte público y el libre desplazamiento.

Solicitamos al gobierno local, regional y nacional avocarse a tomar medidas garantistas de derechos y sancionar a sectores que deliberadamente incumplan la ley; en segundo lugar,exhortamos a los distintos niveles de gobierno a tener en cuenta que todas las decisiones relacionadas con las personas mayores deben ser el resultado del consenso con los grupos de personas mayores, organizaciones de la sociedad civil relacionadas y los entes respectivos avocados a los derechos de las y los ciudadanos.


PROMEDEHUM