(Caracas, 09 de junio de 2017) La inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente coloca las garantías a los derechos humanos incluidas en la Carta Magna vigente en riesgo. Ante la posibilidad de la abolición de esa Constitución, y la ausencia de una propuesta mejor en materia de DDHH, sectores gubernamentales inconformes con la iniciativa tienen un papel que cumplir en la defensa del Estado democrático y social, de Derecho y Justicia, aprobado tras un importante consenso en 1999.

Organizaciones de derechos humanos participamos en el proceso constituyente de 1999, que tuvo como resultado la materialización de una Carta Magna que incluyó demandas históricas del movimiento popular venezolano, en sintonía con los estándares internacionales en derechos humanos. En el año 2002, bajo un golpe de Estado, Provea rechazó la ruptura del hilo constitucional, solicitando la activación de la carta Democrática Interamericana a la Organización de Estados Americanos. A falta de un proyecto más inclusivo de país, que respete el principio de progresividad de los derechos, desde nuestra organización hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, la Constitución de 1999, que se convierte en el acuerdo social con mayores reconocimientos para comenzar la reconstrucción de la institucionalidad democrática en el país.

En Provea hemos escuchado testimonios de diferentes funcionarios, de varios niveles en la administración pública, inconformes con la fraudulenta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a realizarse de manera diferente al procedimiento implementado en 1999. Como la Constitución expresa, una ANC tiene como finalidad reformar la estructura del Estado y redactar una nueva constitución. Estas opiniones críticas coinciden con lo expresado por Provea acerca del falso argumento oficial sobre “mejorar” la Constitución, lo cual sólo pudiera realizarse mediante una enmienda (Artículo 340) o una reforma (Artículo 342).

De manera similar a cómo lo han realizado personalidades como Luisa Ortega Díaz, Mari Pili Hernández, Nicmer Evans, Juan Barreto, Héctor Navarro, Miguel Rodríguez Torres, Oly Millán, Gustavo Dudamel, o Gabriela Ramírez, funcionarios del gobierno y otros voceros vinculados al proyecto bolivariano deben hacer público su cuestionamiento a la actual ANC, defender la actual Carta Magna y apoyar el restablecimiento de la institucionalidad y el estado de derecho en el país. La Venezuela del mañana necesita de los aportes y la participación del chavismo democrático, cuyas acciones tangibles puedan mantener la validez de esa corriente de pensamiento y su diferencia con sus sectores más autoritarios, con responsabilidad en delitos y violaciones en derechos humanos.


Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea)