92 personas extranjeras fueron detenidas de manera arbitraria en 2016 presuntamente por conformar un grupo paramilitar que, según la versión gubernamental, planeaba acciones violentas en territorio venezolano.

Desde mediados de agosto hasta el 1 de septiembre de 2016 comenzaron las aprensiones. A través de un Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), funcionarios de las fuerzas de seguridad sin ninguna identificación y vestidos de negro, de manera selectiva solicitaban documentos de identidad a transeúntes en Caracas y Miranda. Las características físicas que proporcionaban pistas para realizar las detenciones fueron clave en la diferenciación de los sospechosos.

“Buscaban hombres altos, de piel morena con contextura robusta”, así lo afirmó un testigo de una de las detenciones.

Catia y Petare fueron los lugares donde más personas detuvieron. “Mi esposo estaba saliendo de la estación del metro de Petare. Recuerdo que en ese momento se dirigía a su trabajo, él trabajaba en una obra de noche, y cuando lo agarraron no tenía papeles en regla. Su jefe lo estaba ayudando a sacarlos y a ponerse al día, pero eso no importó, eran colombianos lo que necesitaban para completar el número que había anunciado el presidente Maduro”[1], contó Marbelis Rojas al detallar cada una de las violaciones sistemáticas que ha vivido su esposo desde hace más de dos años.

De estas 92 personas detenidas por la misma causa, 59 son de nacionalidad colombiana y se mantienen en un centro de reclusión improvisado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en el sector La Yaguara en Caracas desde 2016. Algunos escaparon a los pocos días de haber sido detenidos, otros fueron liberados porque, aunque eran extranjeros, no eran colombianos. Tres de ellos tuvieron el beneficio de medidas humanitarias por haber presentado condiciones de salud crónica durante la reclusión, uno de estos hombres falleció al salir de la prisión, la causa del deceso fue una infección no tratada a la brevedad requerida luego de que un insecto entrara en su oído.

Los primeros quince días de la detención masiva transcurrieron llenos de terror y angustia. Muchos pensaron que fallecerían, pero a la par aguardaban la esperanza de que serían liberados. Los funcionarios afirmaban que estarían en la sede policial ubicada en Maripérez hasta que comenzaran las deportaciones, también les informaban que serían trasladados al Estado Táchira para verificar su situación legal. Esto último ocurrió, pero no completamente, ya que fueron llevados al occidente del país, pero a los pocos días regresaron a permanecer tras las rejas.

Estando en Mariperez no tuvieron acceso a alimentos ni hidratación y los expusieron a la intemperie. Una platabanda de la sede policial fue el lugar elegido para la custodia mientras se iniciaban las investigaciones. Los familiares estuvieron más de dos semanas llevando comida y agua, sábanas y ropa para que no pasaran frío. En ningún momento fueron presentados en tribunales. En la sede de la policía en Táchira realizaron la verificación de identidad y el proceso para la deportación, sin embargo, al volver a Caracas fueron enviados a la sede improvisada de la PNB en La Yaguara, donde hoy, se les sigue vulnerando todos sus derechos.

Terror improvisado

El espacio es muy pequeño para 59 personas y los fines de semana durante las visitas aumenta la incomodidad. El mal olor y la poca ventilación hacen de las suyas cuando los familiares se disponen a visitar.

Un pasillo largo y oscuro muestra lo que era una sala donde el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana recibía clases, y que, también fungió como galpones ahora, es el centro de prisión improvisado que mantiene bajo encierro a 59 colombianos por un delito que no cometieron.

Las condiciones de reclusión son deplorables, y no hay uno que no se le note en el rostro la debilidad y algún padecimiento de salud.

Pedro Berrío Meza recuerda que los primeros 15 días de su detención resistió el frío y el calor inclemente que ocasiona los rayos del sol directo a la piel. “Estuvimos días sin comer. Muchas veces llovió y tampoco pudimos protegernos. Los policías nos decían que habíamos caído en la mala porque desde ahora éramos paramilitares y que era una orden de arriba”.

Con la voz quebrada, Berrío cuenta que lo que viven a diario es injusto, aunque suele darse ánimo pensando en que las cosas de la vida pasan por algo. “Siempre cuidándome para nunca estar preso ni deberle nada a nadie y caí injustamente, por un capricho del gobierno, pero son cosas del destino y hay que aceptarlo así, no se puede hacer nada…”

Limbo jurídico en Venezuela

El grupo de detenidos incluye a 58 hombres con edades entre 25 y 70 años y una mujer, todos residían en diferentes zonas y no se conocían entre ellos hasta ser detenidos. Varios tienen documentación expedida por el Servicio Autónomo de Identidad, Migración y Extranjería (Saime) y algunos mostraban la visa vencida.

“Nadie puede ser detenido solo por ser extranjero, todo lo que ocurrió con estas personas fue aberrante e inconstitucional. No se les respetó el debido proceso, no han sido presentados ni llevados ante ningún Tribunal, no se les ha abierto ninguna investigación penal, ni proceso judicial, ni han sido imputados, ni acusados. Ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales. Su único delito era estar en Venezuela en un momento político donde las fracturas diplomáticas con Colombia comenzaban a hacerse públicas. Todos han sido expuestos a tratos crueles inhumanos y degradantes”, así lo explicó el experto en derecho internacional, Fernando Fernández al ser consultado respecto a este caso.

Los familiares que aún permanecen en el país afirman que son maltratados cuando hacen las visitas:

“Solo quedamos 5 familias aquí, en vista de la situación que atraviesa el país las demás salieron de Venezuela. Es muy difícil pasar tanto tiempo en esto, la vida nos cambió por completo a todos. Muchas veces no tenemos quién nos cuide a nuestros hijos, dinero para la comida, para vivir aquí. Ellos se han enfermado, hay brotes de tuberculosis y otras enfermedades y la mayoría no tiene parientes que les lleve algún medicamento. Nosotras asumimos todo como si fuésemos familia de las 59 personas que están detenidas”, comenta desesperada, la esposa de Luis Gabriel Villa Valdez, otro de los detenidos.

Actualmente la Cancillería de Colombia[2] realiza los trámites correspondientes para el cumplimiento de las garantías de estas personas y el respeto de sus derechos humanos, también para que se lleve este caso a las más altas esferas diplomáticas, pero hasta el momento no hay una respuesta concreta.

Incongruencias en hechos y acusaciones

La primera versión oficial indicó que estas personas fueron detenidas en un campamento desmantelado en la parroquia Sucre, en Catia. Específicamente en el sector de Lídice, el mismo día en que la oposición venezolana convocó a una manifestación denominada “La toma de Caracas”. [3]Claramente el desmontaje de esta versión se efectúa luego de conocer que ningunos de los sospechosos tenían ningún tipo de relación y no hubo una sola detención en algún campamento el 1 de septiembre de 2016.

A los pocos días surgió otra versión, familiares cuentan que el gobierno alegó en esa oportunidad que las detenciones se dieron debido a que estos colombianos tenían problemas de “documentación migratoria”, y que por esa razón fueron llevados a Táchira por más de una semana. Sin embargo, estas personas en su mayoría migrantes, tienen documentos que respaldan que trabajaban como obreros, albañiles y otros oficios legales en el país y nunca hubo ninguna deportación.

Todo el discurso de los paramilitares fue desmontado el 21 de noviembre de 2017 cuando el Tribunal 27 de control de Caracas ordenó la libertad plena a los acusados por no encontrar pruebas suficientes, mediante la Sentencia firmada por la jueza Zulay Salazar González. En la exposición de motivos de la sentencia, la jueza afirma que los ciudadanos colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden alguna”. El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo quinto establece que los jueces harán cumplir las sentencias emitidas en uso de sus atribuciones, y que para tal fin contarán con la colaboración de las autoridades. Pero, en la práctica la orden de libertad plena que existe desde hace más de un año, todavía no se ha ejecutado. El Tribunal nunca los reconoció como detenidos, sino que estaban en “calidad de resguardo”, y expresamente se indicó que nunca han tenido orden de aprehensión en su contra, ni cometido delito in fraganti, razón por la que se ordenó su libertad plena.

A principios de enero de 2018, los detenidos realizaron una huelga de hambre para exigir ser liberados tal como lo dice la boleta de excarcelación que poseen. En noviembre, fue trasladado de emergencia, Israel Cáceres a la sede del Helicoide para que recibiera atención médica, debido a que habría vomitado sangre en varias oportunidades. La médico que lo atendió en la institución ordenó que fuera llevado a un centro de salud ya que se le debía realizar una ecografía. En el Hospital Miguel Pérez Carreño no fue atendido por falta de insumos y personal. Los funcionarios a cargo de su custodia se negaron a llevarlo a un centro clínico privado. Cáceres fue devuelto a La Yaguara y su estado de salud sigue siendo grave.

Estas 59 personas continúan a la suerte de un gobierno que tiene como política de Estado la prisión por razones políticas para utilizar liberaciones como una especie de trueque o trato según su conveniencia. Un caso como muchos en Venezuela donde se violan tratados internacionales, derechos humanos, se politiza la justicia y se muestra la implementación de una política sistemática de detenciones arbitrarias, ataques generalizados contra la población que es vista como enemiga.

[1] Telesur (1/09/2016). Capturan a paramilitares cerca de sede de Gobierno en Venezuela. Consultado en: https://www.telesurtv.net/news/Capturan-a-paramilitares-cerca-de-casa-de-Gobierno-en-Venezuela-20160901-0062.html

[2] Consulado de Colombia en Caracas (09/03/2016). Comunicado de prensa. Consultado en:  http://caracas.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-03-09/16140

[3]   El Estímulo (2/09/2016). ¿Qué se encontró en el “campamento paramilitar colombiano” ubicado en Manicomio? Consultado en: http://elestimulo.com/blog/que-se-encontro-en-el-campamento-paramilitar-colombiano-ubicado-en-manicomio/


Gabriela Buada | Revista SIC