La escasez de productos básicos y medicamentos ha aumentado en los últimos meses, la falta de producción nacional y de materia prima se ha reflejado en los anaqueles de los supermercados y farmacias. El Estado ha aplicado políticas de control frente a la adquisición de alimentos, contabilizando de forma digital cuánto puede comprar un ciudadano. Sumado a ello la estrategia del Carnet de la Patria se contempla como un riesgo potencial al cruzar bases de datos de diferentes registros de la administración pública.

Control como política alimentaria

En marzo de 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de un “Sistema digitalizado de abastecimiento seguro”, enfocado en disminuir la escasez de productos básicos y controlar la adquisición. Su funcionamiento sería a través de una tarjeta bancaria electrónica que sería activada al tomar la huella dactilar, posteriormente se procedería a llenar un formulario con datos privados del ciudadano tales como residencia, carga familiar, profesión y estrato social.

En agosto de ese mismo año el superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez, declaró la implementación del sistema biométrico en todos los supermercados públicos y privados del país a partir del 31 de Diciembre de 2014, en donde incluiría también la red de farmacias.

El sistema biométrico se define como un sistema automatizado que trabaja a partir de patrones de reconocimiento de una característica personal.

Marianne Díaz H.,abogada y especialista en privacidad digital, destaca que el sistema biométrico funciona mediante la retención de datos del ciudadano. Comenta que entre los principales riesgos en éste ámbito se encuentra la falta de estándares para manejar datos.

“Venezuela no tiene una ley de protección de datos, la información del ciudadano no está protegida. A esto también se le suma un factor de vigilancia y monitoreo. Por lo tanto, hablamos de un sistema frágil y que limita a cada persona a acceder a productos básicos.”

Carnet de la Patria: Cercando las necesidades

El 29 de diciembre de 2016 el presidente Maduro anunció la creación del sistema de Carnet de la Patria, un mecanismo destinado al registro y control de las Misiones y proyectos sociales que incluye los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Meses después, en marzo de 2017, Nicolás Maduro mencionaría que una de las intenciones del Gobierno sería implementar el pago de las bolsas/cajas CLAP mediante el carnet de la patria con el código QR o a través del sistema biométrico.

El Código QR con el que funciona el Carnet de la Patria es una tecnología que permite escanear un código y redireccionar a una URL (en este caso la página del carnet de la patria), de esta forma se ubica el perfil del ciudadano.

La organización Acceso Libre, advirtió en febrero de este año sobre dos posibles riesgos ante la aplicación del Carnet de la Patria:

1.- Potencial cruce de información con otras bases de datos que maneja el Estado tales como la información electoral.

2. Inexistencia de una legislación en materia de datos personales.

Con la imposición del Carnet de la Patria se está consolidando un manejo de datos más intrusivo, uno en donde se ve vulnerada la privacidad del usuario, debido a que mediante el cruce de base de datos se puede acceder a datos del registro civil, seguro social, entre otros.

Marianne Hernández advierte sobre el problema de seguridad que existe en las plataformas de la administración pública, como por ejemplo las claves del SAIME y las bases de datos con claves de texto plano.

Albin Rosales Rondón, sociólogo y docente en temas digitales, señala que la implementación de estos sistemas han cercado la adquisición de productos y en vez de solucionar los problemas de desabastecimiento han contemplado alternativas para vigilar más a los ciudadanos.

“Ahora el ciudadano está expuesto, mediante el sistema biométrico se sabe cuánto compra, cómo lo compra y esto hace que el Estado maneje información sobre el consumo de forma constante, una herramienta de control.”

Para Rosales, el Carnet de la Patria profundiza la politización de la distribución de medicinas y alimentos, agravando la difícil situación y otorgándole al Estado una herramienta para manipular las comunidades.

Tanto el Sistema Biométrico como el Carnet de la Patria vulneran los derechos de los ciudadanos, registran la adquisición de productos y las limitan. Desde la implementación del Sistema Biométrico en diciembre de 2014, se ha avanzado poco en materia de desabastecimiento, mientras que el Carnet de la Patria propone una discriminación política vinculada a datos privados del ciudadano.

A partir de estas necesidades, es perentoria una Ley de Protección de Datos, para que el ciudadano no se encuentre vulnerable frente a un sistema que cruza sus datos y suprime derechos alrededor de una consigna partidista.


Prensa Provea
Daniel Klie