Por Gabriela Rámirez

La fractura entre Chavismo y Madurismo: la última sesión celebrada por la Asamblea Nacional, antes de la elección unilateral de los constituyentistas, acudimos al Palacio Federal Legislativo los diputados Germán Ferrer, Eustoquio Contreras y yo. Íbamos a notificarle al parlamento el nacimiento de la fracción parlamentaria proveniente del PSUV y opuesta a la violación de la Constitución Nacional con la convocatoria inconsulta de una Asamblea Constituyente.

Algunas personas impedían el acceso al recinto con pancartas de apoyo al gobierno y en cuanto nos acercamos, se nos abalanzaron encima, al grito de ¡Traidores! ¡Vendidos! a pesar que apenas hace unos días compartíamos militancia. Una vez finalizada la sesión, el Palacio fue rodeado por unas cien personas gritando insultos y consignas contra a los diputados asistentes. Era imposible atravesar el patio desde el ala del hemiciclo hacia el ala de las oficinas de Vicepresidencia porque lanzaban objetos contundentes que caían al lado de la fuente. La actitud de los legisladores era de familiaridad –todas las sesiones ocurre lo mismo- me dijeron. -Ellos se van en un rato a almorzar y nosotros salimos rápidamente-.

Observé el recinto que fue mi lugar de trabajo durante dos años como diputada chavista: paredes llenas de sangre, alfombras y muebles asegurando puertas para impedir la entrada de grupos violentos. Estábamos a solo un par de días de concluir un ciclo de más de cien días de protestas, expresiones populares que desde el 31 de marzo habían tomado las calles, mutando de diferentes maneras, con decenas de jóvenes asesinados en circunstancias confusas.

La gente a la calle

Las movilizaciones que se habían iniciado de manera pacífica y espontánea, tuvieron al principio, una presencia multitudinaria. La imagen de la marejada humana que se dirigía a la Defensoría del Pueblo, tratando de rebasar el cordón militar fue una de ellas. Cientos de personas asfixiadas por el efecto de los gases huyeron ciegamente por los laterales de ese cordón, pues era imposible retroceder, por lo compacto de la marcha. El registro fotográfico los mostró atravesando el río Guaire en dirección a Bello Monte. La respuesta oficial por las redes sociales se redujo en el mejor de los casos al silencio y en el peor, a la burla. Un tuit refundido al más alto nivel, sentenció “Al Guaire lo que es del Guaire”.

La descalificación de cualquier opinión en contrario abarcaría a propios y extraños. Apenas un par de semanas antes, la Fiscal General había sido objeto de linchamiento moral a través de los medios estatales por haber tildado las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia como una ruptura del hilo constitucional. La alta decisión materializaba el despojo formal de atribuciones a la Asamblea Nacional electa por el pueblo en diciembre de 2015. Estaba muy claro que ese resultado no lo deseábamos ninguno de quienes pertenecíamos al movimiento fundado por el Presidente Chávez, pero era el veredicto del pueblo y nuestro deber era acatarlo. Después de numerosas manifestaciones de distinto signo, el día siguiente a la elección de los integrantes de la ANC, la sede del Ministerio Público fue tomada por funcionarios de las FANB quienes le impidieron a la alta funcionaria entrar a su Despacho.

El puño de acero gubernamental se cerró paulatinamente sobre las diferentes expresiones de descontento, bien fueran por sectores como lo fue el caso del grupo de ex fiscales que sirvieron durante el gobierno de Chávez, quienes introdujeron un Recurso de Nulidad ante el TSJ o si se expresaban como movilizaciones de masas como las que caracterizaron la primera fase. De las primeras se encargaría la institucionalidad supeditada a los intereses del ejecutivo nacional y de las segundas, las fuerzas coercitiva del Estado.

El proceder de los uniformados de la Guardia Nacional se centró en el uso de gases tóxicos contra manifestaciones pacíficas que reclamaban su derecho a marchar hasta la sede de los poderes públicos en el Centro de Caracas. Ninguna de las movilizaciones obtuvo los permisos necesarios. Quedaba claro que cualquier persona que tuviera la motivación de protestar, también debía asumir que al final de su caminata iba a respirar gases asfixiantes y cegadores. La mayoría abandonó la idea de manifestar por el peligro que implicaba para su integridad física y su salud. Inconformes pero desgastados, regresaron a sus casas y las expresiones de oposición dieron un giro.

Los escuderos de cartón

Para la segunda fase de las protestas, subió la tensión en todo el país. Focos de adolescentes con el rostro cubierto y con escudos de elaboración casera tomaron el protagonismo de esta etapa. Unidos en pequeños grupos tomaban las bombas lacrimógenas con la mano desnuda para lanzarlas de regreso a los uniformados. Una pugna dolorosa entre grupos asimétricos que enlutó al país con la pérdida de más de cien vidas de muchachos que empezaban a vivir. Las últimas horas de Juan Pernalete de 19 años enfrentó a la Fiscalía, aun conducida por Luisa Ortega contra el CICPC bajo las órdenes del gobierno. Mientras que la primera aseguró que una bomba lacrimógena disparada a corta distancia fue el arma letal, los voceros gubernamentales se apresuraron a dictaminar que se trataba de una pistola de perno, dispositivo empleado para sacrificio de ganado. Este evento transparentó que hasta la muerte podía ser interpretada con fines políticos y de ocultamiento de practicas desproporcionadas y violatorias de los derechos humanos perpetradas por funcionarios uniformados.

Las intervenciones desplegadas por los funcionarios uniformados consistió –en algunos casos- en el uso de las bombas lacrimógenas como proyectiles contra el cuerpo de jóvenes que los enfrentaban en los puntos de contención. Las indicaciones internacionales para el uso de gases se relaciona con manifestaciones que se tornan violentas y las bombas deben dispararse en ángulo ascendente de tal manera que cuando caigan, liberen el gas. En el caso venezolano la intención de las bombas era cortar y desviar el paso de manifestaciones pacificas hacia el centro de Caracas. También fueron utilizadas al final del ciclo de protestas para disolver concentraciones pacificas, específicamente en la Redoma la India de la Vega y en el Paraíso.

La represión invade el hogar

La tercera etapa de protestas estuvo ligada al allanamiento de viviendas populares o de clase media. Funcionarios uniformados irrumpieron con tanquetas en edificios, generando asombro en todo el país. Anteriormente los allanamientos a las viviendas se hacían con la individualización las personas que serian interrogadas o detenidas. El Conjunto Residencial Los Verdes resistió el asedio de la policía política por semanas, mientras que otras residencias sufrieron pérdidas materiales con portones derribados por tanques que ingresaron violentamente. Esta última fase forma parte de la involución más visible en materia de actuación policial de las últimas dos décadas.

El apoyo a la causa chavista siempre implicó diálogo y respeto a los sectores populares. Por esa razón, esta etapa implica una fractura tácita pero definitiva de los vínculos del gobierno con la sociedad en su conjunto. El mensaje cardinal transmitido es que reprimirá cualquier protesta o desencanto visible que pueda poner en riesgo el relato idílico oficial que se transmite por los medios del Estado o a través de la sumisa prensa “privada”.

La instalación de la ANC apaciguó el foquismo rebelde, más por la pérdida de confianza de los manifestantes en los líderes opositores que por el respeto infundido por ésta. La pretendida constituyente sustituyó en una elección opaca y unilateral nuestro esfuerzo sostenido de convivencia colectiva plasmado en un texto compartido por todos nosotros después de haberlo validado en cuatro procesos electorales: convocatoria, aprobación, reforma y enmienda: la Constitución Nacional.

El gobierno incapaz de infundir confianza o credibilidad en el pueblo optó por una fórmula infalible: desenamorar a toda la oposición de sus dirigentes, algo que ni el propio Chávez en vida pudo lograr con su carisma y capacidad de persuasión. Constantes alusiones a “conversaciones privadas con la oposición” por parte del Presidente fueron la puntada final para la desmovilización de los sectores que pedían defender la Constitución.

El hambre como catalizador

El reto con el que cerramos este breve recorrido está directamente relacionado con las necesidades más urgentes de la gente. Al momento de escribir estas líneas –inicios del mes de enero- contabilizamos 75 saqueos y 311 detenidos, así como asedio constante en varios sectores del país a lugares -donde se supone- se conservan alimentos. La respuesta oficial oscila entre la represión o descalificación de los hambrientos al referirse a ellos como terroristas, encarcelándolos o bien, desapareciendo de los portales oficiales informativos los eventos que diariamente se presentan en distintos lugares de nuestro país y que evidencian las necesidades que sufre el pueblo.

Un ingrediente para distender el conflicto estaría en un liderazgo confiable que represente una esperanza para el país, un bien tan escaso como la carne o el pollo. La conciencia y la organización del pueblo serían la otra ecuación posible para despejar la fórmula de la paz pero el hambre es una tenaza en el estómago y la división de los necesitados en “ellos y nosotros” imposibilitan una demanda colectiva y firme de cambio frente a quienes llevan las riendas del país. La represión va a persistir en su intento porfiado de contener lo incontenible porque el pueblo seguirá en la calle, reclamando su derecho a sobrevivir en el que fue, hace apenas un lustro, el país con los mayores ingresos del continente.

Como en una obra circular, el movimiento de arraigo popular conocido como chavismo que surgió a finales de la década de los ochenta para desplazar del poder a los hambreadores, hoy repetimos los peores de necesidad y empobrecimiento, quizá con escenas de cámara lenta. No han sido dos o tres días de furia pero se trata de una rabia que va creciendo. Los parricidas estrangulan la vida de aquel proyecto, dejándolo sin Constitución y sin plan de la Patria porque es la única forma de perpetuarse en el poder. Pero como entonces, el pueblo tendrá la última palabra.

2017: Año de protesta en rebelión