La militarización del país en los últimos años ha traído consecuencias importantes en la cotidianidad de la sociedad venezolana. Este hecho ha generado un escalamiento en los niveles de violencia, que ahora combina diversidad de actores: desde grupos militares y policiales hasta milicias y organizaciones armadas paraestatales, pasando por bandas criminales que actúan con aquiescencia del Estado. Toda esta dinámica ha aumentado los niveles de violencia institucional y se ha justificado bajo el entendido de que estamos en una situación de guerra.

La socióloga Verónica Zubillaga, Profesora de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN, analiza este fenómeno y propone caminar hacia un proceso de justicia transicional serio en el que estén representados todos los sectores del país y tengan un papel relevante las víctimas y sobrevivientes. De lo contrario, correremos el peligro de profundizar los niveles de violencia que venimos experimentando, pues un simple cambio de gobierno no es garantía de superación del legado autoritario y de respeto por la vida.

– ¿Cuál es el contexto general donde se producen los asesinatos de la fuerza pública que hemos visto en Venezuela en los últimos años?

Los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad ocurren, por supuesto, en el marco de una historia de abusos policiales en nuestro país. Es decir, como se ha señalado profusamente entre los académicos que trabajamos en esta área, hay una tradición de atropello policial y de impronta militar en las fuerzas del orden en nuestro país. Hemos tenido Estados muy autoritarios en su relación con los sectores populares. Como en otros países latinoamericanos, se trata de ciudadanías en deuda por sus derechos avasallados. La cruenta represión del 27 y 28 de Febrero 1989, así como las masacres de Cantaura (año 1982); Tazón (año 1984); Yumare (año 1986) y, finalmente, El Amparo (1988) así lo demuestran. En el fondo, como escuché una vez decir al sociólogo brasilero Michel Misse, en América Latina y, en particular, en Venezuela, no hemos incorporado todavía el valor sagrado de la vida de todos los habitantes. Persisten las antiguas jerarquías. Tenemos todavía que aprender ese aspecto básico de la modernidad.

Con la sobrevenida de la Revolución Bolivariana y un discurso de preferencia por los excluidos, algunos sectores se sintieron francamente esperanzados. La bonanza petrolera de casi una década, entre 2004 y 2012, permitió años de holgura y de incremento coyuntural del consumo. Incluso permitió sufragar la instalación de una comisión para la reforma de la policía. Pero con el agudo declive de los precios del petróleo, y de la industria petrolera, y el advenimiento del colapso económico a partir del año 2014, la utopía seductora de la revolución cedió el paso a la profundización de la militarización orientada a controlar el descontento y perseguir las economías ilícitas de urgencia en las que se implican grupos de los sectores populares, notablemente los hombres jóvenes.

Experimentamos una profundización de la militarización, no sólo del ámbito de la seguridad ciudadana sino de la sociedad en su conjunto. Los conflictos sociales que forman parte intrínseca de la vida en común se plantean como una situación de guerra. La militarización implica, pues, una lógica de coerción; la percepción de adversarios como enemigos y un componente armado, de allí la proliferación y visibilidad de las armas que permearon distintos ámbitos de nuestra vida social en lo que se definió como “una revolución pacífica pero armada”, sobre todo después de la conflictividad de los años 2002-2003.

Nuevos actores armados paraestatales cobraron visibilidad en el ejercicio de la coerción o control de la disidencia en asociación o en competencia con las fuerzas policiales. En esta economía política de situación de guerra, armas más potentes llegan también a los grupos criminales por sus vínculos con las fuerzas policiales y militares. Grupos criminales más fuertemente armados generan respuestas armadas más ostentosas por parte de sectores de las fuerzas estatales, contribuyendo así a la escalada y a que las fuerzas del orden se conviertan en actores de violencia ilegítima. Las ejecuciones extrajudiciales se fomentan en este tipo de contextos.

La literatura en violencia criminal coincide, además, en señalar que el incremento de las milicias o grupos amados paraestatales se asocian al incremento del crimen organizado y violencia criminal, pues, aparecen nuevas oportunidades económicas vinculadas a la coerción armada. Por ejemplo, las rentas obtenidas de la protección forzada que imponen los actores armados paraestatales, que también se asocian y corrompen las fuerzas policiales. La militarización, y la proliferación de armas que se le asocia, produce dinámicas perversas que sofocan la vida social y nos somete a regímenes armados sumamente despóticos.

– Cuando se analizan las cifras de asesinatos extrajudiciales, se puede notar que la mayor parte de las víctimas son jóvenes varones de sectores populares. ¿Qué justifica esto?

En los sectores populares se hallan desproporcionadamente las víctimas de la violencia institucional y, específicamente, de la violencia policial letal. Tiene que ver con la marginación y la poca valoración de la vida de la gente común, que refería antes. En diversos espacios hemos hablado sobre el hecho de que, en nuestro país, la sostenida y masiva violación del Derecho a la Vida en el marco de operativos policiales militarizados se concentra en la población masculina joven de sectores populares. Esto no hace sino confirmarse en el Informe de la Alta Comisionada de la Oficina de los Derechos Humanos y en Informe de la Misión de Determinación de Hechos, ambas instancias de la Organización de las Naciones Unidas.

En las últimas décadas, la victimización concentrada en esta población ha venido asociada con un sostenido proceso discursivo de estigmatización letal. Con la noción de estigmatización letal en mis trabajos he querido subrayar, en primer lugar, que al construir la idea de que la población masculina joven y de sector popular constituye la responsable de la violencia y la criminalidad en el país, se desprende, en consecuencia, que la vida de los ciudadanos sanos y decentes depende de su eliminación. En este sentido, al definir desde el poder estatal a esta población como “culpable” de la violencia, el Estado se desembaraza de sus responsabilidades fundamentales. Esto es, la obligación preservar la vida como máxima prioridad; el desarrollo de políticas públicas que permitan la convivencia pacífica; el control de las armas y municiones; y la garantía y vigilancia de unos cuerpos policiales que protejan a la población, no que arremetan letalmente contra ella, entre tantas.

En segundo lugar, con esta noción también he querido destacar que estas definiciones instan y justifican el asesinato, no ya la reclusión de aquellos que son definidos como delincuentes. Así, en lugar del tradicional encarcelamiento de jóvenes de áreas de bajos ingresos —definidos como delincuentes potenciales—, estas definiciones justifican su matanza, resolviendo así las contradicciones del gobierno bolivariano que inicialmente se identificaba con los sectores desfavorecidos.

Adicionalmente, como esta población se concentra en áreas urbanas específicas y se vincula con la extensión territorial de barrios pobres, esta geografía social es también sujeto de estigmatización territorial letal. De allí que operativos militarizados de elevada letalidad, como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), tuvieron una actuación concentrada en el área de La Cota 905, el Cementerio, El Valle, barrios ubicados en la parte alta de los cerros, que comenzaron a ser llamados por las autoridades como “corredores de la muerte”[2]. Por esto hablo de estigmatización territorial letal.

Vista esta situación, nos parece que tenemos que comenzar a dar la discusión sobre procesos de reparación integral especialmente para ese sector de la población. Por ejemplo, en Colombia, donde igualmente la mayor proporción de víctimas viene de los sectores vulnerables, en la reflexión sobre justicia y reparación se apunta la necesidad de pensar la justicia de manera más compleja. Es decir, que la reparación en contextos de desigualdad y exclusión, donde la mayoría de las víctimas de violaciones masivas de derechos provienen de los sectores populares, se plantea además de la dimensión de justicia correctiva —la consideración del daño; el monto de la reparación y los beneficiarios— una dimensión de justicia transformadora, en la medida de que los recursos se utilicen para llevar a cabo reparaciones materiales y simbólicas que vislumbren transformar la situación de marginación y estigmatización social de las víctimas[3]. En todo caso, transformar la situación de inequidad que persiste, y se profundizó estos últimos años, sigue siendo una deuda pendiente que como sociedad tenemos que saldar para garantizarnos un futuro de convivencia. Esos debates y reflexiones los tenemos que comenzar a dar en nuestro país y el largo recorrido que este proceso implica.

– ¿Qué interpretaciones haces del rol del Estado en el fortalecimiento de la violencia institucional?

Me parece importante subrayar de la experiencia de la gente, dos patrones que se revelan en nuestras investigaciones. Uno es la transformación en el tiempo de la actuación del Estado; de una actuación tradicionalmente autoritaria de las fuerzas policiales, expresada en el encarcelamiento masivo, a una actuación que manifiesta una brutalidad sistemática: la matanza de los varones en los barrios pobres. Y el segundo aspecto, es la sensación que tiene la gente, de que esta brutalidad sistemática se inserta dentro de una maquinaria, es decir, por un lado, hay órdenes superiores de asesinar, con la colaboración de los subordinados e incluso el deslizamiento hacia otras formas de abuso, como el pillaje; y por otro, hay una coordinación institucional para cometer, banalizar y ocultar la matanza.

Indicadores del primer patrón, —la transformación de la actuación estatal en el tiempo—, se tienen por supuesto las cifras de la Fiscalía; el incremento notable de los casos de resistencia a la autoridad; pero también, y abundantemente, en los datos etnográficos que hemos recopilado en nuestras investigaciones en barrios afectados por estas políticas. La gente, mujeres, jóvenes, sistemáticamente compara el pasado con el presente marcando un antes y un después: “antes los detenían, se los llevaban presos […] ahora los matan”. En la vivencia de la gente se experimenta ese punto de inflexión con el lanzamiento de la OLP, que más allá de la OLP marcó un patrón de acción en el conjunto de las fuerzas policiales y lo que ha venido luego: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

El segundo patrón —esta maquinaria atroz— para hablar como la antropóloga brasilera Martha Huggins, se aprehende en los relatos de la gente, pero también en los de agentes policiales con quienes hemos conversado. Mujeres y jóvenes hablan de que los agentes policiales en estas incursiones armadas dicen “estar cumpliendo órdenes”; que los agentes “tienen órdenes de matar”. Detallan además la manera cómo los agentes simulan los enfrentamientos a través de los disparos al aire y “cuadran” la escena para la Fiscalía. Estos testimonios concuerdan con los testimonios que hemos recogido entre agentes policiales que narraron que visto que las “cárceles están abarrotadas” en efecto, toca “eliminar”.

Y a esto se le agrega las repetidas declaraciones públicas de altos funcionarios donde se constata esta racionalidad. En estos discursos, el engrosamiento de la cifra “resistencia a la autoridad” es un indicador de “acierto” de las políticas. Dicho de otra manera, las muertes son indicadores de éxito de las políticas de reducción de delitos. Se banalizan estas muertes como si no fuesen seres humanos; como si fuesen sencillamente resultados y estadísticas. Se advierte entonces esta deshumanización radical por parte de la entidad —el Estado—cuya función normativa es garantizar la vida. Desmontar esta maquinaria nos luce complicado pero urgente para asegurarnos un futuro de derechos y ciudadanía en democracia.

– ¿Cómo crees que podemos superar estos abusos de poder? ¿Cuáles son tus recomendaciones?

Constituye todo un desafío para un horizonte futuro que se piense democrático, desmantelar este legado autoritario y esta maquinaria de muerte e instaurar como prioridad la preservación de la vida de la gente, así como la intolerancia máxima contra los abusos, la matanza y la impunidad.

El riesgo inminente es que incluso con un cambio de gobierno se prolongue esta maquinaria militar avasalladora y se profundice la violencia criminal. La tentación de cualquier gobierno que se instaure será de continuar con la Mano Dura que se piensa contrarrestará la acción de los grupos armados paraestatales o afrontará a las bandas de crimen organizado.

En la investigación comparativa sobre la relación entre transiciones de regímenes autoritarios a democracias y violencia criminal, se revela que en aquellos países en los que se transitó de regímenes autoritarios a democracias, en los que no hubo procesos de justicia transicional serios, se experimenta una profundización de la epidemia de la violencia, a saber, del crimen organizado y de las muertes violentas —es el caso de Brasil, El Salvador, México—. Esto, a diferencia de aquellos países en los que se instauraron comisiones de la verdad robustas; un serio compromiso con los procesos de justicia; reformas en el aparato de seguridad buscando romper con el legado autoritario de represión, así como la firme intolerancia contra la impunidad para garantizar la no repetición de las atrocidades—es el caso de Bolivia, Chile, Perú—[4].

El asunto central es que en el caso de los primeros países —Brasil, El Salvador, México— los operadores del Estado autoritario —militares y funcionarios policiales— que son claves en los procesos de transición y democratización, o migraron y se asociaron a grupos criminales para luchar contra el Estado; o se enfrentan entre ellos en un proceso de fragmentación y desinstitucionalización; o también continuaron su asociación con empresas criminales; o, finalmente se perpetuaron dirigiendo políticas de mano dura que igualmente prolongaron los abusos policiales, todo lo que favoreció a la profundización de la violencia letal típica en esos contextos de transición. Por el contrario, al existir procesos de justicia transicional, en el que hay un serio compromiso con exponer, procesar y castigar a los máximos responsables de las serias violaciones de derechos humanos se están redefiniendo los patrones del ejercicio de la coerción por parte del Estado, se está enviando un mensaje y se establece una clara intolerancia contra la impunidad, disuadiendo y evitando así que estos operadores prolonguen su protagonismo en la epidemia de la violencia[5].

Una vez hablaba con un policía que participó en la OLP. Este decía que, si venía un cambio de gobierno, a ellos les decían que irían a la cárcel a morir o serían muertos de todas maneras y, por ello, debían “luchar y morir por la revolución”. En ese momento se me ocurrió decirle que eso era pura venganza, que más bien aspiramos a recuperar los derechos y que se instalen procesos de justicia, que la justicia tradicional no abarca, ciertamente, por las magnitudes de las violaciones. Lo decía pensando justamente en la justicia transicional. Me parece que ese es un mensaje muy importante para garantizarnos un futuro.

Pienso que, en efecto, podemos aprender de algunos aspectos de la compleja experiencia colombiana y el proceso de justicia transicional que han venido ensayando. Por ejemplo, de los acuerdos de paz en materia penal, en el marco de cual se diseñó una arquitectura muy fina entre la justicia penal y la justicia restaurativa. Aquellos que confiesan, colaboran con procesos de búsqueda de la verdad, pidan perdón, reconozcan su responsabilidad, y contribuyan a reparar a sus víctimas, cumplen sanciones de tipo restaurativo (prevalece una justicia restaurativa); otros casos se someterán a la justicia ordinaria, como yendo a la prisión (justicia penal o punitiva), según el momento en el que reconozcan su responsabilidad[6] Son temas muy complicados en los que tenemos mucho que aprender. Como explicaba Cristián Correa[7] en una conversación personal sobre este tema, el enfoque podría ser ese, y luego viene toda la delicada tarea de examinar el tipo de violación, el nivel de implicación en la perpetración; la contribución a la verdad, conservando sanciones a aquellos máximos responsables de las violaciones más graves que no contribuyan.

De modo que tenemos ante nosotros un arduo desafío al pensar, forjar y materializar procesos de justicia transicional que, en el desarrollo de procesos de búsqueda de verdad y justicia, envíen un mensaje y acciones claras sobre la inaceptabilidad tanto de la impunidad como de la venganza.

– Para finalizar, ¿cuál crees que es el papel de los ciudadanos comunes y la sociedad civil organizada para revertir la situación de violencia institucional? 

Yo creo que tenemos por delante desafíos importantísimos. Nos toca seguir registrando lo que vivimos para asentar memoria y avanzar en la documentación de los casos para prepararnos cuando llegue el momento de búsqueda de la verdad y de justicia. De nuevo subrayar, la justicia no es venganza. Hay que ser contundentes con este mensaje para recuperar el lenguaje y experiencia de derechos y ciudadanía.

Y en ese sentido nos toca ampliar el espectro de la imaginación política para concebir un horizonte común. Tenemos que hablar más de negociación; de acuerdos; de justicia transicional. La publicación del Informe de Bachelet y del Informe de la Misión de Determinación de Hechos visibilizó que algo serio está pasando, que probablemente la justicia ordinaria no tendrá la capacidad de asumir. Los diferentes sectores del chavismo tendrían que entender esos informes, no como un arma para atacarlos políticamente, sino como un diagnóstico serio de lo grave que está pasando. Y los sectores de la oposición política entender que lo que se revela en ese informe no ocurre en un vacío; hay una tradición de abusos que se profundizó gravemente. Si no se desmonta esta maquinaria estaremos condenados a la continuación de graves violaciones de derechos humanos incluso con un cambio de gobierno.

Aprendimos de la experiencia chilena que, en el marco de un proceso de justicia transicional, en la instalación de una comisión de búsqueda de la verdad, todos los sectores tienen que estar representados. En nuestro caso, los chavismos, las oposiciones, entre otros, y mirar con profundidad eventos de nuestra historia contemporánea desde, al menos, 1958. Sus miembros tienen que ser legítimos para todos.

Hay que comenzar a hablar de procesos sinceros de petición de perdón; procesos de reparación integral y simbólica, en los que las víctimas y los familiares sobrevivientes tengan una participación fundamental; de justicia restaurativa y transformadora; de forjar una memoria de lo ocurrido para la no repetición. Por ejemplo, algo que venimos pensando es que quizás un edificio público que encarne a cabalidad nuestra historia de modernidad inacabada; de negligencia, de exclusión de amplios sectores de la población y de represión y muerte por parte de las fuerzas del orden es el Helicoide —actual sede del SEBIN y centro de detención de privados de libertad por motivos políticos y por delitos comunes. Por su poderosa historia es un espacio más que propicio para constituirse en sede de un Espacio de la Memoria; un centro de investigación, y sede de procesos de reflexión, debate construcción de memoria y, a fin de cuentas, de reparación simbólica.

En fin, es un largo camino; son procesos de muchas capas. Requerirán de acompañamiento internacional y muchos nuevos aprendizajes de nuestra parte. Nos toca sobre todo una intensa vocería y presionar para transformar las prácticas culturales e institucionales de muerte, y persistir en instaurar la vida como valor supremo.

 Por Manuel Zapata, S.J.[1]

 


 Referencias: 

[1] Director del Centro Gumilla.

[2] El término comenzó a ser utilizado por Freddy Bernal, quien en un tweet el 26 de marzo de 2016 exhortó: “¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de #Ccs  @FreddyBernal, el 23 de marzo de 2016. Consultado el 18 de junio 2016.

[3] Díaz Gómez, Catalina; Sánchez, Nelson y Rodrigo Uprimny. (2009). Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia).

[4] Guillermo Trejo; Juan Albarracín y Lucía Tiscornia. (20198). Breaking state impunity in post-authoritarian regimes: Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies. Journal of Peace Research. XX(X).

[5] Ibídem.

[6] Villamizar, Juan; Baquero, Diego; et al. (s/f) Estudio sobre el reconocimiento de responsabilidad en el proceso de la ley de Justicia y Paz: aprendizajes y recomendaciones para el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Centro Internacional para la Justicia Transicional, Fundación Aulas de Paz y Universidad Santo Tomás.

[7] Cristián Correa es experto en la implementación de programas de reparación por violaciones masivas de Derechos Humanos. Centro Internacional para la Justicia Transicional (www.ictj.org).

Publicación original revista SIC

Foto Revista Sic

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