El 29 de Octubre de 1988, catorce (14) pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, estado Apure.

El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por tribunales militares.

Con el apoyo de los abogados Getulio Romero y Fabián Chacón, elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las innumerables irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea, con el apoyo de los abogados Getulio Romero y Fabián Chacón, elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 1994, esta instancia dirigió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez incumplieran sus recomendaciones.

Un año después, el 11 de enero de 1995, el Estado venezolano reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal hemisférico dictó una sentencia que fijó el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 únicos sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y ordenó que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables.

Aunque durante el gobierno del Presidente Rafael Caldera se canceló casi la totalidad de las indemnizaciones, quedó pendiente un monto, producto de no acatarse el mandato de la Corte IDH que regulaba la forma de calcular los montos en moneda nacional.

Además, los imputados en los hechos quedaron en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial y lamentablemente confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El 16 de febrero de 2004, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea presentaron a la Corte IDH un informe mediante el cual informaron sobre la situación de incumplimiento del Estado venezolano de la resolución emitida por la Corte IDH en noviembre de 2002. Esta resolución le ordenaba al Estado venezolano cancelar a las víctimas y familiares de las víctimas los intereses generados por la demora en el pago hecho a las reparaciones que formaron parte del dictamen efectuado en 1995 por el tribunal hemisférico.

Testimonios de los sobrevivientes

Cinta El Amparo, estrenada en 20016

El Amparo, la cinta dirigida por Robert Calzadilla, guión de Karin Valecillos, compitió en el Festival de Cine de San Sebastián, en septiembre de 2016. Entre las locaciones del film destacan ubicaciones específicas entre la frontera de Venezuela y Colombia. Esta película forma parte del grupo de 13 producciones elegidas en la selección Horizontes Latinos.